El derecho a la información no es un principio abstracto ni un valor accesorio de la democracia. Es una condición material para que una sociedad pueda comprender su realidad, deliberar colectivamente y controlar a quienes gobiernan. Cuando el Estado miente de manera sistemática, no solo comunica mal, sino que se violan derechos y se erosionan las bases mismas de la vida democrática.

En la Argentina, la mentira dejó de ser un error aislado para convertirse en política pública. No se trata de datos imprecisos o de interpretaciones discutibles, se trata de un patrón reiterado que combina falsificación de cifras oficiales, simulación virtual de acciones que no existen en la vida real, manipulación tecnológica, saturación mediática premeditada y difusión de desinformación intencional desde el propio gobierno.

Mentir con datos oficiales

Una de las formas más eficaces y menos evidentes de la mentira estatal es la que se construye a través de los números. Las cifras tienen un aura de objetividad que las vuelve especialmente poderosas, parecen técnicas, neutras, indiscutibles. Pero cuando son seleccionadas, manipuladas, descontextualizadas o directamente falseadas desde el poder, dejan de informar y pasan a ordenar el sentido común.

El gobierno nacional ha convertido a los datos económicos y sociales en una herramienta central de su estrategia comunicacional. No para explicar la realidad, sino para reemplazarla. Se anuncian mejoras macroeconómicas, caídas drásticas de la pobreza o procesos acelerados de desinflación que no se corresponden con la experiencia cotidiana de la mayoría de la población. El problema no es solo metodológico, es político.

Uno de los ejemplos más claros de esta lógica es el uso político de los datos sobre pobreza. El mismo presidente de la Nación afirma haber reducido la pobrezas con su gestión con datos fantasticos,  su relato publico consiste en la acumulación de un millon menos de pobres por cada discurso en la que hace referencia a este indice, con cifras que no encuentran respaldo en estadísticas públicas verificables, ni correlato con la realidad material que viven millones de personas. Según Milei en diciembre de 2024 su gestión habia sacado 8 millones de argeninos de la pobreza, en enero de 2025 dijo que ese numero ascendia a 9 millones, en junio de 2025 dijo haber sacado a 10 millones de la pobreza, en agosto de 2025 dijo que ese numero alcanzaba los 11 millones, en septiembre a 12 millones y en diciembre de 2025 13 millones. Pero el problema es que pobreza y la indigencia no se reducen por repetición discursiva, la experiencia cotidiana, salarios que no alcanzan, inflación persistente, precarización laboral, desocupación, son hechos que al desmentirse, esta falsificación no solo confunde, sino que le hace gaslighting a sus representados.

Estamos frente a una forma de manipulación que afecta la percepción misma de la realidad social. No es solo una mentira, sino la repetición sistematica de una versión oficial que aleja a la ciudadania de la realidad, incluso de su experiencia directa. Es en ese marco donde deben leerse las narrativas ficcionales sobre la supuesta reducción masiva de la pobreza y las tensiones en torno a la medición de la inflación. No como discusiones técnicas aisladas, sino como parte de un mismo patrón donde la manipulación estadística no busca describir la realidad social, sino reconfigurar la percepción que la ciudadanía tiene de ella.

Los números oficiales pueden mostrar variaciones, eso es normal, lo que no lo es, es que un gobierno los use para mentir sistematicamente sobre la realidad economica del pais. El cherry picking de datos es una forma de manipulación informativa que consiste en seleccionar únicamente los datos que favorecen un relato determinado y omitir deliberadamente aquellos que lo contradicen, para construir una imagen falsa o distorsionada de la realidad. Por ejemplo la caída de la tasa de pobreza de 52,9 % a 38,1 % entre semestres de 2024 que publico el INDEC no es una mentira en si, pero la verdad que ocultan al dar este dato es que fue el mismo gobierno de Milei el que llevo la pobreza de hasta un 57,4% en enero de 2024 alcanzando un maximo historico. Es deshonesto hablar de sacar argentino de la pobreza, si esos argentinos fueron empobrecidos durante tu gestión.

