Mariana Mamaní, periodista jujeña

El viernes 17 de julio, durante un corte de energía eléctrica, personas desconocidas ingresaron al domicilio de la periodista jujeña Mariana Mamaní.

Revolvieron las habitaciones. Revisaron los dormitorios de sus hijos. Dejaron dinero, televisores, otra computadora y distintos objetos de valor. Se llevaron únicamente una cámara fotográfica y una computadora portátil, dos herramientas centrales para su trabajo periodístico.

Antes de retirarse, colocaron sobre su espacio de trabajo un ejemplar de la Constitución de Jujuy reformada en 2023, que Mamaní guardaba en otro lugar y utilizaba para sus coberturas. La periodista interpretó el episodio como un mensaje directo relacionado con su profesión y exigió al Ministerio Público de la Acusación y al Gobierno provincial que investigaran lo ocurrido y garantizaran la seguridad de su familia.

No parece un dato menor que Mariana Mamaní se dedique a documentar conflictos territoriales, desalojos de comunidades originarias, criminalización de la protesta, luchas feministas y violaciones a los derechos humanos en Jujuy. Tampoco que, apenas unas semanas antes, hubiera vuelto a hablar públicamente de la represión producida durante la reforma constitucional de 2023 y de las dificultades para ejercer el periodismo durante aquellas jornadas. No sabemos todavía quiénes entraron a su casa. Pero sí sabemos qué buscaron. Y sabemos qué mensaje dejaron.

Lo sucedido debería encender una alarma nacional. No únicamente por la gravedad del ataque contra Mariana, sino porque este tipo de episodios se repite en distintos lugares del país sin que luego existan investigaciones exhaustivas capaces de identificar sus conexiones, determinar responsabilidades y proteger efectivamente a las personas atacadas.

En La Rioja también entraron a nuestras casas

Cuando conocí el caso de Mariana Mamaní inmediatamente pensé en tres domicilios de La Rioja que padecieron situaciones similares. El de Caro, el de Emelí y el mio. Fueron tres episodios diferentes, sufridos por tres mujeres que desarrollamos tareas vinculadas al activismo feminista y la defensa de los derechos humanos. En los tres casos se denunciaron ingresos a los domicilios que no fueron robos comunes sino mensajes de terror. 

En febrero de 2022, Carolina Goycoechea y yo fuimos intimadas el mismo día y a la misma hora, por Emilio Pagotto y un cliente suyo por dos publicaciones de Ni Una Menos La Rioja que ninguna de las dos habíamos realizado. Unos días antes se me había impuesto la primera medida censura previa judicial por el caso Arcoiris del que jamás tuve acceso a defenderme. Mientras tanto Emilio Pagotto emitía amenazas twitteras sobre más acciones judiciales cuando llegaron estas intimaciones. 

Tiempo después, fue mi allanamiento por una causa donde sigo imputada en instrucción desde entonces a pesar de haber declarado ese año sin conocer evidencia alguna que amerita una imputación penal y mucho menos el secuestro de nuestras herramientas de trabajo. 

Tras la devolución de los dispositivos peritados, Pagotto, en medios de comunicación, expresaba que de alguna u otra manera iba a acceder a mi celular. El 7 de septiembre de ese año alguien ingresó a nuestro domicilio y se llevó dos celulares de mi habitación y nada más. Apenas lo supimos, denunciamos en la comisaría primera y al otro día un oficial vino a casa y nos indicó por donde habían ingresado, y como alguien ingresó a mis redes sociales desde uno de esos dispositivos, pudimos facilitarle la dirección de IP de quien tenía en su posesión los dispositivos sustraídos. 

En 2023, personas desconocidas ingresaron a la casa de Caro. No se llevaron dinero ni ningún otro objeto de valor, pero sí su computadora. Desde ese dispositivo se intentó ingresar a las cuentas de administración de Ni Una Menos La Rioja a las que ella no tenía acceso, pero quien efectivamente las administraba recibió las notificaciones que indicaban que se había intentado iniciar sesión desde aquella computadora.

En 2025, Emelí Ana estaba siendo blanco de ataques mediáticos de Emilio Pagotto quien acusaba a su padre y presidente del TSJ de presunta corrupción. Pagotto presentó un pedido de juicio político contra el juez Ana y al ser rechazado convocó a una marcha donde junto a sus representados se dirigió al domicilio de dicho juez, el cual fue vandalizado. Al poco tiempo, Emeli Ana hizo público el ingreso que padeció en su domicilio. Allí no se llevaron absolutamente ningún objeto de valor, ella cuenta que revolvieron distintas pertenencias y revisaron incluso los libros de la vivienda, donde guardaba una fotografía suya junto a su hija,que apareció arrugada sobre su mesa de luz. El significado de ese gesto resulta imposible de separar de su historia, ya que ella todavía reclama que el condenado que abusó sexualmente de su hija se encuentra en libertad y su abogado defensor es precisamente Emilio Pagotto.

Hace unos días, en una nota donde me defendía de uno de los tantos agravios sistemáticos que recibo contra mi labor profesional, Emilio Pagotto afirmó sobre mí: “Protegida por el Gobierno y por el TSJ. Amiga de la hija de un juez. De allí la impunidad”.

