Familiares de los imputados acompañan fuera del juzgado durante las indagatorias

La madrugada del 10 de julio, Ilda Goyochea ingresó a un sanatorio privado con una grave herida cortante en el cuello. Debido a la complejidad del cuadro fue derivada al Hospital Enrique Vera Barros, donde permaneció internada en estado crítico hasta su muerte. Desde las primeras horas comenzaron a circular versiones que atribuían la lesión a un accidente doméstico ocurrido durante una reunión con dos personas allegadas, sin embargo, mientras esa explicación se difundió públicamente, la Policía y la Justicia iniciaron actuaciones para reconstruir la mecánica del hecho.

Con el avance de las primeras diligencias, la investigación tomó otro rumbo. Las dos personas que se encontraban con Ilda en el momento del hecho fueron detenidas por orden judicial el 13 de julio. El 16 de julio el Ministerio de Seguridad informó que se continuaban recopilando testimonios, registros fílmicos y otros elementos de prueba, remarcando que la investigación seguía abierta y que era necesario esclarecer las circunstancias del hecho.

El Poder Judicial informó oficialmente que se realizaron inspecciones oculares, levantamiento de evidencia física, autopsia y estudios complementarios, análisis de la historia clínica, secuestro de dispositivos electrónicos, declaraciones testimoniales y diversas pericias técnicas, todas orientadas a reconstruir lo sucedido antes de que la jueza adopte las decisiones procesales correspondientes. Pero, mientras fiscales, peritos y jueces intentan responder con evidencias la pregunta de qué pasó aquella noche, paralelamente una disputa de sentido sucede fuera de tribunales. Versiones tempranas de los hechos trataron de instalarse mediáticamente y hoy se disputa la memoria pública de una víctima antes de que la investigación concluya.

El marco narrativo del caso

Hace unos días el abogado Sergio Gomez explicaba la teoría del framing en redes sociales tratando de defender a Emilio Pagotto por la difusión de causas en su contra. Esta teoría del framing desarrollada por Erving Goffman y profundizada por Robert Entman, explica que las sociedades no interpretan los hechos de manera espontánea, sino a través de marcos narrativos. El primer relato que circula suele convertirse en el lente mediante el cual se leen todas las informaciones posteriores y esto parece estar muy presente en los abogados que solemos ver en los medios.

En el caso de Ilda Goyochea, antes de que existiera una hipótesis judicial consolidada, comenzó a instalarse una explicación pública sobre lo ocurrido. Desde las primeras horas posteriores al hecho comenzó a desarrollarse la construcción de un marco narrativo que fue modificando la forma en que la sociedad interpretó el caso. La psicología cognitiva ha estudiado fenómenos como el efecto de anclaje y la perseverancia de las creencias, que muestran cómo las primeras interpretaciones de un acontecimiento pueden seguir influyendo en la percepción de las personas incluso después de que aparecen nuevos datos o evidencia que las cuestiona.

Antes de que existiera información oficial consolidada, comenzó a circular una explicación de que Ilda había sufrido un accidente doméstico con una copa de vidrio. Esa versión fue difundida en conversaciones, junto a cadenas de oración y reproducida por distintos medios de comunicación. En ese momento, el público no recibió una pregunta, sino la afirmación del accidente. Justamente esto es lo que Robert Entman, explica sobre el framing donde se selecciona algunos aspectos de una realidad para volverlos predominantes y así orientar la interpretación del resto de la información. 

Mientras Ilda seguía con vida y cursaba un cuadro de muerte encefálica, numerosos medios difundieron que había fallecido. Pero no solo comunicaron su muerte, sino dando por cierta una explicación de esa muerte. La noticia fue “murió por un accidente”. La noticia de una muerte es uno de los momentos de mayor fijación de memoria para la opinión pública. Las personas recuerdan especialmente la primera explicación que acompaña un acontecimiento de alto impacto emocional.

Al día siguiente, el director del Hospital Vera Barros aclaró que Ilda seguía con vida y que la información difundida era incorrecta. Pero la rectificación llega después del impacto que rara vez tiene la misma capacidad para reorganizar la percepción pública. La construcción narrativa fue más allá de instalar una hipótesis, sino que asoció esa hipótesis al acontecimiento más emotivo de toda la historia, la muerte de Ilda. Esa asociación temprana condiciona la forma en que luego se reciben las noticias sobre la investigación. 

Esta situación no describe lo que sucede en un expediente, sino de cómo se fijan las memorias públicas. La investigación judicial todavía debía reconstruir qué había ocurrido, pero una parte de la memoria social del caso ya había comenzado a consolidarse alrededor de una explicación presentada como cierta en el momento de mayor impacto emocional. Desde el punto de vista comunicacional, esto no solo está respaldado por la teoría del framing, sino que ocupa un lugar central en la reconstrucción de la narrativa del caso.

