Resumen

Falso

No existe evidencia que respalde la idea de que las denuncias falsas sean un problema extendido en Argentina

La narrativa de las "falsas denuncias" no solo carece de fundamentos sólidos, sino que también deslegitima las luchas de miles de mujeres y diversidades que, enfrentando grandes barreras, buscan justicia. En lugar de amplificar la desinformación, es crucial enfocar los esfuerzos en garantizar un acceso efectivo a la justicia y en proteger a las víctimas de violencia de género, quienes son las principales afectadas por la perpetuación de estos mitos.

El debate sobre las "falsas denuncias" ha ganado relevancia en los últimos tiempos en Argentina, especialmente primero a partir de afirmaciones como las realizadas por la vicepresidenta Victoria Villarruel el 9 de septiembre, cuando afirmó en redes sociales que el 7% de las denuncias en el país son falsas, y que estas no tienen consecuencias legales. Y actualmente con el debate en el congreso para incrementar las penas en este delito y sumar como agravante que sean en el marco de denuncias de violencia de género. Aunque al analizar las evidencias y datos disponibles, estas afirmaciones no cuentan con respaldo empírico ni académico, y reflejan una desinformación peligrosa para las victimas de violencia de género y el acceso a la justicia.

En sus declaraciones Villarruel es afirmó que el 7% de denuncias son falsas, una cifra que no está respaldada por ningún estudio oficial ni académico en Argentina. 

un informe del sitio Chequeado publicado en 2022 analizó este tema concluyendo que no existen pruebas que sustenten que las denuncias falsas sean un fenómeno extendido en casos de violencia de género. La mayoría de las investigaciones, tanto en Argentina como en otros países, indican que las denuncias falsas constituyen una proporción ínfima dentro del total de denuncias presentadas.

Por ejemplo, en España según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2009 y 2021, solo el 0,0074% de las denuncias por violencia de género fueron consideradas falsas tras una investigación judicial. Esto representa menos de 8 casos por cada 100.000 denunciasnidos. El estudio de David Lisak y Susan Roth (2010) analizó denuncias de violación en varias jurisdicciones y concluyó que entre el 2% y el 8% de las denuncias eran falsas o mal fundadas, no necesariamente con intención de engaño. Tambión la Fiscalía General del Estado reveló que, en 2021, solo 0.03% de las denuncias de violencia de género resultaron ser falsas.

En Reino Unido la Fiscalía Británica (CPS) informó que solo el 0,6% de las denuncias de violencia sexual o doméstica resultaron ser denuncias falsas, destacando que estas son mucho menos comunes de lo que se percibe. 

Liz Kelly, reconocida investigadora y académica en violencia de género, explica que los casos de falsas denuncias son excepcionales, pero reciben una cobertura mediática desproporcionada. Esto ocurre porque estos casos encajan en narrativas que refuerzan prejuicios de género y deslegitiman a las víctimas reales. En el estudio de Nicole Westmarland sobre la mediatización de la violencia sexual, se muestra cómo los medios tienden a amplificar casos de denuncias falsas, a menudo en detrimento de los informes legítimos de violencia sexual. Westmarland señala que las falsas denuncias generan una narrativa "noticiosa" que refuerza el escepticismo hacia las víctimas. Por su parte Fiona Vera-Gray examina cómo los medios de comunicación seleccionan y amplifican casos de falsas denuncias, creando una falsa equivalencia entre estos casos y los de delitos comprobados. Vera-Gray analiza la manera en que esto contribuye a silenciar a las víctimas reales por temor a no ser creídas. Y podriamos mensionar muchos otros especialistas que señalan un patrón consistente: la cobertura mediática desproporcionada de falsas denuncias refuerza estereotipos que deslegitiman a las víctimas y obstaculizan el acceso a la justicia, a pesar de que la evidencia demuestra que este fenómeno es marginal.

Contrario a lo afirmado por Villarruel, las denuncias falsas sí tienen consecuencias legales en Argentina. El Código Penal Argentino, en su artículo 245, establece sanciones para quienes realicen denuncias falsas, incluyendo penas de prisión. Además, la Ley de Abuso de Autoridad también contempla acciones legales contra quienes formulen acusaciones sin fundamento, con el fin de proteger la integridad del sistema judicial.

Por lo tanto, es incorrecto afirmar que las personas que presentan denuncias falsas no enfrentan consecuencias legales. Las herramientas legales existen y pueden aplicarse en casos en que se demuestre que una denuncia carece de sustento. Sin embargo, los casos probados de denuncias falsas son extraordinariamente raros.

En nuestro país existe jurisprudencia sobre este delito como la reciente sentencia absolutoria del caso Kawaleski en La Rioja. En la página de Sistema Argentino de Información Juridica figuran 225 resultados al buscar sentencias de falsas denunicas, desde 1953 hasta la fecha, de las cuales 6 resultados citan a la absolución de Kawaleski. Y es importante distinguir la diferencia entre este delito y la impunidad de delitos sin condenas. Las denuncias archivadas, sobreseidas o en curso no son certeza de mala fe procesal, y al igual que todo delito estas deben presentarse y probarse ante la justicia para obtener condena. 

