Gino Visconti emitió información falsa sobre la curtiembre de Nonogasta siendo su madre, Daniela Herrera, la abogada de un centenar de trabajadores de la curtiembre abandonada en pandemia. A pesar de tener acceso de primera mano sobre los expedientes que muestran que el conflicto laboral comenzó previo a la expropiación, el diputado libertario invierte la cronología del conflicto para presentar la intervención estatal como la causa de una pérdida de empleos sabiendo que esto se había producido previamente por el abandono de la empresa extranjera. Al hacerlo, desinforma sobre quiénes y qué decisiones dejaron a los trabajadores reclamando por sus derechos.

El diputado de La Libertad Avanza, difunde esta información falsa en el marco de la defensa de la propiedad privada y la limitación de la intervención estatal en el centro de su programa económico. Recientemente, el Gobierno de Javier Milei impulsó en el Congreso un proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluye modificaciones al régimen nacional de expropiaciones. El propio Milei sostuvo que el respeto al derecho de propiedad es condición para el crecimiento y presentó la reforma como una forma de reforzar la protección de dicha propiedad privada. Desde esa perspectiva, Visconti utiliza un caso concreto de La Rioja para discutir los límites de la expropiación, pero el problema central del reel no está en cuestionar una expropiación como política pública ni en advertir que existen trabajadores que todavía reclaman el pago de créditos laborales, sino miente que una expropiación dejó a trabajadores sin empleo cuando en realidad permitió una parcial restitución de las fuentes laborales perdidas previamente. 

La expropiación no dejó a los trabajadores sin empleo

Visconti presenta el caso como una historia en la que una expropiación produjo el desempleo de más de un centenar de familias, pero la documentación oficial disponible muestra una secuencia diferente. El proyecto de expropiación enviado por el Poder Ejecutivo de La Rioja a la Legislatura señala que Curtume CBR había dejado de funcionar en junio de 2020 y que, a partir de ese momento, 775 trabajadores habían quedado sin percibir sus remuneraciones y sin su fuente de trabajo. El mismo proyecto fundamenta la expropiación en la necesidad de recuperar la actividad industrial y los puestos de trabajo. La Ley 10.411 fue sancionada el 30 de septiembre de 2021. Su artículo 3 estableció que los bienes expropiados serían incorporados al patrimonio provincial con el objetivo de destinarlos a la “reactivación y puesta en funcionamiento” de la actividad productiva. En noviembre de ese año la Provincia tomó posesión de la planta. El objetivo expresamente declarado era evitar el desguace, conservar la unidad productiva y conseguir un inversor que retomara la producción.

La empresa expropiada retomó el proceso productivo en 2022 en menor escala contratando a empleados de la ex Curtume CBR. La explotación fue asumida por un grupo privado encabezado por Oscar Ghezzi, a través de Buenos Ayres Management S.A., y figura habilitado por SENASA como “Curtiembre La Rioja de Buenos Ayres Management S.A.”, matrícula 5494, para preparación de cueros curtidos. Por lo tanto, afirmar que “la expropiación dejó a los trabajadores en la calle” oculta que la política de expropiación logró restituir parcialmente esa pérdida laboral. Pero como esos datos de la realidad a Gino no le sirven, inventa otra en base a la situación de los trabajadores representados por su mamá. 

El problema laboral existe 

La Ley 10.411 declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación de urgencia los inmuebles de Curtume CBR en el departamento Chilecito, además de los bienes muebles, maquinarias, herramientas, materias primas y productos existentes en los predios utilizados para la actividad industrial. La norma también estableció que, al momento de pagar el monto expropiatorio, éste debía compensarse hasta donde correspondiera con las acreencias que el Estado provincial tuviera contra Curtume. Además, el proceso expropiatorio no quedó completamente agotado en 2021. En 2025 y 2026 la Provincia continuó tramitando la expropiación de determinados vehículos y maquinarias comprendidos en la Ley 10.411. El Boletín Oficial provincial publicó edictos sobre esa continuidad del procedimiento.