Posterior a esto se conocieron las detenciones. Las autoridades informaron que existía una investigación penal. El Ministerio de Seguridad aclaró públicamente que ninguna hipótesis estaba descartada. Con el fallecimiento de Ilda comenzó un cambio más profundo en la narrativa porque se intenta correr el foco en la investigación sobre la muerte de Ilda para concentrarse en la situación de las personas imputadas.

Una característica frecuente de estas campañas de litigación mediática suele ser que el centro del discurso deja de ser el hecho investigado para apelar al ethos, es decir, al carácter moral de quienes protagonizan el relato. Los argumentos dejan de responder preguntas como ¿Qué ocurrió? ¿Qué muestran las pruebas? ¿Qué establecieron las pericias? y empiezan a instalar otros interrogantes como ¿Quiénes son estas personas?

En ese marco, la estrategia apunta al efecto halo que extrapola una impresión general positiva o negativa sobre una persona hacia otros aspectos sobre los que no tenemos información suficiente. Por eso en el caso de Ilda la reputación previa de Sofía y Gabriel funciona como un filtro para interpretar todo lo demás. Las narrativas que defienden su presunta inocencia se dejan de lado las evidencias del caso para apelar a la identidad moral de los imputados. Su relato es “Como son buenas personas, entonces la hipótesis que las compromete debe ser falsa”. Esto no implica mala fe, sino que es un sesgo ampliamente documentado sobre cómo las personas procesan información ambigua o incompleta. 

Desde el punto de vista lógico, la existencia de una amistad entre los imputados y la víctima fatal no determina cómo ocurrieron los hechos en una noche específica. Las amistades no son inmunes a conflictos, accidentes, negligencias o incluso delitos. Tampoco prueban que cualquiera de esas cosas haya ocurrido. Simplemente describen un vínculo previo. El tema es que cuando el argumento "eran amigos" se utiliza para concluir "entonces es imposible que..." estamos nuevamente ante una inferencia basada en el efecto halo.

Por eso es importante alertar sobre los fenómenos de la litigación mediática en estas causas. Varias trasladan parte de la disputas jurídicas al espacio público para disputar la interpretación social del caso mientras el proceso judicial avanza. Porque muchas veces alguna de las partes, mientras el expediente intenta producir pruebas, en la esfera pública intenta construir certezas, y ambas dinámicas no siempre avanzan al mismo ritmo.

La apropiación comunitaria del relato

Durante los primeros días, la hipótesis del accidente ocupó el centro de la conversación pública. Sin embargo, esa situación comenzó a modificarse a medida que trascendían datos de la investigación judicial. Las detenciones, las diligencias ordenadas por la Justicia, las declaraciones oficiales indicando que ninguna hipótesis estaba descartada y la aparición de nuevos elementos de interés público llevaron a que una parte creciente de la sociedad comenzará a formular una pregunta distinta: ¿Y si no fue un accidente?

Desde la sociología de la comunicación, esto puede entenderse como un proceso de difusión social del encuadre, cuestionar una hipótesis inicial y reclamar que una muerte sea esclarecida forma parte del interés público y del derecho de la ciudadanía a exigir investigaciones eficaces. A medida que esas dudas comenzaron a expandirse, la defensa adquirió una presencia creciente en los medios de comunicación, sosteniendo públicamente su interpretación de los hechos y paralelamente, familiares, amistades y allegados de las personas investigadas comenzaron a difundir publicaciones en redes sociales defendiendo su inocencia y reclamando su libertad.

Desde la comunicación estratégica, este cambio puede interpretarse como una respuesta a una modificación del clima de opinión. Cuando una narrativa inicialmente dominante empieza a ser puesta en cuestión, los distintos actores suelen intensificar sus intervenciones públicas para intentar sostener, reforzar o reorientar el marco desde el cual la sociedad interpreta el caso.

Cuando la investigación pasa a ser el problema

Con el avance de la causa, en sus intervenciones mediáticas, la defensa sostuvo que la calificación legal era incorrecta, cuestionó la imputación, afirmó que la detención carecía de fundamentos, calificó la investigación como carente de "sentido común", señaló supuestas irregularidades en la secuencia de distintas medidas de prueba, como la reconstrucción del hecho y las declaraciones indagatorias, y se manifestó a favor de una nota que cuestiona el accionar de la jueza a cargo de la causa planteando la posibilidad de nulidades procesales por la toma de declaraciones testimoniales antes de las imputaciones. En sus declaraciones mediáticas también difundió una cronología sobre las detenciones que difiere de la informada oficialmente. Así se comenzó a armar una narrativa que pone en duda la propia investigación judicial con insinuaciones de una intención arbitraria de imputar a personas inocentes. Desde la teoría del framing, esto supone un nuevo encuadre del caso donde el conflicto principal deja de ser la reconstrucción de una muerte y pasa a ser la legitimidad de la actuación judicial.