En política y gestión pública, esto es especialmente grave porque aprovecha la autoridad técnica de las cifras para instalar percepciones que no se sostienen cuando se observa el conjunto de la información disponible. Es una forma de desinformación en base a números reales recortados, para sostener un relato es engañoso, más sutil que las fake news a las que nos fuimos acostumbramos. 

En este contexto de postverdad oficial, Lavagna presentó su renuncia frenre al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en medio de una fuerte tensión interna con el equipo económico del gobierno por el nuevo índice de precios al consumidor (IPC). Ese índice, basado en una canasta de bienes y servicios actualizada, habría reflejado con mayor fidelidad el impacto de aumentos en servicios como electricidad, gas y transporte, que crecieron por encima de los bienes de consumo básico. No obstante, su implementación fue aplazada indefinidamente por el Ministerio de Economía, ante el argumento oficial de “esperar a consolidar la desinflación”, y el Banco Central anunció que medirá su propia versión de la inflación subyacente, lo que fue interpretado por opositores y economistas críticos como una forma de proteger el relato oficial de desinflación al tiempo que se obstaculiza la transparencia estadística.

La medición oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se basa en una canasta que no siempre refleja los gastos actuales de los hogares, especialmente después de fuertes aumentos en tarifas, cambios en los hábitos de consumo por empobrecimiento, mayor peso de servicios esenciales (alquiler, transporte, energía). Cuando una canasta subpondera esos rubros, la inflación medida baja, aunque el costo de vida suba. Es por eso que la polémica por la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC dejó al descubierto este punto. El organismo tenía listo un nuevo índice con una canasta actualizada, que reflejaba con mayor fidelidad los aumentos recientes, pero su aplicación fue postergada por decisión política.

No se falsifica el número directamente, pero se evita medir lo que incomoda al relato oficial de “desinflación”. EL gobierno sigue eligiendo que parte de la realidad cuenta y cual oculta, para jamas mostrar la inflación acumulada, el efecto arrastre y el impacto diferencial en los sectores de menores ingresos. Así, es como construye la idea de que “la inflación está controlada”, mientras el deterioro del poder adquisitivo continúa, y algunos eligen creer esta fantasia disociando de la realidad que los atraviesa. 

Simulación de acción

Los incendios en la Patagonia expusieron con crudeza esta lógica. Frente a una emergencia ambiental y humanitaria de enorme magnitud, el presidente Javier Milei no estuvo presente ni desplegó una respuesta estatal acorde a la gravedad del desastre. No hubo asistencia suficiente, no hubo políticas de prevención previas, no hubo refuerzo real de los sistemas de combate del fuego. Lo que sí hubo fueron imágenes generadas con inteligencia artificial que sugerían presencia, acción, involucramiento. La simulación reemplazó a la política pública.
Esto no es solo cinismo. Es una violación directa del derecho a la información. Porque se induce deliberadamente a la ciudadanía a creer que el Estado está actuando cuando, en realidad, se ha desfinanciado sistemáticamente la legislación destinada a prevenir y combatir incendios. La mentira no oculta un hecho menor sino la responsabilidad estatal. En democracia, la comunicación institucional debería permitir a la sociedad evaluar si un gobierno actúa bien o mal. Cuando la comunicación se usa para encubrir la inacción, ese control se vuelve imposible.

La utilización de inteligencia artificial sin marcos éticos ni controles democráticos potencia este escenario. La IA no es neutral, amplifica el poder de quien la usa. Cuando se altera una imagen, se manipula un video o se fabrica una escena desde el Estado como la de Milei en la Patagonia, se vulnera el derecho colectivo a la información veraz. Se rompe el pacto básico de confianza entre ciudadanía y poder. En ese contexto, la pregunta ya no es solo qué es verdad, sino quién tiene el poder de imponer una versión de la realidad.

