Agustín Muñóz, joven cuya imagen se difunde para sostener que las falsas denuncias son una causal de suicidio cuando el joven nunca fue denunciado

En 2025, nuestro país reportó la cifra más alta de suicidios de la última década y La Rioja permanece entre las provincias con tasas superiores al promedio nacional. Pero las muertes muestran sólo una parte del problema: desde que los intentos comenzaron a notificarse obligatoriamente se registraron más de 22 mil eventos. Escuchar a quienes sobrevivieron puede ser una de las claves para comprender una problemática que no tiene una única causa y que exige mucho más que respuestas individuales.

En octubre de 2023 escribí en Página/12 “El peligro de abordar el suicidio sin preparación”, una nota centrada en la responsabilidad de los medios frente a una problemática que ya entonces mostraba datos preocupantes. Advertía sobre la espectacularización de las muertes, la descripción de métodos, la romantización y, especialmente, sobre la necesidad de no intentar explicar un suicidio a partir de una única causa. Tres años después, esas recomendaciones siguen vigentes, pero lo que cambió es la dimensión que alcanzó el problema.

Durante 2025, el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) registró 5.209 víctimas de suicidio en Argentina, frente a 4.249 en 2024. Son 960 muertes más en apenas un año, o sea un incremento del 22,6%. La tasa pasó de 9,7 a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, el valor más alto de la serie comparable 2016-2025. Si ampliamos el período, en 2017 se habían registrado 3.304 suicidios. Ocho años después fueron 5.209, es decir, un incremento del 57,7% en la cantidad de víctimas. No es una variación menor ni un fenómeno que pueda analizarse únicamente desde historias individuales.

La Rioja y la leve reducción de una tasa alta

La situación de La Rioja requiere una lectura particular. Durante 2025 se registraron 50 suicidios, con una tasa de 13,1 cada 100.000 habitantes mayores de cinco años por sobre el promedio nacional de 11,8. La provincia quedó así entre las cinco jurisdicciones con las tasas más elevadas del país. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, los suicidios disminuyeron en la provincia durante el último año. En 2024 se habían registrado 59 muertes, con una tasa de 15,5 y en 2025 fueron 50. Sería incorrecto interpretar la reducción como una tendencia, pero no deja de ser una variable a observar.

Un problema especialmente grave entre jóvenes

Las estadísticas sanitarias muestran que las lesiones autoinfligidas ocupan un lugar central entre las causas de mortalidad adolescente y juvenil. Análisis recientes de las Estadísticas Vitales muestran además un cambio respecto de décadas anteriorees ya que desde 2022 el suicidio desplazó a los hechos viales como primera causa en determinados análisis de mortalidad juvenil.

Sobrevivir también es un dato

Desde el 1 de abril de 2023, los intentos de suicidio son un Evento de Notificación Obligatoria en Argentina. Entre esa fecha y el 31 de octubre de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud recibió 22.249 notificaciones, de las cuales el 95% no tuvieron resultado mortal y 1.218 sí. Esos casos no representan necesariamente todo el universo existente ya que el sistema comenzó a implementarse progresivamente y no todas las jurisdicciones ni establecimientos tuvieron desde el primer momento la misma capacidad de notificación y además existen situaciones que pueden no llegar nunca al sistema sanitario. Pero lo relevante es que el Estado empezó a ver algo que antes permanecía invisible. Cuando sólo estudiamos las muertes por suicidio, limitamos la dimensión del problema real. Escuchar a quienes sobrevivieron nos ayudaria a reconocer que existe un conocimiento vivido que debería formar parte de las investigaciones y de la elaboración de políticas públicas.

No existe “la causa” del suicidio

El Ministerio de Salud argentino define al suicidio como un fenómeno multicausal, atravesado por factores personales, comunitarios y sociales, entre ellos componentes biológicos, psicológicos y socioculturales. Eso significa que pueden intervenir problemas de salud mental, pero también violencias, abusos, conflictos vinculares, aislamiento, pérdidas, discriminación, condiciones económicas, consumos problemáticos, enfermedades, dolor crónico y dificultades para acceder a redes de cuidado. Existe es una interacción compleja entre vulnerabilidades, acontecimientos, condiciones materiales, vínculos, recursos personales, instituciones y posibilidades de recibir ayuda. Por eso tampoco alcanza con pensar el suicidio exclusivamente como un problema psiquiátrico individual.

Una Ley de Salud Mental en discusión

En el contexto de esta tendencia de aumento alarmante ocurre además que Argentina vuelve a discutir el marco normativo de su política de salud mental. En abril de 2026, el Poder Ejecutivo presentó ante el Senado un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, el proyecto oficial propone modificar aspectos sustanciales del régimen vigente y el Gobierno argumenta que busca superar obstáculos de implementación y mejorar la respuesta frente a situaciones de riesgo.

La Ley 26.657 parte de una concepción especialmente pertinente para este problema ya que entiende la salud mental como un proceso atravesado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Por lo que cualquier modificación debería evaluarse si aumenta o disminuye la capacidad real de prevenir, atender y acompañar.

Prevenir cuesta

La provincia de La Rioja atraviesa desde 2024 un conflicto financiero profundo con el Gobierno nacional por la interrupción de transferencias que históricamente integraban su esquema de financiamiento. El Gobierno provincial estima que la pérdida global de recursos nacionales representa una reducción muy significativa de sus disponibilidades presupuestarias. Por lo tanto ¿con qué capacidad enfrenta una provincia con una tasa de suicidio superior al promedio nacional una creciente demanda de salud mental mientras dispone de menos recursos?

Una política de prevención necesita psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, equipos interdisciplinarios, atención primaria capacitada, guardias preparadas para situaciones de crisis, dispositivos comunitarios, atención específica para niñas, niños y adolescentes, políticas sobre consumos problemáticos, articulación con las escuelas y seguimiento después de los intentos. Una persona que sobrevivió a un intento puede necesitar acompañamiento durante meses, un equipo territorial necesita continuidad laboral, y por eso, cuando hablamos de salud mental, el presupuesto también es una política sanitaria.

Quizás el dato más importante no sea solamente cuántas personas murieron, sino cuántas estuvieron cerca de hacerlo y todavía están acá. Escucharlas puede enseñarnos algo que las estadísticas de mortalidad nunca podrán, porque si el suicidio es multicausal, prevenirlo también exige mucho más que pedirle a una persona que pida ayuda. Exige que, cuando lo haga, haya alguien del otro lado. Un vínculo, una comunidad, una institución, un sistema de salud y un Estado capaces de responder. La prevención no puede consistir solamente en convencer a alguien de que vale la pena vivir. También tenemos que construir una sociedad en la que vivir sea un poco más posible.