El reduccionismo de los consumos problemáticos alimenta el estigma y legitima políticas punitivas que no desarman el narcotráfico. En un mundo donde crece el consumo de sustancias, los trastornos asociados al mismo y Argentina registra cifras históricamente altas de suicidio, volver a hablar de “la droga” como enemigo puede alejarnos precisamente de las respuestas que necesitamos. “La droga está golpeando a nuestros jóvenes” fue la frase pronunciada hace pocos días por la senadora nacional por La Rioja Florencia López al anunciar “La Topadora”, una iniciativa junto con la Confederación para la Prevención de Adicciones del NOA. La propuesta busca articular iglesias, clubes, centros vecinales, barrios e instituciones para construir una red de prevención y contención. Y si bien las acciones pueden ser valiosas, el problema con este tipo de frases es todo lo que mezclan, porque consumir una sustancia, atravesar un consumo problemático, desarrollar una dependencia, vender pequeñas cantidades y dirigir una organización internacional de narcotráfico son fenómenos completamente diferentes. Cuando el discurso político y periodístico los coloca dentro de una misma categoría “la droga” desaparecen esas diferencias, y es así como se vuelven posibles las mismas respuestas para personas que no ocupan el mismo lugar en el problema.

“Las drogas son uno de los mayores problemas que tenemos”, afirmó López. Y convocó a “darles pelea a las drogas y al narcotráfico”. Y esto no es una particularidad de una dirigente, es un lenguaje profundamente arraigado en la política, los medios y hasta en conversaciones cotidianas. 

No todo consumo es problemático

En el mundo, efectivamente está aumentando el consumo de drogas. El World Drug Report 2025 de Naciones Unidas estima que 331 millones de personas consumieron alguna droga durante 2024, un 34% más que en 2014. Incluso descontando el crecimiento demográfico, la prevalencia del consumo aumentó alrededor de un 20%. El cannabis continúa siendo ampliamente la sustancia controlada más consumida, con unos 256 millones de usuarios.

Es un fenómeno que merece atención, pero sería falso decir que 331 millones de personas “tienen problemas con las drogas”. Una persona puede consumir una sustancia una vez, hacerlo ocasionalmente, mantener un consumo regular o desarrollar un patrón que perjudique significativamente su salud, sus vínculos o su funcionamiento cotidiano.

La propia Organización Panamericana de la Salud define los trastornos por consumo como situaciones en las que el uso repetido produce un deterioro significativo de la salud física, mental o del funcionamiento diario. Por eso la primera responsabilidad al comunicar sobre este fenómeno no debería llamar consumo problemático a todo consumo, tampoco llamar narcotráfico a todo lo relacionado con una sustancia ilegal.

El verdadero problema sí está creciendo

Separar estos conceptos no significa minimizar el problema, al contrario. En 2021 aproximadamente 17,7 millones de personas en las Américas vivían con trastornos por consumo de drogas, que causaron directamente cerca de 78.000 muertes. La tasa regional fue cuatro veces superior al promedio mundial y los años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad asociados a estos trastornos casi se triplicaron entre 2000 y 2021. La carga es particularmente alta entre adultos jóvenes. La OPS propone ampliar prevención basada en evidencia, tratamiento, reducción de daños, atención comunitaria, integración de los servicios de consumo de sustancias con la atención primaria y mejores sistemas de información.

El tema es que hablar de “la droga” profundiza el estigma porque convierte la sustancia en un sujeto y de ese modo la persona desaparece detrás esa categoría. Ya no es un joven atravesado por ansiedad, violencia, pobreza, aislamiento, conflictos familiares, discriminación, trauma, desesperanza o dificultades para acceder a la salud. Pasa a ser “un adicto” y en el lenguaje policial, muchas veces de consumidor a “narco”. La evidencia sobre estigma muestra que las personas que usan drogas pueden evitar los servicios sanitarios por miedo a ser discriminadas, ocultar información a los profesionales de la salud o recibir una atención de peor calidad. La propia OMS advierte que el estigma se reproduce mediante estereotipos, representaciones negativas en los medios y discursos públicos que presentan a ciertos grupos como responsables de sus propios padecimientos. Por ende este tipo de discursos estigmatizantes refuerzan el problema en lugar de combatirlo. 

