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La Rioja no fue ajena al grito colectivo que irrumpió en 2015 con la consigna Ni Una Menos. Al contrario, venía conmovida desde febrero de ese mismo año, cuando el femicidio de Romina Ríos sacudió la provincia y activó por primera vez a la Asamblea Feminista que aún hoy sostiene año a año las movilizaciones más masivas contra la violencia machista. 

Este año, a diez años del primer Ni Una Menos, la marcha fue trasladada al miércoles 4 de junio para unificar la lucha con los reclamos de las jubiladas y jubilados reprimidos. Pero dos días después, el 6 de junio, una nueva marcha —encabezada por el abogado Emilio Pagotto— concentró a familias de víctimas de femicidio en un acto que no pidió justicia estructural, sino que exige la renuncia de un juez particular con quien Pagotto tienen una enemistad.

El dolor de los femicidios impunes fue dirigido a la casa del presidente del TSJ

Las familias que perdieron a Claudia Vega en 2022, , Ana Gaitán en 2023, Cecilia Martorelli en 2024 y otras que se congregaron este viernes frente al TSJ, tienen un reclamo justo: sus causas avanzan lentamente, el sistema judicial las posterga, y la reparación no llega. El caso de Claudia, que lleva casi tres años sin juicio a pesar de que el femicida fue procesado en 2023, su postergación es símbolo de una justicia que duele por su demora. 

Sin embargo, la forma en que esas demandas se canalizan hoy nos habla mucho de la desigualdad de poder que atraviesa a estas familias y el usufructo de sus legítimos reclamos. Estas familias están representadas por un mismo abogado: Sergio Gómez, cuñado de Emilio Pagotto, cuya figura es inseparable de un entramado más amplio de militancia antifeminista organizada.

No es un dato menor: casi todos los femicidios recientes en La Rioja son representados por Gómez, abogado recomendado por la Asociación Madres del Dolor, organización que en los últimos años se ha distanciado de los feminismos y ha promovido una agenda centrada en la negación de la violencia de género como fenómeno estructural y acompañando casos de presuntos pederastas que despliegan campañas mediáticas para desacreditar públicamente los relatos que niñas le han hecho al estado sin obtener ni justicia, ni reparación. 

Desde allí, también se han impulsado campañas mediáticas contra activistas, periodistas y referentes feministas, que han incluido persecución judicial, falsas denuncias, calumnias, y amenazas impunes. 

La fractura que hoy atraviesa La Rioja es resultado de una cooptación simbólica del reclamo: el dolor de las familias, ante la falta de justicia, es direccionado contra jueces puntuales, como Claudio Ana, y alejado del movimiento de mujeres, que históricamente las acompañó.

Más alla de la agenda particular de un par de personas convocando esta marcha, lo preocupante no es eso, sino la invisibilización de una problematica social como la violencia machista extrema que sostiene los femicidios, al punto tal que incluso en el resumen de dicha marcha, no aparece ni un solo reclamo de casusas de femicidio como el de las familias de las victimas que expresaron ese día el retardo de justicia con casos que continuan en instrucción o llevan años estancadas a la espera de juicios postergados. 

A pesar de que él TSJ no tiene intervención en estas causas de feminicidios, los reclamos fueron dirigidos a ese cuerpo. Nadie mencionó por ejemplo que la jueza Cabral es la responsable de fijar juicio para el caso de Claudia Vega donde el Zenón Vera fue procesado en abril de 2023 y dos años despúes la cámara tercera no lo ha juzgado hasta la fecha. La manifestación del 6 de junio culminó frente al domicilio del juez Ana, tras un reclamo de juicio político, que nace desde una afrenta personal con Emilio Pagotto: Ana es el abuelo materno de una víctima de abuso sexual en la infancia donde el abuelo paterno defendido por Pagotto fue condenado. A raíz de esta causa, Pagotto acusa al juez de querer encarcelar “inocentes” ya que el pederasta condenado sigue en libertad y la querella solicita su reclusión. 

Pagotto deslegitima así el accionar de otros jueces en la causa donde se condena un abuso intrafamiliar en base a evidencias y pretende nulificar el proceso aduciendo que el abuelo de la víctima influenció la decisión de los magistrados actuantes. En base a esto, Pagotto presentó un juicio político ante la legislatura provincial el que fue desestimado por orfandad probatoria.

Hoy, bajo la bandera de “transparencia judicial”, el abogado que sistemáticamente defendió a presuntos abusadores que consiguieron separar a sus hijas de sus madres previo a poder declarar en instancia judicial sobre los hechos investigados, consigue que las víctimas del machismo terminan marchando detrás de quienes niegan el machismo, para exigir justicias en causas que tienen más demoras que las de hace 10 años.

No fue siempre así. Cuando Claudia Vega fue asesinada, sus compañeros de la Legislatura se manifestaron automaticamente pidiendo justicia por ella. Los feminismos en cada marcha reclaman por su caso. Pero su familia sufre el paso del tiempo, la falta de respuestas, y una soledad dolorosa cuando la postergación de su juicio pareciera no ser un escándalo.

Ese vacío lo ocuparon figuras como Pagotto, que tras años de cuestionar hasta la perspectiva de género que exige el marco normativo de nuestro país, consigue ser el protagonista de la marcha donde la familia de Claudia reclama entre lágrimas.

Así, el dolor se desvía, el reclamo se distorsiona, y las víctimas son convertidas en herramientas de agendas negacionistas.

Las familias no son responsables de este desvío, al contrario, el usufructo de su dolor es un daño más que se adiciona a esos irreparables. Vienen de atravesar el horror, y son abandonadas sistemáticamente por un Estado que no las sostiene lo suficiente como para que queden a merced de estas personas. El problema aparece cuando ese abandono se traduce en una entrega simbólica del reclamo a quienes sistemáticamente niegan la violencia misma que origina ese dolor.

No es sólo una fractura con el feminismo. Es una pérdida colectiva de sentido. Porque Ni Una Menos nació para que no haya más víctimas fatales del machismo, pero también para que las que existen no queden solas ni sean usadas por ser más vulnerables en este tipo de situación.

A 10 años de Ni Una Menos, La Rioja tiene una tarea pendiente: cuidar que los femicidios no se conviertan en moneda de cambio en disputas judiciales o políticas a expensas de quienes duelan.

Porque el dolor de las familias es legítimo.

Porque la justicia sigue siendo una deuda con las víctimas.

Pero porque el odio, la mentira y la manipulación, no son caminos para la reparación.