Por años, Argentina fue considerada una de las democracias latinoamericanas con mejores condiciones para el ejercicio del periodismo. Sin asesinatos sistemáticos de periodistas, con un marco constitucional robusto y con garantías legales para la libertad de expresión, el país se mantenía relativamente alejado de los peores escenarios de la región. Hoy la situación es diferente.

En la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, Argentina ocupa el puesto 98 entre 180 países. En apenas tres años perdió casi setenta posiciones y cayó a la categoría de países con situación "difícil" para el ejercicio del periodismo. RSF atribuye ese deterioro a la hostilidad institucional contra la prensa, la concentración mediática, la precarización laboral y las agresiones contra periodistas.

La caída no es solamente estadística. Es la expresión de un cambio profundo en la relación entre el poder y quienes investigan, preguntan o publican información de interés público.

Un deterioro que no comenzó con Milei, pero que se profundizó con este gobierno

El informe de RSF identifica problemas estructurales previos: concentración de medios, falta de transparencia en la propiedad mediática, dependencia económica de la publicidad estatal y precarización laboral. Sin embargo, señala que desde la llegada de Javier Milei se consolidó una dinámica nueva de agresión sistemática desde el propio poder ejecutivo hacia periodistas y medios críticos. Las descalificaciones públicas, la exposición de periodistas en redes sociales, las campañas de hostigamiento digital y la judicialización de expresiones periodísticas dejaron de ser episodios aislados para convertirse en parte del funcionamiento cotidiano del poder.

Según el informe "Oíd Mortales: cómo opera la maquinaria del silencio", elaborado por Periodistas Argentinas, sólo durante 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 se registraron cien episodios relevantes de agresiones, amenazas, ataques digitales, denuncias judiciales o violencia física contra trabajadores de prensa. La gravedad no radica únicamente en la cantidad de casos, sino en su origen. El propio informe señala que, según el monitoreo anual de FOPEA, 56 de los 179 ataques registrados contra periodistas durante 2024 tuvieron como origen acciones impulsadas por el presidente Milei. 

Argentina no registra asesinatos de periodistas como ocurre en otros países de la región. Pero eso no significa que la seguridad para ejercer el periodismo esté garantizada. El informe documenta decenas de agresiones contra cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos durante coberturas de protestas sociales. Balas de goma, gases lacrimógenos, golpes, detenciones arbitrarias y ataques dirigidos contra trabajadores de prensa aparecen de forma reiterada en las movilizaciones de jubilados, protestas contra la Ley Bases y manifestaciones sociales ocurridas desde 2024. El caso más extremo fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno que le provocó fractura expuesta de cráneo y múltiples intervenciones quirúrgicas.

Estos hechos son especialmente preocupantes porque afectan directamente el derecho de la sociedad a estar informada sobre el accionar estatal. Cuando se agrede a quien registra la realidad, se restringe también el acceso ciudadano a esa realidad.

El interior del país, donde la censura suele ser invisible

La situación adquiere características todavía más complejas fuera de Buenos Aires. Mientras los grandes medios nacionales poseen cierta capacidad de protección institucional, los periodistas del interior suelen enfrentar escenarios de mayor vulnerabilidad. Mercados publicitarios pequeños, dependencia económica de gobiernos provinciales o municipales, concentración de medios y relaciones estrechas entre actores políticos, judiciales y empresariales generan condiciones especialmente hostiles para el periodismo de investigación.

Las amenazas rara vez adoptan la forma de una censura explícita. En cambio, aparecen como demandas judiciales, presiones económicas, campañas de desprestigio, bloqueos informativos o restricciones al acceso a fuentes públicas. Por eso los organismos internacionales consideran que una de las formas más peligrosas de censura contemporánea ya no consiste en encarcelar periodistas sino en desgastarlos hasta volver inviable su trabajo.

Que es el SLAPP y por qué se convirtó en una amenza global

En ese contexto aparece una de las herramientas más eficaces para silenciar voces críticas: las llamadas SLAPP. La sigla proviene del inglés Strategic Lawsuit Against Public Participation (Demanda Estratégica contra la Participación Pública).
No son juicios iniciados para obtener justicia. Son procesos impulsados para intimidar, desgastar económicamente, agotar emocionalmente y desalentar investigaciones periodísticas o denuncias de interés público.

