La toma universitaria marcó un hito en la historia de la Universidad Nacional de La Rioja, un momento de quiebre donde la comunidad se alzó para reclamar transparencia, participación y una verdadera democratización frente a prácticas unilaterales. Aquel posterior proceso de reforma de 2017, que se extendió durante un año y cuatro meses, fue cuestionado por darse en el CENIT sin fomentar la participación de la comunidad universitaria en el debate y construcción de consensos entre todos los estamentos, sin que estos se limiten a los de las discusiones entre miembros del Consejo Superior. Existieron reclamos fuertes por una participación más amplia y una triste represión estudiantil en el marco de la asamblea universitaria que consagró aquella reforma durante el gobierno de Fabián Calderón.

Aquellas jornadas donde 50.000 personas marchamos hacia la plaza principal no solo destituyeron a un régimen unilateral que llevaba décadas en el poder al mando de Tello Roldán, sino que sentaron las bases de un reclamo unánime, la necesidad de una democracia real, transparente y participativa. Sin embargo, a más de una década de aquella gesta, el actual proceso de reforma del Estatuto Universitario evidencia un doloroso retroceso hacia las mismas metodologías cerradas que la comunidad supo combatir. 

Hoy, asistimos a un panorama preocupante. El proyecto de reforma actual, que extiende el mandato de las autoridades a cuatro años, avanzó de forma exprés y sin el debate público y participativo que amerita una modificación estructural de tamaña importancia. Aquellos reclamos que existieron en 2017 hoy apenas son algunos posteos de redes sociales dejarán la huella de cómo la historia de la UNLaR donde los oficialismos reforman estatutos con métodos que harían sentir orgulloso a Tello Roldan. El consenso del Consejo Superior no suple movilizar y buscar que la comunidad universitaria participe activamente de los debates que deberían legitimar todo proceso de reforma. El silencio respecto a una decisión tomada y convalidada en una asamblea con una mayoría automática, no es señal de acuerdo, sino de una desmovilización y falta de información que debilita el espíritu democrático de la institución.

De la Ruptura Revolucionaria a la Institucionalización Crítica

Para entender la gravedad del escenario actual es necesario mirar hacia la última gran modificación estatutaria. El proceso de reforma de 2017, impulsado en la etapa post-toma, tomó un año y cuatro meses de debates previos antes de llegar a la Asamblea Universitaria. Durante ese tiempo, la oposición y estudiantes independientes llegaron al CENIT a reclamar la aplicación del debate. Aun con ese margen de tiempo, la reforma de 2017 no estuvo exenta de profundos cuestionamientos. Una parte de la comunidad, especialmente el sector estudiantil, exigía que los debates se trasladaran a espacios más amplios e inclusivos, para garantizar una participación masiva real. Las tensiones escalaron al punto de que la Asamblea que convalidó aquel estatuto debió sesionar bajo el asedio de un movimiento estudiantil que intentó impedir su realización al no sentirse representado, un reclamo que culminó con episodios de violencia y represión en las puertas del anfiteatro.

A pesar de sus fallas y de haber sido una democratización incompleta y controvertida, el proceso de 2017 al menos permitió que la comunidad supiera qué se estaba debatiendo. Hoy, esa visibilidad ha desaparecido por completo, no hay controversias porque no hay debate. 

La Reforma de 2017

La trayectoria institucional de la Universidad Nacional de La Rioja desde la histórica Toma de 2013 incluye la erosión de la legitimidad a través de la ingeniería estatutaria. Lo que nació como una ruptura radical frente al régimen autocrático de Enrique Tello Roldán, se ha transmutado en un proceso de institucionalización burocrática que parece haber neutralizado el ímpetu reformista original. La crisis de representación actual no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una brecha técnica entre las promesas del "Acta Acuerdo" y la cristalización de barreras administrativas diseñadas para limitar la participación política efectiva.

El concepto de "las libertades que nos faltan", adquiere una dimensión estructural. La demanda estudiantil no solo busca una mejora pedagógica, sino la recuperación de los valores de la Reforma Universitaria de 1918, situando al voto universal, directo y no ponderado como el sine qua non de la soberanía política. Sin embargo, la transición de la vanguardia revolucionaria a la normativa vigente ha priorizado una estabilidad de cúpulas que desdibuja la función social de la universidad. Esta tensión dialéctica entre la democratización del conocimiento y el control oficialista sentó las bases para la primera gran reforma integral del año 2017.

El Estatuto de 2017, consolidado bajo la gestión de Fabián Calderón, fue presentado como el hito de la normalización institucional. No obstante, un análisis riguroso de su arquitectura normativa revela una sofisticación de los mecanismos de exclusión. Alejandro Álvarez, que por aquel entonces encabezaba la oposición en la UNLaR, describió este proyecto con crudeza técnica, calificándolo como un retroceso y afirmando taxativamente que resultó "peor que el estatuto del 2012" de la era tellista. Esta regresión se instrumentó mediante dispositivos de control electoral que buscaron asegurar la hegemonía del oficialismo de turno.

Las objeciones estructurales expuestas por la oposición durante este periodo resaltan tres ejes de restricción de derechos. Por un lado la imposición de trámites de inscripción específicos para el empadronamiento de Graduados que funciona como un filtro de exclusión, limitando la base electoral de un estamento históricamente crítico. Por otro lado, la centralización territorial y liquidación de autonomías eliminando la capacidad de las sedes regionales para postular candidatos de forma autónoma, obligando a su integración en la fórmula central de Rector/Vice-Rector. Este diseño anula la representación del interior, supeditados a la estrategia de la capital.

