La institucionalidad según convenga
Inconsistencias en los discursos públicos de Emilio Pagotto.
por Manuela Calvo

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Cuando jueces, fiscales y organismos estatales adoptan decisiones que coincidían con las posiciones que él sostenía en representación de sus clientes, la respuesta era la defensa de la institucionalidad. Las resoluciones judiciales debían respetarse y las decisiones de los magistrados debían acatarse. Los cuestionamientos de las víctimas, de las madres protectoras, de periodistas o de organizaciones de derechos humanos eran presentados como ataques al sistema judicial.
Sin embargo, cuando ese mismo sistema produce una decisión adversa a los intereses de sus defendidos, la institucionalidad parece perder legitimidad. Entonces aparecen las denuncias de corrupción, los jueces que no responden a sus intereses dejan de ser autoridades legítimas para convertirse en delincuentes y las sentencias dejan de ser el resultado de un proceso judicial para transformarse en persecuciones.
Cuestionar a un Poder Judicial muy cuestionado, en abstracto es fácil, probar caso por caso es lo difícil
Pagotto pretende centrar el debate en torno a si el sistema judicial es confiable o no, cuando sabemos que existe una crisis de confianza. Pero lo llamativo es que quien hoy pone en duda la credibilidad de ese sistema sea alguien que, junto a su entorno familiar y profesional, desarrolló su trayectoria dentro de esas mismas estructuras de poder. Hoy ese planteo le permite tomar distancia de las consecuencias de sus propias acciones, tanto cuando actuó en defensa del statu quo judicial como cuando decidió cuestionarlo.
Presentarse como denunciante de la corrupción judicial le ofrece además una posición de víctima de persecuciones cada vez que se le exige respaldar con pruebas las acusaciones que realiza mediáticamente en lugar que por vías institucionales.
El tema es que quienes hemos atravesado persecuciones, censuras, procesos irregulares, investigaciones sin pruebas y vulneraciones sistemáticas de derechos sabemos mejor que nadie que existen graves problemas estructurales. Y sabemos también que Emilio Pagotto ha sido un actor central en acciones que contribuyeron a profundizar esas vulneraciones.
Estoy imputada desde hace más de cuatro años en instrucción por un hecho que no cometí, sin que exista evidencia que lo sostenga, sin que mi defensa tenga acceso pleno a las actuaciones y sin que se haya dictado una resolución que ponga fin a una situación de incertidumbre permanente. Esa causa fue impulsada y legitimada públicamente por Emilio Pagotto, quien promovió en los medios la narrativa que derivó en medidas de extrema gravedad, entre ellas el allanamiento de mi domicilio. Dichas medidas fueron pedidas por Pagotto y ordenadas a pedido de la fiscal Nadia Shadrosky a dias de su escrache tomando un cafe y por a la jueza Torres que hoy intervienen en una causa penal en la que Emilio Pagotto esta imputado por las amenzas contra los hijos de los jueces del Tribunal Superior.
Las niñas cuyas historias investigué y las madres que denunciaron abusos sexuales contra sus hijos padecen esas falencias. La diferencia es que cuando esas vulneraciones recayeron sobre mujeres, niños y niñas, Pagotto en vez de denunciar arbitrariedades, las justificaba, las defendía, las promovía en medios de comunicación. Cuando las niñas dicen que no quieren vivir con quien señalan como agresor, la palabra de las niñas es puesta bajo sospecha. Cuando sus madres denuncian violencia contra sus hijos, terminan criminalizadas y se les prohíbe todo contacto. Cuando periodistas investigábamos esas situaciones, la sospecha recayó sobre nosotras. Cuando organismos internacionales advirtieron sobre estas prácticas, sus observaciones fueron descalificadas. Mientras Emilio Pagotto intenta presentarse como víctima de las consecuencias de sus enfrentamientos con determinados sectores judiciales, una pregunta sigue pendiente: ¿qué ocurrió con las niñas cuyas vidas quedaron atravesadas por las decisiones judiciales que él defendió públicamente durante años?
Cuando la jueza Ana Carla Menem fue denunciada en reiteradas oportunidades por delitos muy graves, Emilio Pagotto salío a defenderla. No es un detalle menor que dicha jueza es pariente del actual presidente de la Cámara Baja y compañero de formula de su tío Juan Carlos Pagotto. Pero lo más grave es que Menem es cuñada del socio de Emilio Pagotto, Francisco De La Colina, y cuando Menem falló a favor de él y su cuñado sin apartarse para que yo les pague sus inflados honorarios cuando me impusio la primer censura previa, ellos cobraron y justificaron la medida. Hoy su socio es relator en el TSJ.

