La postura de La Rioja, aunque controvertida, se presenta como una defensa de las necesidades básicas de sus ciudadanos, en un contexto donde las políticas de ajuste del gobierno nacional amenazan con agravar la pobreza y la desigualdad que crece en el país. Este contraste refleja la lucha entre dos modelos de gestión de los servicios públicos en Argentina: uno basado en el ajuste fiscal y la reducción del déficit, y otro orientado a la protección social y la equidad regional.

El análisis de las tarifas de servicios en Argentina, especialmente las de electricidad, revela un panorama complejo marcado por disparidades regionales, la eliminación progresiva de subsidios y la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares. En este contexto, la provincia de La Rioja ha adoptado una postura diferenciada frente a las medidas impuestas por el gobierno nacional de Javier Milei, en un intento de mitigar los efectos sociales y económicos de los aumentos tarifarios.

Ajuste tarifario y subsidios en Argentina: Un panorama desigual

Históricamente, tras la crisis de 2001, el gobierno argentino implementó un esquema de subsidios a los servicios públicos como una respuesta a la caída en los ingresos de la población. A lo largo de los años, y pese a la recuperación económica, este esquema no se revisó, lo que resultó en un "atraso tarifario". Esto significa que las tarifas que los consumidores pagaban no reflejaban los costos reales del servicio, generando una carga financiera para el Estado.

Este esquema de tarifas subsidiadas generó una carga fiscal creciente que, con el tiempo. Para el primer trimestre de 2023, los subsidios a la energía representaban el 8,6% de los gastos primarios del Estado, una cifra considerable dentro de un contexto de déficit fiscal y emisión monetaria.

La transición hacia una "normalización" de las tarifas, como la que intentaron los gobiernos desde 2016 y que profundizó la administración de Javier Milei en 2024, ha generado aumentos abruptos, provocando un fuerte impacto en los hogares y en los sectores productivos. 

La administración de Javier Milei aceleró un proceso de eliminación de subsidios a las tarifas de energía, impulsando un ajuste significativo. Este proceso tiene como objetivo que, a fines de 2024, los hogares e industrias paguen el 81% del costo total de la electricidad. Sin embargo, la corrección tarifaria ha impactado duramente en los bolsillos de los argentinos, particularmente debido a la caída del salario real y la inflación. En marzo de 2024, el gasto en electricidad representó el 21% de la canasta básica total (CBT), duplicando el porcentaje de enero del mismo año.

Según un estudio del Instituto de Economía de la UADE, estas medidas tuvieron como resultado la tarifa de electricidad más cara de los últimos 30 años. A pesar de la justificada corrección tarifaria de los servicios públicos, los nuevos valores impactan dentro del gasto de los hogares, a la vez que el poder adquisitivo de los argentinos viene en caída, presionando aún más sobre este fenómeno. este aumento de la participación del gasto de electricidad en el gasto total de los hogares obliga a una reducción del consumo en otros bienes y servicios menos indispensables cuya demanda se ve afectada. 

Desigualdades territoriales en las tarifas

En Argentina, una de las críticas recurrentes es la disparidad en los costos de la electricidad entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país. Un informe reciente de la Usina para el Desarrollo Energético Argentino (UDEA) y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (ADEERA) muestra que los usuarios del AMBA, especialmente aquellos de menores ingresos, pagan tarifas significativamente menores en comparación con el interior del país.

Por ejemplo, un usuario de ingresos altos (Nivel 1) en el AMBA paga en promedio $34.213, mientras que en otras regiones el costo asciende a $58.336. Los usuarios de ingresos medios (Nivel 3) abonan $21.325 en el AMBA y $41.213 en el resto del país.

Esta diferencia en el costo de las tarifas responde, en parte, al esquema de distribución de subsidios y a la falta de una actualización regular de los componentes de distribución en algunas regiones. Las provincias enfrentan mayores costos de transporte y distribución de electricidad, lo que eleva las tarifas para los usuarios finales.