Esta forma de gobernar reemplaza la acción por el relato y el presupuesto por la puesta en escena. Donde debería haber políticas públicas, hay imágenes generativas que simulan lo que no existe. La inteligencia artificial pasa a ser un dispositivo de engaño que intencionalmente es utilizado para que la ciudadania elija que mentira creer, sin tener certezas sobre cual es la realidad. El problema no es tecnológico. Es político. Cuando un gobieron elige mentir, está decidiendo estafar a sus representados. 

Mentir para humillar

Recientemente una publicación de la Casa Blanca de Donald Trump, alterando con inteligencia artificial el rostro de una persona detenida para mostrarla llorando, quebrada y humillada, marca un punto de inflexión aún más grave. Aquí la mentira no tiene el fin de simular presencia para encubrir inacción, tampoco nos miente para que creamos que estamos mejor, sino que se fabrica esta mentira con el fin de provocar un daño simbólico. El gobierno modifica el cuerpo y el rostro de un ciudadano para transmitir un mensaje disciplinador al conjunto de la sociedad. No informa un hecho, sino que lo reescribe en clave de humillación. 

Esta práctica vulnera principios básicos del Estado de derecho, la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a tratos degradantes, al mismo tiempo que viola el derecho a la información colectiva, porque altera la realidad con fines políticos. En contextos de alta tensión social estas prácticas no son inocuas. Fogonean el conflicto, legitiman la violencia simbólica y preparan el terreno para escenarios de mayor ruptura social, incluso de enfrentamiento civil. Cuando el Estado humilla, no pacifica: radicaliza

La mentira como infraestructura comunicacional

En este marco, La Rioja viene siendo blanco de narrativas engañosas construidas activamente para negar el desfinanciamiento que existe en los hechos. Desde La Libertad Avanza se difundieron piezas de comunicación que buscan negar un desfinanciamiento sin precedentes, y mentir que las dificultades que conlleva, responden exclusivamente a problemas de administración local. Esa explicación es deliberadamente engañosa.

Es cierto que en 1988 La Rioja perdió un punto de coparticipación. Lo que no es cierto es que desde entonces haya dejado de recibir esos recursos. Durante más de tres décadas existieron discusiones y acuerdos en el Congreso de la Nación para compensar esa pérdida a través de distintos mecanismos, fundamentalmente mediante transferencias incorporadas al presupuesto nacional bajo la figura de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como esquema de compensación. Un hecho es que desde 1988 y hasta la asunción del actual gobierno nacional, La Rioja nunca dejó de recibir esa masa de recursos. Existieron variables de monto, pero ese flujo de fondos formó parte estructural del financiamiento de la provincia y de su capacidad para sostener salarios, servicios públicos, infraestructura y políticas sociales. 

Por primera vez desde 1988, esa compensación deja de transferirse, generando un faltante que ronda el 30 % del presupuesto provincial hace dos años. Esto no esta sujeto a debate, es un dato material que impacta directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía riojana y frente a ese hecho concreto, la estrategia comunicacional no fue explicar la decisión ni asumir su costo político, sino negar el desfinanciamiento o desplazar el eje hacia debates subjetivos sobre la calidad de la administración provincial. Pero ese desplazamiento pasa a ser irrelevante frente al punto central, independientemente de quién gobierne o de cuál sea la preferencia partidaria de cada ciudadano, hay menos recursos disponibles para sostener derechos básicos de la provincia.

Cuando el Estado nacional quita recursos y luego, a través de su infraestructura comunicacional, niega esa quita o la presenta como inexistente, lo que no solo evade responsabilidades, sino que vulnera el derecho de la ciudadanía a comprender por qué su provincia tiene menos capacidad de respuesta. El ajuste se vuelve invisible, y la consecuencia se traslada a los habitantes, que ven deteriorarse servicios y salarios mientras se les dice que el problema es otro. En este punto, la mentira no busca convencer sobre una ideología, sino reordenar la percepción social de una injusticia material. Y cuando una comunidad es privada de recursos y, al mismo tiempo, se le niega públicamente esa privación, lo que se produce no es solo desinformación, sino una forma de violencia institucional ejercida a través del discurso.

