Calificar determinadas prácticas estatales como crímenes de lesa humanidad no es una exageración retórica ni una provocación ideológica. Es una categoría jurídica precisa, construida tras los peores horrores del siglo XX, para nombrar violencias cometidas desde el poder, de forma sistemática, generalizada y dirigida contra poblaciones vulnerables, aun cuando se ejecuten bajo apariencia de legalidad.

Las revinculaciones forzosas que obligan a niñas y niños a convivir con sus presuntos abusadores, incluso antes de que hayan podido declarar o bien después de haber pedido explícitamente no hacerlo, reúnen varios de los elementos centrales que el derecho internacional identifica como constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

No porque cada caso individual sea idéntico, sino porque la práctica como política, como patrón repetido y sostenido por el Estado, produce un daño que excede lo individual y se inscribe en una lógica estructural de violencia.

Un patrón que se repite

Hay algo profundamente peligroso y éticamente inadmisible, en ver a adultos con poder mediático explicar o justificar o que otros adultos tienen derecho a que se les "reintegren" niños y niñas contra la voluntad expresa de esas infancias. Más aún cuando esos niños y niñas suplican,  a veces durante años, que no los lleven a casas donde dicen haber sido abusados, que no los arranquen de su centro de vida, que no los separen de sus madres, que no los obliguen a convivir con personas a las que temen.

Cuando una niña dice “por favor no me lleven”, no estamos ante un capricho. Estamos ante una expresión de voluntad, ante un pedido de protección, ante una señal de alarma que el Estado tiene la obligación de escuchar. Ignorarla no es neutral: es una forma de violencia institucional.

Sin embargo, una de las operaciones más dañinas que se repite en estos casos es la construcción narrativa que reduce todo a una disputa entre adultos. Se habla de “conflicto parental”, de “incumplimientos”, de “derechos del progenitor”, de lo que una parte adulta presentó ante la Justicia o de lo que la otra “no probó”. En ese encuadre, la infancia desaparece. Su palabra se vuelve irrelevante, un dato accesorio, algo que se menciona de pasada en función a los intereses de alguna de las partes, pero nunca ocupa el centro.

Sin voz(s), el corto ficcional de dibujos animados que fue censurado en 2022 por la justicia riojana antes de haberlo  terminado, trataba de combatir ese problema que observaba en este tipo de narrativas mediaticas sobre la vida judicializada de estas infancias. La idea era poner en el centro el sentir y el pensar de este segmento vulnerable sin la exposición de las victimas instrumentalizadas por adultos en disputas de sentido. 

Necesitamos entender urgente que esto no es un error de enfoque, sino una decisión política y cultural. Porque transformar una situación de violencia institucional contra una infancia en una “pelea entre grandes” permite justificar lo injustificable. Permite que el sistema se excuse diciendo que “actuó frente a las partes”, cuando en realidad desoyó deliberadamente a la única parte que debía ser prioritaria.

Pedagogía de la crueldad

El daño que producen estas narrativas es profundo y duradero. Porque normalizan que la voz de las niñas no tiene peso para las instituciones, que consentimiento de los hijos no importa frente a las preferencias de sus padres, a que el miedo de las victimas no es relevante, que la historia de los más vulnerables puede ser borrada si incomoda a quien tenga más poder.

Como plantea Rita Segato, la pedagogía de la crueldad es el mecanismo mediante el cual una sociedad aprende a tolerar la violencia como algo normal, inevitable o necesario. En el caso de las revinculaciones forzosas, esta pedagogía opera de forma directa sobre los cuerpos de niñas y niños que piden no ser obligados a convivir con quienes los dañaron o los atemorizan. Al imponer esa convivencia, el Estado enseña que el consentimiento infantil no existe, que el “no” de una niña puede ser ignorado, que su cuerpo y su subjetividad están disponibles para ser administrados por otros. Esa enseñanza es el núcleo mismo de la cultura de la violación: la idea de que hay sujetos cuya voluntad puede ser anulada, cuyos límites pueden ser traspasados, y cuyo sufrimiento puede ser sacrificado en nombre de un orden superior. Cuando esta lógica se institucionaliza, la violencia sexual se convierte en una práctica cultural legitimada, donde la revictimización es presentada como normalidad jurídica y la obediencia forzada como disciplinamiento para el silencio de las victimas. Así, el Estado no solo reproduce la cultura de la violación: la enseña, la valida y la transmite como regla.

No todo lo legal es legítimo. No todo lo judicial es justo.

Incluso dejando de lado el contenido de las denuncias por abuso sexual, hay algo que no puede relativizarse: obligar a una niña a vivir con una persona a la que rechaza de manera persistente es, en sí mismo, una práctica abusiva.

