En una misma semana, dos episodios expusieron la disputa por el sentido de las herramientas que buscan prevenir la violencia de género y el peligro de convertir su incumplimiento en algo socialmente tolerable. 

Por un lado, el escándalo en el Colegio de Farmacéuticos, donde un miembro de la institución fue detenido por la policía a pedido de una mujer que denunció el incumplimiento de una medida de protección vigente. Se trata de un caso en el que se polemiza sobre conflictos de orden institucional, como la interrupción de una asamblea y el traslado de su abogada, desplazando el foco del motivo de la intervención policial y desestimando públicamente la detención ante la posible violación de dicha medida. Al hacerlo, asegurando arbitrariedad e incluso abuso, se refuerza así la desprotección de muchísimas mujeres en situaciones analogas. 

Y por otro lado, el locutor Leo Vallejos, fue notificado de una medida judicial que le ordenaba cesar el hostigamiento hacia una funcionaria pública durante 120 días tras incumplir una disposición anterior, convirtiendo la desobediencia en contenido radial. Desde que se presentó la primera medida el locutor la presenta como censura, como persecución, como un atentado contra la libertad de expresión.

Dos escenas diferentes, un mismo patrón, la deslegitimación de las herramientas que existen para prevenir la violencia. En ambos casos, lo que queda en segundo plano son las medidas dictadas en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres que se dictan precisamente para evitar que la violencia escale.

Estos episodios no ocurren en el vacío, sino que se inscriben en un contexto más amplio, donde Argentina, históricamente activa en la agenda internacional de derechos humanos, ha comenzado a correrse de compromisos globales vinculados a la prevención de la violencia de género, incluso en ámbitos como la Organización de las Naciones Unidas. A nivel interno, el propio discurso del gobierno nacional ha puesto en cuestión políticas públicas orientadas a reducir estas violencias, deslegitimando su importancia o presentándolas como innecesarias. Por eso, su incumplimiento no es un detalle menor, y su cuestionamiento sistemático tampoco.

En ese marco, el reciente femicidio de Jessica Mercado puso sobre la mesa el dato alarmante de que una proporción significativa de los varones a quienes se les imponen medidas de protección las desobedecen. El caso expuso que a pesar de las medidas existan, su eficacia depende de que se cumplan y que su incumplimiento tenga consecuencias claras, lo que implica una exigencia directa al Estado de que las respuestas frente a la desobediencia deben ser firmes y ejemplares, no solo para sancionar, sino para prevenir. En ese sentido, el episodio del Colegio de Farmacéuticos con una transmisión en vivo para cuestionar el accionar policial en esta circunstancia, expuso el ejercicio de esa respuesta institucional ante una denuncia de incumplimiento.

En paralelo, el caso de Leo Vallejos dejó registro público de cuando la desobediencia no solo no es sancionada de manera visible, sino que además se sostiene en el tiempo y se convierte en contenido mediático, con un mensaje social que preocupa. Cuando esa deslegitimación ocurre en espacios de alta visibilidad el efecto se amplifica, porque ya no no se trata únicamente de lo que pasa entre las partes involucradas, sino del mensaje que circula.

A esto se suma la intervención de abogados que, convocados en el propio espacio radial, reforzaron la idea de que la medida de protección constituía un acto de censura. Esa interpretación confunde deliberadamente dos planos distintos, la libertad de expresión y el cumplimiento de una orden judicial, y termina legitimando el incumplimiento.

Naturalizar que las medidas pueden ignorarse, que su incumplimiento puede justificarse, que quienes las solicitan exageran, que hacerlas cumplir es un exceso, tiene consecuencias que pueden llegar a ser letales.

En contextos de violencia de género, la desobediencia de medidas de protección es uno de los indicadores más claros de escalada y es por eso que deben ser percibidas como una señal de riesgo que no se puede desplazar. Por eso preocupa que se construyan discursos que las relativizan.

En el caso del Colegio de Farmacéuticos, el foco se corrió del posible incumplimiento hacia cuestiones particulares en torno al interes de aquella asamblea. En el caso de Vallejos, la desobediencia fue reconfigurada como un acto de libertad de prensa. En ambos, lo que se pierde es la dimensión preventiva de estas herramientas.

Y creanme que soy muy consciente de la instrumentalización maliciosa de estas medidas con otros fines. Soy parte de las afectadas por las medidas de protección de violencia de género que la Jueza Diaz Marano le dictó a favor de la Jueza Ana Carla Menem contra una victima de violencia de género, su abogada, testigos y prensa para enterrar las novedades de una causa mediatizada que giraba en torno a presentaciones judiciales que pedían su destitución con graves acusaciones y evidencia de presuntos actos de corrupción. Por su puesto que estas medidas pueden y deben discutirse en el ambito judicial si se consideran arbitrarias. Pero eso no deberia habilitar el peligroso show que sostiene que sería legitimo el incumplimiento de las mismas. 

Porque cuando se instala la idea de que estas medidas son opcionales, exageradas o innecesarias, lo que se debilita es su capacidad de proteger. Por ende el riesgo ya no tiene que ver con alguna causa particular, sino con el riesgo a nivel colectivo. El mensaje de estos cuestionamientos en el ambito público pasan a afectar a todas las personas que dependen de que esas medidas sean tomadas en serio, cumplidas y respetadas. En una sociedad donde la violencia de género sigue siendo una realidad estructural, banalizar sus mecanismos de prevención no defiende derechos, los vulnera.