Lo cierto es que nunca tuve acceso a la justicia, por el contrario, el recurso extraordinario federal presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestiona precisamente la falta de tutela judicial efectiva, la vulneración de las garantías de defensa y protección sufridas durante estos años. La ausencia de respuestas llegó a tal punto que el año pasado junto a nuestra familia permanecimos cinco meses fuera del país porque entendíamos que no existían garantías suficientes para permanecer en Argentina mientras el hostigamiento continuaba. 

Cuando ejercer el periodismo conduce al exilio

Luciana Peker vive fuera de la Argentina desde diciembre de 2023, después de recibir amenazas relacionadas con su trabajo periodístico, en especial por la cobertura en el caso de Thelma Fardin. La periodista denunció una campaña de hostigamiento vinculada con sectores relacionados con las fuerzas de seguridad. Su exilio es una de las expresiones más graves del retroceso de la libertad de prensa.

Cuando una periodista decide que no puede seguir viviendo en su país porque no se siente protegida, el Estado no está perdiendo solamente una profesional. Está perdiendo capacidad democrática. Está enviando un mensaje a todas las demás, investigar, denunciar y sostener públicamente determinadas agendas puede tener como consecuencia el miedo, el aislamiento o el abandono del territorio. 

Nuestras historias son diferentes. Pero todas se encuentran atravesadas por una misma pregunta: ¿qué sucede cuando una periodista comprende que el Estado no va a garantizar las condiciones mínimas para continuar viviendo y trabajando en su país?

Poco a poco ocurre un desplazamiento muy profundo, la voluntad expresada por quien vivió la experiencia deja de ser lo relevante porque las interpretaciones externas se imponen con mayor fuerza que aquella voluntad ajena sobre su cuerpo. 

Lo que un Estado de Derecho debe hacer

El caso del periodista chileno Mauricio Weibel muestra por qué estas denuncias no pueden descartarse como exageraciones, temores individuales o teorías imposibles de comprobar. Weibel investigaba corrupción dentro del Ejército chileno cuando fue objeto de vigilancia e interceptaciones ilegales. Durante años denunció espionaje, hostigamiento y operaciones dirigidas contra él y sus fuentes.

En junio de 2026, después de seis años de investigación judicial, la Justicia chilena condenó a un exjuez y a un exdirector de Inteligencia del Ejército por su participación en aquella operación. La intervención telefónica había sido autorizada mediante antecedentes falsos, el número pertenecía a Weibel, pero fue atribuido a una supuesta agente extranjera para encubrir el verdadero objetivo de la vigilancia.

El caso resulta todavía más revelador cuando se observan los episodios previos. En medio del hostigamiento, una fuente con la que Weibel se había reunido encontró su oficina destruida al día siguiente. No le habían robado nada. Años más tarde, la investigación permitió identificar operaciones de inteligencia específicamente dirigidas contra periodistas.

El precedente Weibel nos muestra cómo el Estado debe investigar antes de que la impunidad destruya las pruebas, silencie las fuentes o expulse a quienes denuncian. Chile tardó años, pero finalmente investigó, reconstruyó la maniobra, identificó a quienes utilizaron recursos estatales para perseguir a un periodista y dictó una condena. Eso es lo que debe ocurrir en un Estado de Derecho, y hoy es un caso emblemático en defensa a la libertad de prensa. 

La ausencia de garantías también censura

La censura no consiste solamente en que un juez prohíba una publicación o que un gobierno cierre un medio. También existe cuando una periodista deja de investigar porque teme que vuelvan a entrar en su casa. Cuando una defensora de derechos humanos comprende que pueden revisar hasta los libros donde guarda una fotografía de su hija. Cuando una organización feminista descubre que alguien intenta ingresar a sus cuentas desde la computadora robada a una de sus integrantes. Cuando una familia debe abandonar el país. Cuando una periodista se exilia.

Cuando los expedientes no conectan los hechos, las pruebas técnicas se pierden y las personas señaladas continúan actuando sin que exista siquiera una respuesta estatal capaz de detener el hostigamiento denunciado. La falta de protección genera autocensura, debilita las organizaciones, aleja a las fuentes, rompe redes de solidaridad y obliga a destinar la energía que debería utilizarse para investigar, documentar y acompañar a las víctimas a la tarea cotidiana de sobrevivir.

Por eso, lo que sucedió con Mariana Mamaní nos interpela a todos. Debe obligarnos a observar lo que ya sucedió en La Rioja. Debe recordarnos por qué Luciana Peker se encuentra exiliada. Y debe llevarnos a estudiar el caso Mauricio Weibel, no sólo como una condena histórica, sino como una advertencia sobre todo lo que puede permanecer oculto cuando el Estado no investiga a tiempo.

La obligación estatal no es esperar a que podamos demostrar por nuestros propios medios quiénes entraron en nuestras casas. Es preservar las pruebas, investigar las conexiones, seguir las huellas digitales, analizar los contextos de litigio, hostigamiento y amenazas. Proteger a las personas afectadas y a sus familias y garantizar que quienes ejercemos el periodismo y defendemos los derechos humanos no tengamos que elegir entre continuar nuestro trabajo o conservar nuestra seguridad.

Cuando entran a la casa de una periodista o de una activista dejan un mensaje de terror, la democracia recibe una advertencia. Cuando el Estado no responde, la advertencia se transforma en un método, y cuando ese método se repite sin consecuencias, lo que retrocede no es solamente la libertad de una persona, sino la defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa y el Estado de derecho.