Universidad Complutense de Madrid

Las instituciones que deberían garantizar sus derechos a menudo se convierten en una nueva fuente de sufrimiento. Frente al avance de los autoritarismos y una comunicación que mercantiliza el dolor, construir narrativas de dignidad y recuperar la empatía es también una forma de defender el Estado de derecho.

En un mundo donde las instituciones democráticas pierden capacidad para limitar la acumulación y concentración de poder, escuchar a quienes sufren represalias por denunciar abusos se volvió una necesidad periodística y política. La construcción de narrativas de dignidad frente a la revictimización, la crueldad y una comunicación que convierte el sufrimiento humano en mercancía pasó a ser una labor de muchas que terminamos siendo castigadas por ello. Comprender la dimensión del daño producido por las instituciones que deberían administrar justicia, muchas veces prolongado durante años, que aparece cuando una persona recurre a las instituciones que deberían protegerla y encuentra nuevas formas de violencia, desamparo o castigo, nos ayuda a comprender la crisis institucional que hoy atraviesa la humanidad.

Escribo esto desde Madrid, donde estoy fortaleciendo mis capacidades como defensora de derechos humanos gracias a la Cooperación Española a través de la Fundación Carolina. Esta vez salí de La Rioja para estudiar y robustecer la esperanza. Hace un año Reporteros Sin Fronteras nos asistió para dejar la provincia de urgencia ante una situación de riesgo por la que con la familia nos vimos forzados a desplazarnos, después vivimos unos meses en Uruguay acogidos en el programa Shelter. El miedo atravesó aquellas experiencias y la necesidad de ponernos a salvo determinaba nuestros movimientos e interrumpía nuestros proyectos. Volvimos al territorio con el acompañamiento de Media Defense para hacer frente al litigio estratégico contra la participación pública, y tras un repliegue de un rediseño estratégico de nuestros proyectos sociales, hoy abrazo el goce de compartir esta formación con defensoras y defensores de toda latinoamérica. Escuchar sus experiencias me permite reconocer prácticas que conozco desde mi propio territorio y pensar qué herramientas necesitamos para transformar las condiciones que las hacen posibles. La distancia también me ayuda a mirar lo que vivimos en La Rioja dentro de una crisis más amplia, donde las instituciones democráticas pierden capacidad para garantizar derechos y quienes ejercen el poder encuentran cada vez menos límites.

Durante años escuché las voces de quienes denunciaron abusos y encontraron nuevas violencias en las instituciones a las que acudieron buscando justicia y lo he vivido en carne propia. Al iniciar con los proyectos documentales que cambiaron nuestras vidas, sabíamos que era urgente pensar cómo impedir que la denuncia se convierta en una nueva fuente de daño y cómo hacer que las garantías del Estado de derecho funcionen para quienes quedan expuestos a esta violencia. Hoy abrazo la fortuna de pensar esto junto a otras personas que siguen poniendo el cuerpo a esta resistencia aún en contextos de exilio y países donde hace años se perdió la democracia. Necesitamos un diseño institucional capaz de limitar ese poder de muerte que amenaza con imponerse en distintas partes del mundo porque el sistema en el que esto sucedía por voluntad de los estados ha quedado obsoleto ante el tecno feudalismo que se impone.

Los años de estudiar qué sucede con las víctimas de delitos atravesados por profundas asimetrías de poder me permitieron entender cómo el estado de derecho se fue socavando. Escuchar a personas que denunciaron violencia sexual, abusos de autoridad o vulneraciones graves de sus derechos y que, al intentar obtener una respuesta judicial, enfrentaron situaciones que profundizaron su sufrimiento te permite adquirir una perspectiva imprescindible para comprender la crisis institucional que hoy atraviesa la humanidad. Entender cómo en algunos relatos, el proceso judicial había adquirido una dimensión devastadora cuando la denuncia que debía abrir un camino hacia la protección y reparación terminaba convirtiéndose en el comienzo de una nueva experiencia de violencia donde el estado ejerce el rol de disciplinamiento contra las víctimas, permite entender cómo opera la violencia legitimada. Dimensionar cómo a la lesión original denunciada se sumaban represalias con exposición pública, descrédito, amenazas, costos económicos insostenibles, agotamiento emocional y, en determinados casos, violencia institucional que llegan a extremos de delitos de lesa humanidad desplegados por el mismo sistema de administración de justicia dejó en evidencia la consolidación de la violencia estructural reforzada por los poderes del estado. Por eso mi trabajo está prohibido, y por eso mis colegas han sido disciplinados para prohibir la pregunta de ¿Qué ocurre cuando una víctima necesita defenderse de las mismas instituciones a las que acudió para pedir protección?

