Revisan la ética profesional de Emilio Pagotto 

El nepoabogado Emilio Pagotto es una figura mediática en la intersección de discursos libertarios y la estructura de poder tradicional de La Rioja. Su aspiración a ser candidato a la gobernación encierra una contradicción similar a la de Martín Menem combatiendo la casta, ya que mientras construye una retórica "anti-sistema", Pagotto es, en rigor, un heredero de la casta judicial que utiliza la provocación mediática y la agresión institucional para eludir su responsabilidad jurídica. El análisis de su conducta ante el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores es imperativo, pues su estrategia no constituye un mero ejercicio letrado, sino una instrumentalización del proceso judicial para fines de posicionamiento de su candidatura partidaria. Su comportamiento no es un fenómeno aislado, sino una colisión frontal con los imperativos éticos y legales que sostienen el Estado de derecho en Argentina.

La Ley Nº6.827 frente a la praxis

La regulación del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja (Ley N° 6.827) constituye el estándar de oro para garantizar la integridad del sistema de justicia. El ejercicio de la abogacía no es un derecho absoluto de expresión, sino una función pública delegada que exige decoro y probidad. Cuando un letrado sustituye el argumento técnico por el insulto, socava la confianza pública en la institución que lo habilita.

Bajo la lupa de la Ley N° 6.827, la conducta de Pagotto presenta tensiones irreconciliables con los siguientes preceptos:
 
• Asimilación a la Magistratura (Art. 39): El abogado debe recibir y brindar el mismo respeto y consideración que los magistrados. Al calificar públicamente a los jueces como "delincuentes", Pagotto rompe la paridad jerárquica necesaria para el orden procesal.
• Obligaciones de Lealtad y Buena Fe (Art. 40, inc. h): El deber de comportarse con probidad es ignorado cuando se utilizan las causas para la agitación mediática en lugar de la resolución jurídica.
• Prohibición de Desnaturalizar el Proceso (Art. 43, inc. i): La ley prohíbe actos que alteren el debido proceso. La elusión de responsabilidad jurídica a través de ataques personales a funcionarios judiciales busca, precisamente, desplazar el eje de la discusión legal hacia el espectáculo político.

Mediatización y Violencia contra la Niñez

Emilio Pagotto ha sido acusado de hacerse pasar por personal del Ministerio Publico Fiscal para retener un menor y en su rol como defensor de presuntos abusadores y pederastas condenados, en varias causas de alta sensibilidad social, se lo acusa de vulnerar los derechos de las pequeñas víctimas. El letrado ha desplegado una estrategia de comunicación que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual ha calificado de violenta. Según los informes de la institución nacional, se identifican distintas infracciones como la identificación de menores dando el nombres de pila y datos filiatorios en programas como "El Expediente", vulnerando el derecho a la intimidad y dignidad de niñeces judicializadas y  provocando revictimización. La defensoria tambien advierte el ejercicio de violencia simbólica y mediática con representación estigmatizante, descalificadora, criminalizante y patologizante de las madres que denuncian vulneración de derechos de sus hijos, reproduciendo desigualdad y deslegitimación de denuncias por abuso sexual en la infancia. Se advierte una recurrente táctica DARVO invirtiendo el rol de víctima/agresor presentando a la denunciante como "trastornada" o "criminal". Y sistemáticamente incurre en una banalización de la violencia de género y obstrucción del acceso a la justicia.

Violencia Política contra la mujer

Pagotto ha utilizado términos como "ideología de género" y que el "pañuelo verde" le "atrofió las neuronas" a funcionarias como la fiscal Nadia Schargrodsky. Esta narrativa no es libertad de expresión; es una táctica deliberada de violencia simbólica para reemplazar la evidencia judicial por un juicio mediático condenatorio contra las víctimas y sus representantes. Pero además de los ataques a las denunciantes de sus defendidos, también ha atacado a toda mujer que le crea a las víctimas de dichas denuncias, violentando a abogadas de la querella, profesionales que constatan lo denunciado y en especial a las feministas que reclaman por el derecho de las víctimas a tener una tutela judicial efectiva. En ese marco, he sido blanco de sus ataques, no solo en el ámbito mediático, sino de las acciones judiciales sistemáticas del SLAPP (Litigio Estratégico contra la Participación Pública) que inició con el caso conocido como Arcoiris y continuó con la prohibición de distintas coberturas para interrumpir con éxito el trabajo de periodismo de investigación que documentaba causas donde se contrasta el sentir y pensar de víctimas de violencia mediática padecida como represalia de denunciar violencia ante el sistema judicial.