Hoy escuchamos cada tanto a Emilio Pagotto arengar intervención judicial en medios, pero pareciera haber perdido la memoria que La Rioja tuvo ya un pedido ante el congreso por el nombramiento de su tio. En 2011, Julio César Martínez solicitó la intervención del Poder Judicial riojano alertando que el Gobernador Beder Herrera habia nombrado a Mario Emilio Pagotto en el TSJ siendo su pariente. Este pedido no prosperó, pero sería raro que Emilio olvidara este antecedente al cuestionar la injerencia de Beder Herrera en la justicia, cuando el planteo de juicio politico fue justamente la relación de parentesco entre el Gobernador y Mario Emilio Pagotto.

Pero no sorprende ya que recurrentemente apela a la integridad moral de su familia cuando su padre y su tio se jubilaron de su labor de juez de cámara y del TSJ respectivamente, tras un pedido de juicio politico donde se los acusaba de que Mario Emilio Pagotto no se apartaba cuando los fallos de la cámara penal de Roberto Pagotto eran cuestionados en el TSJ. Las evidencias fueron presentadas en 2013 por Enrique Rodolfo Leiva y la sala acusadora fue presidida por Florencia Lopez e integrada además por Juan Florencio Bazán, Judit Díaz Bazán, Ricardo Farías, Pedro Ferrari, Camila Herrera, Erasmo Herrera, Carlos Luna Daas, Enrique Nicolini, Alejandra Oviedo, Ángel Páez, Hugo Vera y Sigrid Waidatt.
“Ha ocurrido concretamente, que en causas que me ha tocado intervenir como abogado defensor, y en las que ha integrado el tribunal de sentencia el Dr. Roberto Pagotto, al deducir casación, su hermano Mario Emilio, no sólo no se ha apartado como era su deber y correspondía, sino que ha defendido fervorosamente los fallos suscriptos por su hermano”, denunció Leiva
refiriendose a dos causas de homicidios, una donde se condenó a 17 años de cárcel a Leonardo Godoy por el asesinato de del profesor Víctor Gallardo y otra donde se condenó al guardiacárcel Carlos Antonio Vargas por la polémica muerte de Ramiro Blanco en el penal.
Hoy la presencia e interés de referentes históricas en la defensa de los derechos de las infancias, como Martha Pelloni, demuestra los huecos argumentales de esas historias que públicamente Pagotto ha relatado para defender las decisiones del sistema cuestionado por presunta corrupción en casos de niñas judicializadas. Detrás de cada expediente hay niños y niñas concretos cuyas denuncias, temores y pedidos de protección merecen ser escuchados. Y hasta la misma Corte Suprema de la Nación lo ha advertido. Mientras algunos discuten sobre la probidad de los jueces, fiscales o internas de poder, las consecuencias de aquellas decisiones siguen presentes en la vida de quienes debían ser el centro de toda intervención judicial: las víctimas.
Hoy Pagotto denuncia un sistema que, durante años, funcionó exactamente como él reclamaba que funcionara ¿Por qué ahora denuncia corrupción y hace un par de años colaboró activamente cuando esas mismas prácticas eran denunciadas por cómo inciden en la vida de niñas, madres, periodistas y defensoras de derechos humanos? Muchas de las víctimas de esas arbitrariedades fueron precisamente las personas que él eligió atacar. Porque las arbitrariedades que hoy denuncia no comenzaron el año pasado. Existían mucho antes, incluso cuando su padre y su tío eran jueces que trabajaban junto a los que hoy cuestiona mediáticamente.
La capacidad de transformar víctimas en culpables
El caso Cano quizás sea el ejemplo más acabado del tipo de construcción mediática que Emilio Pagotto viene realizando desde hace años. Donde el centro del debate dejó de ser el homicidio para convertirse en un juicio social contra la víctima. El asesinado pasó a ocupar el lugar del culpable y el homicida el lugar de quien habría hecho lo que el Estado no hizo. Ese desplazamiento fue tan exitoso que una parte importante de la sociedad no reclamó justicia para la víctima sino la libertad de su asesino. El mensaje social que quedó instalado es que existen personas cuya vida vale menos que otras. La fuerza de esa construcción fue tal que terminó derivando en el indulto concedido por el mismo gobernador provincial al que hoy Pagotto cuestiona y al que amenaza con pedidos de intervención federal. Este caso legitimó la capacidad de operadores para transformar víctimas en culpables, victimarios en héroes y convertir la excepcionalidad de la violencia en una respuesta legítima frente a problemas que el Estado no resuelve.
Agraviar y patotear a quien disienta
La descalificación personal, el insulto y la confrontación con quienes sostienen posiciones diferentes han sido, durante años, una constante en la construcción mediática de Emilio Pagotto. Más que debatir los argumentos de sus interlocutores, suele desplazar la discusión hacia la deslegitimación de quienes los sostienen. Durante años, el sistema judicial no pareció imponer límites efectivos a las acciones desplegadas por Emilio Pagotto contra distintas personas que, desde mi perspectiva, se encontraban en situaciones de marcada asimetría de poder y sin una tutela judicial efectiva. Gozó de amplios márgenes para agraviar, estigmatizar y atacar públicamente a quienes consideraba sus adversarios sin enfrentar consecuencias proporcionales a la magnitud de esos hechos. Recién cuando sus expresiones alcanzaron a integrantes del Tribunal Superior de Justicia y anunció que iba a "encargarse" de sus hijos comenzaron a activarse mecanismos institucionales para cuestionar su conducta.