Para comprender las transformaciones políticas del mundo, el avance de proyectos autoritarios y el debilitamiento de los consensos democráticos, es imprescindible atender el sentir y pensar qué se despliega ante un mito que se desploma cuando los sujetos de derecho habitan la distancia que existe entre los derechos reconocidos y las posibilidades reales de ejercerlos.

Instituciones que permanecen, derechos que se debilitan

Durante mucho tiempo pensamos que la existencia de instituciones democráticas constituía, por sí misma, una garantía frente al abuso de poder. La Constitución, la división de poderes, los tribunales y los procedimientos judiciales aparecían como parte de un orden destinado a impedir la arbitrariedad. Sin embargo, la existencia formal de esas estructuras no consiguió que en la práctica funcionen de manera igualitaria. El politólogo argentino Guillermo O'Donnell advirtió que votar periódicamente no alcanza para garantizar una democracia efectiva, sino que también importa que las personas puedan ejercer sus derechos, exigir responsabilidades y obtener protección frente al poder. Décadas después, la jurista Kim Lane Scheppele desarrolló el concepto de legalismo autocrático para describir procesos en los que dirigentes elegidos democráticamente utilizan instrumentos legales para debilitar los mecanismos constitucionales que deberían limitar su autoridad.

Estos análisis obligan a revisar la reduccionista idea de que el autoritarismo siempre llega desde fuera de las instituciones y se presenta como una ruptura evidente del orden democrático. Por su lado, el filósofo del derecho Luigi Ferrajoli aporta otra dimensión de este problema explicando que los derechos fundamentales necesitan garantías capaces de hacerlos efectivos. Su reconocimiento normativo no basta cuando los poderes públicos o privados actúan sin controles suficientes. La pregunta, entonces, deja de ser únicamente qué derechos reconoce una sociedad. También debemos preguntarnos quiénes pueden ejercerlos sin sufrir consecuencias por intentarlo.

Esta tensión resulta especialmente visible en la experiencia de las víctimas que denuncian a personas con mayor poder económico, político, institucional o social, especialmente en casos donde niñas son forzadas por el Estado a vivir con sus presuntos abusadores impunes, desestimando sus palabras e instrumentalizando estereotipos de género contra las denunciantes de estos ilícitos.

El castigo de denunciar

La victimización secundaria ocurre cuando quienes deberían brindar protección, asistencia o justicia generan nuevas experiencias de sufrimiento. Puede manifestarse mediante interrogatorios innecesariamente invasivos, trato humillante, exposición de información sensible, exigencias reiteradas de relatar hechos traumáticos o respuestas institucionales que desconocen sus necesidades de protección. Y en los delitos atravesados por asimetrías de poder aparece un problema adicional. La persona denunciada puede contar con recursos y relaciones que la víctima no tiene. Esa desigualdad preexistente puede reproducirse dentro del proceso judicial y extenderse al espacio público.

La víctima debe entonces sostener dos esfuerzos simultáneos, por un lado el de buscar justicia por el daño que denuncia y por el otro resistir las consecuencias que puede generar su decisión de denunciar. Muchas veces, las represalias producen un efecto que trasciende a la persona afectada, otras víctimas observan lo sucedido y evalúan el costo de acudir a las instituciones incrementando el subregistro que existen en delitos donde opera esta asimetría de poder. La posibilidad de denunciar deja de depender exclusivamente de la existencia de un derecho y comienza a relacionarse con la capacidad de soportar sus consecuencias. En ese marco, el movimiento #MeToo en el mundo, y el movimiento #Yotecreohermana en nuestro país combatieron por un momento el aislamiento que somete a las víctimas al silencio por miedo a las represalias de la desacreditación sistemática que históricamente han promovido los poderosos agresores. Este movimiento social ponderó el principio de verdad que debiera acompañar la tutela reforzada que contempla la ley en estos casos. Pero lejos de acompañar este fenómeno social contra los abusos, fue el mismo sistema el que socavó de facto que las más vulnerables gozaran de una tutela judicial efectiva mientras los agresores se organizaron para instalar una nueva narrativa falaz donde se invierte el rol de víctima-victimario cuando son denunciados por delitos que en su gran mayoría gozan de subregistro y un alto nivel de impunidad. Hoy el sistema judicial se encuentra atravesado por un backlash machista contra las victimas de violencia de género y especialmente las victimas de violencia sexual, y este avanza con apoyos financieros, sociales e institucionales contrarios a todo lo normado en terminos de un Estado que defiende y promueve los derechos humanos.

