Incitación a la violencia colectiva

La denuncia penal presentada contra el gobernador de La Rioja por sus declaraciones sobre la situación nacional disparó un debates que no se limitan a una frase ni a un dirigente. La discusión de fondo es cómo se evalúan las declaraciones políticas que aluden a la continuidad de gobiernos democráticamente electos. En este escenario existen reiterados pedidos formales de juicio político contra el presidente Javier Milei, antecedentes registrados en la provincia de La Rioja de acciones que apuntan a la finalización anticipada mandato de su gobernador electo, y una colección de declaraciones polemicas del primer mandatario por su explicita violencia contra diversos sectores de la sociedad, ya sean opositores, periodistas o niños con discapacidad, nada parece frenar la incitación a la violencia de la maxima figura nacional abusando del poder que le confiere la representatividad popular. 

Legitimanción del mandato de Milei

Antes de las declaraciones de Quintela ya existian más de un centenar de denuncias penales presentadas en la Justicia federal argentina contra Javier Milei en distintos expedientes y se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación múltiples proyectos de juicio político contra el actual presidente. Estos expedientes figuran en el registro oficial de la Comisión de Juicio Político y fueron ingresados conforme al procedimiento previsto en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional. Entre los proyectos registrados spodemos mencionar 7855-D-2024, 7870-D-2024, 7905-D-2024, 0156-D-2025, 1431-D-2025, 1724-D-2025 y 7236-D-2025, entre otros. Todos promueven el inicio del proceso constitucional por presunto mal desempeño o eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.

Además de estas iniciativas formales, se presentaron escritos firmados por juristas y referentes de la vida pública solicitando que el Congreso evalúe la responsabilidad política del Poder Ejecutivo ante diversas acciones de gobierno popularmente repudiadas, así como campañas ciudadanas que reunieron adhesiones públicas en el mismo sentido. Estos antecedentes confirman que la discusión sobre el desempeño presidencial no es exclusivamente mediática ni discursiva, está formalmente planteada dentro de los mecanismos constitucionales previstos por el sistema republica.  

Además el presidente no solo ha sido denunciado por sus declaraciones y por acciones del gobierno a su cargo, tambien enfrenta figuras como estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos vinculados al funcionamiento del mercado financiero tanto en nuestro país como en el exterior. También es parte de otras investigaciones judiciales vinculadas a presuntas irregularidades administrativas en causas que se encuentran en distintas etapas procesales.

Doble vara moral

El conflicto abierto a partir de las declaraciones de Ricardo Quintela permite observar algo más amplio que un cruce entre dirigentes, esto revela cómo el sistema político argentino interpreta y trata de manera diferente las declaraciones públicas según quién las emita, en qué contexto y con qué correlación de poder.

En la Argentina democrática, el discurso político goza de una protección muy amplia. La Corte Suprema y la jurisprudencia interamericana han establecido que sólo puede criminalizarse cuando existe incitación directa a la violencia o a la comisión de delitos. Bajo ese estándar, tanto las declaraciones de Javier Milei como las de Ricardo Quintela se ubican, en principio, dentro del terreno de la expresión política protegida. Sin embargo, la reacción institucional frente a uno y otro caso ha sido distinta.

El  discurso público del presidente Javier Milei se ha caracterizado por un alto nivel de confrontación verbal contra adversarios políticos, periodistas, sectores sociales y el propio Estado. Expresiones como “zurdos van a correr”, "zurdos tiemblen, los vamos a ir a buscar", "el topo que vino a destruir el Estado por dentro", la caracterización del Estado como “organización criminal”, el ataque sistematico a la libertad de prensa, la descalificación sistemática de opositores o la advertencia de que el gobierno nacional podría “fundir a las provincias”, formaron parte de su retórica política desde la campaña y durante su presidencia. Estas declaraciones, registradas en actos públicos, entrevistas y redes sociales, generaron debate político, mediático y académico sobre el impacto institucional del lenguaje presidencial, pero esta tan naturalizado que no escandaliza a quienes hoy se ven conmocionados por las palabras del gobernador riojano. 

El escenario actual expone una tensión profunda en la vida democrática: mientras ciertas declaraciones políticas son rápidamente judicializadas bajo figuras como intimidación pública o incitación al desorden, otros discursos sistemáticos de estigmatización y hostilidad contra sectores sociales permanecen naturalizados dentro del debate público e incluso legitimados desde espacios de poder.

