A un año del ataque al fotógrafo Pablo Grillo, un informe documenta cómo se hostiga, censura y judicializa al periodismo en Argentina

El 12 de marzo de 2025 el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una protesta frente al Congreso de la Nación. El disparo le provocó una fractura expuesta de cráneo y lesiones cerebrales que requirieron múltiples cirugías. El ataque se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia contra la prensa registrados en Argentina en los últimos años.

A un año de ese hecho, la organización Periodistas Argentinas publicó el informe Oíd mortales: cómo opera la maquinaria del silencio, un documento que intenta responder una pregunta incómoda, de qué manera se están produciendo hoy los ataques contra el periodismo en el país. El informe documenta 278 periodistas agredidos durante 2025 y describe un patrón de hostigamiento que combina distintos mecanismos de disciplinamiento.

Entre los ataques registrados aparecen agresiones físicas durante coberturas periodísticas, denuncias judiciales contra periodistas, campañas de hostigamiento digital y órdenes de censura que restringen la publicación de información. Según el documento, estas prácticas funcionan como una maquinaria coordinada que busca debilitar la credibilidad del periodismo crítico y desalentar la investigación sobre temas sensibles para el poder político o judicial.

El informe identifica cuatro mecanismos principales que se repiten en distintos casos, agresiones durante coberturas informativas, acoso judicial, ciberataques y campañas de hostigamiento digital
órdenes de censura o restricciones a la publicación de información. Lejos de tratarse de episodios aislados, el informe plantea que estos mecanismos operan muchas veces de manera combinada, el proceso judicial alimenta la campaña digital, la campaña digital busca desacreditar públicamente al periodista y la violencia física aparece como forma de intimidación cuando el trabajo periodístico continúa.

Para explicar cómo funciona este sistema de disciplinamiento, el informe selecciona cuatro casos testigo. El primero es el del propio Pablo Grillo, cuyo ataque durante una cobertura periodística expuso el nivel de violencia que puede alcanzar la represión estatal contra trabajadores de prensa.
El segundo caso es el de la periodista Nancy Pazos, denunciada por el ministro de Justicia luego de opinar públicamente sobre la situación social del país. El tercero es el de Julia Mengolini, quien fue blanco de una campaña masiva de hostigamiento digital impulsada desde redes sociales y amplificada por el propio presidente de la Nación. El cuarto caso corresponde a un caso de SLAPP donde la censura judicial ejercida contra una periodista en la provincia de La Rioja fue el inicio de una persecución sostenida que empujó a una familia riojana a irse del país. Ese caso es el mío.

El SLAPP riojano de la mano de un Pagotto

Durante los últimos años investigué casos de denuncias de abuso sexual intrafamiliar y presuntas irregularidades dentro del sistema judicial riojano. A partir de ese trabajo comenzaron una serie de procesos judiciales que incluyeron medidas de censura previa que me prohibieron publicar o difundir información vinculada al denominado “Caso Arcoíris” y me obligaron a eliminar material ya difundido, lo cual hice. Nunca estrené el corto animado sobre revinculaciones forzosas y tampoco estrené el documental centrado en las experiencias de las adultas que denunciaron los delitos contra la menor. Pero aún así en junio de 2022 mi domicilio fue allanado y se secuestraron mis herramientas de trabajo, mientras se iniciaba una causa penal por desobediencia. Con el tiempo se sumaron nuevas imputaciones y restricciones judiciales que también me impidieron cubrir otros casos similares en la provincia. Diversas organizaciones periodísticas y académicas señalaron públicamente la gravedad institucional de estas decisiones judiciales.

Lo paradójico fue que mientras las personas denunciadas por delitos contra esa niña enfrentaban restricciones judiciales temporales que incumplian, mi trabajo periodístico quedó sujeto a medidas de censura que me prohíben de manera permanente volver a referirme a las investigaciones que realicé. 

Los litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP, no se limitan a las acciones judiciales que se tramitan en los tribunales. Su eficacia depende de otro elemento central, la construcción paralela de una narrativa pública destinada a desacreditar a la persona perseguida.
Las causas judiciales funcionan entonces como insumo para campañas mediáticas y digitales que buscan instalar la idea de que quien investiga abusos de poder no está ejerciendo un rol de control democrático, sino cometiendo algún tipo de delito.

En mi caso, esas acciones comenzaron luego de investigaciones periodísticas vinculadas a denuncias de violencia de género y abuso sexual intrafamiliar. En esas coberturas mi trabajo consistía, precisamente, en dar visibilidad a víctimas que en casos donde estaban siendo desacreditadas públicamente por las estrategias de defensa de sus agresores. Ese trabajo periodístico entró en conflicto directo con los intereses de quienes buscaban instalar otras narrativas sobre esos casos. A partir de allí comenzaron las acciones judiciales, las campañas de hostigamiento y las operaciones mediáticas destinadas a desacreditar mi labor profesional.