Por ejemplo, en La Rioja fue noticia un caso donde una mujer denunció a un reconocido cantante y la justicia pudo determinar que la denunciante enviaba mensajes amenazantes a si misma desde una cuenta falsa a nombre del denunciado.  Casos como estos contienen evidencia de la mala fe procesal requerida para configurar el delito de falsa denuncia.  No así casos como Pioli o el de Juan Darthes que a pesar de que los denunciados acusaban a sus victimas de haberles realizado falsas denuncias, los elementos probatorios fueron suficientes como para que existieran condenas, aún así las campañas de desinformación de género operaron en estos casos ejerciendo una condena social sobre las victimas calumniadas con este delito. 

Un aspecto que frecuentemente se ignora en el debate sobre las denuncias falsas es la dificultad que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia en casos de violencia de género. Según el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, en los primeros ocho meses de 2024, hubo 194 víctimas fatales de violencia de género en Argentina, de las cuales solo 27 habían realizado denuncias previas. Esto pone en evidencia el subregistro que persiste debido a barreras sociales, económicas y estructurales que impiden a las víctimas acceder a protección y justicia.

El informe también revela que el 56% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y que el 60% de los femicidios ocurrieron en el hogar, lo que indica que el entorno doméstico sigue siendo uno de los espacios más peligrosos para las mujeres en situación de violencia. En este contexto, poner el foco en las "falsas denuncias" desvía la atención de la verdadera urgencia: la falta de acceso a la justicia y la revictimización de quienes se atreven a denunciar.

Según datos del Ministerio Público Fiscal el 70% de los casos de abuso sexual denunciados en Argentina tienen como victimario a un familiar cercano (padres, padrastros, tíos, abuelos, etc.). Se estima que existe un subregistro porque solo 1 de cada 10 casos de abuso sexual en contextos familiares se denuncia.

Según un informe del Ministerio Público Fiscal (2022) De todas las denuncias de abuso sexual infantil, menos del 30% llegan a juicio, y solo entre el 10% y 15% de los casos denunciados resultan en condenas firmes. Un informe de El Sistema de Información Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indica que en 2021 hubo más de 20,000 denuncias de delitos contra la integridad sexual, y cerca del 50% de estas denuncias involucraron a menores de edad. Sin embargo, no todas se tradujeron en condenas efectivas.

Un informe de EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense, 2019),  encontró que 8 de cada 10 víctimas no relatan el abuso en el momento en que ocurre. Según un estudio de Elliott, Browne y Kilcoyne (1995), el 60%-70% de las víctimas de abuso sexual infantil no revelan lo ocurrido hasta la adultez y que en casos intrafamiliares, el retraso es mayor debido a la cercanía con el agresor y la dinámica de poder. En este mismo sentido, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina (2023) señala que en casos intrafamiliares, el retraso en la denuncia es común debido a las dinámicas de dependencia económica y emocional con el agresor. La presión social y familiar complica a las víctimas ya que suelen enfrentar intimidación o aislamiento para evitar que denuncien.  En numerosos casos, las víctimas tardan años en denunciar debido al trauma asociado.

En un informe de UNICEF (2022) sobre violencia contra niñas y adolescentes en América Latina, se reportó que casi el 80% de los casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del entorno familiar o cercano. Más del 90% de las víctimas son mujeres jóvenes o niñas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indica que el abuso sexual intrafamiliar es un patrón recurrente de control y violencia de género en las dinámicas patriarcales, perpetuado por la impunidad judicial en muchos países de la región.

En casos de abuso sexual intrafamiliar, las falsas denuncias son excepcionales. Según el informe de la Asociación Internacional de Psicología Forense (2018) solo el 2%-5% de las denuncias de abuso sexual son consideradas falsas. En el ámbito intrafamiliar, estas cifras tienden a ser incluso menores debido a la complejidad de probar el delito y las dinámicas de poder involucradas. 

Estudios en Argentina (Defensorías de Niños y Niñas) también destacan que en los casos de disputas familiares (como separaciones o custodias), las denuncias falsas son extremadamente raras, aunque este argumento se utiliza con frecuencia como estrategia de defensa en los procesos judiciales.

Una narrativa recurrente en estos debates es la apelación al inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), utilizado en algunos procesos judiciales para desestimar denuncias de abuso sexual en la infancia y forzar la revinculación de niños con sus abusadores. El SAP, sin embargo, no cuenta con aval científico y ha sido rechazado por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones profesionales. A pesar de ello, su uso persiste en los tribunales, afectando gravemente los derechos de las víctimas y perpetuando situaciones de abuso.