La reciente transmisión en vivo del frente del domicilio del juez Ana, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, no es un hecho menor ni un simple exceso periodístico. Se trata de un acto de hostigamiento simbólico y mediático enmarcado en una estrategia de presión institucional con impactos directos sobre una causa de abuso sexual intrafamiliar, donde la víctima es una niña y el condenado, un hombre cercano al entorno de Emilio Pagotto.

Nadia Araya realizó un vivo de 2 horas en la puerta de la casa del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Juez Claudio Ana, con el argumento de buscar una nota con el abogado David Calipo que supuestamente estaba en el interior del domicilio. Calipo es representante legal de la madre de una victima de abuso sexual en la infancia nieta del Juez Ana, cuyo agresor condenado es representado por Emilio Pagotto. En este marco Pagotto pide juicio politico de Ana por haber votado en un fallo de casación, donde la parte representada por Calipo resultó beneficiada. Pagotto acusa publicamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de haber favorecido a su entorno personal, y de haber hostigado a otros funcionarios y funcionarias de la justicia para hacerlo. Lo que Pagotto omite es que el abogado que cuestiona consiguio la condena por abuso sexual agravado contra su representado y que además es la querella del caso Chade, un pariente de Pagotto involucrado en la producción de material de explotación sexual infantil. 

¿Es periodismo el vivo de Araya en casa del presidente del TSJ? 

Que alguien transmita en vivo durante horas el frente de la casa de un juez del Tribunal Superior de Justicia en este contexto no es una practica periodistica por varias razones éticas, legales y profesionales. Vale la pena ahondar porque esto constituye una conducta grave e inaceptable desde el punto de vista del periodismo responsable y de los derechos fundamentales:

Violación a la privacidad y seguridad personal: Filmar el domicilio privado de una persona —aunque sea un funcionario público— sin su consentimiento y en forma insistente constituye una invasión a la privacidad. Esta conducta puede ser percibida como hostigamiento o amedrentamiento, más aún si se hace durante horas, generando un ambiente intimidante. Cuando además se trata del presidente de un tribunal, la acción puede tener implicancias institucionales graves.

Agravante por tratarse de una causa vinculada a abuso sexual en la infancia: El contexto de la denuncia esta vinculado con un caso extremadamente sensible donde existe una condena por abuso sexual intrafamiliar contra una niña, cuya integridad y derecho a la intimidad deben estar especialmente protegidos. La madre de la victima advierte en el vivo de la presencia de dicha niña y de la vulneración de derechos que implica. Esta periodista ya habia revictimizado a la niña indirectamente al difundir al abogado de su agresor asegurando públicamente la falsedad de la denuncia, incurriendo en una práctica revictimizante y contraria a las normas internacionales de protección de la niñez. Apuntar a la familia protectora de la víctima (en este caso, la madre y el abuelo juez) puede constituiye un acto de violencia simbólica, y esta no es la primera vez que esta periodista incure en esta practica. 

Desinformación y afectación al sistema judicial: La difusión pública de que se condenó a un “inocente” es una forma de desinformación peligrosa, que socava la confianza pública en la Justicia, además de un intento de presión y desprestigio público sobre un magistrado, lo cual puede interpretarse como obstrucción o interferencia al Poder Judicial.

El periodismo debe informar con responsabilidad, sin dañar a terceros ni instrumentalizar el dolor de las víctimas. Transmitir en vivo el frente de una casa con intención de "atrapar" a una fuente no es un acto de interés público legítimo, sino de sensacionalismo persecutorio. Es una forma de acoso mediático que desacredita el rol del periodismo como garante del derecho a la información.

Esta conducta podría considerarse en acoso, intimidación pública o incluso hostigamiento virtual, pero lo más grave es la violación a la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que afecta indirectamente a la víctima del caso. No seria exraño que se pudiera considerar un acto de coacción para condicionar el accionar judicial del juez involucrado.