Antes de que aparezca la violencia, aparece el relato que la justifica

Las causas judiciales no fueron el único frente de conflicto. Desde la primer censura en 2022 he sido objeto de campañas sistemáticas de hostigamiento digital y mediático destinadas a desacreditar mi trabajo. Durante los primeros años esas acciones estuvieron impulsadas públicamente por el abogado Emilio Pagotto, a quien denuncié en tres oportunidades por hostigamiento y persecución. A pesar de las denuncias presentadas y de las pruebas aportadas, nunca obtuve medidas de protección judicial.

Años de hostigamiento y difamación organizada contra Calvo sucedieron con total impunidad

El hostigamiento continuó amplificándose en redes sociales y medios de comunicación, generando un clima de estigmatización que derivó incluso en agresiones directas. Con el tiempo, el foco de esas campañas comenzó a desplazarse. Luego de años de ataques dirigidos a mi persona, el hostigamiento empezó a concentrarse crecientemente en mi hijo.

En enero de 2025 comenzaron las amenazas directas contra mi hijo, en mayo fue objeto de publicaciones difamatorias en redes sociales y medios vinculados a espacios libertarios, donde se lo acusó falsamente de delitos que nunca existieron. Tras esas campañas comenzaron a registrarse episodios de violencia policial, que la institución responsable reconoce como procedimientos irregulares, pero los percibe como hechos aislados. Tras dos hechos y una escalada de hostigamiento sin medidas de protección, con mi familia nos exiliaramos temporalmente fuera del país en el marco de un programa de protección de defensores de derechos humanos en riesgo. 

La violencia digital y difamación organizada se extendió al entorno de Calvo, principalmente su hijo

En agosto de 2025 nos fuimos y volvomos en diciembre. Una semana despúes de nuestro regreso, mi hijo fue demorado sin razón por tercera vez, esta vez el procedimiento irregular se extendió por más de 7 horas. Hace unos días cuando cantaba invitado en un evento en el Museo de la Ciudad, una persona del público se acercó a intimidarlo por lo que cantaba. Una vez más volvió a ser blanco de difamación en una página libertaria. Y como siempre en esas publicaciones, aparecen amenazas directas. Hoy nos encontramos teniendo que realizar una denuncia penal contra una persona que solía atacarme en redes a mi, pero ahora afirmó que cuando se cruce con mi hijo en la calle va a necesitar una intervención quirurgica en su rostro. 

Es así como se construye una narrativa destinada a justificar cualquier abuso posterior. Las publicaciones difamatorias que preceden a estos episodios buscan instalar la idea de que la persona señalada es peligrosa, delictiva o merecedora de castigo. Una vez instalada esa narrativa, cualquier episodio de violencia puede presentarse como una respuesta legítima. 

En términos políticos, este mecanismo ha sido analizado como parte de una lógica de necropolítica, donde ciertos cuerpos son previamente deshumanizados en el discurso público para que la violencia ejercida contra ellos resulte socialmente tolerable. Cuando las campañas digitales coordinadas identifican a alguien como enemigo, delincuente o amenaza, se construye un clima que habilita abusos que de otro modo serían inaceptables. Ese tipo de narrativas no sólo buscan desacreditar a una persona en el debate público. También preparan el terreno para justificar cualquier forma de violencia posterior.

Desigualdades estructurales que atraviesan los ataques a la prensa

No es casualidad que de los cuatro ejemplos elegidos para explicar cómo funciona esta maquinaria de silenciamiento, tres corresponden a mujeres periodistas. Nancy Pazos, Julia Mengolini y quien escribe estas líneas. Las investigaciones sobre violencia digital han advertido que las mujeres periodistas, y especialmente aquellas que se identifican con el feminismo o trabajan en temas de derechos humanos, se convierten con mayor frecuencia en blanco de campañas de hostigamiento. Las agresiones suelen adoptar formas específicas, sexualización de los ataques, difamación sobre la vida privada y estrategias destinadas a erosionar la credibilidad profesional. Las periodistas feministas enfrentamos así una doble resistencia, por lo que investigamos y por lo que representamos en el debate público.

Paralelamente, además existe otra dimensión que rara vez aparece en el debate sobre libertad de prensa en Argentina, el centralismo mediático. Gran parte de la discusión pública se construye a partir de lo que ocurre en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Los conflictos que atraviesan a periodistas de los grandes medios porteños adquieren rápidamente relevancia nacional. En cambio, las situaciones que enfrentamos periodistas del interior muchas veces permanecen invisibilizadas. Por eso no es un dato menor que entre los casos testigo del informe aparezca también una periodista de una provincia del interior. Las presiones contra el periodismo no ocurren sólo en los grandes centros mediáticos, también se producen lejos de ellos, donde muchas veces resultan más difíciles de visibilizar.

El informe Oíd mortales no describe hechos aislados. Describe un sistema. Un sistema donde la violencia contra la prensa puede venir de una fuerza de seguridad en la calle, de una campaña coordinada en redes sociales o de una resolución judicial que prohíbe publicar. Cuando estos mecanismos se combinan, el resultado es siempre el mismo, el silenciamiento de investigaciones que incomodan al poder. Por eso lo que está en juego no es el destino de un periodista en particular. Lo que está en juego es algo mucho más profundo, el derecho de la sociedad a saber.