En ese marco, cada decisión procesal puede dejar de interpretarse como parte del trabajo habitual de una investigación penal y comenzar a leerse como evidencia de una supuesta persecución. Cuando la desconfianza hacia la investigación se construye sobre hipótesis que aún no han sido demostradas, existe el riesgo de que la discusión abandone el análisis de las pruebas para transformarse en una disputa sobre presuntas intenciones ocultas de quienes investigan. No porque esa conclusión surja necesariamente de los hechos, sino porque el marco narrativo modifica el significado que el público atribuye a esos hechos, y antes de que la investigación concluya ya se intenta instalar que el proceso responde a una intención deliberada de incriminar a personas inocentes.

Cuando la defensa afirma que la querella tendría la "necesidad de transformar un infortunio en un hecho monstruoso", no sólo presenta una interpretación sobre las motivaciones de la parte acusadora. Desde la teoría del framing, la sospecha se corre de los imputados hacia la credibilidad de la querella. De este modo, la discusión pública deja de centrarse exclusivamente en la reconstrucción del hecho investigado y comienza a incorporar un debate sobre las intenciones de quienes impulsan la acusación. En términos de comunicación, el foco se desplaza desde la evaluación de la evidencia hacia la interpretación moral de los actores que participan del proceso.

Cuando la víctima deja de ocupar el centro

Las narrativas distribuyen centralidad, deciden quién ocupa el primer plano y quién queda relegado al fondo de la escena. En una investigación por una muerte, el punto de partida suele ser la persona fallecida. Qué ocurrió, cómo ocurrió y qué elementos permitirán reconstruir los hechos. Sin embargo, en la medida en que el debate público comienza a concentrarse principalmente en el sufrimiento, la injusticia o las consecuencias que enfrentan las personas investigadas, se produce un desplazamiento del eje narrativo.

Desde el principió la conversación giró alrededor de una mujer gravemente herida, su situación de salud era central hasta su muerte, donde la investigación penal pasó a ocupar el centro. Gran parte de la opinión pública mostró interés en la pregunta de ¿Qué ocurrió con Ilda?. Pero existen publicaciones que paralelamente intentan correr el foco hacia ¿Qué está ocurriendo con Sofía y Gabriel?

Ese cambio no elimina a la víctima de la historia, pero sí modifica el lugar que ocupa dentro del relato. Su muerte deja de ser el conflicto principal y pasa a convertirse en el contexto de otro conflicto, el de las personas sometidas al proceso penal. Desde la teoría del framing, esto implica un cambio en el marco interpretativo, pero desde la victimología puede leerse como una competencia por la centralidad del relato porque distintos actores disputan quién ocupa el lugar que despierta mayor empatía en la audiencia.

Obvio que una persona investigada puede sufrir las consecuencias de un proceso penal y es una realidad que merece consideración además de las garantías como la presunción de inocencia. Pero convertir ese sufrimiento en el eje principal de la historia cuando todavía existe una muerte cuya mecánica está siendo investigada desplaza el foco de la victimización para cambiar el centro emocional del relato. Las narrativas no solo organizan la información, también organizan la empatía.

Cuando el interés público se desplaza desde el esclarecimiento de una muerte hacia la idea de que el principal problema es el sufrimiento de las personas investigadas, la demanda de verdad, memoria y justicia puede perder centralidad en la conversación pública. Esa transformación no determina el resultado del proceso judicial, pero sí influye en el contexto social en el que ese proceso se desarrolla. Porque cuando el centro emocional del relato se desplaza desde la muerte que se intenta esclarecer hacia el sufrimiento de las personas investigadas, no solo cambia la narrativa del caso, sino que se ven tensionados derechos reconocidos a las víctimas y sus familias, como el derecho a la verdad, a la dignidad, a participar activamente en el proceso judicial y a que la búsqueda de justicia no quede relegada por interpretaciones que anteceden a las conclusiones de la investigación.

