El desfinanciamiento de las provincias

Informe

La Distribución de Recursos en la era de Milei

El desfinanciamiento de las provincias ha escalado hasta el punto de generar tensiones no solo con los gobernadores opositores, sino también con aquellos que inicialmente apoyaron sus políticas de ajuste.

Impacto del Ajuste Fiscal

Desde su llegada a la presidencia, Javier Milei ha implementado un agresivo ajuste fiscal que ha generado una significativa reducción en las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Este ajuste ha afectado de manera desigual a las diferentes jurisdicciones, impactando particularmente en las provincias que dependen en gran medida de la Coparticipación Federal de Impuestos. La situación se ha vuelto tan crítica que incluso gobernadores aliados, que en un principio respaldaron las políticas de ajuste, ahora cuestionan públicamente la falta de recursos y exigen el cumplimiento de promesas realizadas en el marco de la aprobación de la Ley de Bases.

El desfinanciamiento a las provincias es tal que dentro de estas transferencias, la Coparticipación Federal de Impuestos representó más del 90% de la pérdida de recursos en términos reales. Esta evolución dispar en desmedro de las provincias se deriva principalmente del impacto que la caída de la actividad económica ha tenido en los impuestos vinculados al mercado interno, como el IVA y Ganancias, ambos coparticipables, y del aumento en los Derechos de Exportación y el impuesto PAIS, impulsados por la devaluación del peso.

La recaudación nacional, según datos de la AFIP, aumentó en los primeros ocho meses del año un 237,5% en términos nominales, lo que implica una caída a valores constantes del 8%. Sin embargo, al excluir los tributos vinculados al comercio exterior, esta caída alcanza el 14%. Este ajuste ha impactado de manera desigual, siendo más pronunciado en los recursos girados a las provincias en comparación con los destinados a la Administración Nacional. Tras apoyar la Ley de Bases y el paquete fiscal, los gobernadores aliados al presidente Javier Milei esperaban resolver temas pendientes acordados durante las negociaciones. Sin embargo, aseguran que estos asuntos clave, como la distribución de recursos y decisiones sobre empresas en sus provincias, quedaron sin solución. Los principales conflictos incluyen el freno de las transferencias para las cajas previsionales provinciales, el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre la devolución de los fondos coparticipables recortados a la Ciudad de Buenos Aires, las regalías adeudadas por la Hidroeléctrica Yacyretá, y la decisión de privatizar la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La situación financiera provincial es cada vez más crítica debido a la caída en la coparticipación federal y en los recursos propios, lo que obliga a los gobernadores a buscar nuevas estrategias para enfrentar la crisis. Provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras, ya han iniciado acciones judiciales, demandando el cumplimiento de los acuerdos y fallos previos. Los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba), han unido fuerzas para coordinar reclamos ante la Corte Suprema, mientras que Axel Kicillof (Buenos Aires) ha presentado una demanda específica por la falta de pago a las cajas previsionales.

En Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés reclama la liquidación de regalías de Yacyretá, y en Entre Ríos, se solicita igualdad en la compensación por la energía producida. Además, la decisión de privatizar la Hidrovía ha tensado aún más las relaciones entre los gobernadores y el gobierno nacional, especialmente en Santa Fe y Buenos Aires, donde este tema es clave para las economías provinciales. La combinación de estos frentes de conflicto, tanto legales como políticos, anticipa un recrudecimiento de los reclamos por parte de los gobernadores aliados, quienes están dispuestos a utilizar tanto la vía judicial como la política para asegurar que se respeten los acuerdos y se protejan los intereses de sus provincias.

Pérdidas Billonarias

Un análisis de la consultora Politikon Chaco comparó las transferencias automáticas a las provincias con las que habrían resultado si hubieran aumentado a la par de la inflación. La diferencia acumulada supera los 4 billones de pesos, un monto significativo que pone en evidencia la magnitud del ajuste fiscal y su impacto en las finanzas provinciales.

Además, muchas provincias han enfrentado una disminución real en sus propias recaudaciones, lo que ha llevado a un dilema fiscal: recorte de gastos, aumento de impuestos propios o, como en el caso de La Rioja, la emisión de cuasimonedas para enfrentar la crisis.

Consideraciones Generales y Constitucionales

Los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional facultan a las provincias a dictar su propia constitución, regulando la relación entre Nación, Provincia y Municipio. Asimismo, los artículos 75, incisos 1 y 2, establecen las facultades tributarias nacionales y provinciales y las pautas para un régimen de coparticipación federal de impuestos.

La disposición transitoria sexta de la Constitución establecía la necesidad de una nueva Ley de Coparticipación Federal para 1996, pero al no haberse cumplido, siguen vigentes los porcentajes de la Ley 23.548.

La judicialización de la Coparticipación Federal

Son 16 las provincias que demandaron a la Nación ante la Corte Suprema por la quita de fondos. Estas demandas buscan revertir el impacto negativo de la reducción en las transferencias automáticas de recursos y la alteración de los porcentajes establecidos por la Ley de Coparticipación Federal.

El caso de La Rioja es particularmente relevante debido a su situación económica y la dependencia de los fondos nacionales para sostener sus finanzas provinciales. La situación de la provincia es particularmente delicada debido a la perdida del punto de copartipación federal que ha sido históricamente compensado mediante fondos extracoparticipables que se le asignan a la provincia, un acuerdo que data de la época en que Carlos Menem era gobernador. Menem, tras ganar la interna a Antonio Cafiero, logró que Raúl Alfonsín acordara la creación de los aportes del Tesoro de la Nación (ATN), destinados a compensar tanto el punto que se le había quitado a La Rioja como los seis puntos que se le habían restado a la provincia de Buenos Aires.

Este punto de coparticipación, que históricamente ha sido incluido en todos los presupuestos nacionales, se calcula anualmente y se divide en 12 cuotas iguales para su entrega a la provincia. Sin embargo, este mecanismo no contempla el proceso inflacionario, lo que genera un desfase significativo en el poder adquisitivo de esos fondos a lo largo del año. El problema se agudizó cuando, a partir de agosto de 2023, el gobierno nacional dejó de realizar estos pagos, acumulando una deuda con La Rioja de 9.300 millones de pesos hasta diciembre de 2023.

El impacto de esta situación se ve agravado por la devaluación del peso, ya que el valor del dólar pasó de $365 en ese momento a $1440 actualmente. Esto significa que los 9.300 millones de pesos adeudados a la provincia han perdido considerablemente su valor real. Además, se suma la necesidad urgente de actualizar el monto de la deuda y discutir en el Congreso Nacional el nuevo presupuesto, para definir cuánto le corresponderá a La Rioja como compensación por ese punto que históricamente se le ha restado. Este reclamo ha sido reconocido por todos los presidentes, independientemente de su afiliación política, incluyendo no solo a los peronistas, sino también a Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.La provincia argumenta que el recorte en la coparticipación federal ha afectado gravemente su capacidad para cumplir con sus obligaciones, la deuda de la Nación con la provincia en la actualidad se calcula que supera los 130 millones de dólares, por lo que no solo La Rioja no pudo cumplir con sus acredores, sino que esto afecta su capacidad para afrontar el pago de salarios, la financiación de programas sociales y el mantenimiento de la infraestructura pública. La Rioja ha señalado que la emisión de cuasimonedas, como los 'chachos' o BOCADE, fue una medida de emergencia ante la falta de recursos, lo que demuestra la gravedad de la situación fiscal. La provincia reclama la restitución de los fondos que, según su interpretación, le corresponden conforme a la Constitución Nacional y la Ley 23.548.