El femicidio de Jessica Mercado en La Rioja nos interpela con un patrón que se repite en todo el país, mujeres que denuncian violencia y agresores que continúan hasta un desenlace fatal sin que nadie se lo impida.

Jessica Mercado, fue asesinada por Miguel Ruarte frente a los 3 hijos que tenian común. Su ex pareja la asesino con un arma blanca en su hogar, en el barrio Francisco Primero de la ciudad de La Rioja en la madrugada del 10 de marzo. Esto no fue un hecho repentino ni imprevisible. El mismo 8M a la noche Jessica llamó a la policia porque su femicida habia violado las medidas de protección como solia hacerlo sin muchas consecuencias. Como el agresor se dió a la fuga, la policia le dijo que fuera a hacer la denuncia. Al otro día fue a fiscalía a pedir denunciar y pedir medidas de protección. La reconstrucción de los antecedentes institucionales muestra que la violencia era conocida por el sistema judicial mucho antes del crimen fatal. El hombre es quien fue a la justicia a denunciarla a ella acusandola de mala madre, y fue así como los organismos del estado detectaron el entorno de violencia de género en el que se criaban esos 3 menores. Aún así, Ruarte gozaba de la libertad de violar medidas judiciales obligando a su ex a vivir denunciando, ya la habia amenazado de muerte y ya habia sido encontrado en flagrancia violando medidas de protección que quedaban obsoletas ante su sistematico accionar. Mieguel Ruarte contaba con una condena en suspenso por violencia de género, pero aún así, a pesar de la sistematicidad de sus desobediencias y conducta violenta, gozó de la libertad de concretar las amenazas y asesinar como lo anticipaba sin que nadie hiciera nada para detenerlo. 

En 2024, se ordenó la exclusión del hogar de Ruarte. Meses después, el hombre fue detenido por incumplir medidas de protección contra su victima. Tras quedar en libertad, volvio a violar medidas perimetrales, por un acto en flagrancia se lo condenó y se le colocó una pulsera electrónica de monitoreo durante 120 días. La medida no fue renovada. Y siguió acechando a su victima, hasta que finalmente la mató. La madre de Jessica sostiene que nadie le creyó. 

El accionar de Miguel Ruarte expone una dinámica recurrente donde agresores con antecedentes de violencia que permanecen en libertad mientras las medidas de protección se vuelven inutiles por la falta de consecuencias al incumplirlas. Cuando el sistema falla en evaluar el riesgo o en sostener mecanismos efectivos de control, la violencia escala sin limites. Tener perspectiva de género implica entender que los femicidios no comienzan con el asesinato, sino antes. Amenazas, agresiones, denuncias ignoradas, restricciones que no se controlan y agresores que siguen teniendo libertad para acercarse a quienes sus pedido ayuda no son atendidos con el rigor que la ley manda. 

La pregunta entonces deja de ser quién cometió el crimen, sino qué se hizo o qué no hizo el sistema judicial cuando conoció las denuncias. Si bien es cierto que el sistema penal suele intervenir después de cometido un delito, en materia de violencia de género el Estado tiene obligaciones específicas de prevención. La legislación argentina y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que el Estado debe actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esto no signigica una "desventaja para los hombres", como suele asegurar la desinformación de género, sino que cuando existen denuncias previas, antecedentes de violencia o incumplimientos de medidas judiciales, el sistema tiene la obligación de evaluar el nivel de riesgo y adoptar medidas eficaces para impedir que la violencia escale.

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina muestra que en el 88% de los casos de femicidios ocurre en relaciones donde ya existía vínculo previo. Y según distintos informes judiciales y de observatorios entre 20% y 30% de las víctimas de femicidio habían denunciado previamente a su agresor. Por eso es necesario y urgente entender que la violencia letal suele ser el último eslabón de una cadena de violencia previa conocida por el entorno o por las instituciones.

La Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres que hizo Spotlight con el Estado argentino muestra que el 45% de las mujeres en Argentina atravesó violencia domestica, pero de ellas solo el 21% logró realizar una denuncia formal. Casi 8 de cada 10 mujeres que sufren violencia no denuncian. Esto implica que las estadísticas judiciales solo muestran una pequeña parte del fenómeno real.

Los estudios sobre violencia de género señalan varios factores estructurales que explican por qué muchas víctimas no denuncian. Por un lado, a nivel personal, existe un fundado miedo a represalias del agresor, claramente denunciar sin obtener una efectiva protección puede ser el desencadenante de un desenlace fatal. Además, muchas victimas estan sometidas a la dependencia económica y temen perder su vivienda o el cuidado de los hijos. Y muchas ni pueden detectar la situación por la normalización de la violencia. Por otro, el entorno no siempre acompaña, a veces se padece presión familiar, aislamiento o estigmatización social. Y por ultimo podemos detectar factores institucionales como la desconfianza en la justicia, experiencias previas de revictimización, demoras o falta de respuesta estatal y medidas de protección que no se cumplen.
Por eso, en general cuando una mujer denuncia, es porque ya atravesó un proceso previo de violencia grave como para tomar acción. 

Si el 45 % de las mujeres argentinas han sufrido violencia de alguna de sus parejas, el dato revela la existencia de un número masivo de agresores libres y un fenómeno estructural que el sistema institucional debe prevenir y controlar. La mayoria de esos agresores no son denunciados, pero sin dudas estamos frente a un problema de gran escala que evidencia que millones de argentinos han ejercido violencia, pero aún así esta problematica suele ser negada o minimizada con falacias que nos alejan a resolver lo que hoy conocemos de la realidad.

En este contexto, los discursos de desinformación de género que buscan desacreditar las denuncias de violencia cumplen una función política muy concreta, reinstalar el silencio. Durante décadas, la violencia contra las mujeres se sostuvo en gran medida porque las víctimas no denunciaban, esa siempre fue la garantia de libertad de los violentos. Los movimientos feministas y procesos globales como #MeToo lograron romper parcialmente ese pacto de silencio al legitimar la palabra de las víctimas y visibilizar que la violencia no era un problema individual sino estructural. Por eso, muchas de las narrativas que hoy circulan y que sobredimensionan problemas marginales como el de las denuncias falsas, o esas que presentan a los agresores como víctimas del sistema, lo que buscan precisamente es erosionar esa conquista cultural de las mujeres en su busqueda de algún día poder vivir libres de violencias. Es así como al instalar la idea de que denunciar puede volverse en contra de las víctimas, estos discursos desalientan la denuncia y empujan nuevamente a las mujeres hacia el aislamiento y el silencio, que históricamente han sido el terreno más fértil para que la violencia continúe impune.

Hoy el Estado deberia investigar con seriedad las responsabilidades institucionales que permitieron a Miguel la libertad de asesinar a su ex sin que nadie lo detuviera. Cada femicidio con antecedentes previos deberia obligar a revisar qué falló, quién no actuó cuando debía hacerlo y qué medidas deben cambiar para que esto no vuelva a ocurrir. Porque la única forma de que algún día se puedan revertir los factores institucionales que hacen que las victimas no denuncien es construyendo la confianza con las pocas que aún acuden al sistema que tanto desilusionó. La memoria de Jessica exige algo más que duelo, exige verdad, responsabilidades y garantías reales de protección para que ninguna otra mujer tenga que pagar con su vida las fallas del sistema.