Los estándares internacionales reconocen que las víctimas y sus familias tienen derecho a que los hechos sean investigados de manera seria, imparcial y efectiva. Las víctimas deben ser tratadas con respeto y dignidad, incluso después de su fallecimiento, y que sus familiares tienen derecho a preservar su memoria sin descalificaciones ni instrumentalizaciones. La querella representa un derecho procesal de los familiares a impulsar la investigación y controlar su desarrollo. Cuando la narrativa pública instala que la querella actúa por intereses espurios para inculpar a personas inocentes sin aportar evidencia pública que sustente esas afirmaciones, puede verse afectada su legitimidad social para ejercer ese derecho.

Pero además, cuando el relato se reorganiza alrededor de los imputados, Ilda deja de ser el sujeto principal de la narración. Su muerte pasa a ser el contexto de otra historia. La memoria deja de organizarse alrededor de ella y empieza a organizarse alrededor del sufrimiento de otras personas. La memoria nunca conserva todos los hechos, sino que conserva aquello que una comunidad considera significativo. Si durante semanas la conversación gira alrededor de la prisión preventiva, las supuestas injusticias del proceso,  la reputación de los imputados, la identidad pública de Ilda empieza a quedar definida menos por quién fue ella y más por el conflicto que generó su muerte.

Maurice Halbwachs explica que la memoria colectiva no consiste simplemente en recordar hechos, sino que las sociedades recuerdan los relatos que logran consolidarse sobre esos hechos. Por eso la memoria pública nunca está completamente cerrada. Se construye y también puede disputarse. Por eso mientras la Justicia intenta reconstruir los hechos que derivaron en una muerte, la sociedad comienza simultáneamente a construir el significado de esa muerte.

Si el relato dominante deja de hablar de la víctima para concentrarse en quienes están siendo investigados, también cambia aquello que será recordado. La historia puede dejar de ser "La muerte de Ilda." para convertirse en "El caso de Sofía y Gabriel." Y eso no cambia solamente lo que investiga el expediente, sino el protagonista de la memoria. Y en este afán de defender públicamente la inocencia de los imputados existe otro fenómeno todavía más delicado porque algunas publicaciones sostienen que Ilda "no puede descansar en paz" mientras sus amigos permanezcan detenidos.

Más allá de la intención de quienes las escriben, esas frases realizan una operación simbólica muy particular. Hablan en nombre de una persona fallecida. Hablan por la víctima fatal que no pudo dar testimonio sobre lo sucedido. Le atribuyen una voluntad, le asignan una posición frente al proceso judicial y la convierten en portavoz de una conclusión que ella ya no puede expresar Más allá de la inocencia o culpabilidad de alguien ¿Quién tiene legitimidad para interpretar públicamente lo que una persona fallecida habría querido respecto de una investigación en curso? ¿Es ético que la memoria de una persona fallecida se convierta en un argumento imposible de verificar?

Cuando la memoria se instrumentaliza deja de cumplir una función conmemorativa. Ilda deja de ser recordada por quién fue y su figura empieza a utilizarse para fortalecer una posición procesal. La víctima deja de ser sujeto de memoria y pasa a convertirse en recurso narrativo. El duelo por su ausencia se desarrolla frente a una disputa de las partes sobre el significado de su muerte. Así, las víctimas indirectas no solo enfrentan la pérdida. También conviven con relatos que resignifican públicamente quién era la persona fallecida y cuál habría sido su voluntad. Este tipo de procesos puede contribuir a formas de revictimización secundaria cuando el entorno social desplaza el foco desde el esclarecimiento del hecho hacia la deslegitimación de las preguntas de quienes buscan respuestas.

Toda causa penal intenta reconstruir un pasado. Pero, al mismo tiempo, toda sociedad construye un recuerdo sobre ese pasado. Mientras el expediente busca establecer la verdad judicial, la conversación pública empieza a escribir la memoria colectiva y esa memoria importa porque las sociedades no solo hacen justicia con sus sentencias. También la hacen, o la niegan, con las historias que eligen contar, con las voces que deciden escuchar y con el lugar que reservan para quienes ya no pueden hablar.

Quizás el mayor desafío comunicacional de nuestro tiempo no sea aprender a convivir con la incertidumbre mientras la Justicia busca respuestas. Porque cuando una muerte se convierte en una batalla de relatos, el mayor riesgo no es la confusión de la opinión pública, sino que la persona cuya historia debería ocupar el centro termine desapareciendo detrás de las voces de quienes todavía pueden hablar. Defender el derecho a la verdad también implica defender el derecho de las víctimas a no ser reemplazadas por el relato de otros. Solo así la memoria deja de ser un instrumento de disputa y recupera su función más humana, la de preservar la dignidad de quienes ya no están y garantizar que la búsqueda de justicia no sea eclipsada por la velocidad con que circulan las certezas.