La ONU advierte que proteger a las infancias no puede significar silenciar sus voces
Un informe de Naciones Unidas publicado en 2026 cuestiona las políticas de protección digital que restringen el acceso a la información y plantea una responsabilidad concreta para el periodismo: reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, fuentes de información, protagonistas de la vida pública y productores de contenidos, en lugar de tratarlos únicamente como personas vulnerables que necesitan protección.
por Manuela Calvo


Las infancias tienen derecho a recibir información, expresarse, participar de los debates públicos y producir sus propios contenidos
¿Quién cuenta lo que les pasa a las infancias? ¿Quién decide qué información necesitan conocer? ¿Cuántas veces las noticias hablan sobre niñas, niños y adolescentes sin incorporar sus perspectivas?
Estas preguntas atraviesan uno de los planteos más relevantes del informe Children, Youth and Information Integrity (Infancias, juventudes e integridad de la información), publicado en agosto de 2026 por el Departamento de Comunicación Global de Naciones Unidas.
El documento, que forma parte de una serie dedicada a fortalecer la integridad informativa, propone revisar la manera en que los Estados, las empresas tecnológicas y los medios de comunicación garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) en los entornos informativos.
Su punto de partida es que las infancias tienen derecho a recibir información, expresarse, participar de los debates públicos y producir sus propios contenidos. La protección frente a los riesgos digitales debe garantizarse sin anular esos derechos.
La ONU reconoce que existen riesgos específicos asociados a la desinformación, los discursos de odio, la violencia digital, los sistemas algorítmicos y la inteligencia artificial. Sin embargo, advierte que las respuestas centradas exclusivamente en restringir el acceso pueden terminar perjudicando a quienes pretenden proteger.
Para el periodismo, esto plantea una discusión que excede la seguridad en internet, cómo informar sobre las infancias sin sustituir sistemáticamente sus voces por las interpretaciones de personas adultas.
Las infancias no son únicamente protagonistas de noticias: también son audiencias
Uno de los apartados más significativos del documento está dedicado a los medios de comunicación independientes, libres y pluralistas.
Allí, Naciones Unidas sostiene que niñas, niños y adolescentes necesitan acceder a noticias e información diversas y confiables para su desarrollo, para tomar decisiones y para participar de la vida cívica.
Ese derecho incluye información sobre derechos humanos, salud, bienestar, cuestiones políticas, asuntos comunitarios e identidad.
La perspectiva cuestiona una práctica frecuente en el tratamiento mediático de las infancias al considerar que determinados asuntos pertenecen exclusivamente al mundo adulto, incluso cuando las decisiones que se toman afectan directamente sus vidas.
Las políticas educativas, las decisiones judiciales, los conflictos familiares, el acceso a la salud o las condiciones de vida de una comunidad pueden involucrar derechos de NNyA. Sin embargo, su presencia en las noticias no garantiza que tengan oportunidades reales de expresar qué piensan sobre esas situaciones.
El informe plantea que el periodismo de interés público dirigido a las infancias debe abordar asuntos que les preocupan, explicar temas complejos de manera accesible e incorporar voces jóvenes a la cobertura informativa.
Informar con perspectiva de derechos de NNyA implica reconocer que son sujetos con necesidades informativas propias, no únicamente personas sobre las que otros tienen algo que decir.
Naciones Unidas también alerta sobre una consecuencia de la desaparición de medios locales y el crecimiento de los llamados desiertos informativos, las infancias pierden acceso a información confiable sobre sus propias comunidades.
La expansión de los sistemas de inteligencia artificial introduce otro problema. Los resúmenes automatizados que evitan el ingreso a las páginas periodísticas y los sistemas conversacionales que pueden limitar la diversidad de fuentes amenazan la circulación de información independiente.
Cuando niñas, niños y adolescentes carecen de acceso a periodismo de calidad, señala el documento, disminuyen sus posibilidades de participar de manera informada en la vida pública.
El derecho a ser escuchados también alcanza al periodismo
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su artículo 12 el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar libremente su opinión sobre los asuntos que les afectan, teniendo debidamente en cuenta sus opiniones según su edad y madurez.
El artículo 13 protege su libertad de expresión y el artículo 17 reconoce la importancia de los medios de comunicación para garantizar su acceso a información de diversas fuentes.
El informe de Naciones Unidas retoma este marco de derechos y lo aplica a un ecosistema informativo profundamente transformado por las plataformas digitales.
En ese contexto, sostiene que niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos como participantes activos en las decisiones que afectan su acceso a la información.
La consecuencia para la práctica periodística es concreta: escuchar a NNyA no debería ser una excepción reservada a determinadas historias, sino una dimensión de la cobertura de los asuntos que les afectan.
