Hace unos días circularon unas disculpas públicas de Nadia Araya por la difamación contra la familia de Silvia Santángelo Carrizo y la Secretaria de Comunicación y planificación de Gobierno, Luz Santángelo Carrizo. El mensaje fue algo confuso, desprovisto de un contexto que permitiera a su audiencia entender los ilicitos con los que se la desinforma intencional y maliciosamente. Araya que en su pagina frecuentemente asegura que muchos hombres inocentes son falsamente denunciados con el proposito de difamarlos, no dejo en claro que esta era una de esas situaciones. 

Nadia Araya fue denunciada por difundir una denuncia falsa y operar en busqueda de que sus colegas amplifiquen dicha difusión. No es la primera vez que la periodista publica como primicia una denuncia falsa, pero si la primera vez alguien acude a la justicia y consigue demostrar las acciones sistematicas que buscaban imputar falsamente delitos a personas inocentes. 

Hace años que Araya y/o sus entrevistados hacen alusiones hacia la secretaria de comunicación en contextos de causas judiciales de la que Santangelo Carrizo no es parte. Habitualmente los comentarios apuntan a desacreditar su persona o su entorno por las politicas públicas que buscan transversalizar la perspectiva de género. Comentarios contra ella, el Ministro de Justicia y la Secretaria de la Mujer suelen ser recurrentes en la pagina del expediente y en su formato de años anteriores que salía por TV. Este no es el primer conflicto judicial de esta colega que suele tener un acceso preferencial a primicias policiales, pero si es su primer pedido de disculpas entre muchisimas victimas acumuladas. 

Esta vez las victimas de sus publicaciones no fueron niñas cuyos testimonos de violencia sexual son desestimados por los acusados y su defensa en su programa. Tampoco fueron personas con acceso a la justicia limitado como para buscar reparación ante el dolor de que Nadia publicara la muerte de su pariente mientras se reza por su vida estando en un hospital. Este no fue un escrache más de tantos que lesionan el honor de cualquier ciudadano, sino que esta vez la publicación lesiva apuntaba directamente a una operación que tenia el fin de dañar a la familia de una funcionaria que hace años es blanco de violencia politica. 

Las calumnias e injurias judicializadas

En enero de 2024 Nadia publicó la denuncia sin dar nombres y en febrero no solo difundió su identidad entre colegas, sino que afirmo que los sobrinos de la Secretaria de Comunicación eran delincuentes acusando de complices a todos los que no difundieramos el caso, cuando aquella denuncia habia sido desestimada porque en instrucción se probó la inconsistencia de lo relatado cuando se aportó el registro de las cámaras de seguridad que mostraban que en el lugar y momento del supuesto hecho sucedio algo muy diferente a lo denunciado. 

La misma denunciante se retracto y publicó disculpas por mentir intencionalmente ante el sistema judicial. Aún así, cuando Nadia Araya fue denunciada por el delito de calumnias e injurias denunció publicamente que estaba siendo victima de persecución politica para censurarla. 

Araya y su doble vara sobre la censura

En abril de 2025, varios comunicadores tuvimos una reunión presencial con miembros del Foro de Periodistas Argentinos. En ese marco yo le conte a sus autoridades el calvario que viviamos hace años por SLAPP impune. Comparti con ellos mi preocupación por la participación de colegas explicando el rol de Araya en estos ataques sistematicos que recibo desde 2022, y como estos se habian extendido a mi entorno con las amenazas directas que Araya realizó contra mi hijo en enero de 2025, así como la violencia que estaban padeciendo los colegas de TAQC por tener vinculación conmigo. Al otro día FOPEA se expresó a favor de Araya pidiendo por su impunidad. 

En mayo de 2025 Araya hizo una publicación difamando a mi hijo inventando una denuncia penal. A dos semanas de que dicha información falsa fuese replicada por sectores libertarios, la policia lo demoró sin razón en la via publica y en grupos de prensa hubieron operaciones tratando de hacer lo mismo que intentó hacer Araya con los sobrinos de la Secretaria de Comunicación en 2024. O sea, instalar de manera intencional la mentira sobre delitos inexistentes apuntando a los sobrinos o hijos de quien atacan, en caso de la familia Santangelo Carrizo utilizando una denuncia falsa, y en mi caso por una ilegal demora y traslado policial.

El video del episodio que registre para denunciar la violencia institucional padecida, fue difundido por la pagina el libertario riojano mintiendo que mi hijo habia sido detenido y los comentarios de dicha publicación escalaron en la violencia que hace años venimos recibiendo principalmente en la pagina de Araya. Personas reales pedian nuestro asesinato, violencia fisica, que nos desaparecieran, vuelos de la muerte, etc. Tras la violencia digital, en junio mi hijo padece una requisa ilegal en la via publica y ante la falta de protección efectiva, decidimos exiliarnos y buscar ayuda de organismos internacionales para combatir el SLAPP.

Estando en el exilio Araya no solo siguió difamando a mi hijo, sino que ejerció violencia fisica contra Juan Rondan de TAQC durante una cobertura en el mes de octubre y luego lo denunció falsamente para obtener una medida de protección para que él no pudiera hablar del episodio que padeció. 

