El fenómeno global #MeToo, originado inicialmente en 2006 por Tarana Burke y viralizado en 2017, actuó como un detonante sistémico que permitió la transición del silencio individual a la narrativa política colectiva. En Argentina, este proceso alcanzó su cénit con el movimiento "Mirá cómo nos ponemos", un catalizador que no solo rompió el hermetismo institucional, sino que desafió la estructura patriarcal de la justicia. La potencia de este movimiento residió en su capacidad para transformar una frase de sometimiento en un escudo de protección grupal, alterando profundamente la percepción social sobre la impunidad del poder. 

Así  el caso de Thelma Fardín contra Juan Darthés no fue solamente un extenso proceso judicial por violencia sexual de un actor adulto contra una adolescente. Su caracter público lo convirtió en uno de los episodios más importantes de la historia contemporánea del feminismo latinoamericano y, al mismo tiempo, en uno de los ejemplos más claros de backlash antifeminista, desinformación de género y violencia digital organizada contra víctimas de violencia sexual.

La denuncia pública realizada el 11 de diciembre de 2018 detonó en Argentina un fenómeno comparable al movimiento Me Too movement, donde miles de mujeres comenzaron a narrar publicamente su experiencias de de violencia sexual bajo el hashtag #MiraComoNosPonemos.

Los hechos, ocurridos en mayo de 2009 en una habitación del hotel Holiday Inn de Managua durante la gira de la producción infantil "Patito Feo", revelaron la asimetría de poder entre una piba de 16 años y un famoso de 45. La frase "mirá como me ponés", utilizada originalmente por el agresor para desplazar la culpa hacia la víctima mediante la erotización de la violencia, fue reapropiada por el activismo. La conferencia de prensa del colectivo "Actrices Argentinas" no fue un simple evento mediático; representó un cambio en la arquitectura de apoyo a las víctimas, estableciendo un sistema de validación comunitaria que permitió que miles de relatos silenciados emergieran al espacio público.

La puesta en común que hizo que las victimas de estos delitos rompieran el silencio, el aislamiento y la vergüenza que solian garantizar la impunidad de los mismos, parecia estar rompiendo para siempre un pacto implicito en la sociedad. Este efecto no quedo meramente en lo declarativo, sino que se vio reflegado en el incremento de denuncias y condenas de estos delitos, pero a su vez fue el disparador de una reacción de resistencia que se vio fortalecida en el tiempo. 

Este efecto backlash fue impullsado por violencia coordinada destinada a desacreditar a la víctima, a atacar al movimiento feminista, a instalar la  instalar la idea de una “caza de brujas”, reforzar narrativas sobre “falsas denuncias” y disciplinar públicamente a quienes denunciaran violencia sexual, especialmente contra niñas, niños y adolescentes. 

El salto de 9,2 en 2014 a 15,5 en 2022 evidencia una ruptura del techo de cristal de la denuncia. Tras la denuncia de Fardin, las llamadas por violencia sexual en la infancia se dispararon un 1240%. Este fenómeno de visibilización masiva constituye un "punto de no retorno" que, inevitablemente, activó una reacción defensiva de sectores que perciben el avance de derechos como una amenaza a privilegios estructurales y a la soberanía de la masculinidad hegemónica.

El backlash anti-feminista no es una reacción orgánica, sino un esfuerzo coordinado para erosionar los marcos de justicia social. Una de sus tácticas más sofisticadas es la "colaboración adversarial" o relación de "frenemies", o sea, el uso estratégico de voces femeninas o feministas disidentes (como Camille Paglia o Laura Kipnis) para otorgar legitimidad a discursos misóginos bajo el pretexto de que "son mujeres quienes critican al movimiento".

La investigación académica identifica cuatro narrativas clave de esta resistencia. En primer lugar la 
negación y patologización afirmando que la cultura de la violación no existe y se etiqueta a las denunciantes de "hysterics" o "delirantes", recurriendo a una larga historia de sexismo médico y legal para invalidar la palabra de quien lo exponga. Despúes se enmarca el activismo contra la violencia como una "obsesión censuradora" o un "pánico moral sexual" que amenaza el libre pensamiento académico y social. También es de manual que se responsabilice a la víctima por su conducta, exigiendo a la mujer que se convierta en una "gestora de riesgos" mientras se naturaliza la agresión masculina como un impulso biológico incontrolable. Y por últmo el clasico de xenofobia y proyección de la violencia para argumentar que la "verdadera" cultura del abuso es externa. Al proyectar la violencia sobre "el otro" (migrantes, hombres musulmanes o del norte de África), se sostiene el mito de que la sociedad doméstica es civilizada y no patriarcal, ocultando la violencia estructural interna.

Estas narrativas buscan generar una violencia epistémica, donde el testimonio de las víctimas es sometido a una sospecha permanente, utilizando etiquetas para ridiculizar demandas legítimas y vaciarlas de contenido político.