Esto no significa que cualquier testimonio deba hacerse público ni que la voluntad de participar elimine las obligaciones de protección.
La participación debe contemplar la edad, el desarrollo, el contexto y los riesgos de exposición. Preservar la identidad cuando corresponde, evitar preguntas que puedan producir daños, evaluar las consecuencias de una publicación y respetar la privacidad son responsabilidades que siguen vigentes.
La distinción es fundamental: el derecho a expresarse no equivale a una obligación de exponerse públicamente.
De hecho, el informe advierte que las restricciones adoptadas con fines de protección pueden tener consecuencias perjudiciales cuando impiden a NNyA acceder a información, comunidades o recursos de apoyo.
Esta situación adquiere especial relevancia para quienes viven en contextos de pobreza, desplazamiento, discapacidad, discriminación o exclusión. El documento menciona expresamente a integrantes de comunidades indígenas, minorías y personas LGBTQ+, para quienes los espacios digitales pueden facilitar el acceso a información y redes de acompañamiento que no encuentran en su entorno inmediato.
Por eso, las medidas de protección deben evaluarse también por sus consecuencias sobre el ejercicio de otros derechos.
Cuando las personas adultas monopolizan el relato
En la cobertura periodística sobre infancias, una dificultad recurrente es la intermediación adulta.
Familiares, instituciones educativas, autoridades, profesionales, organismos estatales y representantes judiciales suelen ocupar el lugar de fuentes. Sus intervenciones pueden resultar indispensables para comprender los hechos, pero no necesariamente reemplazan la perspectiva de las personas cuyos derechos están involucrados.
La recomendación de Naciones Unidas permite examinar críticamente esa distribución de voces.
Un conflicto escolar puede contarse desde las autoridades educativas y las familias sin que aparezca la experiencia de los estudiantes. Una medida de protección puede explicarse a partir de resoluciones institucionales sin que se conozcan las necesidades informativas de las infancias afectadas. Una política pública puede presentarse como beneficiosa para adolescentes sin consultarles cómo impacta en sus vidas.
Son ejemplos de situaciones en las que el enfoque periodístico puede reproducir una mirada exclusivamente adulta.
El documento no establece un protocolo específico para entrevistar a NNyA ni dispone que deban aparecer en todas las noticias que los involucren, pero si apela a reconocer que las perspectivas y experiencias de las generaciones más jóvenes son necesarias para comprender los problemas y elaborar respuestas que respeten sus derechos.
Esta exigencia también interpela a las redacciones. Incorporar una perspectiva de infancia no consiste únicamente en modificar el lenguaje, preservar identidades o evitar imágenes revictimizantes. Requiere revisar qué temas se consideran relevantes, a quiénes se consulta y cómo se construye la información destinada a públicos de distintas edades.
Las juventudes también producen información y hacen periodismo
Naciones Unidas cuestiona la idea de que las nuevas generaciones ocupan exclusivamente el lugar de consumidoras de contenidos.
El informe reconoce que niñas, niños y jóvenes producen información a través de redes sociales, podcasts, blogs, videos y otras plataformas. Algunas de esas actividades incluyen periodismo, comentarios sobre asuntos públicos y contenidos relacionados con la participación ciudadana.
En consecuencia, sostiene que esa participación debe contar con apoyo y protección.
El documento plantea expresamente que las protecciones de libertad de prensa que alcanzan a periodistas profesionales deben extenderse a niñas, niños y jóvenes que realizan actividades periodísticas y de expresión cívica en internet.
También advierte sobre los riesgos de acoso, intimidación, amenazas y violencia contra quienes ejercen esa participación.
La cuestión adquiere relevancia en un contexto en el que los movimientos juveniles utilizan herramientas digitales para organizar reclamos, denunciar vulneraciones de derechos y cuestionar decisiones de poder.
El informe reconoce que esas posibilidades de organización conviven con vigilancia estatal y no estatal, campañas de desinformación, censura y represión de protestas.
Entre quienes enfrentan mayores niveles de violencia tecnológica identifica a mujeres y niñas que participan en la esfera pública, incluidas periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas por la igualdad de género.
Para fortalecer la participación informativa de las juventudes, Naciones Unidas propone apoyar iniciativas periodísticas juveniles, ofrecer formación en verificación de datos y ética periodística, y generar oportunidades de acompañamiento y acceso a recursos.
El objetivo no es que las personas jóvenes reproduzcan las prácticas de los medios tradicionales, sino que puedan participar de la producción informativa con herramientas y garantías para ejercer sus derechos.
Proteger derechos no es prohibir el acceso a internet
El informe también cuestiona la tendencia a responsabilizar exclusivamente a las familias y a las personas menores de edad por los riesgos que enfrentan en internet.
