Resumen

La Argentina enfrenta una encrucijada que pone en riesgo los cimientos de su democracia, en un contexto en el cual el gobierno nacional, liderado por la agrupación 'La Libertad Avanza', prioriza una agenda económica de ajuste en detrimento de los derechos humanos y el bienestar social. Las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, centradas en reducir el gasto público y dejar en manos del mercado la regulación de cuestiones fundamentales, impactan profundamente en las provincias y en sectores vulnerables, socavando la confianza en el sistema político y alentando la percepción de que el país necesita "mano dura" para superar sus desafíos. Este panorama genera un peligroso resquebrajamiento en la credibilidad de la democracia como sistema de gobierno efectivo, al tiempo que agudiza la desigualdad social y territorial.

En un contexto donde el gobierno nacional, liderado por 'La Libertad Avanza', se aferra a un modelo económico restrictivo y poco incluyente, los efectos de esta política se sienten con especial fuerza en las provincias más vulnerables. 

En provincias como La Rioja, las consecuencias de estas políticas son evidentes. A principios de año, el gobierno provincial denunció judicialmente la retención de aproximadamente un tercio de la coparticipación federal que debía recibir, lo cual generó un desfinanciamiento alarmante en áreas esenciales para la vida de la comunidad. La falta de fondos ha limitado la capacidad del gobierno de Ricardo Quintela para garantizar servicios básicos y ha obligado a la provincia a redoblar esfuerzos en el plano interno para paliar el impacto de estas políticas de ajuste. En respuesta a esta situación, Quintela ha implementado medidas de emergencia para amortiguar la caída del poder adquisitivo de la población y asegurar la subsistencia mínima en un contexto donde la falta de circulante y la inflación son obstáculos diarios. La situación se agudizó en enero, cuando una serie de reclamos salariales coincidieron con una oleada de demandas de intervención federal alentadas desde la oposición, en un intento de socavar la autonomía provincial y acrecentar el control desde el gobierno central.

No obstante, el panorama político en el plano nacional refleja una marcada debilidad en la capacidad de articular una oposición efectiva a estas políticas. Dentro del Partido Justicialista (PJ), la fuerza política que históricamente ha representado al campo popular, las tensiones y divisiones internas han restado cohesión y han debilitado la posibilidad de generar una alternativa sólida frente al gobierno de Milei. El gobernador riojano, alineado ideológicamente con el sector kirchnerista, intentó disputar la conducción del partido a Cristina Fernández de Kirchner, pero fue impugnado, quedando fuera de la contienda. Esta exclusión desató un conflicto que va más allá de una disputa partidaria: la falta de participación genuina en los procesos internos refleja un problema estructural en las prácticas democráticas al interior de los partidos, que quedan atrapados en formalismos y en decisiones arbitrarias que desalientan la participación y legitiman liderazgos sin una base de respaldo popular auténtica. La narrativa que emerge desde el espacio de Fernández de Kirchner, sugiriendo que Quintela solo intentó "ensuciar" la imagen de la expresidenta, exhibe cómo se tergiversan los objetivos dentro del PJ en un contexto donde la unidad sería esencial para enfrentar los desafíos nacionales.

Hoy el PJ, refleja un desencanto hacia las prácticas tradicionales, que, lejos de promover una unidad frente al avance de este “protofascismo", evidencia una fragmentación lejana a los verdaderos intereses del pueblo. Las disidencias lejos de ser oportunidad de autocrítica y recomposición siguen siendo un obstáculo divisivo cuando candidatos quedan fuera de contiendas electorales por "rigor formal". La exclusión de Quintela de la competencia partidaria con Cristina Fernández de Kirchner, en un momento en el cual la unidad es fundamental, ahonda el resentimiento hacia un espacio político que debería ser foco de esperanza para quines la estan pasando mal. La narrativa que intenta desacreditar al adversario en la interna que no fue. muestra, además, un desencuentro de prioridades que erosiona la confianza en un partido que en lugar de consolidarse como el principal contrincante de las politicas de ajuste de Milei deja expuesto que en lugar del "como" se su preocupación es el "quien". 

A su vez, a nivel local, la reciente elección en la Universidad Nacional de La Rioja, donde Natalia Álvarez Gómez resultó electa tras la impugnación de más de cien candidatos de la lista opositora, refleja otra faceta de este deterioro democrático que es transversal a todos los ámbitos institucionales. Este tipo de prácticas, que excluyen a sectores con argumentos formales, reflejan una crisis de legitimidad en los liderazgos que no logran consolidarse de manera genuina. Este tipo de exclusiones, además de restringir la diversidad y el debate, confirman la idea de una política que sólo parece viable mediante artimañas o formalismos excluyentes.

La situación actual de Argentina demuestra cómo el deterioro institucional y el vacío de representatividad en los partidos y el sistema electoral pueden abrir el camino a soluciones autoritarias. En esta línea, autores como Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han advertido que, cuando los partidos privilegian los triunfos internos sobre el bienestar colectivo, socavan la democracia, volviéndola incapaz de responder efectivamente a los problemas reales de la sociedad. La concentración de poder en pocas manos, la manipulación de los mecanismos democráticos y el desprecio por la voluntad popular son elementos que, como señala el politólogo Gianfranco Pasquino, debilitan la democracia desde adentro.