Una jueza de Cámara llegó a celebrar públicamente acciones desarrolladas durante la protesta del 6 de junio de 2025, cuando Emilio Pagotto y Sergio Gómez llevaron a sus representados a manifestarse frente al domicilio del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia. La movilización fue transmitida en vivo y, durante su desarrollo, uno de los manifestantes vandalizó la vivienda del magistrado.
Pagotto pudo operar mediáticamente para legitimar o deslegitimar jueces y fiscales de manera selectiva. Pudo atacar públicamente a víctimas, periodistas, abogados y funcionarios sin enfrentar mayores consecuencias. Pudo desplegar durante años campañas de estigmatización, hostigamiento y descrédito contra quienes cuestionan sus posiciones. Pero bastó la primera sanción que se le impuso en octubre de 2025 por los agravios contenidos en sus escritos para que anunciara represalias contra integrantes del Tribunal Superior de Justicia y sus hijos, expresiones que hoy son objeto de cuestionamientos por distintas vías institucionales y que parecen haberlo convencido de que el sistema carece de garantías.
Quien durante años defendió públicamente decisiones que otros consideraban arbitrarias, quien contribuyó a instalar narrativas que justifican el apartamiento de niñas de sus madres y cuestionan la credibilidad de quienes denunciaban abusos sexuales, quien avaló o promovió acciones destinadas a silenciar investigaciones periodísticas sobre presuntas vulneraciones de derechos dentro del sistema judicial, hoy se presenta como víctima de ese mismo sistema porque debe responder por sus propios dichos a través de los mecanismos institucionales que la ley prevé.
No fue la ausencia de garantías lo que pareció preocuparle durante años. Lo que cambió fue su posición dentro del sistema, dejó de ser quien se beneficiaba de sus asimetrías para convertirse en alguien obligado a rendir cuentas por sus propias acciones.
Cuando los hijos pasan a ser el campo de batalla
Tras anunciar en un vivo de redes sociales que se iba a encargar de los hijos de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, a los que luego acusó de distribuir estupefacientes, desmintió haberlo dicho. Actualmente difunde una reformulación de sus declaraciones que no es un detalle menor, porque oculta el contexto en el que fueron realizadas. La discusión pública no gira solamente alrededor de una frase. Gira alrededor de un patrón observable. Cuando Pagotto afirma hoy que iba a ocuparse de "la droga de los hijos de los poderosos", intenta presentar sus declaraciones como parte de una cruzada contra el narcotráfico. Sin embargo, lo que la sociedad debería preguntarse es por qué los hijos son blanco recurrente de los conflictos políticos, judiciales y mediáticos que lo tienen como protagonista.
No se trata de una cuestión aislada. Los ataques contra el juez Ana no comenzaron con cuestionamientos al caso Saine. Comenzaron con la exposición y el hostigamiento de su hija, quien denunció los abusos sexuales que padeció una de sus hijas en una causa que concluyó con una condena penal y un pederasta defendido por Emilio Pagotto que a años de ser condenado sigue en libertad.
Tampoco es un hecho aislado que operadores vinculados a su entorno hayan pedido disculpas públicas por operaciones dirigidas contra los hijos de Silvina Santángelo Carrizo, otra de las personas que ha sido objeto de ataques públicos sistemáticos de Emilio Pagotto.
Mi propia experiencia muestra una lógica similar. Las amenazas y hostigamientos no se limitaron a mi persona. En 2025 escalaron a amenazas directas contra mi hijo y nuestra familia terminó abandonando temporalmente el país como consecuencia de las represalias y la escalada de violencia que atravesamos por ello.
Por eso el problema de las amenazas que se le imputan por vía penal no tiene nada que ver con el narcotráfico, sino con sostener públicamente que va a "encargarse" de los hijos de quienes públicamente declara como adversarios anunciando represalias por la sanción que recibió por insultar. Sus acciones se insertan en una historia previa donde los hijos de jueces, funcionarios, periodistas, denunciantes y víctimas ya han sido instrumentalizados para el apriete, exposición y estigmatización.
Y es precisamente ese contexto el que desaparece cuando las declaraciones originales son reemplazadas por un relato que altera sustancialmente su sentido. Lo que fue formulado como una advertencia dirigida contra jueces específicos y sus familias es presentado luego como una cruzada contra la droga o la corrupción. Ese reencuadre no sólo modifica el contenido de lo dicho, sino que oculta el conflicto de origen, las expresiones pronunciadas contra magistrados que habían adoptado decisiones que limitaron o sancionan conductas atribuidas al propio Pagotto.
La pregunta es por qué, una y otra vez, los hijos terminan ocupando el centro de las represalias de los conflictos que tiene Emilio Pagotto con alguien.