Este 10 de junio de 2025 quedará marcado como una fecha de inflexión institucional en la historia argentina. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner, sellando no solo la proscripción política de una dirigente electa y reelecta por el voto popular, sino también un precedente gravísimo: la validación de un juicio penal plagado de irregularidades, con serias vulneraciones al debido proceso, la imparcialidad judicial y el derecho a defensa.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de queja presentado por la defensa de CFK, que había solicitado la revisión de un juicio viciado desde su origen. Entre las anomalías señaladas:

Falta de imparcialidad de los jueces y fiscales, con vínculos personales y políticos con el expresidente Mauricio Macri, como encuentros en la Quinta de Olivos, partidos de fútbol y visitas institucionales no declaradas.

Ausencia de pruebas periciales clave. La acusación sostuvo que se pagaron obras no construidas o con sobreprecios, pero no existieron peritajes válidos ni comparación con otras provincias.

Hechos y elementos probatorios incorporados fuera del debate oral, como chats del celular de José López o el decreto 54/2009, sin que Cristina pudiera defenderse en juicio de esos elementos

Violación del principio de culpabilidad, ya que todos los testigos, incluso los propuestos por la fiscalía, afirmaron que la expresidenta no dio órdenes para beneficiar a ningún empresario. Todo esto fue ignorado por la Corte.

 Proscripción por vía judicial

La condena implica la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dejando sin efecto la posibilidad de que CFK sea candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección Electoral. No es una decisión menor. Significa que, en Argentina, una dirigente con millones de votos puede ser excluida de la competencia democrática mediante una sentencia judicial plagada de arbitrariedades.

 ¿Por qué es tan grave lo que pasó hoy?

Porque la Corte, al negarse a revisar el expediente, no solo consagra la impunidad judicial, sino que rompe las garantías mínimas que protegen a toda persona acusada: El derecho a un juicio justo, el principio de inocencia, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley.

El fallo de hoy convierte al Poder Judicial en un actor político que decide quién puede o no competir. No se trata de impunidad ni de fueros. Se trata de que ningún ciudadano puede ser juzgado sin pruebas, sin defensa y sin un tribunal imparcial. Eso ya no es justicia: es castigo.

Un camino internacional

La defensa de Cristina Kirchner ya anunció que recurrirá a los tribunales internacionales. El artículo 366 del Código Procesal Penal Federal permite revisar sentencias firmes si hay una decisión favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso llevará tiempo.

Mientras tanto, la democracia argentina queda herida, porque el fallo no es jurídico: es político. Y se usó al Poder Judicial para sacar a una figura incómoda del tablero electoral.

Hoy es Cristina. Mañana puede ser cualquiera.

Cuando el Poder Judicial se convierte en herramienta de disciplinamiento político, toda la ciudadanía queda en riesgo. Hoy fue contra Cristina Kirchner. Pero el mensaje es claro: cualquier dirigente que desafíe al poder económico, mediático o corporativo puede ser perseguido, silenciado y proscripto.

No hay democracia plena sin justicia independiente. Denunciar el lawfare no es defender a una persona: es defender el derecho de todos y todas a vivir en un país donde la ley no sea un arma, sino una garantía.

Hoy más que nunca, tenemos que estar alertas, informades y organizades. Porque si naturalizamos las proscripciones judiciales, perdemos el derecho a elegir. Y sin ese derecho, la democracia ya no existe: solo queda la fachada.

La democracia no puede sostenerse si las reglas del juego cambian según quién esté en el banquillo.