La consistencia en la expresión de una voluntad infantil no puede seguir siendo tratada como irrelevante. Cuando una niña dice lo mismo durante años, en distintos contextos, ante distintos actores del sistema, y aun así el Estado insiste en violar esa voluntad, no estamos ante una falla puntual: estamos ante una violación sistemática de derechos humanos.

La Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación vigente son claras: el interés superior del niño no se presume, se construye escuchándolo. El derecho a ser oído no es opcional ni condicional. El centro de vida no es una formalidad administrativa, sino el espacio donde una infancia vive en paz, con vínculos significativos y sin miedo.

Reducir todo a lo que los adultos litigaron o dejaron de litigar es negar estos principios. Es vaciarlos de contenido. Es convertirlos en una ficción jurídica que solo sirve para tranquilizar conciencias adultas.

El Estado no puede ser agresor

El primer elemento clave es que la violencia no proviene solo del agresor denunciado, sino del propio Estado. Son jueces, fiscales, equipos técnicos, fuerzas de seguridad y dispositivos institucionales quienes ejecutan la separación, el traslado forzoso, la entrega compulsiva, la custodia policial, la amenaza de sanción a las madres protectoras.

El poder público se pone al servicio de imponer y legitimar la voluntad del más fuerte, utilizando su capacidad coercitiva. Esto convierte a la violencia en una violencia institucional, esto establece de facto la crueldad como politica de estado.

Cuando estas prácticas recaen sobre niñas que denunciaron abusos sexuales, la gravedad se multiplica. Porque allí el Estado no solo falla en proteger: revictimiza. Obliga, separa, expone, arranca, silencia. Y luego legitima esa violencia con discursos técnicos, fallos formales y relatos mediáticos que nunca ponen en primer plano lo que las pequeñas victimas necesitan.

No hay neutralidad posible cuando una infancia suplica protección y el Estado oficia como facilitador de nuevos hechos. Aceptar estas narrativas implica enseñarles a las infancias que el abuso puede venir también del Estado. Que la Justicia opera solo a favor de sus agresores. Que resistirse no sirve. Y ese aprendizaje es devastador.

Cuestionar estas prácticas no es ir contra la Justicia: es exigir que la Justicia deje de producir daño. Ningún adulto tiene derecho a tratar a un niño como objeto. Ningún vínculo puede imponerse por la fuerza. Ninguna niña debería crecer aprendiendo que su palabra no tiene valor.

Cuando el Estado viola una y otra vez la voluntad expresa de una infancia, y cuando los discursos públicos legitiman esa violencia reduciéndola a una pelea entre adultos, lo que se está haciendo es correr un límite civilizatorio. El derecho internacional es claro en este punto: cuando el Estado deja de ser garante y se transforma en agente activo del daño, la gravedad se multiplica.

Las revinculaciones forzosas no ocurren de manera aislada ni aleatoria. Afectan de forma reiterada a una población claramente identificable: niñas y niños que denuncian abuso sexual intrafamiliar y sus madres protectoras.

Se desconfía de la palabra infantil, se castiga a quien protege,
se prioriza el “derecho” del adulto denunciado, se obliga a convivir antes de investigar, se ignora la voluntad sostenida de la infancia, se instala información falsa sobre problematicas sociales para establecer que no son tan relevantes las consecuencias de millones de niños y niñas que son victimas de abusos, como la remota posibilidad de que un adulto inocente deba someterse a un proceso de investigación que ponga en duda su inocencia. 

Cuando una práctica se reproduce en distintos territorios, durante años, con los mismos argumentos, los mismos dispositivos y los mismos resultados, silenciamiento, sometimiento, ruptura de vínculos protectores, estamos ante un ataque sistemático.

Hoy nuestra sociedad cruza un umbral peligroso aceptando que el Estado puede quebrar la voluntad expresa de niñas y niños, obligarlos a vivir donde no quieren estar y llamar a eso protección. Cuando el consentimiento infantil deja de importar, cuando el deseo de una infancia se vuelve irrelevante frente a los derechos y odios de los adultos, se erosiona el núcleo mismo de los derechos humanos. No se trata de un debate ideológico ni de una disputa jurídica entre partes: se trata de decidir si seguimos considerando a las niñas y niños como sujetos de derecho o si volvemos a tratarlos como objetos administrables por el poder. Y cada vez que el Estado elige la obediencia forzada por sobre la escucha, no solo daña a una niña en particular: empobrece moralmente a toda la sociedad y nos acerca a un modelo donde la violencia deja de ser excepción para convertirse en norma.