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Huerfanos por femicidio

cuando las infancias crecen en ambitos de violencia de género

por Manuela Calvo

El llamado de auxilio no lo hizo un niño. En una casa del barrio Francisco Primero de la ciudad de La Rioja, uno de los hijos de Jessica Mercado salió a buscar ayuda después de lo que había ocurrido dentro de su hogar. Tenía 34 años y fue encontrada sin vida en su vivienda. El difunto femicida, Miguel Ruarte, llegó sin vida al hospital tras suicidarse. Mientras peritos y policías intentan reconstruir qué sucedió dentro de esa casa, tres chicos comienzan a atravesar una realidad que se repite en cientos de hogares argentinos, la orfandad del machismo extremo y la desprotección por inacción del sistema judicial. 

Detrás de cada caso de violencia de género existe una dimensión que muchas veces queda fuera del foco de atención, las infancias que sobreviven a la violencia. En Argentina, cientos de niñas, niños y adolescentes quedan cada año sin su madre como consecuencia de estos crímenes. Según registros de organizaciones y del sistema judicial, miles de chicos han quedado huérfanos en las últimas décadas como resultado de femicidios. La mayoría presenciaron episodios de violencia dentro del hogar, muchos vivían en entornos marcados por el miedo y el control, y todos deberán reconstruir su vida en familias atravesadas por el trauma.

Las estadísticas muestran que los femicidios no solo producen víctimas directas. En Argentina, cada asesinato de una mujer deja en promedio entre uno y dos hijos que quedan sin madre, lo que transforma la violencia de género también en una crisis de derechos de la infancia.

La orfandad del machismo extremo

Cada femicidio deja al menos una víctima directa, pero también deja hijos e hijas que deberán crecer atravesados por la pérdida y por el trauma de la violencia. En Argentina, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina documentó que entre 2017 y 2024 al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes estaban a cargo de mujeres asesinadas por violencia de género. Solo en 2024, por ejemplo, al menos 204 hijos menores de edad quedaron sin su madre como consecuencia de femicidios en el país.

El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de la organización La Casa del Encuentro, que desde 2008 realiza un seguimiento sistemático de estos crímenes, advierte que cada año cientos de chicos pierden a su madre por violencia de género y que la mayoría de los agresores son parejas o exparejas de las víctimas. En muchos casos, además, el crimen ocurre dentro de la propia vivienda. Además, registran los femicidios vinculados, o sea, victimas fatales que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego”, así como personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad.

Las investigaciones sobre el tema muestran que el impacto sobre las infancias es profundo y duradero. Especialistas que trabajan con víctimas de violencia de género señalan que en más del 90% de los casos los niños estuvieron presentes en el lugar del hecho o en el entorno inmediato donde ocurrió la violencia, lo que deja secuelas psicológicas que pueden acompañarlos durante toda la vida. Muchos de ellos presencian episodios de maltrato durante años antes del asesinato, crecen en hogares atravesados por el miedo y el control, y luego deben reconstruir su vida en familias ampliadas o bajo la tutela del sistema de protección estatal.

Para intentar responder a esta problemática, en 2018 Argentina sancionó la Ley Brisa (27.452), que reconoce el derecho de los hijos e hijas de víctimas de femicidio a recibir una reparación económica mensual equivalente a una jubilación mínima y cobertura de salud integral. La norma fue creada justamente para reconocer que estos niños y niñas son víctimas directas de la violencia de género. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que el acceso a esta reparación muchas veces se demora por trámites judiciales y administrativos, lo que prolonga situaciones de vulnerabilidad para las familias que deben hacerse cargo de los menores.

La invisibilización

Cuando el femicida se suicida o fallece, el proceso penal suele extinguirse y la investigación pierde visibilidad pública. En esos casos no hay juicio ni condena que mantenga el caso en la agenda social, y muchas veces las historias desaparecen rápidamente de los titulares. Sin embargo, para los hijos e hijas de las víctimas la historia recién empieza. Deben enfrentar cambios abruptos en su vida cotidiana, mudanzas, separaciones entre hermanos y dificultades económicas en las familias que se hacen cargo de su crianza.

En las marchas feministas es habitual que se lea en voz alta la extensa lista de mujeres asesinadas por violencia de género. Esa práctica responde a una convicción política que atraviesa al movimiento, lo que no se nombra no existe. Nombrar a cada víctima es una forma de impedir que los femicidios se diluyan en estadísticas o desaparezcan cuando la noticia deja de ocupar titulares. Muchas veces no hay procesos judiciales o estos se extinguen, se dilatan durante años o ni siquiera llegan a juicio y en esos casos el riesgo de que el crimen quede en el olvido es aún mayor. La lectura colectiva de los nombres funciona entonces como un acto de memoria y de denuncia, restituye la identidad de las víctimas, recuerda que cada una tenía una vida, una historia y una familia. En ese sentido, la enumeración pública no es solo un homenaje, sino una forma de resistencia frente al silencio social que muchas veces rodea a la violencia de género o la niega.

En La Rioja podemos nombrar varios casos sin juicio ni condena que desaparecieron del debate social, Marisa Vega, Evangelina Romero, Jessica Oviedo, Verónica Brizuela, Noelia Albornoz,  Luisa Soledad Aguirre y María Laura Vega en recuerdan que, aunque los casos dejen de ocupar titulares, las consecuencias permanecen en sus familias.

Hoy, mientras la investigación intenta determinar qué ocurrió dentro de la vivienda de Jessica Mercado en el barrio Francisco Primero, tres chicos comienzan a transitar una realidad que se repite en cientos de hogares del país, crecer sin su madre y con el recuerdo de la violencia que la mató. Porque los femicidios no terminan cuando se cierra una causa judicial o cuando la noticia deja de ocupar los titulares. Continúan durante años en las vidas de quienes sobreviven a la violencia.