El mundo atraviesa una fuerte caída de la natalidad, pero no todos los nacimientos que dejaron de producirse representan el mismo fenómeno. La reducción de embarazos y maternidades entre niñas y adolescentes es uno de los grandes avances sanitarios y sociales de los últimos años. La evidencia disponible muestra, además, que prevenirlos no representa un perjuicio económico, sino que reduce costos para el Estado y mejora las posibilidades educativas, laborales y de ingresos de quienes pueden postergar la maternidad.

Argentina tiene cada vez menos nacimientos, la tendencia es suficientemente profunda como para abrir una discusión legítima sobre envejecimiento poblacional, sostenibilidad de los sistemas previsionales, organización futura de los cuidados y tamaño de la población económicamente activa. Las estimaciones demográficas más recientes sitúan la fecundidad total argentina en torno a 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de aproximadamente 2,1. Pero dentro de esa discusión es un error mirar cualquier nacimiento que deja de producirse como una pérdida equivalente. Una parte de la caída argentina corresponde a algo que durante décadas constituyó un grave problema de salud pública y de derechos humanos: niñas y adolescentes que quedaban embarazadas sin haberlo planificado y que terminaban convirtiéndose en madres a edades extremadamente tempranas. 

INDEC permite conocer qué en 2010, cuando Argentina tenía una tasa global de fecundidad cercana a 2,4 hijos por mujer, las adolescentes aportaban aproximadamente el 14,2% de la fecundidad total. Para 2021, cuando la tasa global había descendido a alrededor de 1,6 hijos por mujer, la contribución adolescente había caído al 9,1%. El componente adolescente se redujo entonces aproximadamente 0,20 hijos por mujer, mientras la tasa global cayó aproximadamente 0,8, por lo tanto, alrededor de una cuarta parte de la reducción de la fecundidad ocurrida entre 2010 y 2021 puede asociarse a la caída del componente adolescente. 

Argentina redujo el embarazo adolescente

Los datos oficiales muestran que la fecundidad adolescente de 15 a 19 años pasó aproximadamente de 65 nacimientos cada mil adolescentes en 2010 a alrededor de 30 en 2020.  El Banco Mundial registra para Argentina una tasa de fecundidad de 25,6 nacimientos cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años en 2024 y señala que el indicador viene disminuyendo desde 2010. 

La transformación no puede atribuirse a una única política pública, pero sí a una ampliación del acceso a anticonceptivos, políticas de salud sexual y reproductiva, Educación Sexual Integral, consejerías, acceso a métodos anticonceptivos de larga duración y, posteriormente, ampliación del acceso a la interrupción del embarazo.

Cuando analizamos el embarazo adolescente encontramos que tiene costos económicos. La metodología MILENA, desarrollada por UNFPA para medir las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente y la maternidad temprana, analiza pérdidas asociadas con educación, participación laboral, ingresos, salud e ingresos fiscales. El último estudio regional publicado por UNFPA en 2025 en 15 países de América Latina y el Caribe y estimó un costo anual conjunto de aproximadamente US$15.300 millones, equivalente en promedio a alrededor del 1% del PIB de los países analizados.

El análisis argentino realizado mediante la metodología MILENA estimó los costos de la maternidad temprana considerando educación, participación laboral, ingresos y consecuencias fiscales, y comparó además esos costos con la inversión necesaria para prevenir embarazos no intencionales, y concluyó que el ahorro potencial generado por prevenir estos embarazos podía equivaler a aproximadamente ocho veces la inversión realizada en el Plan ENIA. O sea, si el objetivo fuera exclusivamente económico prevenir los embarazos adolescentes puede producir un retorno social y fiscal positivo.

El Plan ENIA comenzó en 2017 y según la evaluación integral publicada por UNFPA en 2025 entre 2017 y 2023 el programa contribuyó a evitar aproximadamente 93.676 embarazos adolescentes no intencionales. 91.124 de adolescentes de 15 a 19 años y 2.552 a menores de 15 años.

En menores de 15 años no es "maternidad temprana"

Hay además una diferencia fundamental entre analizar los embarazos de adolescentes de 15 a 19 años y los producidos antes de los 15. UNICEF y los protocolos sanitarios argentinos advierten que el embarazo en niñas y adolescentes muy jóvenes tiene una fuerte relación con situaciones de abuso y violencia sexual. Entre sus causas se encuentran la ausencia de ESI, dificultades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, desigualdades de género, abuso sexual y obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo. En las edades más tempranas, reducir nacimientos puede significar haber evitado un embarazo producto de violencia o haber evitado que una niña fuera obligada a continuarlo, evitando también riesgos sanitarios prevenibles.

El abordaje de la baja de la natalidad

Que disminuyan los embarazos producto de abuso sexual, las maternidades infantiles, que una adolescente pueda terminar la escuela antes de decidir si quiere ser madre, que existan anticonceptivos que permitan decidir cuándo tener hijos son todas situaciones socialmente favorables. Ninguna preocupación legítima por el envejecimiento poblacional convierte esos avances en problemas. El problema es cuando una mujer de 30 años quisiera tener un hijo y no pudiera hacerlo porque no tiene vivienda, estabilidad laboral, ingresos suficientes o una infraestructura social de cuidados que permita compatibilizar crianza y trabajo. Hoy estamos frente a un proyecto reproductivo limitado por condiciones económicas y sociales, y eso debería formar parte de cualquier discusión seria sobre la baja fecundidad argentina.

