Cuando el presidente de la Argentina, Javier Milei, afirma que la despenalización del aborto “equivale a un genocidio” y que además es responsable de la caída de la natalidad, no está describiendo un fenómeno demográfico, sino que está construyendo una operación ideológica basada en datos falsos, conceptos jurídicos tergiversados y una peligrosa banalización de los crímenes más graves del derecho internacional.

La gravedad institucional de esas declaraciones no reside solamente en su falsedad, sino en que provienen del jefe de Estado de un país que suscribió tratados internacionales sobre derechos humanos, genocidio y derechos de las mujeres que hoy se incumplen. Un presidente no puede redefinir arbitrariamente qué significa “genocidio” para atacar derechos sexuales y reproductivos reconocidos por ley.

La caída de la natalidad empezó antes de la legalización del aborto

La primera falsedad verificable es cronológica. La tasa de natalidad en Argentina viene descendiendo desde mucho antes de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre de 2020. No solo no es serio establecer una relación causal directa entre aborto legal y caída de la natalidad, sino que desinforma, estigmatiza y criminaliza a quienes deberia representar.

El descenso sostenido de la natalidad comenzó alrededor de 2014 y sigue siguiendo una tendencia global observada tanto en países con aborto legal como en países donde sigue penalizado. El fenómeno no es argentino ni excepcional, es mundial.

En todo el mundo hay menos hijos, más precariedad y más incertidumbre

La disminución de la natalidad atraviesa prácticamente a todo el planeta. Organismos internacionales y centros de investigación lo vienen estudiando hace décadas.

Según Our World in Data, las causas principales incluyen mayor acceso de las mujeres a educación y trabajo, acceso a anticoncepción, cambios culturales, precarización económica, retraso en la maternidad, crisis habitacional, transformación de los modelos familiares,y expectativas de vida distintas respecto de generaciones anteriores. La OCDE también identifica factores estructurales como el aumento del costo de crianza, la postergación de la maternidad y la reducción del tamaño deseado de las familias, y el Banco Mundial muestra que la tasa global de fecundidad cae desde hace décadas incluso en países donde el aborto continúa severamente restringido.

Existen estudios que apuntan al consumo de internet como factor determinante. Lo que es seguro es que la baja de natalidad no es una conspiración feminista, ni una consecuencia automática vinculada al aborto, sino un fenómeno demográfico complejo ligado a transformaciones económicas, culturales y sociales globales.

La paradoja del ajuste 

Existe además una contradicción brutal en el discurso oficial. El gobierno de Milei sostiene que “faltan nacimientos” mientras impulsa políticas que vuelven materialmente más difícil criar hijos por la licuación salarial, el aumento de pobreza infantil, la destrucción de políticas de cuidado, recortes en salud pública, desfinanciamiento educativo, agudización de la crisis habitacional y el deterioro general de las condiciones de vida.

Diversas investigaciones muestran que cuando las personas sienten incertidumbre económica extrema, tienden a postergar o directamente abandonar proyectos de maternidad y paternidad. Por eso resulta profundamente cínico responsabilizar a las mujeres por una caída demográfica mientras se destruyen las condiciones sociales necesarias para sostener la crianza.

Aborto legal no significa "genocidio"

La palabra “genocidio” tiene una definición legal específica establecida por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas. El genocidio implica actos cometidos con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Un aborto realizado dentro del marco legal, por decisión autónoma de una mujer o persona gestante, no encuadra bajo ninguna definición jurídica de genocidio. No existe un grupo perseguido ni una política estatal destinada a exterminar una población identificable.

Equiparar aborto con genocidio no es solamente incorrecto, banaliza uno de los peores crímenes de lesa humanidad reconocidos por el derecho internacional con el fin de criminalizar la autonomia corporal de las personas gestantes. Esta acción constituye una forma de violencia simbólica contra las mujeres, porque las presenta como homicidas masivas por ejercer derechos reconocidos legalmente por el Estado argentino.

El doble estándar: banalizar el genocidio mientras se apoya a Netanyahu

La contradicción política y ética se vuelve todavía más grave cuando el mismo presidente que llama “genocidio” al aborto respalda públicamente al gobierno de Benjamin Netanyahu en medio de acusaciones internacionales por el genocido en Gaza. La situación en Gaza cuenta con medidas cautelares para frenar acciones genocidas ordenadas por cortes internacionales que Israel incumple.

No solo organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnesty International sostienen que existen actos compatibles con genocidio y exterminio en Gaza, sino organismos de Naciones Unidas. Por eso resulta especialmente grave que Milei use el término “genocidio” livianamente para atacar los derechos reproductivos mientras minimiza o relativiza acusaciones reales investigadas por tribunales internacionales y organismos humanitarios.

La persecución discursiva contra quienes cuestionan el poder

Las declaraciones presidenciales también tienen un efecto intimidatorio. Cuando un presidente acusa de “genocidas” a periodistas, feministas y defensoras de derechos humanos por apoyar leyes vigentes, está habilitando simbólicamente la persecución y el hostigamiento contra sectores ya expuestos a violencia política y digital.

No es casual que estas expresiones aparecen en un contexto global donde crecen las ultraderechas que buscan criminalizar el feminismo, restringir derechos sexuales, atacar la educación sexual y convertir la maternidad en una obligación moral antes que en una decisión libre.

Defender el aborto legal es defender derechos humanos

La legalización del aborto en Argentina no produjo un genocidio, sino que redujo muertes evitables, ampliando el acceso sanitario y permitiendo que miles de mujeres dejaran de arriesgar su vida en la clandestinidad. Además, contribuyó a reducciones significativas en embarazos infantiles y maternidades forzadas tras la implementación de políticas de salud sexual.

La discusión real no debería ser cómo disciplinar a las mujeres para que tengan más hijos, sino cómo construir condiciones dignas para que quien quiera maternar pueda hacerlo sin pobreza, miedo ni violencia. Porque ningún país resuelve una crisis demográfica atacando los derechos humanos. Y ningún presidente debería banalizar el concepto de genocidio para hacer propaganda ideológica.