Existe una asimetría en la forma en que el sistema político y mediático define qué palabras son consideradas peligrosas para la institucionalidad y cuáles son toleradas o amplificadas como parte de la confrontación política.

Incitación al odio colectivo

La incitación al odio colectivo en términos políticos y sociales, se configura cuando un discurso deshumaniza a un grupo social o político, lo presenta como enemigo interno o amenaza, lo responsabiliza de los problemas estructurales del país, legitima su hostigamiento o exclusión, 
o promueve simbólicamente su persecución. Esto no siempre implica un llamado explícito a la violencia física. De hecho, su forma más efectiva suele ser gradual y sistemática, una construcción discursiva que instala la idea de que ciertos sectores son descartables, peligrosos o indignos de derechos plenos.

En ese proceso, el lenguaje político juega un rol central. Cuando desde posiciones de poder se repiten descalificaciones contra periodistas, opositores, organizaciones sociales, minorías o colectivos específicos, se genera un clima de legitimación simbólica de la agresión. Ese clima luego se replica en redes sociales, en militancias digitales y en espacios de discusión pública.

Discursos son peligrosos

Los discursos de odio sistemáticos tienen efectos políticos e institucionales concretos. Cuando se deshumaniza al adversario, el otro deja de ser un adversario político y pasa a ser un enemigo moral o social, el diálogo democrático se vuelve casi imposible. Si determinados grupos son presentados como parásitos, enemigos o amenazas, se vuelve más fácil justificar su hostigamiento o exclusión. Así es como se legitima la violencia simbólica y material. La discusión pública se llena de agravios y pierde contenido degradando todo debate público. En lugar de discutir políticas, se discute la legitimidad de las personas. Y cuando el discurso agresivo proviene de las máximas autoridades, se reproduce rápidamente en seguidores, dirigentes intermedios y comunicadores afines. La violencia verbal se vuelve norma. Todo esto erosiona la confianza institucional, por ende la democracia, que el lenguaje político cargado de hostilidad permanente se vuelve menos creíble y más frágil.

La paradoja actual

En este contexto, mientras algunas declaraciones políticas son interpretadas como potencialmente desestabilizadoras, la circulación cotidiana de discursos de hostilidad contra distintos sectores sociales se integra al paisaje habitual del debate público. El problema no es la existencia de conflicto político, sino la falta de criterios consistentes para evaluar el impacto de las palabras en la convivencia democrática. Si se considera que una advertencia política puede afectar la estabilidad institucional, también debería analizarse el efecto acumulativo de discursos que degradan, estigmatizan o deshumanizan a sectores enteros de la sociedad.

Cuando el discurso de confrontación extrema se emite desde espacios de alta visibilidad institucional, su impacto se multiplica. No se trata solo de libertad de expresión individual, el lenguaje de quienes ejercen el poder contribuye a fijar los límites de lo aceptable en la conversación pública. Si la infraestructura comunicacional del oficialismo reproduce de manera sistemática descalificaciones hacia opositores, periodistas o grupos sociales, se consolida un ecosistema discursivo donde la agresión se vuelve norma. Ese ecosistema es la base de un deterioro progresivo del clima democrático.

Contra los mandatos populares

El contraste se vuelve más significativo cuando se observan los antecedentes registrados en la provincia de La Rioja donde existieron declaraciones públicas de distintos actores políticos oficialistas que cuestionaron la continuidad del gobierno provincial o promocionaron la posibilidad de una intervención federal. Algunas de esas expresiones se produjeron en simultáneo con protestas frente a la Casa de Gobierno, con conflicto policial incluido, episodios de alta tensión institucional en una provincia desfinanciada, donde hasta incluso existieron acciones frustradas de intento de toma de casa de gobierno.

A pesar de la existencia de esas declaraciones en un contexto de acciones concretas de protesta, no se registraron imputaciones penales equivalentes por el contenido de esos discursos, y mucho menos represión policial a esas movilizaciones. En cambio, las declaraciones del gobernador riojano sobre la situación nacional que preocupa a millones, formuladas sin un correlato de acciones materiales orientadas a interrumpir el mandato presidencial, sí fueron objeto de criminalización y desacreditación de lo que se advierte en este panorama de crisis. 

El contraste entre los que Milei y Quintela nmuestra que la cuestión de fondo no es quién dijo qué, sino cómo se decide cuándo una frase es parte del debate político y cuándo se convierte en materia judicial. En una democracia con alto nivel de confrontación verbal, el desafío institucional consiste en preservar la libertad de expresión política sin convertir el derecho penal en un instrumento selectivo de la disputa partidaria.