Una disputa por el sentido de la democracia

La confrontación entre el gobierno de Javier Milei y Quintela no se limita a la situación economica del país o la administración y distribución de los recursos. La crisis que atraviesa hoy nuestro país tiene un plano que desafía constantemente el marco institucional de la democracia y la escencia republicana. Fallos judiciales, advertencias de organismos internacionales y planteos de juicio político son parte de una disputa más profunda donde lo que esta en pugna en si las críticas al Ejecutivo forman parte de una narrativa “destituyente” o si responden a la defensa ante el incumplimiento constitucional del Estado argentino.

El escenario del desastre

Ricardo Quintela, en una entrevista radial sostuvo que el actual rumbo económico y social podría llevar a la Argentina a una situación crítica antes de 2027. En ese contexto afirmó que el gobierno “no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027” si el país continúa deteriorándose, porque según su análisis llegaría “totalmente destruido” en términos sociales y productivos. En ese marco habló de “desnutrición”, caída del acceso a la salud y riesgo de “genocidio social” que advierte hace dos años planteando una intervención política que modifique el rumbo.

El gobernador riojano planteó que el peronismo y otros actores políticos deben asumir “una responsabilidad histórica” frente a ese escenario, comparando la situación con la crisis de 2001 y advirtiendo sobre las consecuencias sociales de un ajuste prolongado. Estas afirmaciones generaron una reacción inmediata del oficialismo, que interpretó sus palabras como una insinuación de salida anticipada del gobierno y las calificó como destituyentes.

Pocos días antes, la senadora riojana Florencia López protagonizó otro episodio que alimentó esa lectura. Durante un plenario del Senado en el que se debatía la reforma laboral impulsada por el oficialismo, cuestionó el impacto social del programa económico y advirtió que la sociedad podría reaccionar ante la crisis. En ese marco afirmó que “el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, en alusión a la caída del gobierno de la Alianza en 2001.

La frase provocó la reacción inmediata de Patricia Bullrich, quien la interrumpió y la acusó de “golpista”. López respondió que no estaba “inventando nada nuevo” y que se trataba de la “historia real de la Argentina”, defendiendo su advertencia como una referencia a experiencias pasadas de crisis institucional. El cruce se dio en un clima de fuerte tensión política y económica, con protestas sociales y un debate parlamentario atravesado por el impacto del ajuste sobre empleo y producción.

Desde el oficialismo, ambas intervenciones fueron leídas como parte de una narrativa orientada a instalar la idea de que el gobierno podría no completar su mandato. Esa interpretación se apoya en el peso histórico que tiene en Argentina cualquier referencia a salidas anticipadas o a la crisis de 2001. Bajo ese encuadre, hablar de un posible final adelantado del gobierno equivale a cuestionar la estabilidad democrática y se considera un discurso desestabilizador.

Desde el peronismo, en cambio, se sostiene que las declaraciones no buscan interrumpir el orden institucional sino advertir sobre el impacto social de las políticas económicas y la posibilidad de una crisis si no se modifica el rumbo. En esa interpretación, mencionar el juicio político o la eventual imposibilidad de completar el mandato sería un planteo dentro de los mecanismos previstos por la Constitución frente a un escenario de deterioro económico y social.

Más alla de cualquier opinión contrapuesta, las recientes declaraciones de ambos riojanos abrieron un nuevo capítulo en la disputa política nacional exponiendo una tensión creciente entre la legitimidad electoral del gobierno y el debate sobre su sostenibilidad política y social. El significado político de estas declaraciones radica precisamente en esa disputa de sentidos, donde estas frases operan como señales hacia el sistema político, la sociedad y los propios actores del poder, en un contexto de alta conflictividad económica y creciente tensión institucional. 

Si bien ninguna de las declaraciones son una convocatoria explícita a interrumpir el mandato, sí forman parte de la construcción de un escenario donde la continuidad del gobierno aparece condicionada por la evolución social y económica. Esto es fuerte porque rompe con el consenso implícito de no hablar de finales anticipados de mandato en sistemas presidenciales. Las declaraciones buscan instalar una interpretación específica de que la crisis actual no es solo económica sino también institucional.

Esa lectura sostiene que el modelo económico puede generar estallido social el retiro del Estado puede provocar colapso de servicios la conflictividad puede escalar políticamente. Desde esa perspectiva, advertir desde la oposición sobre una posible salida anticipada no sería un deseo sino una proyección de consecuencias. El oficialismo, en cambio, responde con la narrativa inversa de que hablar de ese escenario contribuye a generarlo y constituye un intento de desestabilización.

Desviando el foco de problemas estructurales reales del gobierno

Desde 2024, el gobierno de Javier Milei consolidó una estrategia discursiva que encuadra críticas duras como intentos “destituyentes” o “golpistas”, de la misma manera que Macri lo hizo durante cada protesta en su mandato. Esa narrativa cumple una función política clara, defender la legitimidad del mandato electoral frente a cuestionamientos que exceden el desacuerdo ideológico. Sin embargo, el uso reiterado de ese encuadre coincide con una serie de tensiones institucionales que merecen análisis propio.

Uso expansivo de decretos y concentración decisional

Si nos preocupa la institucionalidad, no podemos desconocer los legitimos cuestionamientos sobre el uso del DNU 70/2023 para reformar de manera amplia áreas económicas, laborales y regulatorias. Más allá de la valoración política del contenido, el debate jurídico se centró en la extensión material del decreto, la sustitución de debate parlamentario, la alteración del equilibrio entre poderes. La acumulación de litigios y fallos parciales contra artículos del DNU alimentó la percepción de que el Ejecutivo avanzó sobre competencias legislativas. Ante ese escenario, la narrativa de “golpismo” tiende a desplazar la discusión desde la constitucionalidad hacia la lealtad democrática de la oposición.

