Que las instituciones izen la bandera LGBTIQ+ para visibilizar el día del orgullo diverso no es ilegal, pero es incitar públicamente a la violencia contra una comunidad si atenta contra las leyes vigentes.

A 14 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, volvemos a enfrentar una discusión que revela cuánto falta para que los derechos conquistados sean respetados en la vida cotidiana. En los últimos días, circularon publicaciones y comentarios que intentaron presentar la presencia de la bandera LGBTIQ+ en un espacio público como un supuesto atentado contra los símbolos patrios. Esa afirmación no solo es falsa, también maliciosa. 

La Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, marcó un cambio histórico en el reconocimiento de derechos. Por primera vez, el Estado argentino reconoció que toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género autopercibida, sin tener que someterse a diagnósticos médicos, pericias psiquiátricas, intervenciones quirúrgicas ni autorizaciones judiciales para que esa identidad sea reconocida.

Esta ley existe porque durante décadas las personas trans, travestis, no binarias y de la diversidad fueron obligadas a vivir bajo nombres, documentos y categorías estatales que no respetaban quiénes eran. Esa negación tuvo consecuencias concretas en el acceso a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la justicia y la vida pública de todas estas personas. Por eso, la Ley de Identidad de Género no es una norma declarativa. Es una herramienta de reparación democrática frente a una historia de exclusión, persecución y violencia. Su artículo 12 establece el derecho al trato digno y obliga a respetar el nombre de pila adoptado por la persona, tanto en ámbitos públicos como privados. No respetar la identidad de género constituye una vulneración de derechos reconocidos por la legislación argentina.

En ese marco debe leerse también la desinformación sobre la bandera LGBTIQ+ que nunca pretendió reemplazar a la Bandera Argentina ni la agravia. Esa falsa dicotomía no nació ahora. Desde 2020, en distintas ciudades de la Argentina, cada vez que una institución decide visibilizar fechas vinculadas al Orgullo o a la ampliación de derechos de la comunidad LGBTIQ+, reaparece el mismo argumento. Es una falacia que se repite de manera sistemática y que desplaza el eje real de la discusión. No se trata de defender la Bandera Argentina, se trata de usarla como pretexto para cuestionar la presencia pública de una comunidad históricamente marginada. 

La misma discusión se repite en muchas ciudades del mundo. En Estados Unidos, Donald Trump impulsó una política conocida como “one flag policy” para restringir el izamiento de banderas distintas de la bandera estadounidense en dependencias del Departamento de Estado. Esa política fue presentada como defensa de la bandera nacional, pero fue leída por organizaciones de derechos civiles como parte de una ofensiva contra la visibilidad LGBTIQ+. Ciudades como Salt Lake City y Boise adoptaron banderas oficiales con diseños vinculados al Orgullo para poder seguir visibilizando a la comunidad LGBTIQ+ frente a leyes estatales que restringían el uso de banderas no autorizadas en edificios públicos y escuelas. El caso más emblemático fue Stonewall, el lugar histórico donde las protestas de 1969 dieron origen al movimiento moderno por los derechos LGBTIQ+ y por el que se conmemora el 28 de junio, y este año la administración Trump retiró una bandera del Orgullo del Monumento Nacional de Stonewall. Tras acciones legales y rechazo público, el gobierno aceptó restituir y permitir que flameara junto a la bandera estadounidense y la del Servicio de Parques Nacionales.

En España, el Tribunal Supremo avaló en 2024 la colocación de la bandera LGBTI en edificios públicos con motivo del 28 de junio. El tribunal sostuvo que esa exhibición no infringía la ley española de banderas ni los principios de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, porque no sustituía ni subordinaba a las banderas oficiales, no era un símbolo partidista y se proyectaba a favor de la igualdad entre las personas. 

Estos ejemplos muestran que la discusión no es nueva ni espontánea. En distintos países, el argumento de la “defensa de la bandera nacional” aparece una y otra vez como forma de limitar la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. El problema no es la bandera de la diversidad. El problema es una estrategia política y cultural que intenta presentar los derechos humanos como si fueran una amenaza a la Nación.

En La Rioja, hace seis años que se iza la bandera de la diversidad en el marco de estas conmemoraciones. Siempre se realizó en mástiles complementarios, mientras la Bandera Argentina siguió izada en los mástiles centrales, edificios públicos y espacios institucionales. La diferencia de este año fue principalmente visible, la bandera fue más grande que en años anteriores y estuvo ubicada en un espacio recuperado por la actual gestión municipal.

Lo que muchos parecieran olvidar es que la comunidad LGBTIQ+ también es parte del pueblo argentino. Por eso, plantear esa falsa dicotomía de una supuesta competencia entre la bandera nacional y la bandera de la diversidad es marginar de la ciudadanía a esa comunidad y excluirla del amor a la patria. 

Es verdad que el Código Penal argentino sanciona el ultraje público a la Bandera, el Escudo o el Himno de la Nación. Pero para que exista ese delito debe haber una acción concreta de agravio, desprecio o ataque contra el símbolo patrio, y en este caso eso no existió. Colgar la bandera LGBTIQ+ en un mástil complementario, mientras la Bandera Argentina permanece en los mástiles centrales, edificios públicos y espacios institucionales, no encuadra en esa figura penal, pero demasiadas personas desinformadas calumniaron al intendente como si el acto institucional lo hubiese hecho. 

