La periodista Manuela Calvo y su familia atraviesan una grave situación de persecución judicial, mediática e institucional sostenida desde hace más de tres años. Este hostigamiento ha escalado de manera alarmante, culminando en un intento de privación ilegítima de la libertad de su hijo en mayo de 2025 por parte de efectivos policiales no identificados. A más de diez días del hecho, aún no se conoce la identidad de los oficiales involucrados, quienes procedieron sin informar los motivos de la demora, ni portar identificación visible, lo cual constituye una violación de garantías constitucionales básicas.

Durante el operativo, el DNI del joven fue retenido y negado por los agentes, quienes posteriormente enviaron desde su celular fotos del mismo sin brindar explicación. El accionar ilegal fue precedido por amenazas explícitas y publicaciones maliciosas en redes sociales, incluyendo una del dirigente de La Libertad Avanza Javier Ruiz, quien cinco días antes de los hechos difundió el nombre, apellido e imagen del hijo de Calvo junto con información falsa.

Es particularmente relevante que en enero de 2025, la periodista Nadia Araya, quien sostiene desde 2022 una campaña de difamación contra Calvo, expresó directamente: "ya vas a ver lo que le va a pasar a tu hijo si vos seguís así". Esta amenaza fue emitida en un contexto de hostigamiento público durante una cobertura en el juzgado penal, y se concretó simbólicamente cuatro meses después con el operativo ilegal que sufrió su hijo, luego de días de una publicación maliciosa que contenia la misma información falsa que Araya menciono el día que esbozó dicha amenaza. 

El 16 de mayo de 2025, dicha información falsa fue publicada por la periodista Nadia Araya, estando publicada unas horas, que luego la borró y subio un ataque a otras personas del entorno de Calvo. Luego, el 24 de mayo, el dirigente de La Libertad Avanza, Javier Ruiz, compartió en redes sociales una imagen con nombre y apellido del hijo de Calvo, junto a una publicación difamatoria. Ruiz —inhabilitado para asumir como concejal por falta de idoneidad moral debido a causas de violencia familiar— ya había injuriado públicamente a Calvo por acompañar a víctimas en causas de violencia de género, incluida una denuncia que lo involucra a él mismo.

Posterior al hecho, medios y páginas afines al espacio libertario difundieron videos del operativo fuera de contexto, tergiversando lo sucedido y legitimando el accionar ilegal. Periodistas trataron de instalar que los motivos de la información falsa divulgada previamente, habia sido la razón de la violencia institucional padecida. 

Las publicaciones sin contexto o distorsivas de la situación tuvieron mucho alcande, y esto derivó en una nueva ola de violencia digital con mensajes que celebraban el accionar policial y promovían expresamente el asesinato de Calvo y su hijo. Algunas publicaciones hicieron apología del terrorismo de Estado, mencionando vuelos de la muerte y solicitando que ambos sean disciplinados por la fuerza.

Este hecho no puede considerarse aislado. La violencia contra Manuela Calvo y su familia es parte de un entramado sistemático que involucra a actores del poder judicial, político y mediático. Desde febrero de 2022, cuando fue censurada judicialmente por un tráiler de un corto de animación de ficción en el marco de su investigación sobre revinculaciones forzosas de infancias que relatan abusos sexuales intrafamiliares, Calvo ha sufrido múltiples imputaciones infundadas, allanamientos, robos de herramientas de trabajo y una campaña permanente de difamación encabezada por Emilio Pagotto y su entorno. Este abogado, sobrino del senador Juan Carlos Pagotto, promovió la censura inicial y ha participado activamente en la criminalización de la labor periodística de Calvo a través de medios de comunicación locales.

La periodista Araya, parte del entorno de Pagotto, ha jugado un rol clave en la difusión sistemática de información falsa y discursos estigmatizantes sobre Calvo. Sus publicaciones, invariablemente sesgadas y hostiles, han contribuido a instalar una narrativa criminalizante contra la periodista y sus entornos de trabajo, incluso involucrando a su hijo.

La persistencia de esta violencia institucional, mediática y judicial pone en evidencia la falta de protección por parte del Estado argentino, que no ha garantizado a Calvo ni a su familia el derecho a ejercer la libertad de expresión, el acceso a la justicia, ni a mecanismos de protección frente a amenazas y campañas de hostigamiento. La impunidad de los actores involucrados —incluidos funcionarios, abogados y periodistas— consolida un marco de permisividad que alienta nuevos ataques y expone a la víctima a un riesgo creciente.

Es urgente que los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, tomen intervención ante este caso que reúne todos los elementos de una persecución sistemática con graves consecuencias psicológicas, laborales y sociales para la periodista y su familia. La falta de límites institucionales a estos abusos no solo vulnera los derechos de Calvo, sino que sienta un precedente alarmante para la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo de investigación en contextos hostiles.

El Estado, responsable por acción u omisión

Artículo 18 de la Constitución Nacional: ninguna persona puede ser arrestada sin orden escrita de autoridad competente.

Ley 24.059 de Seguridad Interior: exige identificación y registro del personal interviniente en cualquier procedimiento policial.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7 y 13): prohíbe las detenciones arbitrarias y garantiza el derecho a la libertad de expresión sin represalias.

Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres: obliga al Estado a prevenir y sancionar la violencia simbólica e institucional.

La omisión de acción por parte del Estado constituye una forma indirecta de complicidad con estas violencias, al no garantizar ni el derecho a la libertad personal del hijo de la periodista, ni su seguridad como mujer, trabajadora de prensa y defensora de derechos humanos.