El nuevo piso salarial estatal de La Rioja equivale a más de dos salarios mínimos argentinos

El Gobierno de La Rioja oficializó un aumento salarial para toda la Administración Pública Provincial que se verá reflejado con los haberes del mes de febrero y empezará a percibirse en marzo. La recomposición combina incrementos al salario básico entre el 11% y el 14% promedio según antigüedad y sector y sumas fijas remunerativas y no remunerativas, con mejoras que superan los 75.000 pesos en casi todos los escalafones, y en algunos sectores críticos como seguridad, salud y educación superan los 100.000 pesos de bolsillo. El Ejecutivo provincial estima una inversión cercana a 10.000 millones de pesos para hacer frente a la medida.

Ese aumento se inscribe en un proceso de recomposiciones salariales acompañado por el gobierno de Ricardo Quintela desde 2023 y continuado a lo largo de 2024 y 2025 con distintas subas y sumas fijas para empleados estatales. Formalizado de esta manera, el piso salarial estatal de La Rioja quedó fijado en 725.000 pesos, lo que rompe con la lógica estándar de que la referencia salarial principal es el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a nivel nacional, que actualmente es de 346.800 pesos.

En términos comparativos, ese nuevo piso duplica el nivel de ingreso que rige como mínimo legal en todo el país, y pone a La Rioja en una posición salarial distinta, al menos para quienes trabajan en el sector público. Contrastado con otras jurisdicciones argentinas, el piso salarial estatal de 725.000 pesos también aparece como uno de los más altos en términos nominales para categorías iniciales dentro de la administración pública. En provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Mendoza, los sueldos básicos de entrada en la administración general suelen quedar por debajo de ese nivel, aun cuando en algunos casos los convenios paritarios provinciales fijan sumas adicionales por antigüedad o categoría. La variación entre provincias es amplia, pero el nuevo piso riojano por encima de 700.000 pesos marca una referencia alta, particularmente si se lo lee frente a escalas salariales donde los mínimos estatales rondan en promedio entre 400.000 y 600.000 pesos según último reporte paritario local. Esta diferencia refuerza que la medida no es sólo nominal, sino también relativa respecto a otros distritos.

Este contraste también se observa en la región, mientras que el salario mínimo argentino USD 249 por mes, se ubica entre los más bajos de América Latina, países como Uruguay superan los USD 600 mensuales, Chile ronda los USD 560–600, Colombia está cerca de los USD 470 y Brasil en torno a los USD 295. El salario estatal riojano con USD 519 por mes queda cercano a los niveles de Uruguay y Chile, y muy por encima del promedio regional estimado en torno a USD 400. El salario mínimo argentino nacional sigue detrás de la mayoría de sus pares regionales, mientras que el piso de La Rioja se coloca en un nivel comparativamente alto.

Más allá de las cifras comparativas, conviene subrayar que el debate salarial en Argentina no puede limitarse a qué provincia paga un número mayor o menor. En el país gran parte de los trabajadores asalariados formales no alcanza con sus ingresos a cubrir una canasta básica total, y eso incluye salarios registrados por convenio, ingresos de empleados estatales y jubilaciones mínimas. Las estadísticas oficiales y múltiples informes de instituciones económicas muestran que la pobreza no es exclusiva de la informalidad, también afecta a hogares con empleo formal e incluso a jubilados cuando los ingresos no logran sostener el costo de vida. Eso configura un problema nacional estructural, con efectos macroeconómicos y sociales profundos, que no se resuelve con aumentos aislados sino con políticas coordinadas de largo plazo.

Por eso muchas de las discusiones que se presentan como debates “provinciales” son en realidad reflejos del deterioro general del poder adquisitivo en Argentina. Que una provincia como La Rioja pueda fijar un piso salarial más alto que el nacional no resuelve el problema de fondo, la caída del salario real de argentinos y argentinas, la insuficiencia de las jubilaciones y la dificultad para que los ingresos laborales registren suficiente poder de compra. La recomposición riojana puede amortiguar localmente esa situación para empleados estatales, pero no sustituye la necesidad de mecanismos de política salarial y de ingresos a nivel nacional que garanticen niveles de vida dignos para todos los trabajadores formales y pasivos.