La recomendación argentina es exactamente la contraria

Hace años que la Defensoría del Público recomienda a los medios evitar este encuadre. Su guía para el tratamiento mediático de los consumos problemáticos parte de una premisa: la legislación argentina considera a las personas que atraviesan estas situaciones sujetos de derechos y establece un abordaje centrado en la persona y su singularidad. Por eso recomienda comunicar desde una perspectiva de derechos humanos y tratar los consumos problemáticos como una cuestión de salud pública y no policial o criminalizante

La guía llega, incluso, al problema específico de las palabras. Recomienda no presentar a las drogas como sujetos mediante expresiones como “la droga avanza”, “cayó en la droga”, “el flagelo de las drogas” o “la droga te atrapa”. Y desaconseja expresamente hablar de “lucha”, “combate” o “guerra contra la droga”, porque ese vocabulario traslada hacia el campo policial aquello que debe abordarse como una cuestión de salud pública.

El problema no es exclusivo de la sustancia 

¿Por qué una persona desarrolla un consumo problemático y otra que consume la misma sustancia no? Ahí empieza a desarmarse la idea de “la droga” como explicación suficiente. El consumo problemático tampoco puede explicarse exclusivamente mirando la sustancia. Según la OPS, el daño relacionado con una sustancia depende de la interacción entre qué sustancia se utiliza, cómo y con qué frecuencia se consume, las características biológicas y psicológicas de la persona y el contexto social, económico y cultural en el que ocurre ese consumo. Los trastornos por consumo están además estrechamente relacionados con otros problemas de salud, incluidos los trastornos mentales. 

Su relación con la salud mental es compleja y bidireccional. Una persona puede recurrir al alcohol, cannabis, cocaína, psicofármacos u otras sustancias buscando aliviar ansiedad, insomnio, angustia, experiencias traumáticas o sufrimiento. A su vez, determinados patrones de consumo pueden incrementar depresión, ansiedad, impulsividad, aislamiento, deterioro físico y riesgo suicida. Por eso la OPS insiste en integrar la atención por consumo de sustancias a los servicios de salud mental y atención primaria.

La salud mental en Argentina

Hay un dato que debería cambiar radicalmente cualquier conversación sobre juventudes, consumos y salud mental en Argentina. El Sistema Nacional de Información Criminal registró 5.204 hechos y 5.209 víctimas de suicidio, un 22,6% más que las 4.249 personas registradas en 2024. La tasa llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes mayores de cinco años. Desde 2023, además, el suicidio es la principal forma de muerte violenta registrada en Argentina. En 2025 hubo aproximadamente tres suicidios por cada homicidio doloso.

El 78,6% de las personas fallecidas por suicidio durante 2025 fueron varones, y la mayor concentración se produjo entre los 18 y los 34 años. Entre adolescentes, las tasas más altas se concentran entre los 15 y los 19 años. Esto no son solo datos, sino un síntoma claro de que algo está ocurriendo en nuestra sociedad. Los datos argentinos plantean precisamente la necesidad de ampliar la mirada preguntándose por las condiciones de vida, la capacidad de contención de una sociedad, sus vínculos y las posibilidades de imaginar un futuro. 

Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA encontró, además, que los jóvenes de 18 a 29 años presentaban el mayor riesgo de trastorno mental y de riesgo suicida entre los grupos analizados. Entre las personas relevadas que atravesaban una crisis emocional, el 55,74% identificó problemas económicos  entre las causas de su malestar. Los sectores más jóvenes y quienes percibían una peor situación socioeconómica también presentaban mayores indicadores de ansiedad y depresión. Y obviamente tampoco podemos reducir el problema a la crisis económica que golpea al país y particularmente a la juventud, porque tanto el suicidio como los consumos problemáticos son es multicausales, pero lo peor que podemos hacer es caer en reduccionismos estigmatizantes como “todo es culpa de la droga”. 

