En los últimos días, el gobierno de Javier Milei vuelve a instalar la idea de una supuesta campaña de desinformación rusa en el país, presentándola como una amenaza relevante para la democracia y la seguridad nacional. Sin embargo, los hechos disponibles muestra que esa narrativa es engañosa, por no afirmar que es un intento desesperado de silenciar noticias que lo exponen. La misma investigación original no presenta evidencia de pagos a periodistas argentinos, no prueba una coordinación sistemática atribuible al Estado ruso y, en varios casos, identifica contenidos que no pueden ser considerados desinformación. A pesar de estos matices, el tratamiento mediático local transformó esa hipótesis en una afirmación categórica, con titulares como “campaña rusa, notas pagas, fake news” amplificados por figuras como Eduardo Feinmann en A24, borrando la distancia entre lo investigado y lo probado.

El informe que dio origen a la hipótesis de una supuesta “operación rusa” fue publicado por medios como The Continent y openDemocracy, que forman parte de un ecosistema de periodismo internacional sostenido en gran medida por fundaciones, programas de cooperación y organizaciones filantrópicas con sede principalmente en Estados Unidos y Europa. Entre estos financiadores se encuentran entidades como la National Endowment for Democracy y la Ford Foundation, además de otros fondos destinados a apoyar medios independientes y proyectos de investigación. Este esquema no invalida automáticamente el contenido del informe, pero sí introduce un elemento relevante de análisis, se trata de investigaciones producidas dentro de circuitos de financiamiento internacional que también forman parte de la disputa global por la información. En ese marco, cuando un trabajo con limitaciones metodológicas reconocidas es amplificado como una verdad concluyente, resulta indispensable evaluar no solo qué dice, sino quién lo financia, desde dónde se produce y bajo qué estándares se construyen sus afirmaciones.

La propia Rusia, a través de su embajada en Argentina, rechazó las acusaciones y señaló que “no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”, cuestionando además que se trate de una historia ya difundida anteriormente y “inflada artificialmente”. Más allá del posicionamiento diplomático, lo relevante es que, incluso desde la evidencia pública disponible, no existe confirmación concluyente de una campaña con impacto real en la sociedad argentina. En términos de análisis de desinformación, ya que la existencia de contenidos aislados no equivale a una operación efectiva sin pruebas de alcance, amplificación y capacidad de influencia.

Para instalar este supuesto problema de seguridad nacional se usa como ejemplo central de contenidos marginales, sin circulación significativa en Argentina e incluso provenientes de medios extranjeros sin inserción en el ecosistema local. Así se sobredimenciona casos de baja incidencia para construir una narrativa extremadamente peligrosa. La propia autora de la investigación aclaró que varios de los artículos señalados no contenían desinformación ni podían vincularse a financiamiento ruso, pero el mismo presidente instala esto como verdad en el debate público.

La desinformación existe, pero no es patrimonio de un solo país, y mucho menos de esta supuesta operación. Se trata de un fenómeno global en el que intervienen Estados, empresas, plataformas digitales y actores políticos locales. Casos como el de Cambridge Analytica demostraron que la manipulación informativa puede surgir de estructuras privadas con acceso a datos masivos y capacidad de segmentación, afectando procesos democráticos en múltiples países. En Argentina, además, existe una circulación significativa de desinformación generada y amplificada internamente, lo que vuelve aún más problemático reducir el fenómeno a una supuesta injerencia externa.

En este contexto, la insistencia del gobierno en amplificar la “amenaza rusa” coincide con un momento de alta tensión política, atravesado por denuncias, investigaciones y cuestionamientos públicos a funcionarios. La construcción de un enemigo externo en ese escenario funciona como un desplazamiento del eje del debate, alejándolo de los problemas internos hacia una amenaza difusa. Al mismo tiempo, el discurso oficial ha escalado hacia la deslegitimación generalizada del periodismo, con acusaciones de corrupción y traición que no se sustentan en evidencia. Este tipo de retórica tiene efectos concretos, por ejemplo, periodistas de El Destape denunciaron restricciones en su acceso a la Casa Rosada vinculada directamente con esta ensalada rusa, lo que plantea un problema institucional grave en términos de libertad de prensa y acceso a la información pública.

La selectividad en la preocupación por la desinformación es el núcleo del problema. Mientras se amplifica una hipótesis débil sobre injerencia extranjera, se minimizan o invisibilizan dinámicas internas que también forman parte del ecosistema informativo donde campañas digitales, estructuras de amplificación y financiamiento transnacional para instalar determinadas agendas. Pero este doble estándar no solo debilita cualquier estrategia seria contra la desinformación, sino que la convierte en una herramienta política.

Porque la desinformación se combate con evidencia, consistencia y respeto por la libertad de expresión. Y cuando el poder utiliza el discurso de la desinformación para atacar a la prensa y reorganizar la agenda pública en un contexto adverso, lo que está en juego ya no es solo la calidad de la información, sino las condiciones mismas de la democracia.