La opacidad avanza

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (CPI) de Transparencia Internacional volvió a traer una mala noticia para la Argentina: cayó 5 lugares y quedó en el puesto 104 sobre 182 países, con 36 puntos sobre 100. En la medición anterior, el país había quedado 99° y con un punto más.

Es un índice compuesto que sintetiza evaluaciones de expertos y actores del mundo empresario sobre corrupción en el sector público. Y, justamente por eso, suele funcionar como un termómetro de confianza institucional, calidad de controles y previsibilidad del Estado.

El retroceso de 2025 consolida una tendencia, Argentina empeora por segundo año consecutivo en un indicador global que se construye, precisamente, con señales acumulativas (funcionamiento de organismos de control, independencia, acceso a información, castigo a la corrupción, etc.). En el informe global, Transparencia Internacional insiste en una relación que en derechos humanos conocemos bien, cuando el espacio cívico se reduce y se debilitan los mecanismos de control, la corrupción encuentra mejores condiciones para crecer y desplegarse con impunidad.

Ayer se conoció el procesamiento de 20 funcionarios del área de discapacidad por presunta asociación ilícita, fraude y sobornos en una causa vinculada a la Agencia de Discapacidad que se empezó a investigar tras la divulgación de audios donde acusaban a la hermana del presidente de quedarse con el 3% de las coimas investigadas.Este caso muestra como las redes de corrupción pueden operar en áreas sensibles de política social, y que la respuesta judicial puede existir. Al mismo tiempo, la causa conocida $LIBRA, que involucra al presidente de la nación por haber promocionado en su cuenta una estafa, acumula demoras pese a la existencia de evidencia contundente como el contrato con el creador de la criptoestafa.

En paralelo hay decisiones políticas concretas que, como mínimo, empujan en dirección contraria a la rendición de cuentas. El 6 de febrero de 2026 por Decreto 87/2026, el presidente Javier Milei dispuso que el Estado deje de ser querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en el préstamo del FMI 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, expediente donde se investiga a Luis “Toto” Caputo, actual ministro de Economía y Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación.

El decreto se formalizó en un momento clave del trámite, con la causa recién archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti y con apelación del fiscal Franco Picardi. Ser querellante permite acceder al expediente, proponer pruebas y apelar. O sea, que el gobierno se corra de una causa de alto interés público que investiga el destino de una deuda histórica, es una desición política que está reduciendo una herramienta institucional de impulso y control en un caso sensible, y eso impacta en la percepción de integridad del Estado. Porque es importante entender que la percepción social no se construye solo por condenas, sino por tiempos y consistencia en la acción judicial, y si se enterara, por desiciones politicas como esta. 

No es casualidad que esta creciente opacidad se acompañe con una baja en el ranking de libertad de prensa en el que nuestro país cayó 47 posiciones en dos años, quedando el puesto 87 del ranking que mide Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el CIVICUS Monitor ubicara a Argentina en la categoría donde la libertad del espacio este obstruida, cuando solia catalogarse de estrecha en años anteriores.

Más que un ranking

En enfoque de derechos, la corrupción y la opacidad no son solo problemas administrativos, sino que impactan directamente en salud pública, en la vulnerabilidad con personas con discapacidad, en el deterioro de la educación, alimentación, seguridad y justicia, porque distorsionan prioridades, degradan servicios y multiplican desigualdades. Transparencia Internacional remarca que la corrupción socava derechos y servicios públicos y que proteger el espacio cívico es parte de la respuesta. Y acá hay un punto político-clave, el CPI 2025 no castiga un escándalo puntual, sino que refleja un clima institucional. Cuando un gobierno desarma capacidades estatales de investigación, retrae al Estado de causas sensibles o estigmatiza controles externos, lo que se erosiona es la idea misma de que al poder se lo audita.

Hoy, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de prisión en la causa Vialidad. El fallo sostuvo que, por su posición jerárquica, no podía desconocer hechos de corrupción en el área bajo su responsabilidad, aun cuando no hubiera prueba directa de participación material en cada acto.
Ese estándar que establece la imposibilidad de alegar desconocimiento en estructuras bajo mando político fue central en la sentencia. La pregunta que surge en el debate público es inevitable: ¿ese mismo estándar se aplica con igual rigor a otros niveles del poder actual? La cuestión no es equiparar casos distintos ni anticipar culpabilidades, pero si observar si el principio de responsabilidad política e institucional se sostiene con coherencia o se aplica selectivamente.

En este escenario, el problema no es solo lo que dicen los rankings internacionales. El problema es lo que ocurre puertas adentro. Cuando funcionarios del área de discapacidad son procesados por asociación ilícita, cuando causas de delitos en flagrancia acumulan demoras pese a la evidencia pública disponible, cuando el Estado se retira como querellante en expedientes de alto interés y, al mismo tiempo, el Presidente y su entorno más cercano lejos de aclarar atacan a quien quiere saber y las sospechas nunca reciben aclaraciones exhaustivas, lo mínimo esperable es información clara, completa y verificable.

Sin embargo, ni siquiera la llamada “oficina de respuesta oficial” logra ofrecer datos consistentes que despejen dudas y fortalezcan la confianza pública. Las respuestas fragmentarias, defensivas o meramente retóricas no sustituyen la transparencia estructural. No alcanza con desmentir titulares ni con acusar a la prensa de supuesta mala fe, la confianza se construye con documentación abierta, auditorías independientes y rendición de cuentas efectiva. En una democracia, la carga de la prueba no recae sobre la ciudadanía. Es el poder el que debe explicar, demostrar y transparentar. Cuando esa explicación no llega, el vacío se llena con sospecha.

La caída en el Índice de Percepción de la Corrupción, el retroceso en libertad de prensa y el deterioro del espacio cívico no son fenómenos desconectados. Son síntomas de un mismo problema, la pérdida de credibilidad institucional. Y la credibilidad no se recupera con discurso moralizante ni con insultos a quien duda. Se recupera con reglas iguales para todos, con coherencia en la aplicación de responsabilidades y con información pública que permita controlar al poder sin obstáculos.

Mientras eso no ocurra, la pregunta seguirá insatisfecha, si quienes gobiernan no pueden ofrecer explicaciones suficientes sobre las irregularidades que los rodean, ¿por qué deberíamos delegarles algo?