Evolución de los costos y comparativa internacional

Según el informe de UDEA y ADEERA en comparación con otros países de América Latina, Argentina ha mantenido tarifas relativamente bajas, con un fuerte componente subsidiado.:

En Uruguay, los hogares pagan USD 0,37 por kWh. En Brasil, USD 0,24 por kWh y en Chile, USD 0,15 por kWh.

En cambio, en Argentina, los hogares de alto ingreso pagan en promedio USD 0,13 por kWh, mientras que los hogares de ingresos medios y bajos pagan USD 0,07 y USD 0,06, respectivamente. Estas cifras evidencian la intervención estatal en los precios de la electricidad, especialmente para los sectores más vulnerables.

En términos de porcentaje del ingreso destinado al pago de servicios públicos, en febrero de 2024, el gasto en electricidad representó el 3,45% de un salario promedio desestacionalizado del sector formal, el valor más alto de los últimos 30 años. Este aumento es resultado tanto de las subas en las tarifas como de la caída del salario real, lo que refleja una presión creciente sobre los hogares.

La Rioja: un enfoque de protección social

En contraste con el enfoque del gobierno nacional, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tomó la decisión política de anular los aumentos de las tarifas eléctricas en la provincia mediante un decreto. Esto se hizo en respuesta al incremento significativo de entre 400% y 700% en el cuadro tarifario nacional, con algunos rubros como el transporte de energía experimentando incrementos de hasta 3.500%.

Quintela justificó esta medida como una forma de proteger a la población riojana y evitar una crisis económica en los sectores más vulnerables y las industrias locales, afectadas por el elevado costo de la electricidad. Esta decisión no es nueva, ya que durante la pandemia, La Rioja también había congelado las tarifas y evitado cortes de servicio para los usuarios que no podían pagar. La estrategia de Quintela se posiciona como una respuesta directa a la política de ajuste fiscal del gobierno de Milei, la cual ha sido duramente criticada por sectores que defienden una visión de derechos humanos, al considerar que el ajuste tarifario profundiza la inequidad social.

Tensiones entre La Rioja y el gobierno nacional

La decisión de La Rioja de mantener las tarifas congeladas ha generado tensiones con el gobierno de Milei, quien, a través de CAMMESA, la empresa mayorista de energía eléctrica, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que anule el decreto provincial. La situación pone de relieve el conflicto entre una provincia que busca amortiguar los efectos sociales del ajuste y un gobierno nacional que prioriza el sinceramiento de los costos para reducir el déficit fiscal.

Este escenario plantea preguntas sobre el rol del Estado en garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales como la electricidad y sobre el impacto que las políticas de ajuste pueden tener en el bienestar de la población. La disparidad en el costo de la energía entre las distintas regiones del país, y la variabilidad en la implementación de subsidios, revela una fragmentación del sistema energético argentino que, en el contexto de una crisis económica y social, exacerba las tensiones entre provincias y el gobierno central.

Crisis energética y cortes programados

Otro factor preocupante es la calidad del servicio y la capacidad de la red eléctrica para satisfacer la demanda, especialmente durante el verano. 

El gobierno nacional ya ha anticipado que habrá cortes de luz programados durante los meses de mayor demanda en 2025, debido a la falta de inversiones en generación de energía y a las tensiones en el sistema interconectado. Esta situación, agravada por años de desinversión y un atraso tarifario generalizado, pone en riesgo el abastecimiento regular de energía.

 La clave del conflicto reside en el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema energético y la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables de incrementos tarifarios que podrían agravar aún más su situación económica.

El gobierno es el responsable de encontrar soluciones integrales que permitan una transición gradual hacia tarifas realistas sin generar una carga insostenible para la población. e implementar políticas de inversión en infraestructura energética para mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro estable, evitando cortes que afecten aún más a la economía.