Cuando el poder decide qué vidas merecen protección

El deterioro de las garantías democráticas también puede analizarse desde sus consecuencias materiales. Tras los estudios de Michel Foucault en torno a las relaciones entre poder, disciplina y administración de la vida, Achille Mbembe llevó parte de esa discusión hacia la necropolítica explicando las formas de soberanía capaces de decidir quién puede vivir y quién debe morir, especialmente en contextos de dominación colonial y violencia extrema permitiéndonos formular una pregunta sobre las relaciones entre poder y vulnerabilidad que es muy oportuna en este contexto ¿qué ocurre cuando las decisiones políticas e institucionales distribuyen de manera profundamente desigual las posibilidades de vivir con seguridad?

Por otro lado Judith Butler, al analizar la precariedad y los marcos que determinan qué vidas son reconocidas como dignas de protección y duelo, ofrece otra herramienta para comprender esa desigualdad. Las personas no llegan a las instituciones en las mismas condiciones. El género, la edad, la posición económica, las relaciones de dependencia y la capacidad de movilizar recursos inciden en sus posibilidades de acceder a protección efectiva. Una niña que denuncia violencia sexual intrafamiliar no se encuentra en la misma posición que el adulto denunciado. Una mujer que enfrenta violencia económica puede depender materialmente de la persona contra la que necesita reclamar. Alguien que denuncia a una autoridad puede exponerse a consecuencias que otros ciudadanos difícilmente enfrentarían.

En este contexto distinguimos casos que consiguen condensar una época. En su momento el caso de la denuncia de Thelma Fardin atravesó fronteras para exponer el modo en el que el poder opera cuando una niña rompe el silencio respecto a violencias sexuales padecidas por alguien con poder. Su caso fue un emblema de la época en donde el retardo de justicia superó ampliamente la condena confirmada en 3 instancias para su agresor. Aun así las represalias del caso tuvieron altos costos en la vida de la víctima y en la periodista que hoy vive en el exilio por cubrir este caso. Años después el caso de Gisèle Pelicot vuelve a convertir una experiencia individual en una interpelación colectiva sobre la vergüenza en torno de la violencia sexual cambiando de vereda pasando desprendiendo de la carga que habitualmente recaía sobre las víctimas para ser potestad de los victimarios. Su decisión de hacer público el juicio permitió observar la dimensión social de una violencia sostenida por la complicidad, el silencio y la certeza de impunidad convirtiéndose en un capital simbólico imprescindible para combatir este tipo de crímenes de poder que arruinan la vida de tantas personas por el refuerzo de la asimetría que los hace posibles e impunes.

En paralelo, el caso del Colegio Modelo de Lomas de Zamora plantea una nueva discusión sobre este tipo de violencias. Mientras se denuncia que estudiantes utilizaron inteligencia artificial para fabricar imágenes sexuales de decenas de compañeras, todas menores de edad, y luego difundirlas o comercializarlas, la sociedad cuestiona que cómo es posible que estos sistemas de algoritmos que protegen en sus normas hablar de abuso sexual o cuestionar el genocidio en Gaza permita el uso de esta herramienta para este tipo de delitos. Herramientas como Grok y las aplicaciones diseñadas para “desnudar” personas muestran que la violencia sexual también puede incorporarse al diseño tecnológico y a sus modelos de negocio. La generación de material de explotación sexual infantil mediante inteligencia artificial crece sobre una infraestructura que facilita su producción y circulación a gran escala. Son conocidos los casos de intervenciones del FBI en donde se pudo prevenir posibles tiroteos en escuelas, pero aún así el mismo sistema judicial legalizó la posibilidad de que plataformas de inteligencia artificial utilizaran material de exploración sexual infantil para entrenar sus algoritmos y permitir que cualquier usuario la utilice para la creación de nuevo material que vulnere derechos con este tipo de violencia que se extiende sin límites. Exponiendo la contradicción de este nuevo orden digital donde a las plataformas se les permite aplicar sistemas opacos de moderación que pueden restringir conversaciones discrecionalmente, mientras se facilita producir imágenes sexuales falsas de niñas y adolescentes en un contexto en el que la comercialización de material de explotación sexual infantil pasó a ser el negocio de crimen organizado de mayor crecimiento desde la expansión del uso de internet.