Pero el problema de fondo es que hoy el salario mínimo está estructuralmente desacoplado del costo real de la canasta básica. Según los últimos datos oficiales del INDEC, una familia tipo necesitó en febrero de 2026 alrededor de 1.360.299 pesos mensuales para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que la canasta alimentaria, que marca la línea de indigencia, superó los 623.000 pesos. En ese contexto, el salario mínimo nacional de 346.800 pesos cubre apenas una cuarta parte de la canasta básica total, se necesitan casi cuatro salarios mínimos para sostener el costo de vida de un hogar promedio. Esto significa que un trabajador registrado con salario mínimo permanece, por definición, bajo la línea de pobreza.

Del total de personas que trabajan en Argentina, alrededor de 35%-40% vive en hogares bajo la línea de pobreza. O sea, de 21 millones de personas ocupadas, entre 7 y 8 millones son trabajadores pobres. Las condiciones economicas del país no garantizan que el trabajo formal sea sinonimo de calidad de vida digna. 

Es por eso que el nuevo piso salarial estatal de La Rioja, fijado en 725.000 pesos, modifica parcialmente esa ecuación para el empleo público provincial, pero no revierte la tendencia estructural nacional, ya que aun con ese ingreso, el salario mínimo estatal cubre poco más de la mitad de la canasta básica familiar y se requieren casi dos sueldos estatales riojanos para alcanzar el umbral de pobreza. La diferencia es significativa respecto del salario mínimo nacional al que prácticamente duplica, pero sigue evidenciando la brecha entre ingresos y costo de vida que caracteriza a la economía argentina. Incluso el salario promedio formal, que se ubica en torno a 1,6 o 1,8 millones de pesos mensuales según registros laborales recientes, apenas supera la canasta básica con un margen estrecho: un hogar con un solo ingreso promedio logra cubrir el umbral de pobreza, pero con escaso margen ante alquileres, inflación o gastos extraordinarios, lo que explica por qué crece el número de trabajadores formales que, aun con empleo registrado, viven en hogares pobres.

Este escenario revela que la crisis de ingresos en Argentina no es exclusivamente provincial ni sectorial, sino profundamente nacional. La caída del poder adquisitivo del salario mínimo, el deterioro de las jubilaciones y la pérdida de capacidad de compra de amplios sectores formales configuran un fenómeno en el que el trabajo registrado dejó de ser garantía de bienestar. En ese marco, el aumento salarial dispuesto en La Rioja puede leerse como una política provincial destinada a amortiguar localmente ese impacto, pero no como una solución al problema estructural de fondo. La discusión de fondo no es qué provincia paga más o menos, sino por qué en la Argentina actual incluso quienes tienen empleo formal o una jubilación muchas veces no logran cubrir el costo básico de vivir. Ese es el núcleo de la crisis salarial contemporánea y, sobre todo, un desafío de alcance nacional.

Esta brecha creciente entre ingresos y costo de vida impacta en todos los indicadores de calidad de vida: alimentación, acceso a vivienda, salud, educación y consumo básico. También incide en la caída del consumo interno, en el endeudamiento de los hogares y en la contracción de las economías regionales, generando un círculo de desaceleración que afecta tanto al sector público como al privado. La pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y salarios medios refuerza esta tendencia, ampliando la vulnerabilidad incluso en sectores históricamente considerados de clase media.

Las proyecciones económicas para el corto y mediano plazo mantienen este desafío como uno de los principales condicionantes del crecimiento. Sin una recuperación sostenida del salario real y de los ingresos previsionales, la economía enfrenta límites estructurales para recomponer el mercado interno y reducir la pobreza. En ese marco, las políticas salariales provinciales pueden amortiguar impactos locales y mejorar ingresos en sectores específicos, pero la recomposición del poder adquisitivo y de la calidad de vida depende en gran medida de variables macroeconómicas nacionales, la estabilidad de precios y un sistema de ingresos capaz de garantizar que el trabajo y las jubilaciones vuelvan a cubrir, al menos, el costo básico de vivir.