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El pasado domingo 20 de abril, Día Internacional de la Cultura Cannábica, se celebró en la ciudad de La Rioja la cuarta edición de la Festi 420, un evento realizado en República Contracultural que incluyó charlas, expresiones artísticas, stands, y actividades culturales vinculadas al universo del cannabis. Sin embargo, un recorte viralizado en redes —que muestra una breve “competencia de secas”— bastó para desatar una nueva ola de criminalización, estigmatización y persecución judicial.

La difusión selectiva del fragmento en medios locales generó en el gobierno nacional un mecanismo institucional inmediato: a la clausura del bar por parte del municipio por “falta de habilitación para dicha fiesta”, la intervención del Ministerio de Seguridad, y una investigación de oficio abierta por la fiscal federal Virginia Carmona, que arrancó con un allanamiento al local y la demora por seis horas de una comunicadora que animaba el evento, sin orden judicial ni imputación formal. La fiscal declaró públicamente que podría haber infracción a los artículos 10 y 12 de la Ley 23.737, aunque admitió que la causa sigue bajo secreto de sumario y no existen imputados hasta el momento.

La reacción institucional desproporcionada contrasta con una realidad legal y cultural en proceso de transformación: el cannabis medicinal está legalizado en Argentina desde 2017 (Ley 27.350) y ha sido potenciado por leyes complementarias como la 27.669. La Rioja, incluso, se posiciona como pionera en cannabis medicinal, con exportaciones de flores de CBD a Suiza a través de Agrogenética Riojana, y la primera finca de turismo cannábico en Chilecito. Pero mientras el mundo avanza hacia regulaciones integrales y la Argentina se consolidaba como potencia regional, el gobierno nacional ha decidido interrumpir el funcionamiento de REPROCANN, el sistema que autorizaba el cultivo personal para pacientes, aduciendo que “hay más cannabis local que en las fronteras”.

Desinformación y prejuicio: los mitos que se reactivan

Cada vez que un hecho vinculado al cannabis gana visibilidad, se reactivan discursos anacrónicos y profundamente desinformantes. Entre los más repetidos:

❌ “La marihuana es la puerta de entrada a otras drogas”: FALSO. No hay evidencia científica concluyente que relacione causalmente el uso de cannabis con el inicio en otras sustancias. Lo que sí se ha probado es que la criminalización de usuarios los empuja al mercado negro, donde conviven múltiples sustancias sin ningún control de calidad.. No hace falta ser un experto que el proveedor de dichas sustancias tiene intereses en vender las más adictivas. 

❌ Equiparar el consumo de marihuana con el de cocaina: FALSO. Son sustancias distintas, con efectos, niveles de adicción y daños muy diferentes. Según la ONU, el alcohol y el tabaco provocan mayor dependencia y mortalidad que el cannabis.

❌ Dar a entender que el cannabis es más peligroso que el alcohol: FALSO. En Argentina, el consumo problemático de alcohol afecta a más del 10% de la población, es una de las principales causas de muerte en jóvenes y se asocia a siniestros viales, violencias y femicidios. El cannabis no tiene registros de muertes por sobredosis.

Mientras se criminalizaba un bar cultural de la capital riojana por un evento cannábico, el sábado anterior (19 de abril), en San Blas de los Sauces, una persona fue asesinada en la puerta de un boliche que lucra con la venta de alcohol, sin que se produzcan clausuras, escándalos mediáticos, ni operativos federales. La comparación no busca banalizar ningún hecho, sino poner en evidencia el doble estándar con que se castigan los consumos. Sabiendo que el consumo de alcohol incide en delitos violentos, no existió tratamiento mediatico que debatiera la posibilidad de que el asesino haya estado bajo los efectos de esta nociva sustancia. 

 ¿Perseguir usuarios o combatir al narcotráfico?

La estrategia actual del gobierno nacional —que incluye declaraciones estigmatizantes de la Ministra Patricia Bullrich, quien trató a los inscriptos en REPROCANN como 300.000 potenciales delincuentes que podrian "desviar marihuana hacia el mercado ilegal"— muestra una confusión peligrosa entre usuarios, cultivadores y narcotráfico real.

Según el abogado y activista cannábico Juan Palomino, “el 90% del cannabis consumido en Argentina proviene de pequeños cultivadores y no del narcotrafico”. Perseguir a estos usuarios o a cultivadores solidarios no reduce el narcotráfico, sino que lo fortalece, al impedir que las personas accedan a productos controlados y legales, y deban acudir al mercado ilícito.

En los países donde se reguló el consumo recreativo —como Canadá o Uruguay— el uso problemático no aumentó significativamente, y el narcotráfico perdió terreno. En cambio, la criminalización empuja a la clandestinidad a más del 13% de la población que consume cannabis en Argentina , vulnerando derechos, generando causas judiciales y desperdiciando recursos del Estado.

Resulta paradójico que mientras se clausuran espacios de militancia cannábica local, La Rioja haya sido la primera provincia argentina en exportar flores de CBD a Europa, con reconocimiento internacional. La experiencia del turismo cannábico en Chilecito y los desarrollos de Agrogenética demuestran que una política de drogas con enfoque en salud, ciencia y desarrollo productivo es posible.

La Rioja como modelo a seguir (y no a perseguir)

El evento del 420 en República Contracultural representa —en pequeña escala— lo que la Expo Cannabis simboliza en Buenos Aires: educación, cultura, activismo y diálogo social. Su criminalización no solo vulnera derechos individuales, sino que envía un mensaje regresivo que perjudica a quienes utilizan el cannabis con fines terapéuticos y a quienes trabajan por una sociedad menos hipócrita y más justa.

El uso del aparato judicial para perseguir comunicadoras y cerrar bares culturales, mientras se interrumpe el tratamiento de personas con Parkinson o epilepsia, no combate el narcotráfico ni cuida la salud pública. Solo revela un Estado desconectado de la evidencia científica, la realidad social y los derechos humanos.

Es hora de cambiar el enfoque: menos castigo, más regulación. Menos prejuicio, más educación. Menos persecución, más salud.