Finalmente la persistencia de juntas electorales designadas por la mayoría oficialista garantiza una opacidad procedimental que la oposición denunció como la continuidad de las lógicas que se pretendían desterrar.

La consecuencia estratégica de este diseño fue la percepción de una "modernización" que, en lugar de expandir derechos, perfeccionó el centralismo administrativo. Al replicar prácticas de un pasado del que la gestión decía renegar, se generó un vacío de confianza que proyectó las tensiones de 2017 hacia el proceso de reforma iniciado en 2026.

La Reforma de 2026

El origen formal del proceso, iniciado en la sesión del Consejo Superior del 6 de mayo de 2026, se delegó en una Comisión Redactora integrada por el oficialismo y voces de la oposición con representantes de Gesto y Unidos. Sin embargo, esta maniobra de legitimación enfrenta un obstáculo simbólico persistente del fantasma del tellismo en este tipo de prácticas. 
 

La propuesta de reforma sostiene alinear la normativa con las demandas tecnológicas y territoriales, institucionalizar mecanismos de participación para medir resultados y garantizar la rendición de cuentas. Alude a una jerarquización de la extensión universitaria equiparándola formalmente a la docencia y la investigación. Reconoce entornos digitales y modelos de enseñanza híbridos y crea la Escuela de Educación Profesional y Oficios, diseñada bajo un modelo de autofinanciamiento y con autoridades ad honorem con el propósito de ampliar la inclusión social y desarrollo territorial sin comprometer el presupuesto ordinario. 

Sin embargo, estas reformas no han logrado disipar las tensiones políticas sobre las reglas de acceso y permanencia en el poder.

El núcleo de la controversia política se concentra en el régimen de mandatos. Hoy la asamblea convalida la extensión de los mandatos de las autoridades electas (rector, vicerrector, decanos y representantes de estamentos), que pasarán de 3 a 4 años. Se mantiene la posibilidad de una sola reelección consecutiva para las máximas autoridades y se incluirá una cláusula de “reinicio” que la oposición advierte que facultará a las autoridades actuales a permanecer en sus cargos por más tiempo, hasta 8 años adicionales a la actual gestión.

En la UNLaR, la alternancia no es solo una regla republicana, sino el termómetro de la confianza institucional tras décadas de mandatos ininterrumpidos en el pasado. 

El Fantasma del Continuismo: La Ambigüedad como Herramienta de Poder

La alternancia democrática se presenta como una asignatura pendiente en una institución que aún procesa tres décadas de hegemonía ininterrumpida. Mientras la Dra. Gabriela Brizuela sostiene en medios que la reelección "no se ha tocado", la oposición advierte sobre la existencia de cláusulas transitorias redactadas de forma ambigua que podrían permitir interpretaciones favorables a la permanencia prolongada en los cargos, evocando el fantasma de la "re-reelección".

Ya la ambigüedad en las cláusulas de regularización docente permitió a la gestión de turno influir sobre quiénes alcanzan la categoría de "docente ordinario", requisito indispensable para ser candidato. Esto genera un riesgo de corrupción del padrón electoral, creando un "electorado cautivo" de docentes cuya estabilidad laboral depende directamente de la discrecionalidad administrativa del oficialismo. El antecedente de la prórroga de mandatos en 2020 bajo la excusa de la pandemia subraya la capacidad del sistema para flexibilizar la norma estatutaria en beneficio de la continuidad de las autoridades, debilitando la alternancia como pilar republicano.

La referente de GESTO UNLaR y ex candidata a rectora, Mercedes Cáceres, señala que detrás la iniciativa de extender la duración de los mandatos, existe un intento de garantizar una permanencia prolongada en la conducción de la casa de altos estudios. 

Las Demandas Pendientes

Los órganos colegiados actuales funcionan como la validación de acuerdos de cúpula. La actual priorización de eventos tecnológicos y capacitaciones de rápida salida laboral actúa como un velo que oculta la falta de una transformación radical. Estos proyectos ofrecen una pátina de modernidad que evita abordar la deuda histórica en materia de democratización política y redistribución presupuestaria.

El análisis del ciclo de reformas 2013-2026 en la UNLaR sugiere que la universidad se encuentra en el umbral de consolidar una "democracia de fachada". Bajo esta estructura, la existencia de procesos electorales y órganos colegiados es compatible con un perfeccionamiento del control oficialista, donde la normativa técnica opera para proteger al poder ejecutivo de la fiscalización real.

Para revertir este proceso de erosión institucional y evitar el retorno a lógicas autoritarias, es imperativo desmantelar las redes de lealtad política mediante la regularización inmediata e imparcial de los concursos docentes, auditando los procesos de transición para recuperar la memoria y la verdad en la gestión de los recursos públicos. La autonomía de las sedes regionales no puede seguir siendo un gesto performativo. Debe restituirse plenamente el derecho a elegir autoridades locales sin la tutela de la fórmula rectoral capitalina, garantizando una descentralización que responda a la realidad territorial de la provincia.

Para comprender a fondo la desmovilización y la desilusión de la comunidad universitaria, especialmente del sector estudiantil, es fundamental desarmar el mecanismo del voto ponderado. Este sistema electoral es el verdadero "cerrojo" que ha permitido mantener el status quo dentro de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) tras las promesas de la toma. La democratización requiere que el voto, además de universal, sea un ejercicio informado. La obligatoriedad de debates públicos y la institucionalización de una Asamblea Estudiantil vinculante deben integrarse como requisitos estatutarios, eliminando la discrecionalidad del oficialismo en el manejo electoral.