Saturación mediática premeditada

Esta estrategia se completa con una saturación mediática premeditada que combina desinformación, espectáculo y provocación permanente. Mientras se multiplican datos engañosos, distorciones oficiales y relatos contradictorios, el propio Presidente irrumpe en la escena pública cantando Amor salvaje en Jesús María o protagonizando shows junto a Fátima Florez, mientras la Patagonia se incendia y no hay respuesta estatal acorde a la emergencia. No se trata de frivolidad personal ni de gustos artísticos, es una táctica comunicacional consciente, donde el espectáculo funciona como cortina de humo y el exceso de estímulos reemplaza a la información. El mensaje implícito es brutal, no importa lo que está ocurriendo en el territorio, importa lo que captura la atención. La intención era que la tragedia ambiental quedara diluida entre memes, clips virales y escenas performáticas del poder, que el tema de conversación sea Milei siempre, mientras la agenda pública se desarma en tiempo real. Así, silenciar lo que se muestra, el Estado logra invisibilizarlo ahogando hechos en ruido, se desplaza la responsabilidad política y la realidad termina siendo un fondo borroso sobre el que se imponen discusiones esteriles donde se disparen emociones, identidades y creencias. La saturación no informa ni distrae, desactiva la capacidad social de indignarse, comprender y reclamar, y termina siendo otra forma de sistematicamente degradar el debate público. 

El Ministerio de La Verdad

En este contexto el gobierno nacional anunció la creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo organismo cuya misión declarada es “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y de la casta política”. La iniciativa fue presentada con el argumento de que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”.

En lugar de crear un organo independiente para la verificación técnica que promueva la transparencia de la información oficial, el gobierno que nos viene mintiendo crea un brazo comunicacional destinado a refutar contenidos de terceros.. La oficina nace bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación del Ejecutivo y se apoya en la misma infraestructura que permite al gobierno nacional amplificar su inverosimil relato. Esto plantea un problema democrático profundo, ya que el gobierno no puede ser juez y parte al mismo tiempo.

La lógica de esta oficina reproduce la misma estructura de manipulación comunicacional que disputa narrativas con una institucionalidad al servicio del poder. En ese sentido, la oficina no es un mecanismo de transparencia o de fortalecimiento de la información veraz, sino una herramienta más del relato estatal que puede terminar siendo un vector de desinformación si su función se convierte en contrarrestar opiniones y críticas con versiones oficialistas, en lugar de garantizar información pública clara, completa y verificable.

En la ficción distopica 1984, el Ministerio de la Verdad no informaba, fabricaba realidad. Reescribía cifras, corregía archivos, negaba hechos evidentes y declaraba falsas todas las versiones que no coincidieran con el relato oficial. No porque la verdad fuera discutible, sino porque la verdad había dejado de ser un límite para el poder.

Salvando las distancias históricas, el peligro contemporáneo consiste en un Estado que miente con datos oficiales, simula acciones inexistentes, niega su responsabilidad en escenarios adversos cuando los crea y, luego, diseña estructuras institucionales para “desmentir” a quienes señalan esas inconsistencias. El mismo poder que distorsiona la información se presenta como árbitro de lo verdadero y lo falso.

No hace falta prohibir medios ni encarcelar periodistas cuando se puede inundar el espacio público de relatos contradictorios, cifras convenientes y desmentidas oficiales. La confusión reemplaza a la censura. La saturación sustituye al silencio. Y la ciudadanía, expuesta a una maquinaria comunicacional que mezcla mentira, negación y refutación estatal, termina discutiendo creencias en lugar de hechos.

Ese es el punto más grave. Cuando el Estado deja de garantizar información y pasa a administrar la verdad, no solo se degrada el debate público, sino que se rompe la posibilidad misma de una democracia informada. Porque una sociedad que no puede distinguir qué está pasando, ni quién es responsable de lo que pasa, no puede reclamar, no puede controlar y no puede decidir en libertad.

Ahí es donde la distopía deja de ser literatura y se convierte en advertencia. No sobre un futuro lejano, sino sobre un presente en el que la mentira ya no es un desvío del poder, sino una forma de ejercerlo.