Naciones Unidas señala que gran parte de esos riesgos surge de decisiones empresariales relacionadas con los modelos de negocio de las plataformas digitales.
Las empresas tecnológicas obtienen ingresos mediante sistemas que buscan captar atención, prolongar el tiempo de permanencia y recopilar información sobre hábitos, preferencias y comportamientos.
Los mecanismos de recomendación algorítmica, las recompensas intermitentes, los diseños manipulativos y la publicidad personalizada pueden afectar especialmente a personas que atraviesan etapas de desarrollo cognitivo y emocional.
El informe advierte que estos sistemas pueden conducir a circuitos de exposición reiterada a contenidos perjudiciales, incluidos materiales sobre autolesiones, suicidio, violencia y extremismo.
La responsabilidad, señala, no puede recaer únicamente en quienes utilizan las plataformas.
Naciones Unidas considera insuficiente presentar el problema como una cuestión de tiempo frente a las pantallas o de retrasar el acceso a internet. Ese enfoque deja en segundo plano las decisiones estructurales de las empresas que diseñan y administran los entornos digitales.
Por eso propone obligaciones de seguridad desde el diseño, protección de datos personales, limitaciones a la publicidad conductual dirigida a menores de edad y mecanismos accesibles de denuncia y reparación.
También recomienda incorporar alfabetización mediática y digital desde edades tempranas, incluida la comprensión del funcionamiento de los algoritmos y de la inteligencia artificial.
El planteo tiene una consecuencia directa para los derechos informativos: una política que restringe el acceso sin modificar los sistemas que generan los riesgos puede resultar insuficiente e incluso privar a NNyA de espacios de información y participación.
Una perspectiva de infancia construida con las propias infancias
Otro aspecto del documento se refiere a la participación en la elaboración de políticas, investigaciones y tecnologías.
Naciones Unidas plantea que niñas, niños y jóvenes deben intervenir en el diseño, la evaluación y la regulación de los entornos digitales que utilizan.
La propuesta incluye su participación como colaboradores en investigaciones y evaluaciones de riesgos, además de la creación de espacios de consulta seguros y accesibles.
Esta recomendación parte de una limitación reconocida por el propio organismo: las decisiones sobre el ecosistema informativo suelen tomarse sin una representación suficiente de las generaciones más jóvenes.
El problema también afecta a la producción de conocimiento. El informe señala que buena parte de las investigaciones sobre infancias y entornos digitales se realiza en América del Norte y Europa, mientras las experiencias de los países del sur global permanecen insuficientemente estudiadas.
Esa desigualdad puede llevar a diseñar políticas a partir de evidencia que no contempla diferencias culturales, económicas, lingüísticas o tecnológicas de otras regiones.
Para el periodismo latinoamericano, esta observación abre una pregunta sobre las fuentes que utilizamos para comprender las experiencias digitales de NNyA: hasta qué punto las investigaciones internacionales permiten explicar lo que sucede en nuestras comunidades y qué experiencias permanecen fuera de los estudios disponibles.
El organismo propone ampliar la investigación independiente, garantizar acceso a datos de las plataformas bajo condiciones que protejan la privacidad y promover la participación de jóvenes del sur global en la producción de conocimiento.
El desafío para los medios de comunicación
El informe no es un manual de cobertura periodística ni una norma que establezca obligaciones editoriales específicas. Es un documento de orientación que aplica los Principios Globales de las Naciones Unidas para la Integridad de la Información, publicados en 2024, a los derechos de las infancias y las juventudes.
Su aporte al debate periodístico consiste en reconocer expresamente a NNyA como audiencias con necesidades informativas propias, titulares de libertades fundamentales y participantes de la producción de información.
Desde esa perspectiva, la cobertura mediática debe poder responder preguntas que rara vez se formulan de manera conjunta: qué información necesitan las infancias, cómo garantizar su acceso, de qué manera incorporar sus experiencias y cuáles son los límites necesarios para evitar nuevas vulneraciones de derechos.
La protección de la intimidad, la prevención de la revictimización y el resguardo de la identidad cuando corresponde siguen siendo obligaciones centrales. Pero ninguna de esas garantías exige desconocer la capacidad progresiva de niñas, niños y adolescentes para formar opiniones, expresar demandas o participar de la vida pública.
La ONU plantea que la participación de las generaciones más jóvenes debe ser sostenida y tener consecuencias reales en las decisiones que afectan sus entornos informativos.
El desafío alcanza a gobiernos, plataformas y organismos de protección, pero también a quienes producen noticias.
Porque una cobertura puede evitar revelar el nombre de una niña, respetar su privacidad y cumplir las precauciones formales de protección y, aun así, contar toda su historia sin haber considerado su perspectiva.