Corrupción y discapacidad

En los últimos días, el Gobierno de Javier Milei se vio sacudido por la filtración de audios de Diego Spagnuolo, el funcionario que estaba a cardo del área de Discapacidad, y que lo vinculan con una causa de presuntas coimas y sobreprecios. Mientras la Justicia investiga estos posibles hechos de corrupción interna, el trasfondo más grave es otro: desde hace meses, el propio Ejecutivo nacional viene desplegando una campaña de estigmatización contra las personas con discapacidad, suspendiendo pensiones y justificando el ajuste con mentiras deliberadas..

El discurso oficial ha instalado la idea de que las pensiones por discapacidad son un "curro" mal otorgado. Funcionarios y dirigentes oficialistas repiten, que hay miles de beneficiarios “truchos”. Incluso en medio de este escandalo, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y uno de los presuntos involucrados en las causas de corrupción investigadas,  sostuvo que “la Argentina tiene más discapacitados que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial”.

La afirmación no solo apunta a justificar la falsa afirmación de que estan sobre representados los discapacitados en el numero de pensiones otorgadas en gobineros anteriores, sino que resulta profundamente ofensiva si se considera que el régimen nazi ejecutó un plan sistemático de exterminio de personas con discapacidad, conocido como Aktion T4. 

Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, llegó a afirmar en conferencia de prensa que personas habían accedido a pensiones por discapacidad presentando “radiografías de perros”. El dato fue desmentido por el propio ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y posteriormente por la prensa que interpelo dicha falacia, y recientemente en un audio filtrado Diego Spagnuolo advirtió personalmente a Adorni que esa situación nunca había existido. Aun así, el vocero eligió repetir la falsedad, que luego fue amplificada por dirigentes locales como la concejal riojana Yiyi Ceballos, incluso frente a personas con discapacidad que reclamaban por la quita de sus pensiones.

La violencia simbólica cumple aquí un rol político: deslegitimar los derechos adquiridos de las personas con discapacidad para justificar un recorte masivo. Miles de familias han visto suspendidos sus ingresos por pensiones no contributivas, en un contexto económico crítico. La estrategia oficial no es reconocer un derecho, sino instalar la sospecha, el fraude y la corrupción como estigmas colectivos.

Mientras las acusaciones de corrupción interna golpea a la gestión Milei, la respuesta del Gobierno no ha sido mejorar controles ni transparentar procesos, sino redoblar la ofensiva contra la población más vulnerable.

Se trata de un patrón de disciplinamiento que combina ajuste económico con el recorte de 500 mil pensiones, acompañado de desinformación sistemática  donde intencionalmente se ejecuta la repetición de falsedades para instalar sentido común y así conseguir la estigmatización social responsabilizando a las propias víctimas del ajuste inhumano que padece este vulnerable sector de la población. 

Lo cierto es que Argentina  lejos de ser una “anomalía”, la cifra nacional de pensiones por discapacidad está incluso por debajo del promedio global de población de personas con discapacidad que recopilan diversos organismos como la OMS y la ONU. Según estas organismos el porcentaje de personas con discapacidad en la población mundial ronda entre el 15% y el 16%. En Argentina, el último Censo 2022 y la Encuesta Nacional de Discapacidad (INDEC, 2018) indican que aproximadamente 1 de cada 10 personas vive con alguna discapacidad. 

En Data Cuidada entendemos que la verdad y la memoria histórica son centrales. Las personas con discapacidad no son “costo” ni “fraude”: son ciudadanas y ciudadanos con derechos. Las comparaciones con la Alemania nazi y las mentiras oficiales no son errores inocentes: son parte de una estrategia deliberada para legitimar la exclusión.