La Desinformación de Género como Herramienta Política

La denuncia de Thelma apareció luego de otras denuncias públicas contra Darthés donde Calu Rivero denunció acoso, Anita Coacci y Natalia Juncos relataron situaciones de violencia sexual. Sin embargo, la denuncia de Thelma tuvo un impacto completamente diferente porque ella relató una violación sufrida siendo menor de edad, la denuncia fue colectiva, acompañada por Actrices Argentinas y ocurrió en un contexto regional atravesado por Ni Una Menos, la ola verde, y el crecimiento del feminismo latinoamericano, así que el caso se convirtió rápidamente en símbolo político y cultural.

En el ámbito democrático, la desinformación de género no es un error fáctico, sino una herramienta de veto sobre la política pública. Se utiliza para desviar el debate hacia prejuicios morales, erosionando la legitimidad de las instituciones de género. Durante las elecciones generales de Argentina en 2023, esta táctica fue central para ciertos actores políticos y "influencers" alineados con la nueva derecha.

Por ejemplo los videos virales de César Moreno e Iñaki Gutiérrez instalaron con éxito la mentira de que el Ministerio de las Mujeres gasta el 14,6% del presupuesto nacional. Cuando el presupuesto real del Ministerio fue del 0,2% en 2023, o bien las declaraciones de Javier Milei y Victoria Villarruel afirmando que la Educación Sexual Integral (ESI) es "adoctrinamiento postmarxista" distorsionando por completo el marco legal de prevención del abuso sexual en la infancia y otras problematicas de salud pública.

La narrativa de la "falsa denuncia" es la pieza maestra de la desinformación judicial. Al sobredimensionar casos aislados o errores procesales, el backlash instaura un régimen de sospecha epistémica. Se construye la figura de los "falsos inocentes", revirtiendo la carga del victimismo donde el hombre acusado es presentado como el "verdadero" mártir de un "curro feminista" que busca destruir su honor.

Esta atmósfera de hostilidad online y difamación institucional genera el "Chilling Effect" (efecto de enfriamiento). Cuando las mujeres y diversidades perciben que la denuncia pública conlleva una demolición reputacional sin posibilidad de "recuperación reputacional", optan por el repliegue. Este abandono del espacio público no es una elección libre, sino una salida forzada que debilita la calidad institucional. Una democracia donde sectores de la población son silenciados por la violencia simbólica y la desinformación se convierte, necesariamente, en una "Democracia No Representativa".

La trayectoria iniciada en 2018 con "Mirá cómo nos ponemos" demuestra que el avance en la conciencia colectiva es irreversible, pero su sostenibilidad depende de nuestra capacidad para combatir la sofisticación del backlash. La tensión actual entre la denuncia valiente y la resistencia desinformante define el campo de batalla de la justicia social en el siglo XXI.

Para resguardar los derechos adquiridos, es estratégico considerar siempre la hegemonía del dato criminal. Es fundamental oponer estadísticas reales y tasas de incidencia del SNIC frente a las narrativas virales que buscan invisibilizar la violencia estructural.

Es indispensable desmontar la "Víctima Perfecta", el sistema judicial y la sociedad deben romper con los estereotipos que el backlash utiliza para invalidar testimonios que no se ajustan a normas morales tradicionales.

El fortalecimiento de la Educación Sexual Integral como respuesta politica. La ESI no solo es una herramienta no es solo pedagógica, es la defensa más robusta contra la cultura del abuso y la manipulación desinformante desde las bases.

Finalmente, la integridad del proceso democrático exige que la participación de las mujeres y diversidades sea garantizada sin el costo de la violencia. Solo mediante el desmantelamiento de la desinformación de género podremos aspirar a un sistema de justicia que sea, en efecto, real y universal.

Los efectos del backlash

Las investigaciones académicas sobre backlash anti-MeToo muestran patrones extremadamente similares a los ocurridos en Argentina. Misoginia organizada, desinformación de género, hostigamiento digital, campañas de descrédito, victimización masculina, construcción de pánico moral, ataques coordinados contra periodistas, activistas y denunciantes. Estos fenómenos no son espontáneos, sino ecosistemas discursivos organizados

Una de las estrategias centrales fue transformar a la víctima en objeto de sospecha permanente. Thelma fue sometida durante años a insultos misóginos, sexualización, burlas masivas, memes degradantes, campañas para desacreditar su salud mental, acusaciones de buscar fama, acusaciones de buscar dinero, ataques sobre su vida privada, cuestionamientos permanentes sobre su credibilidad. Bajo la logica de que la víctima puede ser presentada como mentirosa, manipuladora o “loca”, entonces el agresor puede ser reconfigurado como víctima. Este mecanismo aparece descrito en prácticamente toda la literatura académica sobre backlash post-MeToo. Porque tanto Thelma como Darthes pasaron a ser simbolos de una batalla de sentido donde la vergüenza se desplaza de quienes ejercen o sufren estos delitos, sino en legitimar la defensa de falsos inocentes previo a que la justicia determine si los hechos denunciados son probados o no.