La lógica es sencilla. Aunque la demanda termine perdiéndose, el costo económico, psicológico y profesional del proceso ya produce el efecto buscado.
El castigo es el propio trámite. Por eso organismos internacionales de derechos humanos consideran a los SLAPP una de las principales amenazas contemporáneas para la libertad de expresión.

¿Por qué un caso de La Rioja aparece entre los cuatro destacados por Periodistas Argentinas?

El informe de Periodistas Argentinas selecciona apenas cuatro casos emblemáticos para ilustrar distintas formas de silenciamiento. Entre ellos aparece el SLAPP que padezco desde el 2022 de manos de un Pagotto. La inclusión no responde únicamente a la existencia de litigios judiciales, sino a la magnitud y complejidad del proceso de hostigamiento sistematico. Se convierte en un caso testigo por ser objeto de censura judicial previa reiterada, restricciones para publicar investigaciones vinculadas a violencia contra niñas, allanamientos, imputaciones penales, campañas de difamación y múltiples acciones intimación impulsadas por personas investigadas, todo ello acompañado por amenazas, persecución digital y episodios de violencia que se extendieron a mi entorno. La ausencia de medidas de protección y un exilio forzado reflejan el abandono del estado para garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información de la ciudadania. 

Desde la perspectiva de los estándares internacionales, el problema no radica únicamente en cada expediente individual sino en el efecto acumulativo. Cuando una periodista enfrenta simultáneamente procesos penales, censura, campañas de desprestigio y amenazas, el resultado puede ser equivalente al silenciamiento. Ese es precisamente el objetivo que los organismos internacionales identifican en las prácticas SLAPP que hoy en nuestro país las impulsa hasta el presidente en persona.

Cuando las autoridades en lugar de proteger, amenazan

En argentina mientras organizaciones de libertad de expresión alertan sobre el uso de demandas estratégicas contra periodistas, el propio presidente las promueve. 

El informe de Periodistas Argentinas documenta denuncias judiciales impulsadas por Milei contra periodistas como Carlos Pagni, Ari Lijalad, Viviana Canosa y Julia Mengolini, además de numerosos episodios de hostigamiento digital dirigidos desde cuentas oficiales o amplificados desde el entorno gubernamental. Varias de esas denuncias fueron posteriormente rechazadas por la Justicia por considerar que los dichos cuestionados se encontraban protegidos por el derecho a la libertad de expresión.

Más allá del resultado judicial, el mensaje político es significativo. Cuando la máxima autoridad del Estado demanda periodistas por opiniones o investigaciones, se genera un efecto disciplinador que trasciende a los involucrados directos. El destinatario final es todo el ecosistema periodístico.

El riesgo democrático

La libertad de prensa no se mide únicamente por la ausencia de asesinatos o encarcelamientos. También se mide por la posibilidad real de investigar al poder sin miedo a represalias económicas, judiciales o institucionales.

La caída de Argentina hasta el puesto 98 del ranking mundial no refleja solamente un problema para periodistas. Refleja un problema para toda la sociedad. Porque cada periodista que deja de investigar por miedo, cada medio que evita publicar una información para no enfrentar represalias, cada colega que se autocensura para evitar campañas de hostigamiento, representa una porción de verdad que deja de llegar al espacio público. Y cuando el silencio se vuelve más seguro que preguntar, la democracia comienza a perder una de sus herramientas más importantes, la posibilidad de controlar al poder mediante la información.

Las voces silenciadas

La censura no termina en quien recibe una orden judicial o una demanda. Su verdadero alcance se mide en las historias que dejan de contarse. Hoy existen causas cuyas consecuencias son desconocidas para la sociedad y en varios casos se instaló con exito la mentira, porque en delitos atravesados por profundas asimetrías de poder, el silencio siempre favorece al más poderoso. Cuando el periodismo deja de investigar aquello que una periodista tiene prohibido contar, la censura deja de ser individual y se convierte en colectiva. Porque lo que desaparece con la censura no es una firma ni una cobertura de alguien en particular, sino la posibilidad de que la sociedad conozca la verdad que el poder oculta.