Dip. GIno Visconti

La conectividad en la actualidad es el andamiaje sobre el cual se construye la alfabetización digital y la soberanía del conocimiento, por eso la provincia de La Rioja hace años avanza en su infraestructura como una decisión de política de Estado. En este sentido si el control de la información educativa reside en instituciones estatales o en algoritmos privados transnacionales es clave para el ejercicio de derechos de los usuarios de esas escuelas. 

La propuesta que trata de institucionalizar en las escuelas rurales de La Rioja el diputado Gino Visconti relativa a la suscripción al programa Starlink debe evaluarse frente a la infraestructura estatal preexistente, contrastando la provisión del servicio actual con la oferta de SpaceX, considerando riesgos operativos, económicos y de seguridad jurídica.

Argentina desarrolló una red de telecomunicaciones federal que ha garantizado la conexión de 1.845 escuelas rurales donde 1.500 operan a través del satélite nacional ARSAT-1 y el resto mediante el SES-17, y en ese marco el Estado Argentino coordina la conectividad de otros 11.000 establecimientos mediante la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo). A esto se le suma que en La Rioja existe un proveedor local Internet Para Todos que ha facilitado el acceso con su servicio a más de 100 mil usuarios particulares en el territorio provincial.

Pero hoy esta infraestructura enfrenta una amenaza de fragmentación. Precedentes como la compra de 825 antenas Starlink por parte de Córdoba y movimientos similares en San Juan complican la planificación de una infraestructura nacional cohesiva, debilitando la capacidad de ARSAT para optimizar el servicio a largo plazo y entregando nodos críticos de la red federal a un actor extranjero cuya gobernanza es, por definición, errática.

En este marco, el acuerdo nacional gestionado a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se estructura bajo una ingeniería financiera que, bajo el velo de una "donación", compromete severamente los recursos públicos futuros.

La inversión total proyectada asciende a 22 millones de dólares, con un esquema donde el Estado termina financiando la expansión de su propio competidor. El mecanismo técnico-legal permite que Starlink, como licenciataria, descuente el costo de instalación y soporte (financiado por el Fondo del Servicio Universal - FSU) de su obligación de aportar el 1% de sus ingresos al mismo fondo. En términos prácticos, Starlink "dona, cobra y compensa" contra sus propias deudas impositivas, utilizando 12 millones de dólares de fondos públicos para instalar su propia infraestructura privada. Este modelo prepara el terreno para una dependencia económica ineludible una vez agotado el periodo de gracia.

La eficiencia del gasto público se ve comprometida al financiar un competidor extranjero mientras el Estado mantiene una deuda superior a los 60 millones de dólares con ARSAT por servicios ya prestados. Esta desinversión deliberada en la empresa nacional busca justificar su reemplazo por soluciones foráneas más onerosas.

El contraste operativo revela una desventaja estratégica para las escuelas de La Rioja ya que Starlink impone un tope de consumo de 5 Terabytes (5TB) por escuela. ARSAT, mediante su capacidad en el satélite SG-1, ofrece hasta 50 megas de velocidad sin límites de datos unilaterales, garantizando la continuidad pedagógica sin riesgo de cortes por exceso de uso. 

Además, tras el tercer año, La Rioja enfrentará un incremento del 166% en la tarifa, pasando de los U$60-70 de ARSAT a un estimado de U$160 por establecimiento bajo el régimen corporativo de Starlink. 

La inviabilidad económica del cambio se suma a un riesgo de soberanía, o sea, ceder el control de los datos educativos a un proveedor que ha demostrado priorizar sus intereses comerciales y políticos sobre los acuerdos de servicio con Estados nacionales. La soberanía digital implica que la infraestructura crítica no puede quedar al arbitrio de intereses privados transnacionales. En Argentina, este riesgo se agrava bajo una administración central cuyo titular se ha definido públicamente como el "topo que busca destruir desde adentro al Estado Argentino", lo que explica el desmantelamiento de ARSAT en favor de SpaceX.

El Caso de Bolivia: Prioridad Estratégica

Bolivia acaba de rechazar oficialmente a Starlink para proteger su mercado local y su autonomía. Ante el fin de la vida útil del satélite Túpac Katari en 2028, el gobierno boliviano ha optado por explorar alianzas con SpaceSail (China), buscando un modelo de asociación controlada que no ceda el "pedazo del pastel" de los proveedores locales ni la soberanía sobre sus redes.

La Experiencia de Brasil: Vulnerabilidad Extrema

En la Amazonia brasileña, Starlink controla el internet del 96% de los municipios. El riesgo de esta dependencia quedó expuesto cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el congelamiento de las cuentas de Starlink para asegurar el pago de multas impuestas a X (Twitter), otra empresa de Elon Musk. Este precedente demuestra que un conflicto legal o político ajeno al sector educativo puede resultar en la interrupción masiva del servicio en escuelas y comunidades aisladas.

Gobernanza de Datos

La política de privacidad de Starlink permite la transferencia de flujos de red y metadatos a jurisdicciones como Estados Unidos y el Reino Unido, donde los niveles de protección son inferiores a los estándares argentinos. Existe un riesgo real de que estos datos sean utilizados para mapeo territorial estratégico o entrenamiento de modelos de IA de propiedad privada, sin control por parte del Estado riojano.

La suscripción al programa Starlink es una maniobra contraproducente que amenaza con destruir la infraestructura satelital propia en favor de un monopolio orbital. Para la provincia de La Rioja, las implicaciones serían críticas por la inviabilidad presupuestaria ya que el costo operativo se triplicará (de us 60 a us 160) tras el tercer año, generando una carga fiscal asfixiante para el Ministerio de Educación provincial.

El acuerdo carece de un listado transparente de escuelas beneficiadas y sujeta la conectividad a un cap de 5TB, insuficiente para establecimientos con alta densidad de alumnos o proyectos de IA educativa. Y La Rioja quedaría vulnerable a un "apagón" tecnológico ante cualquier conflicto entre la empresa SpaceX y el marco regulatorio nacional, o ante decisiones unilaterales de su propietario.

Es imperativo fortalecer la infraestructura nacional y provincial como la única garantía de sostenibilidad y soberanía para la educación rural riojana. Ceder esta infraestructura a un actor privado errático es hipotecar la autonomía digital de las futuras generaciones.