En este contexto en nuestro territorios, casos como el de Arcoiris y niña Lila permiten observar la misma tensión en quién puede ejercer violencia, quién consigue que esa violencia sea reconocida y quién accede realmente a la protección de las instituciones. Arcoíris fue separada de su madre y trasladada a convivir con personas denunciadas por violencia sexual, pese a todo lo que expresó desde sus dos años ante distintos profesionales e instituciones. En marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto decisiones de la Justicia riojana y ordenó revisar el caso con perspectiva de niñez y atendiendo a su interés superior. Aun así, la protección que debía desprenderse de esa intervención no impidió una tercera revinculación forzada.

Desde Madrid recupero la posibilidad de decir que esto es una injusticia. Puedo hablar de casos que fueron silenciados por decisiones del propio sistema judicial y señalar que las revinculaciones impuestas contra la voluntad de niñas y niños pueden constituir graves violaciones de derechos humanos y generar responsabilidad estatal. En 2026, la Comisión Interamericana llevó ante la Corte Interamericana el caso de R.B.L. y Marisa Romero, originada en procesos judiciales iniciados en 1998. La CIDH cuestionó la actuación estatal frente a una denuncia de posible violencia sexual contra una niña y pidió medidas de no repetición, protocolos con perspectiva de género y niñez y capacitación permanente para quienes intervienen en causas de familia y violencia sexual. Aún así los casos de Arcoíris, o el de Niña Lila que hace casi 4 años fue privada de todo contacto con su familia materna, forman parte de un conjunto más amplio de casos de revinculaciones forzosas en el país. Red Viva informó haber presentado un registro de alrededor de 1.200 situaciones ante la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación documentando un patrón donde niñas después de comunicar posibles hechos de violencia sexual intrafamiliar son obligadas a sostener vínculos que rechazan expresamente y separadas de sus referentes afectivos como consecuencia de las denuncias.

Durante la visita de Martha Pelloni a La Rioja se expresó el compromiso de restablecer el vínculo entre Arcoíris y su madre, pero ese compromiso no se tradujo en acciones verificables. Cuando una niña comunica una situación de violencia, la respuesta estatal no puede ser aislarla de quien la protege, desacreditar su palabra u obligarla a convivir con personas a las que señala como responsables. Las instituciones deben investigar a quienes ejercen estas violencias y revisar la responsabilidad de los funcionarios que las permiten. Una niña no puede recibir como respuesta a su pedido de protección la pérdida de su madre, de su entorno y de su derecho a ser escuchada. Cuando el Estado transforma la denuncia en castigo, deja de proteger y pasa a formar parte del daño.

La importancia de estos casos no está únicamente en la explicación de los fenómenos que lo atraviesan, sino el bien simbólico que construyen para millones de víctimas que necesitan reconocerse en una historia, saber que no están solas y comprobar que todavía es posible acceder a la justicia. El caso de Gisèle Pelicot adquirió esa dimensión cuando su decisión de hacer público el juicio convirtió una violencia ejercida en la intimidad y sostenida por la complicidad de decenas de hombres en una interpelación social. Su frase sobre la vergüenza no se limitó a describir su experiencia, sino que ofreció a otras víctimas una forma de comprender lo que habían vivido sin cargar con la culpa de sus agresores. El caso de las estudiantes de Lomas de Zamora puede producir un efecto semejante frente a una forma reciente de violencia sexual facilitada por la inteligencia artificial. La movilización de las familias, la protesta de sus compañeras y la intervención judicial comunican algo que excede esa escuela, fabricar, difundir o comercializar imágenes sexuales de una persona sin su consentimiento es violencia, aunque el cuerpo haya sido creado digitalmente. La respuesta colectiva también les demuestra a otras adolescentes que tienen derecho a denunciar y que lo ocurrido no debe ser aceptado como una broma ni como una consecuencia inevitable de la tecnología.