Un consumo problemático puede profundizar depresión, aislamiento, deterioro físico y psíquico y aumentar vulnerabilidades. Y una persona atravesada por sufrimiento puede recurrir a determinadas sustancias como una forma de soportarlo. La relación puede funcionar en ambas direcciones, pero es muy peligroso convertirla en una explicación lineal. La prevención del suicidio requiere atención sanitaria, pero también redes comunitarias, vínculos, educación, políticas sociales, detección temprana y condiciones que permitan construir proyectos de vida, y con los consumos problemáticos ocurre algo parecido.

Mirar exclusivamente la sustancia es equivalente a mirar exclusivamente al individuo cuando hablamos de suicidio, en ambos casos dejamos afuera el contexto. Por eso el vínculo entre la crisis de suicidios y los consumos problemáticos no consiste en afirmar que una provoca la otra, sino en comprender que ambas pueden formar parte de un escenario mucho más amplio de sufrimiento psíquico y social que no puede resolverse exclusivamente con respuestas individuales y mucho menos policiales.

Cuando lo policial reemplaza lo sanitario

Esta misma semana ocurrió en La Rioja, la Policía Federal realizaba “operativos sorpresa”, con controles vehiculares y poblacionales, cuando identificó a una joven mayor de edad en inmediaciones de la Universidad Nacional de La Rioja, que según la información publicada los efectivos observaron que manipulaba un objeto, la identificaron y encontraron flores de marihuana. La Justicia Federal dispuso el decomiso y la joven quedó supeditada a una causa. La noticia no informa cuánto cannabis llevaba, tampoco menciona dinero, balanzas, fraccionamiento, compradores u otros elementos que permitan asociar lo sucedido con comercialización. Los medios tienen una enorme responsabilidad en esta construcción. 

Una persona con marihuana pasa a formar parte de la sección policial y la repetición termina construyendo una cadena conceptual de droga, adicción, delito, violencia y narcotráfico, pero esa ecuación es falsa. Una persona que consume cannabis no es necesariamente dependiente, y una persona con dependencia no es necesariamente delincuente. Una persona que vende sustancias a pequeña escala no dirige necesariamente una organización criminal, y una organización narcotraficante no puede entenderse mirando solamente al último eslabón de la cadena. El narcotráfico supone estructuras de producción, transporte, logística, corrupción, lavado de activos, sistemas financieros y, muchas veces, protección institucional. Sin embargo, el personaje que aparece una y otra vez en las imágenes estigmatizantes es el más fácil de encontrar, el consumidor. Y esto forma parte del problema, no de la solución.

De La Rioja al problema global

El problema adquiere otra escala cuando dejamos de mirar un procedimiento provincial. Durante décadas la guerra contra las drogas amplió facultades policiales y militares, endureció legislaciones penales y facilitó detenciones masivas en distintos países de América. Pero durante 2025 y 2026 el paradigma alcanzó una dimensión extraordinaria. Convertir a cualquier ciudadano en “narcotraficante” como una categoría capaz de suspender garantías, nos pone a todos en riesgo. Detenciones sin garantías, militarizar territorios, ampliar vigilancia, e incluso intervenir militarmente otro Estado como lo que pasó en Venezuela. Una democracia debería desconfiar de cualquier palabra que funcione como autorización automática para disminuir derechos.