Judicialización masiva de políticas públicas

Durante la gestión se multiplicaron amparos vinculados a medicamentos y tratamientos, prestaciones por discapacidad, distribución de alimentos, financiamiento universitario. Cuando la Justicia interviene de forma reiterada para ordenar cumplimiento de políticas básicas, se configura un problema institucional, no necesariamente de ilegalidad penal, pero sí de fricción estructural entre Ejecutivo y Poder Judicial. Presentar las críticas como destituyentes puede invisibilizar el hecho de que muchos cuestionamientos provienen de sentencias judiciales, no solo de discursos opositores.

Tensiones federales

El conflicto Nación-provincias por transferencias, obra pública y financiamiento abrió una dimensión federal del problema institucional. Gobernadores plantearon que el ajuste nacional impacta en servicios esenciales bajo su responsabilidad. Cuando un gobernador advierte sobre consecuencias políticas de ese esquema, el oficialismo responde con la etiqueta de golpismo. Sin embargo, detrás del cruce hay un conflicto estructural sobre distribución de recursos y autonomía provincial.

Debilitamiento o reconfiguración de políticas públicas sensibles

Organismos internacionales formularon observaciones respecto de políticas de género y derechos sociales. Aunque esas advertencias no constituyen condenas, sí activan mecanismos de monitoreo internacional. Reducir esas alertas a posicionamientos ideológicos externos puede evitar el debate sobre si existe regresividad en derechos protegidos constitucionalmente.

Personalización extrema del poder

El liderazgo de Milei se apoya en una fuerte centralidad personal y una comunicación confrontativa. Esto tiene impacto institucional de polarización constante, debilitamiento de consensos legislativos,
dificultad para construir mayorías estables, dependencia de alianzas circunstanciales. Cuando la gobernabilidad depende de tensión permanente, cualquier advertencia opositora es leída como amenaza existencial.

El riesgo de sobrerreaccionar con la narrativa de golpe

La acusación de golpismo tiene peso histórico en Argentina. Usarla reiteradamente puede producir dos efectos problemáticos, por un lado deslegitimar mecanismos constitucionales como el juicio político, que forman parte del sistema democrático, y por otro desplazar el debate sobre políticas públicas hacia una discusión de panico moral. Si toda crítica fuerte es presentada como intento de ruptura democrática, el sistema pierde capacidad de procesar desacuerdos severos dentro de los canales institucionales.

El problema de fondo

La discusión no es si existe un golpe en marcha, detras de la circulación mediática de las declaraciones de Quintela como si constituyeran un hecho gravísimo magnifican el riesgo, simplifican el contexto y construyen un clima de alarma pública que excede lo efectivamente dicho. Pero también forma parte de una batalla política más amplia por definir quién aparece ante la opinión pública como garante o como peligro para el orden democrático. 

Hay una sobredimensión mediatica de frases dichas en un contexto político específico que son recortadas y repetidas como si implicaran una ruptura institucional inminente. La reiteración constante instala la idea de gravedad excepcional, incluso cuando no existe un acto concreto que configure delito o sedición.

El discurso mediático dominante no solo cuestiona lo dicho, sino que lo presenta como prueba de un supuesto clima “destituyente” o “golpista”. Se crea la figura del actor político que pondría en riesgo la estabilidad democrática, aunque lo que exista en realidad sea un conflicto político clásico entre oficialismo nacional y oposiciones provinciales, a partir de las que se va contruyendo al opositor que contronte en una amenaza simbolica. 

Hoy, mientras una jueza riojana comenzó a ordenar detenciones por incumplimiento de la cuota alimentaria, la magnitud económica y social de este delito en la provincia es que miles de niños no reciben la cuota alimentaria y el impacto económico se estima en más de 68 mil millones de pesos al año. 

Este pánico moral suele activarse de manera selectiva, determinadas expresiones son tratadas como peligrosas mientras otras, incluso más agresivas o institucionalmente problemáticas, reciben menor cobertura o se normalizan. Lo sugiere que no se trata solo de preocupación institucional genuina, sino también de disputa por la hegemonía narrativa.

En escenarios polarizados, cualquier declaración fuerte se convierte en material ideal para producir alarma pública. El sistema mediático actual, además, funciona con lógica de viralización y escándalo permanente, cuanto más extrema parece la frase, más se reproduce. Eso favorece la construcción de climas de pánico moral. 

En un escenario atravesado por la crisis económica, la confrontación política y la hiperexposición mediática, la sobrerreacción ante determinadas declaraciones no puede leerse de forma aislada. Cuando el debate público abandona el análisis contextual y se reemplaza por la amplificación alarmista de frases recortadas, el resultado no es mayor calidad democrática sino un clima de temor y confusión que dificulta la deliberación racional. La construcción de amenazas exageradas, presentadas como peligros institucionales inminentes, termina funcionando más como dispositivo de disciplinamiento político que como verdadera defensa de la democracia. En tiempos de polarización extrema, el desafío del periodismo y de la ciudadanía no es alimentar el pánico moral, sino sostener una conversación pública basada en hechos verificables, proporcionalidad y responsabilidad democrática.