La Rioja en crisis

La Rioja atraviesa una crisis profunda que no comenzó ayer ni puede explicarse con consignas parciales. Es una provincia sometida desde hace casi cuatro décadas a un esquema estructural de desfinanciamiento que ningún gobierno nacional corrigió plenamente, y que desde diciembre de 2023 se agravó de manera drástica cuando dejaron de girarse los fondos compensatorios previstos por ley para equilibrar la pérdida del punto de coparticipación de 1988. Esta interrupción, calculada hoy en 1.600 millones de dólares, no es una disputa técnica: es una fractura en la arquitectura federal del país, un cuello de botella que asfixia la capacidad provincial de sostener salarios, servicios esenciales y políticas públicas mínimas.

En paralelo, la situación salarial es indiscutiblemente crítica. No existe debate sobre la necesidad de un aumento, el problema es que tampoco existe la posibilidad de concederlo en esta situación. Los sueldos públicos de La Rioja no son, como repetidamente se afirma, los más bajos del país, pero sí están entre los más bajos, por debajo del promedio nacional. Esta aclaración es necesaria por honestidad intelectual, pero no cambia la conclusión esencial: los salarios riojanos no alcanzan. Mientras el fenómeno del trabajador pobre afecta a 7 de cada 10 trabajadores en el país, ya que el 72% no llega a cobrar un millón de pesos requeridos para la canasta básica, la situación en La Rioja se potencia. La mayoría de los salarios no alcanzan para vivir, no alcanzan frente a la inflación, no alcanzan para cubrir el costo real de la vida. La provincia reconoce que hace falta una recomposición urgente, pero también enfrenta un límite innegociable ya que sin los fondos federales que la ley le garantiza, no tiene margen para hacerlo.

Frente a esta restricción, La Rioja mantiene el boleto urbano más bajo del interior del país y subvenciona tarifas eléctricas. Pero estas medidas no alcanzan a resolver la angustia salarial, y aunque estas medidas contrastan con la situación de muchas provincias que han trasladado el ajuste nacional a la población sin mediaciones ni amortiguadores, la situación es crítica. La política tarifaria riojana no es una solución estructural, pero sí un gesto político en un país donde las decisiones de ajuste suelen recaer siempre en el mismo eslabón social. En La Rioja, al menos parcialmente, ese impacto se amortigua. Es insuficiente, por supuesto, pero no irrelevante.

El problema real aparece cuando esta complejidad económica y política se reduce a relatos manipulados. Se exige a la provincia resolver un conflicto cuya causa principal es el desfinanciamiento federal. Se responsabiliza exclusivamente a un gobierno local por un problema que excede largamente su margen de acción.  Se omite mencionar que los fondos previstos por ley no están siendo transferidos desde hace dos años. Y, sobre todo, se desplaza la mirada de la responsabilidad nacional, como si la interrupción del financiamiento federal no tuviera relación alguna con la crisis que viven miles de trabajadores riojanos.

Esta manipulación informativa no es un detalle retórico: vulnera derechos. Una ciudadanía que no recibe información completa pierde la capacidad de comprender la raíz de su propio empobrecimiento. Pierde autonomía para evaluar políticas públicas, pierde elementos para exigir cuentas al nivel del Estado que corresponde, pierde la posibilidad de participar de manera informada en la vida democrática. Cuando la Nación incumple una obligación legal, cuando la provincia queda sin recursos y cuando la sociedad culpa únicamente a su gobierno local, el resultado no es solo una distorsión interpretativa: es una injusticia política y un retroceso democrático.

Hoy la Corte Suprema abrió una conciliación obligatoria entre La Rioja y el Estado Nacional. Es un punto de inflexión en un conflicto histórico. Mientras tanto, en las calles y en los hogares riojanos, la crisis salarial es real y urgente. La comprensión pública de este momento también debería serlo. Exigir aumentos salariales es legítimo; desconocer la causa estructural de por qué no llegan es desinformar. Y desinformar, en este contexto, no es inocuo: profundiza la desigualdad, fragmenta a la sociedad y limita la capacidad de exigirle al Estado Nacional lo que le corresponde garantizar.

La gravedad de la situación exige que se hable con datos, no con consignas que desvirtúan la situación. Con toda la verdad, no con fragmentos partidarios. La Rioja necesita una reparación histórica. Y la ciudadanía necesita información completa para exigirla. Sin eso, lo que queda es una discusión incompleta, un enojo direccionado y una provincia atrapada entre responsabilidades que la exceden pero que la golpean con más fuerza que nunca.