El narcotráfico existe. Produce violencia, corrupción y enormes ganancias. Puede penetrar fuerzas de seguridad, financiar estructuras políticas, lavar dinero mediante empresas legales y controlar territorios. Precisamente por eso no podemos reducirlo al joven con flores de marihuana. Las organizaciones criminales no sobreviven porque todavía no encuentran suficientes consumidores, sobreviven porque existen circuitos financieros que permiten blanquear ganancias, funcionarios corruptos, rutas internacionales, infraestructura logística, mercados enormes y estructuras capaces de reemplazar rápidamente a los eslabones inferiores que son detenidos. La pregunta verdaderamente incómoda de la guerra contra las drogas es entonces ¿por qué resulta más sencillo encontrar al consumidor que seguir el dinero de los narcos?

Cuando la “guerra contra las drogas” deja de ser una metáfora

Hay otra razón para prestar atención a las palabras que utilizamos para hablar de drogas. Durante décadas, expresiones como “guerra contra las drogas”, “combate al narcotráfico” o “lucha contra el flagelo” se incorporaron al lenguaje político y periodístico hasta parecer naturales. Pero una guerra necesita enemigos. Y una vez construido el enemigo, también cambia aquello que una sociedad está dispuesta a permitir para combatirlo. La propia Defensoría del Público argentina recomienda evitar expresiones como “lucha”, “combate” y “guerra contra la droga”. No se trata de una corrección meramente lingüística, sino que advierte que ese encuadre vincula los consumos problemáticos con una perspectiva policial y criminalizante en lugar de abordarlos como un problema de salud pública atravesado por múltiples factores. También recomienda evitar expresiones como “la droga avanza”, “cayó en la droga”, “el flagelo de las drogas” o “la droga te atrapa”.

Hoy, mientras en Argentina vuelve a fortalecerse el discurso de la “lucha contra la droga”, Estados Unidos impulsa en América Latina una estrategia que incorpora crecientemente herramientas militares a la política contra el narcotráfico. Argentina forma parte del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa regional promovida por la administración de Donald Trump. En agosto, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, participó en Panamá de una cumbre de ese espacio. La estrategia promovida desde Washington orientada a involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y amerita atender la tensión que esa orientación plantea con el modelo argentino de separación entre defensa nacional y seguridad interior.

Pocos días después, Buenos Aires fue sede de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada junto con la DEA con participación de delegaciones de más de cien países. Allí, el director de la agencia estadounidense, Terrance Cole, elogió la política argentina contra el narcotráfico y presentó al país como un modelo regional. La cooperación contempla intercambio de inteligencia, coordinación operativa y recursos destinados al combate del crimen organizado transnacional. Acá el problema aparece cuando se observa simultáneamente cómo está cambiando la definición del enemigo.

Del narcotráfico al “narcoterrorismo”

Estados Unidos ya no define a determinadas organizaciones latinoamericanas exclusivamente como estructuras de crimen organizado. Algunas comenzaron a ser incluidas dentro de la categoría de organizaciones terroristas o “narcoterroristas”.Un narcotraficante pertenece fundamentalmente al universo de la persecución penal, se lo investiga, se reúnen pruebas, se lo detiene y se lo somete a un proceso judicial, pero un enemigo terrorista pertenece también al universo de la seguridad nacional y de la guerra. Y esa transformación ya tiene consecuencias materiales. Durante la cumbre del Escudo de las Américas realizada en Panamá, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, pidió a los países de la región profundizar las operaciones contra organizaciones designadas como terroristas y habló de desarrollar capacidades terrestres semejantes a las utilizadas por Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico.

Hegseth planteó que esas capacidades tendrían en tierra “el mismo efecto” que las operaciones contra las denominadas narcolanchas y afirmó que Estados Unidos trabaja con Ecuador, Colombia y otros socios regionales para llevar esa estrategia contra organizaciones designadas como terroristas hacia territorio continental. Las autoridades estadounidenses hablan de “degradar, desmantelar y destruir” redes calificadas como narcoterroristas y que buscan sumar herramientas militares a las policiales. Argentina integra ese esquema regional, incorporando progresivamente actores, conceptos y herramientas provenientes del campo militar.

