Deuda con la niñez

Las recientes detenciones en La Rioja por incumplimiento alimentario disparan un debate incómodo y urgente, ya que sabemos que en Argentina, más de la mitad de las madres no recibe el dinero destinado a la crianza de sus hijos. Un problema estructural, masivo y profundamente desigual que sostiene delitos impunes contra las infancias. 

Detenciones en La Rioja: cuando la deuda se vuelve delito

La reciente decisión de la Justicia riojana de detener a cinco personas por incumplir la cuota alimentaria marca un giro en la respuesta judicial frente a uno de los delitos más naturalizados del país, la falta de aporte económico a la crianza de hijos e hijas tras una separación.

Aunque suele percibirse como un conflicto privado o económico, el incumplimiento de la obligación alimentaria es, en términos jurídicos, una vulneración directa de derechos de niños, niñas y adolescentes. La ley argentina reconoce esta obligación como un deber parental básico vinculado a derechos humanos fundamentales: alimentación, salud, educación y vivienda. Sin embargo, las estadísticas muestran que el problema está lejos de ser excepcional.

El incumplimento de deberes de asistencia familiar además de ser un delito, es un fenómeno masivo vinculado a la violencia de género con cifras que explican la gravedad. Los datos disponibles a nivel nacional son contundentes, según estudios de UNICEF el 56% de las madres no recibe cuota alimentaria cuando el padre no convive con sus hijos. Si se suman los pagos irregulares o incompletos, el incumplimiento alcanza al 68% de los casos.

Distintos informes señalan que 7 de cada 10 padres no paga en tiempo y forma. La falta de pago afecta a un millón de hogares monomarentales y a más de 1,8 millones de niños en Argentina. En otras palabras: el incumplimiento alimentario no es marginal ni excepcional, sino una práctica extendida que impacta de manera directa en la vida cotidiana de millones de niñas y niños. Incluso entre quienes sí reciben algún aporte, la situación dista de ser suficiente, un 24% expone que el monto no cubre los gastos básicos de crianza.

Infancias empobrecidas y hogares feminizados

El incumplimiento alimentario tiene consecuencias directas en la pobreza infantil. Los hogares monoparentales encabezados por mujeres presentan mayores niveles de vulnerabilidad económica. Se estima que más del 85% de los hogares monoparentales están a cargo de mujeres y solo 36% recibe algún aporte del progenitor no conviviente. En muchos casos, la falta de cuota alimentaria empuja a estos hogares por debajo de la línea de pobreza. Esto revela que la deuda alimentaria no es solo un problema judicial, es un factor estructural de desigualdad económica y de género. Especialistas y organismos internacionales advierten que el incumplimiento sistemático de la cuota alimentaria constituye una forma de violencia económica, ya que traslada a las mujeres el costo total de la crianza y limita su autonomía laboral y personal.

Un delito naturalizado

La falta de pago de la cuota alimentaria es uno de los incumplimientos legales más extendidos y socialmente tolerados en Argentina. A diferencia de otros delitos económicos, rara vez genera sanción social o penal efectiva. Las recientes medidas judiciales en La Rioja muestran un intento de revertir esa lógica y colocar en el centro no la deuda entre adultos, sino el derecho de las infancias a vivir con condiciones dignas. Porque detrás de cada expediente judicial hay algo más que un conflicto familiar, hay un niño o niña cuyo derecho básico a ser cuidado está siendo vulnerado, y esto deberia ser prioridad siempre. 

¿Por qué el sistema no logra garantizar el pago?

A pesar de la magnitud del problema, el sistema judicial argentino enfrenta grandes dificultades para asegurar que el dinero llegue efectivamente a los hogares. Entre los obstáculos más frecuentes está la informalidad laboral de muchos progenitores, ocultamiento fraudulento de ingresos, procesos judiciales largos e ineficientes, dificultad para ejecutar embargos o retenciones, escasa coordinación entre registros de deudores.

Actualmente existen miles de expedientes por deuda alimentaria en distintas jurisdicciones. Según el Ministerio de Justicia porteño solo en 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires se registraban más de 11.700 casos en registros oficiales de deudores. Sin embargo, esos registros representan apenas una parte infima del problema real, ya que la mayoria de estas mujeres no tienen un real acceso a la justicia. 

La garantía efectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes, una deuda del sistema

Las detenciones recientes en La Rioja, reflejan una tendencia creciente, el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar se esta empezando a denunciar, apelando al uso de sanciones penales y coercitivas ante incumplimientos reiterados. La privación de libertad suele aplicarse como último recurso, cuando existe desobediencia a órdenes judiciales o incumplimiento sistemático. El objetivo no es punitivo en sí mismo, sino garantizar el derecho de niños y niñas a recibir sustento.