El conflicto real está en la situación de los trabajadores que tienen créditos laborales contra Curtume. Existen expedientes laborales y, paralelamente, un expediente de expropiación en el que aparecen terceros acreedores interesados. El Banco Galicia inició en 2022 un expediente de solicitud de quiebra contra Curtume CBR. En la Justicia de La Rioja además del expediente “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Curtume CBR S.A. – Solicita Quiebra”, existen sentencias laborales firmes y medidas de embargo sobre fondos vinculados con la indemnización que Curtume debía recibir por la expropiación.

Pero todavía hoy hay trabajadores que buscan cobrar créditos laborales, acreedores financieros que buscan cobrar sus créditos y una empresa expropiada que es simultáneamente deudora y acreedora en distintos procesos. Reducir esa disputa a “expropiación versus trabajadores” deja afuera una parte sustancial de la historia.

Cuando la fábrica fue abandonada, casi 800 familias se vieron afectadas. Alrededor de cien trabajadores representados por la madre de Visconti ganaron juicios laborales contra Curtume, cuentan con sentencia favorable y habían conseguido embargar fondos vinculados a la expropiación, pero todavía no habían percibido ese dinero y la declaración de quiebra modifica el escenario de cobro de los acreedores. Esto  no elimina automáticamente los créditos laborales como asegura Visconti, ya que la Ley de Concursos y Quiebras reconoce privilegios específicos para determinados créditos laborales. La existencia y extensión concreta de esos privilegios, y su relación con los bienes y fondos involucrados, deberá determinarse dentro del proceso concursal y ese proceso todavía no terminó. El plazo para verificar créditos fue fijado para el 15 de septiembre de 2026. Por eso, asegurar que los trabajadores quedaron definitivamente “sin nada” es prematuro, sobre todo sabiendo que existen fondos embargados. 

El contexto que el relato de Visconti omite

La planta de Nonogasta fue originalmente parte del Grupo Yoma, cuya principal accionista era la familia política de Carlos Menem y cuya conducción estaba encabezada por Emir Yoma. La empresa ingresó en concurso preventivo en 1998 con deudas importantes con los bancos Nación, Provincia y Ciudad. En 2005 la Justicia separó a la familia Yoma de la administración y en febrero de 2007 se decretó la quiebra. Durante el gobierno de Carlos Menem, la empresa recibió créditos de bancos oficiales y posteriormente se investigaron judicialmente presuntas irregularidades vinculadas con esos créditos. La causa incluyó al propio Menem y a exdirectivos de la empresa. Después de la quiebra, la planta fue adjudicada en 2008 a la brasileña Curtume Muçun, integrante del grupo Bom Retiro, por US$6 millones, con un compromiso de inversión adicional de US$24 millones. En ese momento se anunció que inicialmente se incorporarán alrededor de 700 trabajadores. El discurso de Visconti presenta el conflicto actual como si comenzara con la expropiación, cuando en realidad, la curtiembre atravesó antes un concurso, una quiebra, cambio de propietarios, distintas promesas de inversión y sucesivas crisis laborales antes de que en 2021 Quintela decidiera expropiar la curtiembre abandonada.

Visconti fue electo prometiendo “liberar a la provincia del quintelismo” y su crítica a las expropiaciones es parte de la agenda del oficialismo libertario ya que lo que queda de la  “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” aún requiere la aprobación en diputados. Por eso, Visconti lo usa el caso Nonogasta como pieza de la disputa ideológica entre dos modelos de Estado. De un lado, un Estado provincial que reivindica la intervención directa sobre una unidad productiva abandonada en nombre del empleo y la utilidad pública, del otro, un espacio libertario que advierte que la expropiación puede convertirse en una vulneración del derecho de propiedad y de inseguridad jurídica. El problema central es qué ocurre con las personas cuando una empresa privada abandona una actividad de la que depende una comunidad entera y qué obligaciones tienen el Estado y los propietarios frente a esa situación. En Nonogasta, el Estado decidió intervenir en el 2021 porque cientos de trabajadores ya estaban sin empleo. Esa intervención puede ser cuestionada por su eficiencia, su costo, su legalidad o sus resultados, pero reescribir la cronología para mentir que las expropiaciones son causales de desempleo engaña a la población para ocultar que este tipo de intervenciones justamente existen y se ejecutan para recuperar parte de lo perdido, como efectivamente sucedió.