El proceso tampoco puede observarse aislado de la política exterior estadounidense hacia América Latina, la región conoce bien la capacidad que tienen determinadas categorías de amenaza para justificar ampliaciones extraordinarias del poder estatal y formas de intervención exterior. En distintos momentos históricos fueron el comunismo, la insurgencia o el terrorismo. El narcotráfico lleva décadas funcionando también como argumento para incrementar la cooperación militar y de seguridad de Estados Unidos en América Latina. El concepto de “narcoterrorismo” permite que una actividad criminal transnacional pueda comenzar a ser tratada también como una amenaza militar.

La transformación puede observarse en las operaciones que Estados Unidos desarrolla en aguas del Caribe y el Pacífico. Desde 2025, el Comando Sur estadounidense viene realizando ataques contra embarcaciones identificadas por sus sistemas de inteligencia como vinculadas al tráfico de drogas. La campaña dejó más de doscientas personas muertas. El 3 de septiembre de 2026 el Comando Sur interceptó en el Pacífico Oriental una embarcación que Estados Unidos vinculó con Los Choneros, organización ecuatoriana considerada “narcoterrorista” por Washington. Esta vez los ocupantes fueron retirados de la embarcación y entregados a las autoridades ecuatorianas. Después, la nave fue hundida. Organizaciones internacionales de derechos humanos vienen planteando precisamente esa discusión respecto del uso de fuerza letal en operaciones antidrogas.

De delincuente a enemigo

Si una organización criminal deja de ser solamente objeto de investigación penal y pasa a convertirse en un enemigo de guerra, cambia la lógica de intervención. Investigar exige pruebas, detener exige procedimientos y condenar exige un juicio, pero la guerra introduce objetivos, operaciones, neutralización, destrucción y  ese desplazamiento resulta particularmente sensible en una Argentina que retrocede en democracia. Después de la última dictadura, el sistema democrático argentino construyó una separación entre las funciones de la defensa nacional y las de seguridad interior. Fue así como desaparecieron  las garantías institucionales desarrolladas para limitar la utilización del aparato militar sobre la población en cuestiones de seguridad interna.

Es en este punto donde resulta elemental introducir una lectura en términos de necropolítica. El concepto desarrollado por Achille Mbembe permite pensar aquellas formas de poder que distribuyen de manera desigual la exposición de determinadas poblaciones a la violencia, la precariedad, el abandono y, en sus expresiones extremas, la muerte. Por eso es importante observar cómo algunas personas pueden ir perdiendo garantías a medida que son construidas socialmente como peligrosas. En un extremo encontramos al consumidor convertido en sospechoso, su cuerpo puede parecer más requisable, su mochila, más revisable, su presencia en determinados espacios, más sospechosa.

Un consumo puede convertirse en una identidad: “drogadicto”, un barrio puede transformarse en “zona narco”, un espacio cultural puede desaparecer por quedar asociado a “la droga”, un transa puede convertirse indistintamente en “narco”, y en el otro extremo encontramos una organización definida como “narcoterrorista” y personas que pueden convertirse directamente en objetivos de operaciones militares.

Precisamente por eso las distinciones importan, pero cuando desaparecen, fenómenos completamente diferentes comienzan a formar parte de una misma amenaza llamada simplemente “la droga”, y si todo pertenece al mismo enemigo, también empieza a parecer razonable utilizar contra todos distintas intensidades de una misma respuesta coercitiva. El estigma sanitario puede convertirse en estigma moral; el estigma moral, en sospecha policial; la sospecha, en criminalización; y la criminalización puede abrir la puerta a formas cada vez más excepcionales de intervención estatal.

Por eso tampoco es inocuo que desde los medios se afirme sin evidencia suficiente que una provincia está “tomada por la droga”, que las sustancias “se consiguen como caramelos” o que “la droga está en cualquier kiosco”. El testimonio desesperado de una familia puede revelar un problema humano que merece atención urgente, pero no permite por sí mismo diagnosticar la situación de toda una provincia. Sin embargo, cuando una sucesión de casos particulares se presenta como prueba de que un territorio está siendo invadido, la conclusión política comienza a construirse antes que la evidencia. La excepcionalidad necesita primero una amenaza excepcional. 