Calipo en el centro de la escena

No seria periodistico omitir en este contexto que David Calipo es el abogado querellante en una de las causas de abuso sexual en la infancia más escandalosa de la provincia: el caso Alfredo Chade, donde hace 6 años al imputado por abuso sexual contra una niña y le encontraron casi 1000 archicos de material de explotación sexual infantil y hasta la fecha no ha sido juzgado, ni nadie esta investigando el destino de dicho material. 

Elementos del caso Chade son especialmente alarmantes:

La causa fue iniciada hace más de seis años cuando Chade era funcionario público y aún no llegó a juicio oral, por múltiples dilaciones procesales y maniobras para cuestionar pruebas clave.

La víctima, una niña, debió declarar dos veces en Cámara Gesell porque la primera grabación se “quemó”, en un episodio de presunta negligencia o irregularidad que nunca fue esclarecido.

En los dispositivos secuestrados a Chade se hallaron cerca de 1.000 archivos de material de abuso infantil, incluyendo videos donde él mismo aparece cometiendo los actos denunciados, según consta en el expediente.

A pesar del volumen de este contenido, nunca se abrió una investigación paralela por posible distribución o producción de ese material, lo cual es obligatorio ante indicios de delito federal.

Durante el proceso, la víctima y su madre protectora fueron desmentidas públicamente en medios. Se expuso la identidad de la niña y se filtro material sensible de la causa. Existio tratamiento mediatico sensacionalista y revictimizante.

Pagotto y sus vínculos

Emilio Pagotto, autor de la denuncia contra el juez Ana, posee una cercanía estructural con el poder judicial y político de La Rioja que es incuestionable. No es un dato menor que previo al vivo de Nadia Araya, David Calipo exigió su derecho a replica en un medio, para responder las acusaciones públicas que realizó Pagotto sobre él, en el marco de acusarlo por su cercania al juez denunciado. En la entrevista Calipo insinuó que los vinculos de Pagotto poseen mayor influencia en resultados judiciales que los suyos, y si bien dio algún nombre de funcionarios del actual gobierno provincal, omitió otros. 

Emilio Pagotto es hijo de un expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, Mario Emilio Pagotto, quien hace una decada presidia el TSJ, organo del cual renunció en 2020 para jubilarse.

A su vez, es sobrino del actual senador nacional Juan Carlos Pagotto, quien ha impulsado proyectos legislativos para agravar penas por denuncias falsas en casos de abuso, en un contexto donde Emilio ha defendido reiteradamente a acusados por violencia sexual siempre acuando mediaticamente a las denunciantes  de ejercer falsas denuncias. 

Ademas, Pagotto es pariente de Alfredo Chade, y al cuestionar el vínculo entre Calipo y el juez Ana , intenta descalificar, precisamente, quien ha sostenido durante años la querella contra Chade, incluso en un contexto adverso, mediáticamente hostil y judicialmente demorado.

Una estrategia que se repite: deslegitimar a los que defienden a las víctimas

La presentación contra el juez Ana, la exposición del abogado Calipo y la transmisión del domicilio del magistrado forman parte de un mismo patrón: desacreditar a quienes representan o protegen a víctimas de abuso sexual en contextos familiares.

Esta práctica no es nueva. Desde hace años, tanto Pagotto como otros actores vinculados a su entorno han impulsado operaciones mediáticas y judiciales en causas donde niñas denunciaron abusos. Estas estrategias incluyen:

- Acusar publica y sistematicamente de “falsas denuncias” a quien denuncia violencia sexual

No es ética judicial, es una puja de poder

Mientras se instala mediáticamente la idea de un juez "parcial" por intervenir en una causa donde actúa el abogado de su hija, se omite que ese mismo abogado es clave para avanzar en un proceso penal contra un acusado con evidencia audiovisual de abuso infantil, cuya relación con el poder político y judicial podría estar operando para garantizarle impunidad.