Jueza Flamini

Previo a que la Jueza Flamini empezara a promover acción penal a incumplidodes, en La Rioja, un caso reciente expuso el funcionamiento estructural del sistema. Una madre reclamó durante años la cuota alimentaria del progenitor de su hija, quien no había aportado dinero ni reconocido la paternidad. Esa madre no solo debió afrontar sola la crianza, sino que gracias al sistema judicial, en un giro extremo, fue juzgada penalmente por acciones del propio progenitor criminalizando reclamar ese derecho. En 2024 fue absuelta después de haber sido juzgada por el presunto delito de falsa denuncia. Este caso revela que, en muchos expedientes, el problema no es sólo el incumplimiento paterno sino la dificultad del sistema judicial para garantizar el acceso efectivo a los derechos de los más vulnerables. 

Marina Kawaleski cria sola desde el 2013 e inició un reclamo judicial por cuota alimentaria contra el progenitor de su hija en 2018 atravesando años de demoras y obstáculos antes de obtener una respuesta judicial efectiva en 2020. El padre no pagó alimentos durante años, el proceso civil se demoró por medidas previas, entre ellas la verificación de paternidad por ADN, durante ese tiempo, la niña necesitaba atención médica y gastos básicos que la madre afrontaba sola.

Marina Kawaleski

A pesar del prolongado incumplimiento la cuota fue fijada en 2019 con un monto de $4500, un monto completamente desfasado respecto del costo real de crianza, incluso para ese momento, y muy lejos de la actual canasta de crianza. Posterior a eso el progenitor cumplió parcialmente lo fallado con chicanas judiciales que provocaron que ella no cobrara nada hasta febrero de 2020. En ese proceso de dilación intencional e incumplimiento parcial, la madre denunció penalmente el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar el 15 de noviembre de 2019.

El 16 de febrero de 2020, la jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Karina Cabral, ordenó que se archivara la causa de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar radicada contra el progenitor, y a raíz de ello, el progenitor denunció a la madre de su hija por falsa denuncia y en agosto de 2020 Marina fue notificada de esa imputación. Ella fue a juicio por un delito que no cometió y él hasta la actualidad nunca saldó lo que contempla la ley. 

Finalmente, en 2024, el tribunal la absolvió y reconoció que no había delito en reclamar la manutención de su hija. La abogada Marianela Flores Diaz, que representó a la madre, sostuvo que el proceso tuvo componentes de violencia institucional y de género, y fue la única persona sancionada por esta situación. El abogado Emilio Pagotto, que representaba al progenitor, exigió que se suspendiera la lectura de la sentencia, así que esta madre se enteró de su absolución por whatsapp. 

La deuda es con la niñez

Hoy, mientras una jueza riojana comenzó a ordenar detenciones por incumplimiento de la cuota alimentaria, la magnitud económica y social de este delito en la provincia es que miles de niños no reciben la cuota alimentaria y el impacto económico se estima en más de 68 mil millones de pesos al año. 

Según proyecciones basadas en el Censo 2022 y estadísticas nacionales en La Rioja viven alrededor de 115 mil niños, niñas y adolescentes. Aproximadamente 3 de cada 10 viven en hogares donde sus padres están separados y como nivel nacional, más del 56% de las madres no recibe cuota alimentaria y el incumplimiento total o parcial llega al 68%, se estima que este problema afecta alrededor de entre 18 mil a 20 mil NNyA de la provincia. 

La canasta de crianza incluye alimentación, vivienda, educación, salud, transporte y el valor económico del cuidado. Los valores promedio de crianza actuales van desde los 400 mil a los 780 mil pesos según la etapa de desarrollo. Criar un hijo cuesta alrededor de $600.000 mensuales en promedio. Si se considera un escenario moderado, que el progenitor no conviviente debería cubrir al menos el 50% de la canasta, el cálculo es contundente. Esos miles de chicos deberian estar recibiendo un aporte mínimo de $300 mil pesos ¿Cuantos de los progenitores que no crian pasan ese monto? 

El incumplimiento alimentario no impacta de forma neutra. El Estado termina cubriendo, a través de AUH, salud pública y asistencia social, lo que no aportan los progenitores incumplidores y durante años, las causas por alimentos se acumularon sin garantizar montos suficientes, ni cobros efectivos. En ese sentido la reciente decisión de la jueza Flamini de ordenar detenciones por incumplimiento reiterado marca un cambio de enfoque donde la obligación alimentaria deja de ser simbólica. Sin embargo, el problema de fondo sigue abierto. Porque la pregunta central no es solo cuántas causas se inician, sino cuántos niños reciben efectivamente el dinero necesario para vivir.