En paralelo hay casos como el del UPD donde la violencia sexual denunciada por una adolescente durante un festejo fue desplazada por narrativas de adultos que relativizaron lo ocurrido y trasladaron el cuestionamiento hacia la propia denunciante. Aquí se le permitió a la defensa instalar públicamente su versión mientras los derechos y la intimidad de la joven eran vulnerados, mientras adultos priorizan sus propios intereses antes de los de la denunciante, excluyendo a ella de la escolaridad presencial por haber denunciado, encontrando mucha revictimización de parte de la comunidad escolar de padres y compañeros. A esa desigualdad se sumó la revictimización mediática distorsionando los hechos en medios de comunicación y con la insensibilidad de la empresa que lucra con este tipo de fiestas que no garantizan la seguridad de quienes se exponen a este tipo de delitos. El tratamiento público de la causa expuso aspectos sensibles de la denuncia sin el cuidado que exige una situación de violencia sexual entre adolescentes, la defensa expuso la identidad de ambos menores involucrados, la jueza de instrucción vulneró los derechos de la denunciante dictando un sobreseimiento apoyado en una interpretación del consentimiento que debio ser declarada nula por la Cámara Tercera quien instó a la cámara de origen a resolver conforme a derecho en la causa. El problema en estos casos no se limita al resultado del fallo, sino que alcanza al modo en que se valora la palabra de las jóvenes que se atreven a denunciar lo que les sucede, las asimetrías existentes y las condiciones concretas en las que ocurren los hechos denunciados.

Ante este tipo de ataques sistemáticos de las defensas contra el acceso a la justicia de las víctimas,casos como el de Ilda Goyochea muestran la reacción social que puede surgir frente a la falta de certezas y el contraste con versiones que no consiguieron despejar las dudas sobre la muerte de una mujer. La sociedad no siempre acepta que una explicación inverosímil cierre un caso antes de resolver reconstruyendo con seriedad lo sucedido. Ese reclamo expresa algo profundo que tiene que ver con el derecho de una familia a conocer la verdad y la obligación del Estado de investigar una muerte sin imponer conclusiones anticipadas

Y en este derrotero contra el Estado de derecho casos como el de Arcoíris, Niña Lila y las infancias sometidas a revinculaciones forzosas también son parte esa disputa de sentido de la necropolítica. Sus casos no se reducen a sus situaciones particulares, sino que  representan la situación de muchas niñas y niños que intentaron comunicar una situación de violencia y encontraron instituciones que desacreditan su palabra, castigaron a quienes los protegían o los obligaron a mantener vínculos que rechazaban. Que estas historias sean escuchadas, que la sociedad las acompañe y que el sistema judicial responda puede modificar las expectativas de miles de víctimas que todavía creen que denunciar solo les traerá más dolor. Por eso estas causas no pueden quedar reducidas al silencio instalándose en el dolor profundo de quienes asumen que no existe la justicia para las niñas ante esta situación. Cada respuesta institucional transmite un mensaje colectivo. Cuando una víctima obtiene justicia, otras comprenden que también pueden reclamar. Cuando es castigada, silenciada o separada de su red de protección, el mensaje llega con la misma fuerza diciéndonos que hablar puede empeorar sus vidas.

El bien simbólico de estos casos reside precisamente ahí. En la posibilidad de quebrar el aislamiento, disputar la versión impuesta por quienes tienen poder y demostrar que existe una sociedad dispuesta a escuchar, acompañar y exigir justicia. No se trata de convertir a las víctimas en símbolos ajenos a sus propias vidas, sino de reconocer que su voz importa, que su dolor nos atraviesa y que el accionar de la justicia incide en nuestra percepción del rol de las instituciones al tutelar los derechos de los más vulnerables en vez de ser ser el brazo ejecutor del poder que nos disciplina para, en silencio, reforzar la asimetría que opera ante este tipo de abusos.