Cuando una adolescente no tiene un hijo a los 16 años no podemos asumir que esa persona nunca tendrá hijos. Parte de la transformación contemporánea de la fecundidad consiste precisamente en la postergación de la maternidad. Pero Argentina atraviesa un fenómeno demográfico en el que también están disminuyendo y postergando los nacimientos también entre mujeres adultas y ahí aparecen otros factores como los ingresos, vivienda, empleo, organización social de los cuidados, desigualdad entre mujeres y varones y posibilidades reales de compatibilizar maternidad, paternidad y desarrollo profesional.

Mientras Milei responsabiliza al aborto y cuestiona políticas destinadas a evitar embarazos no intencionales, no está atacando el componente central del problema demográfico, las condiciones que hacen que personas adultas que sí desean hijos posterguen la maternidad o paternidad o tengan menos hijos de los que querrían. 

En mayo de 2025 Milei afirmó que el país estaba “pagando” con una caída de la natalidad lo que definió como un ataque a “las dos vidas”. Un año después, en mayo de 2026, volvió sobre el argumento y sostuvo que en materia de aborto “la sociedad argentina hizo un desastre”, relacionándolo nuevamente con la caída de la reproducción, cuando los nacimientos argentinos comenzaron a caer sostenidamente desde 2014, seis años antes de que se aprobara la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020. El problema es que, mientras responsabiliza al aborto por un fenómeno demográfico que comenzó antes de su legalización, su gobierno redujo recursos precisamente en políticas que habían demostrado efectividad para disminuir los embarazos no intencionales en niñas y adolescentes. 

En abril de 2024, el Ministerio de Salud anunció el “rediseño” del Plan ENIA y dio de baja 619 contratos, por un monto que el Gobierno calculó en $1.150 millones, lo que implicó retirar buena parte de los equipos territoriales que articulaban escuelas, centros de salud y comunidades. A eso se agregó el debilitamiento de la Educación Sexual Integral, la Ley 26.150 continúa vigente y establece que todas las y los estudiantes del país tienen derecho a recibir ESI y obliga al Estado a implementarla en establecimientos públicos y privados de todos los niveles educativos. Pero, el presupuesto y las metas muestran una contracción extraordinaria de la política nacional. Los recursos asignados específicamente a actividades de ESI equivalen a apenas el 2% de lo ejecutado en 2023, y la cantidad de docentes capacitados pasó de aproximadamente 65.000 en 2023 a 900 en 2024, mientras que las provincias asistidas disminuyeron de 24 a 6. 

Restringir derechos reproductivos puede producir algunos nacimientos más porque impide evitar embarazos no deseados. Pero eso no resuelve la crisis de fecundidad. Una política demográfica orientada a derechos debería hacer exactamente lo contrario, impedir que nazcan hijos que nadie eligió tener y remover los obstáculos que hoy impiden que nazcan hijos que sí son deseados. 

Si la preocupación fuera realmente que Argentina tiene una fecundidad demasiado baja, habría que disminuir el costo económico de formar una familia, facilitar el acceso a vivienda, mejorar la estabilidad laboral y construir una infraestructura de cuidados. Las políticas que mejor evidencia tienen para sostener o elevar la fecundidad no restringen derechos reproductivos, sino que reducen el costo económico, laboral y de cuidados de tener hijos. 

Por ejemplo, las licencias parentales pagas y suficientemente generosas, con protección del empleo han dado buenos resultados con evidencia favorable cuando la compensación económica es alta y cuando parte de la licencia está reservada a los padres, aunque los efectos varían según el país. En Quebec, por ejemplo, una reforma que mejoró sustancialmente el reemplazo salarial durante las licencias aumentó la tasa de nacimientos, en otros países los efectos fueron más modestos.

Por otro lado, las guarderías, jardines maternales y sistemas públicos de cuidado accesibles y de calidad es una de las variables más consistentemente asociadas con mayores tasas de fecundidad, porque reduce el costo de oportunidad de la maternidad y permite mantener la participación laboral. También políticas que facilitan compatibilizar trabajo y familia, incluyendo horarios laborales razonables, estabilidad laboral y corresponsabilidad entre mujeres y varones. En las sociedades contemporáneas, la fecundidad tiende a ser relativamente mayor allí donde las mujeres no tienen que elegir entre empleo y maternidad.

La OCDE identifica el costo habitacional como uno de los factores que más claramente se relacionan negativamente con la fecundidad. UNFPA también encuentra que vivienda, inseguridad laboral y costo de vida son razones centrales por las que muchas personas tienen menos hijos de los que querrían. Por eso el acceso a una vivienda accesible y estabilidad económica es fundamental si queremos que se incrementen los nacimientos en nuestro país. 

Mientras el Gobierno presenta la baja natalidad como un problema, sus políticas no están orientadas de manera integral hacia las intervenciones que la evidencia asocia con una mayor fecundidad deseada. Argentina no expandió un sistema nacional de cuidados, licencias, vivienda y estabilidad económica capaz de reducir sustancialmente el costo de tener hijos. En cambio, sí debilitó políticas destinadas a evitar embarazos no intencionales entre adolescentes, cuando el problema demográfico argentino no es que las personas aprendieron a evitar embarazos que no quieren, sino que cada vez más personas no encuentran las condiciones para tener los hijos que sí quieren. Si una política de natalidad no interviene sobre esa diferencia, difícilmente esté atacando la causa central de la baja fecundidad.