Uno de los dispositivos más importantes de desinformación fue la instalación sistemática de la idea de que las mujeres denuncian falsamente, el feminismo destruye hombres inocentes, ya no existe presunción de inocencia y que cualquier hombre puede ser acusado “sin pruebas”. Sin embargo, la evidencia empírica internacional demuestra consistentemente que las denuncias falsas de violencia sexual son casos excepcionales, no la regla como se busca instalar. 

Aun así, el discurso de “las falsas denuncias” funciona como herramienta política extremadamente eficaz porque consigue instalar miedo, desacredita víctimas desde el prejuicio y un estereotipo misogino, inhibe denuncias, y desplaza la conversación desde la violencia hacia el supuesto sufrimiento del denunciado. Ese discurso fue central en la defensa pública de Darthés, y se sigue sosteniendo aún con una condena confirmada en 3 instancias judiciales. 

El crecimiento del movimiento feminista contemporáneo produjo uno de los procesos de identificación colectiva más grandes de la historia reciente. Millones de mujeres comenzaron a reconocerse en relatos ajenos, a poner en común experiencias históricamente silenciadas y a nombrar como violencia situaciones que durante décadas habían sido naturalizadas.

Ese impacto emocional y político explica en gran parte la masividad de movimientos como Ni Una Menos, la ola verde o el Me Too movement. Pero también explica la intensidad de la reacción provocada. El backlash antifeminista contemporáneo ya no puede entenderse solamente como una suma de reacciones individuales o comentarios aislados en redes sociales. Diversas investigaciones internacionales comenzaron a documentar la existencia de ecosistemas organizados de desinformación y agitación anti-género que operan de manera coordinada a nivel político, mediático y digital.

Varias investigaciones muestran que, a medida que el feminismo ganó legitimidad social, también crecieron estructuras dedicadas específicamente a desacreditar a las víctimas, a periodistas feministas, a activistas, y a las políticas públicas de igualdad de género. En muchos países estos movimientos reciben financiamiento de fundaciones ultraconservadoras, organizaciones religiosas, think tanks internacionales, redes políticas de extrema derecha y ecosistemas mediáticos que monetizan la polarización y el odio. 

La desinformación antifeminista se volvió económicamente rentable porque el odio genera interacción, y paso a ser un insumo basico de la economia de la atención. Por eso las campañas contra figuras como Thelma Fardín forman parte de un fenómeno transnacional más amplio en el que la misoginia digital se convirtió en herramienta política, negocio comunicacional y mecanismo disciplinador contra mujeres que rompen el silencio.

El caso mostró cómo las redes sociales se convierten en máquinas de amplificación de violencia de género. Thelma y muchas otras mujeres que apoyaron la denuncia recibieron amenazas, campañas de hostigamiento, acoso masivo, ataques coordinados, difusión de información falsa, y persecución digital sistemática. Las investigaciones sobre misoginia algorítmica explican que las plataformas tienden a amplificar indignación, discursos polarizantes y contenido violento, lo que favorece particularmente la circulación de narrativas antifeministas.

El backlash no se limita al ataque de la victima, la idea es desmovilizar por lo que ademas de Thelma la violencia se dirigio contra Actrices Argentinas, periodistas feministas, otras sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos, y el movimiento feminista argentino en general. Actualmente la periodista Luciana Peker, que acompaño siempre el caso, vive en el exilio por la falta de protección que existe al denunciar esta violencia organizada. En Argentina no solo se instalaron narrativas como  “feminazis”; “industria de la falsa denuncia”; “ideología de género”; “los hombres ya no tienen derechos”, etc. que coinciden exactamente con los marcos narrativos descritos por los estudios sobre movimientos antigénero globales, sino que se legitimo esta violencia hasta convertirla en politica de estado. 

Uno de los efectos más preocupantes del backlash es el disciplinamiento social de otras víctimas de violencia sexual. Muchas mujeres observaron que denunciar puede implicar destrucción reputacional, hostigamiento masivo, persecución mediática, violencia psicológica, pérdida laboral,exposición pública extrema. El mensaje social implícito es “esto es lo que te puede pasar si hablás”. Por eso los organismos internacionales consideran la desinformación de género una forma de violencia contra los derechos humanos de las mujeres. 

El caso no solo dejó jurisprudencia sobre un hecho de violencia sexual en la adolescencia condenado decadas despúes, sino que dejo publicamente en evidencia que las víctimas de violencia sexual enfrentan enormes obstáculos para acceder a justicia. Que el backlash antifeminista funciona como mecanismo de disciplinamiento social, que la desinformación de género opera como violencia estructural, que las redes sociales amplifican misoginia y campañas de odio. Que las narrativas sobre “falsas denuncias” son herramientas centrales del antifeminismo contemporáneo y que los movimientos feministas generaron transformaciones culturales tan profundas que provocaron reacciones organizadas para intentar restaurar viejas jerarquías de género, pero que incluso frente a campañas masivas de odio y la enorme asimetria de poder, las denuncias colectivas lograron modificar la conversación pública y la percepción sobre violencia sexual en América Latina.