Javier Milei

En las relaciones de violencia existe un mecanismo habitual en el que quien ejerce una conducta dañina termina responsabilizando a la otra persona por las consecuencias de ese daño, buscando desplazar el foco desde la conducta del agresor hacia la reacción de la víctima. En política puede observarse un mecanismo discursivo análogo cuando un gobierno nacional reduce recursos, paraliza inversiones o modifica las condiciones económicas de las provincias y luego atribuye exclusivamente a esas provincias la responsabilidad por sus dificultades para crecer. En esta dinámica, quien conserva el mayor poder de decisión desplaza la responsabilidad hacia quien soporta las consecuencias de esas decisiones.

Hoy, el presidente Milei atribuye el escaso crecimiento de provincias como La Rioja a "cuestiones ideológicas". Sin embargo, los datos muestran que durante su gestión disminuyeron las transferencias nacionales, se paralizó la obra pública y se redujeron subsidios que financiaban servicios esenciales. El planteo de Milei instala la idea de que el desarrollo depende exclusivamente de las decisiones de los gobiernos provinciales, cuando la evidencia económica muestra algo muy diferente.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno Nacional impulsó uno de los mayores ajustes fiscales de las últimas décadas. Uno de los principales cambios fue la caída de las transferencias nacionales. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las transferencias corrientes a las provincias registraron en junio de 2026 una caída real del 63,9 % respecto del mismo mes de 2025, mientras que la reducción acumulada alcanzaba el 76,3 % frente a junio de 2023. Las provincias hoy administran muchos menos recursos nacionales que hace apenas dos años. 

Como si esto fuera poco, casi que desapareció la obra pública. El gasto de capital nacional cayó 87,2 % respecto de 2023, acumulando una retracción superior al 84 % durante el primer semestre de 2026. Desde el comienzo de la gestión Milei, se anunció además el fin de nuevas licitaciones de obra pública nacional. La Cámara Argentina de la Construcción estimó que entre 3.500 y 4.000 obras quedaron paralizadas, con la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo en el sector. En provincias como La Rioja esto significó la interrupción de proyectos de viviendas, rutas, infraestructura hídrica y edificios públicos que dependían del financiamiento nacional.

La Rioja, entre las más afectadas

Diversos informes fiscales ubican a La Rioja entre las provincias más perjudicadas por la reducción de fondos nacionales. Un análisis basado en datos del IARAF sostiene que entre enero de 2024 y febrero de 2026, la provincia encabezó las pérdidas per cápita por recortes de transferencias nacionales, especialmente en los envíos discrecionales. Al mismo tiempo, La Rioja mantiene desde hace años un histórico reclamo por la compensación derivada de la pérdida de un punto de coparticipación establecida en la Ley 23.548, por ello desde 1988 y durante gobiernos de distinto signo político, la Nación mantuvo un mecanismo compensatorio como reconocimiento de la pérdida sufrida por la provincia.

A partir de diciembre de 2023 eso cambió, con la prórroga del Presupuesto 2023 y la decisión del Gobierno Nacional de no ejecutar ese concepto, La Rioja dejó de recibir la compensación que históricamente había percibido. La Casa Rosada sostuvo que no correspondía continuar con esos envíos en el marco de su programa de equilibrio fiscal. Para la provincia, en cambio, no se trata de un aporte discrecional ni de un favor político, sino del cumplimiento de un compromiso histórico que fue reconocido por sucesivos gobiernos nacionales durante más de treinta años.

Ante la interrupción de esos envíos, el Gobierno de La Rioja inició una demanda contra el Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia. La provincia sostiene que la Nación incumplió obligaciones que venían siendo reconocidas presupuestariamente desde 1988 y reclama el pago de los fondos adeudados, cuya estimación oficial supera los mil millones de dólares acumulados. Desde la posición nacional, el argumento es que esos fondos no forman parte de la coparticipación automática prevista por la Ley 23.548, sino que constituyen asignaciones cuya continuidad depende de las decisiones presupuestarias del Estado Nacional. Esa diferencia jurídica es precisamente la que deberá resolver la Corte Suprema.

