El gobierno de Javier Milei abrio la Ventana de Overton para cuestionar defender la Universidad Publica, laica, gratuita y de calidad para desestimar a las personas que este martes 12 se movilizaron en todo el país. El mecanismo por el cual ideas que antes eran consideradas socialmente inaceptables, para que pasen a ser discutibles, a proyectarlas como razonables y aplicarlas como una política pública fue desplegado para justificar el incumplimiento de la ley para justificar un desfinanciamiento de facto con argumentos que en otras epocas hubiesemos considerado un suicidio politico. 

En Argentina, durante décadas, la universidad pública, laica y gratuita fue parte del consenso democrático básico. No era un tema de disputa central entre oficialismos y oposiciones, porque existía un acuerdo cultural profundo sobre su valor estratégico para la movilidad social, la producción científica y la construcción de ciudadanía. La universidad pública era entendida como una conquista histórica, no como un privilegio.

Hoy, ese consenso está siendo erosionado deliberadamente.

La estrategia discursiva actual no comienza diciendo “cerremos las universidades”, porque eso seguiría siendo socialmente rechazado. La ventana de Overton funciona desplazando gradualmente el marco de lo pensable.

Primero se instala que el problema es la falta de transparencia, pero al aparecer rendición de cuentas se escala a la idea de que las universidades son un “gasto” y no una inversión. Luego se las asocia sistemáticamente con “privilegios”, “adoctrinamiento”, “militancia”, “curros” o “casta”. Después se busca desacreditar las movilizaciones masivas presentándolas como operaciones partidarias y no como reclamos sociales genuinos. Y finalmente se naturaliza algo que hace pocos años hubiera sido políticamente impensable, que el Estado incumpla una ley de financiamiento universitario votada y ratificada por el Congreso y judicialmente en dos instancias.

Por eso el conflicto politico dejo de ser solamente presupuestario, y ahora es institucional y cultural.

El Congreso Nacional aprobó una ley de financiamiento universitario para compensar el impacto de la inflación y el desfinanciamiento sobre las instituciones. Esa norma fue validada judicialmente en dos instancias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo continúa resistiendo su aplicación mientras desarrolla una narrativa política destinada a convencer a la sociedad de que el problema no es el incumplimiento estatal, sino la propia existencia de un sistema universitario masivo y gratuito. Y para ello utiliza toda la infraestructura estatal que se sostiene con gastos reservados de la SIDE que jamas auditaran. 

Ahí es donde opera la ventana de Overton, se intenta correr el eje del debate desde “el Estado está incumpliendo obligaciones legales y poniendo en riesgo el sistema universitario” hacia “¿merece existir este sistema tal como lo conocemos?”. Es así como hade dos años nos encontramos debatiendo cuestiones sociales resueltas hace decadas o siglos atras. 

La gravedad histórica del proceso radica en que se está intentando deslegitimar uno de los pilares identitarios más fuertes de la democracia argentina, la idea de que cualquier persona, independientemente de su origen económico, puede acceder a educación superior de calidad.

Por eso las marchas universitarias son tan masivas y transversales. No solo por una defensa sectorial de estudiantes o docentes, sino para expresar la percepción social de que se está atacando un símbolo de igualdad, ascenso social y soberanía científica que durante décadas funcionó como orgullo nacional. Hay algo en el corazón de cada argentino que resiste, que nos moviliza y que supera cualquier diferencia ideologica que pudieramos tener. 

Y justamente por eso la disputa comunicacional es tan intensa, porque para avanzar con un proceso sostenido de desfinanciamiento no alcanza con ajustar partidas, antes necesitan modificar el sentido común colectivo respecto de aquello que históricamente la sociedad consideró intocable y cuando la realidad no los ayuda a sostener esa postura, se inventan otra, por eso hay varias narrativas del gobierno nacional sobre las universidades públicas que son, como mínimo, engañosas o directamente falsas cuando se contrastan con los datos presupuestarios, auditorías existentes y estadísticas oficiales.

“No hubo recorte a las universidades”

Cuando se mide el presupuesto en términos reales el sistema universitario perdió una parte enorme de sus recursos. Según los relevamientos del CIN y la OPC muestran caídas historicas acumuladas hacia de 2023-2026. El propio Consejo Interuniversitario Nacional sostiene que entre 2023 y 2026 las transferencias perdieron alrededor del 45% de poder adquisitivo. 