No todos los jóvenes tienen la misma posibilidad de atravesar una interacción policial sin que esa situación produzca consecuencias posteriores sobre su identidad social. Incluso cuando no existe dependencia, un consumo puede ser utilizado para construir retrospectivamente una identidad: “era drogadicto”, “andaba en la droga”, “se juntaba con gente de ese ambiente”. La sustancia deja entonces de describir una conducta y comienza a explicar a la persona. Ese mecanismo es especialmente grave porque permite que el estigma sobreviva incluso a la ausencia de delito.

El narcotráfico transnacional necesita dinero, logística, transporte, capacidad de lavar activos y conexiones que permitan introducir enormes ganancias ilegales dentro de la economía formal. Desarmar esas estructuras exige investigaciones financieras, cooperación internacional, inteligencia criminal, seguimiento patrimonial y capacidad para identificar las redes que hacen posible el negocio. Pero el rostro cotidiano de la “guerra contra las drogas” suele encontrarse mucho más abajo. El consumidor, el chango requisado, la piba a la que le encontraron flores afuera de la universidad, el vendedor minorista, el barrio señalado, el espacio cultural criminalizado por un evento cannábico. Son cuerpos visibles, una mochila puede abrirse, una persona puede detenerse, una pequeña cantidad de droga puede fotografiarse sobre una mesa y convertirse en noticia.

Una arquitectura financiera transnacional como la que hoy está involucrada Fernando Cerimedo o la vinculada con Espert es mucho más difícil de mostrar. Por eso también debemos preguntarnos qué estamos midiendo cuando afirmamos que una política antidrogas funciona ¿Acosar embarazadas para combatir “la droga” va a frenar el avance de organizaciones transnacionales vinculadas a la administración del Estado?  Cantidad de procedimientos no necesariamente significa cantidad de organizaciones desarticuladas, menos a estructuras financieras destruidas. La cantidad de droga incautada tampoco explica por sí misma cuánto poder económico perdió el narcotráfico. Combatir realmente el crimen organizado exige mirar hacia arriba de la cadena, no solamente hacia quienes se encuentran en su extremo más visible y vulnerable.

El periodismo participa de la construcción de esas categorías.
La Defensoría del Público recomienda distinguir consumo de consumo problemático, evitar presentar a las sustancias como sujetos capaces de “atrapar” personas y no asociar automáticamente los consumos con violencia o delito. También advierte que no todo consumo produce dependencia y que las razones por las cuales algunos consumos se vuelven problemáticos son múltiples. La recomendación alcanza también a títulos, imágenes y enfoques. Una nota cuyo texto intenta ser respetuoso puede reproducir el mismo estigma si está acompañada por esposas, patrulleros, armas o imágenes policiales para hablar de personas que atraviesan consumos problemáticos.

La responsabilidad periodística, entonces, no consiste en minimizar el narcotráfico, sino en nombrar correctamente aquello que estamos contando. Consumo no es consumo problemático, consumo problemático no es delito, tenencia no es comercialización, comercialización minorista no es narcotráfico organizado. Narcotráfico no es automáticamente terrorismo.Y ninguna de esas categorías debería permitir que una persona pierda anticipadamente sus derechos.

Porque la guerra contra “la droga” no empieza cuando aparecen los militares. Empieza mucho antes, cuando una sociedad acepta que determinados cuerpos pueden ser vigilados, requisados, detenidos o estigmatizados con menos exigencia de prueba porque fueron construidos previamente como peligrosos. La guerra contra “la droga” puede terminar decidiendo qué personas tienen derecho a seguir siendo tratadas como ciudadanos y cuáles deben vivir, o morir, bajo la categoría de enemigo.