Cuando el presidente Milei sostiene que provincias como La Rioja no crecen por razones "ideológicas" no solo desconoce las dificultades financieras que no derivan de su administración, sino que también las que sí derivan de la interrupción de un mecanismo compensatorio que el propio Estado nacional reconoció durante más de tres décadas. Ahí es donde el debate deja de ser económico y pasa a ser institucional.

La cuenta de la luz

Otro de los cambios estructurales que más afectan el bolsillo de la población es la reducción de subsidios nacionales. Durante la gestión Milei se eliminaron o redujeron subsidios al transporte y a la energía como parte del programa de equilibrio fiscal. La estrategia consistió en que los usuarios comenzaran a pagar una porción cada vez mayor del costo real de la electricidad, reduciendo el aporte que hasta entonces realizaba el Estado Nacional. El precio mayorista de la electricidad, que determina la Secretaría de Energía de la Nación a través de CAMMESA, aumentó de forma sostenida y esa fue la principal causa del aumento de las boletas de la luz en todo el país desde fines de 2023. Luego, cada provincia decidió cuánto absorber o trasladar a los usuarios. 

En el caso de La Rioja, el gobierno provincial implementó mecanismos propios para amortiguar parte del impacto tarifario, lo que permitió mantener una de las tarifas eléctricas residenciales más bajas del país. Según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), un usuario riojano N1 paga casi un 46 % menos que el promedio del país. Un N2 abonaba apenas alrededor del 13 % del promedio nacional, es decir, cerca de ocho veces menos,  y un N3 paga aproximadamente un 89 % menos que el promedio del país.

Igualmente, que La Rioja tenga una de las tarifas eléctricas más bajas del país no significa que la electricidad sea hoy accesible para todas las familias. La pérdida del poder adquisitivo, la inflación acumulada y el aumento general del costo de vida hicieron que muchas personas igualmente tengan dificultades para afrontar el pago de la factura de luz. Las quejas de los usuarios son reales y reflejan el impacto que el incremento de las tarifas tiene sobre economías familiares cada vez más ajustadas. El malestar social por las tarifas muestra que, aun con esas compensaciones, el aumento dispuesto a nivel nacional fue desmedido. Si las facturas resultan difíciles de afrontar pese a que la provincia mantiene una de las tarifas más bajas del país, cabe preguntarse cuál habría sido la situación sin esas medidas de amortiguación.

¿Puede crecer una provincia sin inversión nacional?

El desarrollo de una provincia no depende únicamente de su administración. Hospitales, rutas nacionales, viviendas, obras hídricas, infraestructura energética, programas productivos, etc. Todos estos componentes requieren, en distinta medida, inversión del Estado Nacional. Cuando esos recursos desaparecen, la capacidad de crecimiento provincial también cambia. Por eso, atribuir exclusivamente a una supuesta "ideología provincial" la evolución económica deja afuera uno de los factores más determinantes del período, la política fiscal implementada por la propia Nación.

Es legítimo debatir la eficiencia con la que cada provincia administra sus recursos y el tamaño del Estado. Lo que es insostenible es un análisis que ignore que, desde diciembre de 2023, el Gobierno Nacional redujo de manera significativa los recursos destinados a las provincias, paralizó gran parte de la obra pública y modificó el esquema de subsidios. Si una provincia recibe un tercio menos de fondos, menos inversión en infraestructura y menos programas nacionales, resulta razonable preguntarse cuánto de su desempeño depende exclusivamente de sus decisiones y cuánto responde al nuevo escenario fiscal impuesto desde la Nación. Porque en un país federal, el crecimiento no depende exclusivamente de las provincias, sino de las decisiones que toma el gobierno que concentra la mayor parte de los recursos públicos.