En términos socioeconómicos, Argentina se enfrenta a una desigualdad que superó los niveles de la pandemia. Hoy, más de la mitad de los niños viven en pobreza, y esta falta de equidad se ve agravada por políticas que destinan mayores recursos a los menos vulnerables, con un sesgo que posterga a la infancia y la juventud, perpetuando un ciclo de exclusión social y falta de movilidad. Según Pippa Norris, esta brecha entre lo prometido y lo cumplido en campañas electorales genera una creciente desilusión hacia la democracia, percibida por muchos como un sistema incapaz de satisfacer las necesidades básicas y de hacer frente a crisis urgentes.

A nivel académico y social, esta situación genera una preocupación que trasciende las fronteras de Argentina, y de hecho, refleja una tendencia global en el cuestionamiento de la democracia como sistema de gobierno. Los resultados de una reciente encuesta de la Open Society Foundations, que recoge la opinión sobre la democracia en distintas regiones del mundo, reflejan una preferencia teórica amplia por vivir en un Estado democrático, con el 86% de los encuestados manifestando esta inclinación. Sin embargo, un 20% considera que los Estados autoritarios pueden ser más eficaces para abordar los grandes problemas nacionales e internacionales. Estos resultados son especialmente significativos entre las generaciones más jóvenes, de 18 a 35 años, quienes tienden a mostrarse más escépticos respecto a la eficacia de la democracia. Esto sugiere una crisis generacional en la percepción democrática, alimentada por una creciente desilusión frente a las instituciones y una frustración por la lentitud de los procesos democráticos para responder a las necesidades y demandas urgentes. El politologo Gianfranco Pasquino, explica que no solo en las dificultades socioeconómicas que han marcado a las últimas generaciones, sino también en la responsabilidad de la clase política.  

En contraste, un sondeo realizado en Argentina por Poliarquía en octubre de 2023, en el marco de los 40 años de democracia, refleja una crisis aún más profunda en la percepción de las instituciones nacionales. Según este sondeo, el 73% de los encuestados considera que la democracia es preferible a otras formas de gobierno; sin embargo, un alarmante 23% cree que, eventualmente, un gobierno no democrático podría ser más adecuado para resolver los problemas actuales del país. Según esta investigación las instituciones menos confiables resultaron ser el Congreso, el Poder Judicial, y los sindicatos, junto con el Ejecutivo y los medios de comunicación, todos percibidos como actores que no responden adecuadamente a los intereses del pueblo. Para el 87%, el Congreso Nacional no decide en beneficio de los ciudadanos, lo cual indica una pérdida de legitimidad en una de las instituciones fundamentales del sistema democrático.

La diferencia entre la encuesta internacional de Open Society y el sondeo argentino refleja dos realidades interconectadas pero con matices particulares. Mientras que a nivel global aún se mantiene una fe teórica en la democracia, la situación en Argentina evidencia un nivel más alto de desilusión y escepticismo sobre el funcionamiento práctico de sus instituciones. Esta brecha se explica, en parte, porque los problemas estructurales de la democracia argentina han erosionado la confianza de la ciudadanía en la capacidad del sistema para responder efectivamente a sus necesidades. El sondeo argentino revela una frustración más tangible, donde la percepción es que la democracia en su formato actual no está cumpliendo con su rol de salvaguardar los derechos y el bienestar colectivo.

En este sentido, el politólogo Gianfranco Pasquino ofrece una explicación crítica sobre el rol de los partidos en la formación y sostenibilidad de las democracias. Según Pasquino, los partidos nacen junto con la democracia y juegan un rol fundamental en enseñarla, practicarla y mostrar cómo se puede vivir en un sistema de derechos y obligaciones compartidos. Sin embargo, el debilitamiento de estas estructuras y su transformación en "estructuras inadecuadas" refleja una falta de compromiso con los valores democráticos. En el caso argentino, este debilitamiento ha permitido que los partidos se conviertan en instrumentos de poder donde el rigor formal es usado para eliminar a los rivales en lugar de construir un espacio de debate y representación popular genuino. Esta situación, sumada a la ausencia de un diálogo intergeneracional sobre el valor de la democracia y los riesgos del autoritarismo, ha generado una desconexión donde las generaciones más jóvenes, que no vivieron las dictaduras, ven en la democracia una herramienta de resultados limitados y poco confiable.

Finalmente, el deterioro en la calidad de vida de los sectores más vulnerables, agravado por la falta de inversión social en infancia y juventud, ha generado un contexto de inequidad estructural que refuerza la percepción de que la democracia no es suficiente para asegurar un bienestar colectivo. La reciente evaluación del Banco Mundial destaca cómo la pobreza en la infancia argentina ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a más de la mitad de los niños del país, en contraste con una inversión social que favorece a los adultos. La persistencia de esta inequidad genera una pobreza crónica y limita las oportunidades de movilidad social, alimentando la frustración y el resentimiento hacia un sistema que no parece capaz de romper este ciclo.

La crisis argentina revela cómo las fallas en la representación y el deterioro de las instituciones democráticas abren el camino a soluciones autoritarias. Frente a estas amenazas, resulta fundamental que las fuerzas políticas y sociales recuperen el compromiso con una democracia inclusiva, transparente y que atienda efectivamente las necesidades del pueblo. Esta tarea no solo involucra a los partidos, sino a toda la sociedad, que debe estar dispuesta a defender un sistema que, aunque imperfecto, sigue siendo la mejor herramienta para garantizar derechos y libertades en un marco de justicia social. La unidad de las fuerzas democráticas y un renovado esfuerzo por regenerar la confianza ciudadana en las instituciones podrían, aún, devolverle a la democracia argentina su papel como baluarte de dignidad y esperanza colectiva.