El femicidio de Jéssica Mercado, perpetrado por su ex el 10 de marzo de 2026 delante de sus hijos, dejó una pregunta que excede la responsabilidad individual de su agresor: ¿Podía el Estado haber evitado este crimen? Si bien la respuesta judicial sobre la responsabilidad penal del autor ya no será posible porque se quitó la vida después del hecho, eso no extingue los interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones que debían proteger a Jéssica.

Jéssica había realizado siete denuncias penales contra su agresor. Existían medidas de protección que fueron sistemáticamente desobedecidas, y a pesar de que el hombre había recibido una condena de cuatro años de prisión en suspenso por desobedecer esas medidas, nadie la protegió. El 8 de marzo, Jéssica pidió ayuda a la policía por una violación de domicilio de su agresor, y el mismo día en que fue asesinada estuvo durante la mañana en la fiscalía radicando la denuncia.

Una semana después de la marcha federal de Ni Una Menos, a 3 meses de su femicidio, la familia de Jéssica marchó reclamando por la responsabilidad del Estado. 

La investigación del Tribunal Superior

Por un lado el Tribunal Superior de Justicia inició una investigación administrativa de oficio para determinar si existieron fallas institucionales en la actuación de jueces, fiscales, funcionarios o empleados judiciales.

La jueza del Tribunal Superior, Gabriela Asís, expresó en medios que se darán a conocer públicamente los resultados de dicha investigación. Durante los reclamos de la familia se planteó la falta de acceso a dicha investigación, por lo que al ser consultado el presidente del Tribunal Superior de Justicia al respecto de este reclamo, explicó que las investigaciones administrativas internas no son expedientes judiciales donde las partes puedan constituirse. Pero que si los familiares consideran que hubo un mal desempeño o incumplimiento de los deberes o algún delito de parte de magistrados, fiscales o funcionarios que intervinieron pueden radicar una denuncia y constituirse como parte.

Lo que reclama la familia

La familia de Jéssica viene exigiendo respuestas sobre las responsabilidades estatales que pudieron contribuir al resultado fatal. Su reclamo se expresa principalmente en los medios de comunicación a través de su abogado, Emilio Pagotto, quien ha señalado especialmente al Fiscal General Javier Vallejos como uno de los responsables institucionales. Sin embargo, hasta el momento, esos señalamientos se desarrollan exclusivamente en el plano mediático y no mediante una acción judicial específica destinada a probar responsabilidades concretas.

Esa diferencia es precisamente la que intentó explicar el presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando señaló que una investigación administrativa de oficio es distinta de las acciones judiciales que pueden promover los particulares.

Acciones legales que podría impulsar la familia

Desde una perspectiva jurídica, existen varias vías posibles.

1. Denuncias penales contra funcionarios

Si la familia considera que algún funcionario judicial, policial o estatal incurrió en conductas que podrían constituir delitos, puede promover denuncias penales específicas.

Dependiendo de los hechos y de las pruebas disponibles, podrían investigarse figuras como:

l Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
l Abuso de autoridad.
l Omisión de actos funcionales obligatorios.
l Otras conductas que eventualmente la fiscalía considere encuadrables en el Código Penal.

En este escenario no alcanza con señalar responsabilidades políticas o institucionales. Deben individualizarse conductas concretas, aportar pruebas y permitir que una investigación determine si existió o no responsabilidad penal.

2. Reclamos civiles contra el estado

Otra posibilidad consiste en iniciar acciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado. La discusión jurídica sería distinta, ya no se trataría de determinar si alguien cometió un delito, sino si existió una falla en el servicio estatal que contribuyó a que el daño ocurriera. La pregunta central sería si las instituciones encargadas de proteger a Jéssica actuaron con la diligencia exigible frente a un riesgo que parecía conocido y documentado. Si un tribunal concluyera que hubo una actuación deficiente, podría reconocerse una reparación económica para los hijos y familiares afectados.

3. Acciones contencioso-administrativas

El representante legal de la familia exigió acceso a información pública para acceder a la investigación interna en curso. Esta vía podría servir si la familia considera que tiene derecho a conocer las conclusiones de la investigación administrativa iniciada por el Tribunal Superior, el tema con este recurso es que si dichas conclusiones se dan a conocer públicamente como se anunció, entonces no tendría ninguna injerencia en la práctica. 

4. Presentaciones ante organismos de Derechos Humanos

Los familiares también pueden recurrir a organismos provinciales, nacionales o internacionales para denunciar posibles fallas estatales en materia de prevención de la violencia de género. Este tipo de intervenciones no reemplazan las acciones judiciales, pero pueden generar recomendaciones, monitoreo y control institucional.

La obligación reforzada del estado

La jurisprudencia argentina e interamericana sostiene que los Estados tienen una obligación reforzada de prevención cuando conocen que una mujer enfrenta una situación de violencia. No cualquier femicidio implica automáticamente responsabilidad estatal. Pero cuando existen denuncias previas, medidas de protección, antecedentes de violencia acreditados y reiteradas intervenciones institucionales, el análisis sobre la actuación estatal se vuelve inevitable. Por eso, en el caso de Jéssica Mercado, la discusión ya no se centra únicamente en lo que hizo el agresor. También se dirige a examinar qué hicieron, o dejaron de hacer, las instituciones que habían recibido información reiterada sobre el peligro que enfrentaba.

Dos procesos distintos

Por un lado, la investigación administrativa impulsada por el Tribunal Superior de Justicia busca determinar si existieron responsabilidades funcionales dentro del sistema judicial. Por otro, la familia tiene la posibilidad de promover acciones judiciales propias para reclamar responsabilidades penales o civiles contra quienes considera responsables. La primera investigación puede identificar fallas institucionales y eventualmente aplicar sanciones administrativas. Las segundas buscan que un juez determine responsabilidades jurídicas concretas y, si corresponde, imponga condenas o reparaciones. Son procesos distintos, con objetivos distintos, pruebas distintas y consecuencias distintas.

La demanda social que dejó el femicidio de Jéssica Mercado es, precisamente, que ambas preguntas sean respondidas, qué falló dentro del Estado y quién debe responder por ello. Porque cuando una mujer realiza siete denuncias, obtiene medidas de protección, registra incumplimientos, logra una condena contra su agresor y aun así termina asesinada, la discusión ya no es solamente sobre un femicida. Es también sobre la capacidad real de las instituciones para transformar las advertencias en protección efectiva.