Pagotto, al igual que toda la extrema derecha ha apuntado a capitalizar discursos de odio como commodity y el antifeminismo ha sido una  parte crucial en su búsqueda de atención. Ha calificado a funcionarias de la administración provincial como "degeneradas, mafiosas y chantas”, por lo que fue repudiado por la legislatura provincial por ello hace unos años. 

El Enfrentamiento con el Tribunal Superior de Justicia

La preservación de la investidura judicial es un componente del orden democrático. El lenguaje de un letrado en sus escritos no es un detalle estético, sino una obligación legal de respeto a la magistratura. 

Pagotto, al resultar perdidoso en dos causas, arremetió públicamente contra el juez Ana acusándolo de “coimero” y presentando un pedido de juicio político que fue rechazado. A raíz de ello, el 6 de junio de 2025, el letrado convocó a una marcha por la transparencia judicial donde muchas víctimas de retardo de justicia, cuya causa está en instrucción o a la espera de juicios en primera instancia, reclamaban contra el Tribunal Superior de Justicia. En ese marco la marcha se dirigió al domicilio de un Juez Ana al que le vandalizaron la casa mientras el nepoabogado le gritaba “salí cagón” frente a personal policial que lo observaba. Luego, en octubre de 2025, mediante un Acuerdo de Superintendencia, el Tribunal Superior de Justicia ratificó una sanción de apercibimiento contra Pagotto y ordenó testar sus expresiones injuriantes. El letrado respondió públicamente que "no habría de cumplir" lo dispuesto, desafiando la autoridad del máximo tribunal provincial y aseguró estar siendo víctima de persecución política y escaló a la agresión personal directa de sus miembros. El abogado afirmó en redes y medios que los jueces "ganan sueldos de tres millones de pesos y no pueden justificar su patrimonio", tildándolos de "delincuentes", "coimeros" y "ladrones" que "venden sus votos en las sentencias". Particularmente grave es su ataque directo contra la Dra. Gabriela Asís, a quien acusó de circular con "millones en un auto oficial", evidenciando que su animosidad responde a la sanción impuesta por el cuerpo que ella integra. Esta conducta es una violación flagrante del Art. 39 de la Ley 6.827, atacando la gobernabilidad judicial de La Rioja.

La Violencia como Plataforma Política

Pagotto intenta transformar sus crisis éticas en activos de campaña presentándose como un "abogado rebelde" perseguido por una "mafia judicial", para conseguir que sus sanciones profesionales operen como insignias de honor ante un electorado desencantado con el sistema judicial. Su paradoja es absoluta, ya que siendo un actor con profundos vínculos con el establishment judicial riojano, utiliza la violencia mediática para atacar a las mismas instituciones que aspira a conducir. Su radicalización discursiva busca la elusión de responsabilidad jurídica, pretendiendo que el debate sobre su idoneidad ética se perciba exclusivamente como una contienda política.

La Responsabilidad del Consejo de Abogados

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja tiene, por mandato del Art. 20 de la Ley N° 6.827, la obligación indelegable de fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión. El caso Emilio Pagotto constituye un punto de inflexión para la ética jurídica, la persistencia en conductas violentas, la revictimización sistemática, y el insulto agravado a los magistrados del máximo tribunal no pueden ser tolerados como parte del ejercicio profesional.

La integridad del sistema de justicia depende de que la matrícula no sea utilizada como un escudo para la agresión ni como una plataforma para el espectáculo político. En un Estado de Derecho, la justicia debe prevalecer sobre la violencia discursiva, asegurando que el estrado no sea desplazado por el cinismo del espectáculo mediático.