Las victimas de Araya

En este caso, además, la situación se encuentra atravesada por al menos dos dimensiones de desigualdad estructural. Por un lado, la desigualdad de género que históricamente ha condicionado la manera en que se reciben y evalúan las denuncias de violencia sexual. Por otro, la dimensión vinculada a la orientación sexual de la adolescente, quien había mantenido vínculos afectivos con mujeres y atravesaba un proceso personal de exploración de su sexualidad. Según su propio relato, el compañero denunciado, era su mejor amigo, conocía esa situación y había conversado con ella en distintas oportunidades sobre ese tema. Lo que denuncia es que ese límite fue desoído y que el joven se impuso en la situación, algo que en un proncipío habria asumido con pedidos de disculpas tras el hecho, pero que posteriormente negó.

Muchas agresiones sexuales ocurren dentro de vínculos de confianza. La creencia social de que este tipo de violencia proviene principalmente de desconocidos invisibiliza una realidad ampliamente documentada, con frecuencia las agresiones ocurren entre personas que se conocen o mantienen algún tipo de relación previa. Cuando el agresor forma parte del círculo cercano, la reacción del entorno puede ser especialmente compleja, ya que la comunidad tiende a intentar preservar la estabilidad del grupo antes que confrontar el conflicto.

Posterior a la denuncia circularon mensajes en grupos de mensajería y redes sociales que ponían en duda la palabra de la adolescente. En la cuenta de la promo de la escuela se difundió una publicación que revelaba su identidad y le exigía públicamente que se fuera del colegio. 

En este contexto, la institución educativa dispuso que la denunciante continuara sus estudios de manera virtual mientras el estudiante señalado seguía asistiendo presencialmente, a pesar de que existian en la institución registros de episodios de violencia por parte de este estudiante previo a lo denunciado en el UPD. Un tiempo despúes. el joven fue suspendido y paso a tener clases virtuales, luego de que otras alumnas alertaran sobre episodios de violencia que habrían sido registrados por cámaras de seguridad dentro de la escuela, pero para ese momento la adolescente que denuncio al joven, ya había dejado la institución tras semanas de hostigamiento.

Responsabilidad adulta

Situaciones como esta plantean interrogantes importantes en relación con las obligaciones de protección que tienen las instituciones educativas frente a denuncias que involucran a menores de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que los afecten. En contextos de violencia sexual, ese principio implica garantizar medidas que protejan a la persona que denuncia, eviten su exposición pública y aseguren la continuidad de su trayectoria educativa sin que deba enfrentar nuevas formas de violencia o aislamiento.

El clima social que rodeó el caso también estuvo marcado por la difusión de la idea de que la denuncia podía ser falsa. Este tipo de discursos ha sido señalado por organismos internacionales como un obstáculo relevante para el acceso a la justicia en casos de violencia sexual. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha advertido que los estereotipos de género pueden influir en la valoración de las denuncias y en la credibilidad otorgada al testimonio de las mujeres y niñas. Cuando estos prejuicios se instalan en el debate público, el foco suele desplazarse desde la investigación de los hechos hacia la legitimidad de quien denuncia.

En paralelo, el caso también estuvo atravesado por episodios de discusión mediática que desviaron la atención del hecho denunciado. Durante el período en que el joven imputado debía presentarse a declarar ante la justicia, se instaló públicamente una narrativa que sostenía que un acto procesal debió ser suspendido por la presencia de un escrache que nunca existió y en el expediente se aduce que su comparecencia había sido impedida por la presencia de personas de la prensa en la escuela, algo que la misma escuela desmintió explicando que el menor ni siquiera habia presentado nada ante la institución para presentarse a cumplir con sus obligaciones ante la justicia.

El tipo de discusiones que instaló la abogada de la defensa desplazó el foco del análisis hacia conflictos secundarios y dejó en segundo plano cuestiones centrales como la protección de los menores involucrados y la necesidad de evitar procesos de revictimización como los que estaban sucediendo. La propia adolescente relató posteriormente las consecuencias emocionales que atravesó durante el proceso, incluyendo angustia intensa, miedo y episodios de autolesión a raíz de la insensibilidad de adultos y sus publicaciónes. Diversas investigaciones han mostrado que el impacto psicológico de la violencia sexual puede agravarse cuando la víctima enfrenta hostigamiento social, descrédito o aislamiento institucional.

Programa de TAQC con un informe especial sobre la responsabilidad de adultos en esta causa,

Desde una perspectiva de derechos humanos, el caso plantea un desafío más amplio que la determinación de responsabilidades penales. También interpela a las comunidades educativas, a las familias, a los medios y a la sociedad en general sobre la manera en que se recibe y se procesa el relato de niñas y adolescentes que denuncian violencia sexual. Las niñas tienen derecho a ser escuchadas, a que sus testimonios sean considerados con seriedad y a que las instituciones actúen con la debida diligencia para investigar los hechos sin exponerlas a nuevas vulneraciones.

Fragmento de un testimonio presentado por la defensa de una madre que cuidaba en el UPD

Garantizar ese enfoque no implica renunciar a las garantías del debido proceso ni a la presunción de inocencia. Implica reconocer que la protección de los derechos de niñas y adolescentes requiere respuestas institucionales cuidadosas, que eviten reproducir los prejuicios y las prácticas que históricamente han dificultado el acceso a la justicia en casos de violencia sexual.

La voz de esta adolescente muestra que, cuando la reacción social se organiza alrededor de la sospecha, el hostigamiento o la indiferencia, quienes denuncian pueden terminar soportando una carga adicional que profundiza su vulnerabilidad. La discusión que deja este caso no sólo se relaciona con la investigación judicial, sino también con la capacidad de las comunidades para garantizar que niñas y adolescentes puedan contar lo que les ocurre sin temor a quedar expuestas a nuevas formas de violencia o exclusión.