Casos de como Jessica Mercado y Pamela Villafañe Luna ya nos transmiten una coincidencia dolorosa. Ambas murieron en 2026 después de haber buscado durante años una protección que el sistema judicial no les garantizó en vida. Sus denuncias, sus pedidos de ayuda y la insistencia de sus entornos muestran que el riesgo no era desconocido para las instituciones. Cuando el Estado dispone de información sobre un riesgo y no actúa con la debida diligencia, la desprotección deja a las víctimas expuestas y aunque la responsabilidad directa por el crimen corresponda a quien lo ejecutó. Jessica y Pamela habían acudido antes al sistema judicial con miedo del desenlace que posteriormente padecieron y sus casos representan el costo de la falta de escucha del sistema ante las víctimas que denuncian. Por eso sus casos son el síntoma de una enfermedad institucional que afecta a tantas mujeres que denuncian, insisten y cumplen cada paso que las instituciones les exigen, pero siguen sin estar protegidas.

Cuando el sistema en lugar de atender el bien social y simbólico construido alrededor de quienes denuncian y exponen los reclamos de verdad y justicia terminan capturados por disputas entre fracciones del poder donde cada sector señala la corrupción del otro pero rara vez cuestiona las prácticas que permiten reproducir dichas injusticias, la denuncia deja de ser una herramienta para reparar el sistema y se convierte en un recurso para desplazar a quienes lo controlan. Así, la crítica a la cooptación judicial puede terminar habilitando una nueva cooptación centrada en cuestionar nombramientos, vínculos y redes de influencia cuando pertenecen al adversario, mientras se justifican prácticas semejantes cuando benefician al propio espacio, y así se desplaza el eje del problema que más que en quién, se centra en el cómo se ejerce la administración de justicia y que efectos sociales tiene la falta de acceso a este servicio esencial para la ciudadanía. Entonces, el problema queda siempre reducido a quién ocupa los cargos y no a las reglas que permiten la endogamia, la concentración de poder y la ausencia de controles. Esa partidización desplaza nuevamente a las víctimas y sus casos se instrumentalizan para sostener acusaciones partidarias en vez de resolver problemáticas sociales, pero las demandas que originaron esos reclamos siguen sin respuesta desgastando al sistema que se percibe obsoleto ante la experiencia de quienes lo necesitan. Cambian los actores que pretenden controlar el sistema, mientras permanecen las condiciones que hicieron posible que Jessica, Pamela y tantas otras personas buscaran protección sin encontrarla.

Si las instituciones quieren sostener una sociedad democrática que pueda percibirse como justa, deben dejar de exigir confianza y empezar a construir razones para confiar. Eso implica escuchar antes de desacreditar, proteger antes de que el daño sea irreversible, investigar sin privilegios y explicar cada decisión que afecta derechos. También exige reconocer los errores, reparar a quienes fueron dañados y apartar a quienes utilizaron una función pública para garantizar impunidad. La legitimidad se construye cuando una persona puede denunciar sin ser castigada, cuando una niña es escuchada, cuando una familia recibe respuestas y cuando el poder acepta límites incluso cuando esos límites afectan sus propios intereses. Una institución que solo se protege a sí misma puede conservar autoridad formal, pero pierde legitimidad social.

El Estado no puede pedirle a la ciudadanía que espere indefinidamente mientras sus reclamos se archivan, sus derechos se negocian y quienes denuncian son perseguidos. Cuando las vías institucionales dejan de ofrecer respuestas, el conflicto no desaparece, se traslada a las calles, a los medios, a las redes y a distintas formas de organización colectiva. Esa reacción no es una amenaza, sino la consecuencia previsible de un sistema que agotó la paciencia de quienes debía proteger. Todavía es posible evitar que la distancia entre las instituciones y la sociedad se vuelva insostenible. Pero para eso el poder debe aceptar que escuchar no es conceder, rendir cuentas es construir vínculos saludables y reparar no significa perder autoridad, sino transformar las instituciones que fallaron. Una democracia se vuelve fuerte cuando las personas pueden encontrar justicia dentro de sus instituciones, antes de sentir que la única manera de defenderse es actuar por fuera de ellas.