Los más cautos distinguieron entre protocolo y delito, ya que las normas de ceremonial establecen que la Bandera Nacional debe ocupar el lugar de honor y tener precedencia sobre otras banderas. Pero eso no significa que toda expresión simbólica complementaria en un espacio público sea ilegal, lo central es que la Bandera Argentina conserve su lugar de honor, como efectivamente estaba previsto. 

Lo que sí preocupa no es una bandera de la diversidad, sino la falta de sensibilidad en el tratamiento mediático y la reacción social que habilitó expresiones de odio. Cuando frente a una conmemoración del Orgullo los medios de comunicación difunden la falsa dicotomía en lugar de las razones por las cuales las instituciones adhieren a estas fechas, es esperable que aparezcan comentarios que llaman a violentar, expulsar, castigar o atacar a personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. 

En ese marco, la comunicación sí puede recaer en un delito, ya que nuestro código penal contempla hasta 6 años de prisión para sancionar la incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas. A eso se suma la Ley de Actos Discriminatorios, que obliga a cesar conductas que impidan, obstruyan, restrinjan o menoscaben el ejercicio igualitario de derechos. O sea, ninguna persona puede invocar la libertad de expresión, el patriotismo o una supuesta defensa de los símbolos nacionales para justificar amenazas, hostigamientos o discursos que promuevan violencia contra una comunidad históricamente vulnerada como los que se multiplicaron en los últimos días. Las conmemoraciones del Orgullo existen porque durante mucho tiempo las personas LGBTIQ+ fueron perseguidas, patologizadas, criminalizadas y expulsadas de los espacios sociales, familiares, educativos, laborales e institucionales. La bandera de la diversidad recuerda esa historia y reclama que ninguna persona tenga que esconder quién es para vivir sin violencia.

Por eso, cuando algunos tratamientos mediáticos reducen una fecha de memoria, lucha y ampliación de derechos a una supuesta pelea entre la bandera argentina y la bandera LGBTIQ+, no están informando. Cuando un medio presenta como “polémica” lo que en realidad es una acción institucional de visibilización de derechos, corre el eje de la información pública. En lugar de explicar por qué existen estas fechas, qué derechos se conquistaron, qué leyes protegen a esta comunidad y qué violencias siguen atravesando las personas LGBTIQ+, termina amplificando argumentos engañosos que alimentan la discriminación. La responsabilidad periodística no consiste en darle el mismo valor a una acción legal de reconocimiento de derechos que a una acusación falsa de delito. Tampoco consiste en reproducir sin contexto comentarios que invocan la patria para negar la presencia pública de una comunidad históricamente marginada. Informar exige verificar, contextualizar y evitar que la desinformación funcione como combustible para el odio. 

Por eso, los medios tienen una responsabilidad central en la forma en que nombran estos hechos. No es lo mismo informar sobre una conmemoración del Día del Orgullo que presentarla como una provocación. No es lo mismo explicar que la Ley de Identidad de Género reconoce derechos humanos que abrir paso a discursos que desconocen identidades. No es lo mismo verificar si existe un delito que amplificar acusaciones falsas como si fueran interpretaciones equivalentes. 

El derecho a informar y opinar convive con el deber de no desinformar, no estigmatizar y no contribuir a climas de violencia contra grupos históricamente vulnerados. Más aún cuando se trata de comunidades que vienen enfrentando discursos de odio, exclusión institucional y crímenes motivados por prejuicio. 

A 14 años de la Ley de Identidad de Género, la discusión de fondo no es si la diversidad puede ser visible en el espacio público. Esa respuesta ya la dio la democracia que tiene una deuda pendiente con esta comunidad. La discusión real es si vamos a respetar las leyes que reconocen derechos o si vamos a permitir que la desinformación y los discursos de odio vuelvan a poner en cuestión la dignidad de una comunidad que ya fue demasiadas veces atacada.

Frente a fechas como el 28 de junio o aniversarios como los 14 años de la Ley de Identidad de Género, el rol del periodismo debería ser aportar memoria, contexto y verdad. Explicar por qué esas banderas existen. Por qué esas leyes fueron necesarias. Por qué la visibilidad salva vidas. Y por qué convertir derechos humanos en falsas polémicas no informa, pero sí desprotege. 

La Bandera Argentina no se defiende agrediendo a una comunidad. Se honra garantizando que todas las personas que habitan este país puedan vivir con igualdad, libertad y dignidad. La patria no se achica cuando reconoce derechos, sino que se vuelve más democrática.

A 14 años de una ley que transformó la historia democrática argentina, respetar la identidad de las personas no es una opinión o una posición ideológica, es una obligación legal, social, institucional y parte del amor a la patria. Frente a los discursos de odio, el rol del periodismo y de las instituciones es reforzar la información del contexto, militar la verdad y establecer límites ante la violencia.