Y aunque parezca una obvidad aclararlo por desgracia es necesario, eue el número nominal suba no significa que alcance para funcionar, con inflación alta, un presupuesto puede “aumentar” en pesos y aun así destruir capacidad operativa.

La situación fue escalando al punto que miles de docentes universitarios estan abandonando su labor para poder subsistir. 

“Las universidades no quieren ser auditadas”

Las universidades nacionales están obligadas constitucional y legalmente a rendir cuentas y son auditadas por distintos organismos: Auditoría General de la Nación (AGN),  SIGEN en aspectos administrativos, Auditorías internas universitarias, Control parlamentario, Publicación de presupuestos y balances. El conflicto no es “auditarlas o no”, sino que el Gobierno instaló la idea de que las universidades funcionan en una especie de “caja negra sin control”, algo que no es cierto.

Además, el oficialismo mezcla deliberadamente dos discusiones distintas como es la necesidad legítima de mejorar transparencia y eficiencia, con la idea de que todo el sistema universitario es corrupto o fraudulento cuando no hay evidencia pública que sostenga esa generalización.

“Se gasta demasiado por alumno universitario”

Hay un discurso reduccionista que apunta contra los estudiantes activos cuando se difunde la idea que contrasta la división total de presupuesto en relación al numero de graduduados ingnorando los aportes de investigación, extensión, hospitales universitarios, laboratorios, etc. para distorsionar completamente la inversión y el impacto real del sistema universitario.

Las universidades públicas argentinas no sólo forman profesionales, no pueden reducirse a una fabrica de graduados cuando contribuye al nivel de formación de todos los ciudadanos que asisten, al mismo tiempo que producen investigación científica, desarrollan tecnología, generan transferencia tecnológica y facilitan la movilidad social ascendente nutriendo todo el tejido social. 

“Las universidades están llenas de extranjeros”

El Gobierno apela recurrentemente que el Estado argentino “financia extranjeros”, aunque los datos muestran que los estudiantes extranjeros representan una proporción muy baja del sistema universitario nacional, especialmente en carreras de grado. El mismo subsecretario de Políticas Universitarias salio a sugerir que el arancelamiento de estos estudiantes podria resolver el problema de fondo cuando en la practica la recaudación seria insignificante, pero esta narrativa funciona más como construcción política identitaria que como diagnóstico presupuestario real.

“El Gobierno está cumpliendo totalmente con el presupuesto universitario”

Esto es parcialmente falso y depende de qué partida se mire. En el caso de los hospitales universitarios, el Gobierno afirmó haber transferido “la totalidad” de los fondos, pero autoridades universitarias tuvieron explicar que sólo se estaban girando partidas salariales y no los fondos operativos específicos para funcionamiento hospitalario.

Desde el mismo gobierno se contradicen cuando explican que las transferencias de los hospitales fueron frenadas hasta establecer un nuevo mecanismo de asignación porque aducen discrecionalidad que favoreceria a la UBA, mientras las universidades advierten que hace meses no reciben esos recursos y alertan sobre el impacto que la demora tiene en prestaciones médicas, investigación y mantenimiento de equipos. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que es el propio Gobierno el que define el criterio de distribución y cuestionó la postergación explicando la gravedad del la situación de que estemos en mayo y todavia no se distribuyan los casi 80 mil millones de pesos previstos para este fin. 

“La universidad pública es un privilegio de pocos”

Una proporción importante de estudiantes universitarios son primera generación de universitarios en sus familias. Argentina tiene uno de los sistemas de acceso universitario más amplios de América Latina gracias a la gratuidad y al ingreso irrestricto en muchas universidades. Eso no significa que no existan problemas estructurales como la deserción, desigualdad territorial, bajos índices de graduación, precarización docente, carreras desactualizadas, etc. Pero esos problemas no prueban que la universidad pública sea innecesaria, sino que necesita reformas y financiamiento serio.

La batalla cognitiva

La estrategia discursiva del Gobierno no se limita a discutir números, sino a una operación cultural que busca deslegitimar simbólicamente a la universidad pública asociandola con privilegio, militancia y corrupción. Consiguen instalar que el ajuste es moralmente correcto.

Transformar un derecho social histórico en un “gasto sospechoso” es consistente con una lógica de desplazamiento de la ventana de Overton donde ideas que antes eran políticamente impensables pasan a discutirse como opciones “razonables” para enterrar ese orgullo compartido en torno a esa movilidad social, nuestro sistema científico y el capital profesional que hoy se busca abolir de facto.