La violencia sexual es delito
por Manuela Calvo
No por su forma, sino por la integridad sexual que vulnera.
El otro día estaba en la playa en el exilio y me llamaron desde Crónica TV para preguntarme de un caso de La Rioja donde inquilinas de unos departamentos cerca de la universidad encontraron camaras ocultas vulnerando su intimidad. Durante la entrevista, traté de explicar sobre el crecimiento de las violencias sexuales facilitadas por la tecnología, pero terminé escuchando a un panelista asegurar que lo narrado por estas jóvenes “no constituye delito”. No tuve la oportunidad de responderle y quede preocupada por la profunda desinformación social y mediática sobre qué es violencia sexual.
Posteriormente, vi ese argumento replicado en los medios locales y no pude dejar de reparar en los daños que eso produce en las víctimas de este tipo de hechos. Porque la violencia sexual sin contacto no apareció con Internet: ha existido siempre, ha sido reconocida por la jurisprudencia, sancionada por el Código Penal y conceptualizada por organismos internacionales. Lo que sí cambió, y es lo que hoy debería alarmarnos, es la escala, la velocidad y la capacidad de daño que adquirió gracias a la tecnología.
Por un lado, como señala la Abogada Especializada en Ciberdelincuencia y Nuevas Tecnologías aplicadas a la Investigación, Silvina Santangelo Carrizo, en su artículo de Nueva Rioja, la irrupción de cámaras ocultas, sistemas de vigilancia, dispositivos inteligentes y plataformas digitales exige revisar la interpretación tradicional del artículo 119 del Código Penal, porque ya no alcanza con pensar el abuso sexual exclusivamente en términos que solian ser aplicados.
“La imagen de la persona en su desnudez, en su cama, en su intimidad, integra su esfera sexual y su protección jurídica no puede depender de que haya o no contacto físico”.
"Voyeurismo digital y abuso sexual” por S. Santangelo Carrizo
Mucho antes del surgimiento de las tecnologías actuales, tribunales de todo el mundo han reconocido que ciertas conductas constituyen violencia sexual sin contacto físico. Entre ellas obligar a una persona a presenciar actos sexuales, así como exhibir genitales o masturbarse frente a alguien sin consentimiendo. La falacia de que para que la violencia sexual sea considerada un delito debe encajar en determinadas acciones tipificadas, es una costumbre muy conveninente para la impunidad de la violencia sexual, y sobre todo de aquellas que hoy se ve facilitada por las tecnologias con las que se ejercen.
La tecnología no inventó la violencia sexual sin contacto, pero sí la potenció, la sistematizó y la volvió masiva. El informe de Global Threat Assessment en 2023 documenta un “crecimiento mundial” de la explotación y el abuso sexual en la infancia online: aumentando de volumen, nuevos métodos, material generado, grooming, extorsión, etc.
UNICEF explica que se estima que “más de 370 millones de niñas y mujeres en el mundo” han sufrido violaciones o abusos sexuales durante su infancia, y cuando se incluyen “formas sin contacto físico ”, la cifra crece hasta “650 millones, 1 de cada 5 mujeres ” y en el informe sobre seguridad de infancia en línea de la Union Europea documenta que este tipo de violencia sexual ha crecido sensiblemente en Europa, con millones de denuncias, material compartido y víctimas detectadas.
Estudios académicos recientes sobre imágenes íntimas sintéticas no consentidas evidencian como este tipo de usos de las tecnologías producen daños reales, mientras ONU mujeres alerta que la violencia de género en linea se disparó desde la pandemia.
El informe regional “Violencia digital contra mujeres en Iberoamérica” (2025) advierte que los ataques digitales a mujeres (acoso, amenazas, difusión no consentida de contenido íntimo, violencia de género en redes) han crecido en los últimos años, y documenta casos reales y su impacto en la vida cotidiana.
Aquí Sol Despeinada consigue con éxito mostrar como estos delitos estan creciendo exponencialmente.
La violencia sexual, con o sin contacto, deja marcas profundas. En el caso de las mujeres filmadas en su propia intimidad sin consentimiento, el daño no empieza cuando descubren la cámara: empieza cuando comprenden que alguien, en silencio, intervino su cuerpo, su desnudez, su sexualidad y su intimidad sin que ellas pudieran siquiera advertirlo. Ese tipo de delito produce un quiebre subjetivo difícil de dimensionar. Las víctimas reportan miedo constante, insomnio, hipervigilancia, vergüenza, pérdida de confianza en vínculos afectivos, ataques de pánico, sensación de exposición permanente, miedo a volver a habitar su propio hogar, el cual en este caso implicó un desplazamiento forzoso inmediato y una angustia persistente que no termina nunca de cicatrizar por la incertidumbre del alcance de este material que puede seguir existiendo, ser reproducido o compartido indefinidamente.
La psicología del trauma ya lo ha señalado: cuando la vulneración es sexual, el daño no se limita al momento del hecho, sino que invade la identidad, la autoestima, la seguridad y el vínculo con el propio cuerpo. Ser filmada sin consentimiento en un espacio íntimo, una cama, un dormitorio, un baño, es un acto de apropiación sexual de la imagen que destruye la sensación básica de control sobre uno mismo. La víctima no sabe cuántos videos hay, quién los vio, si circularon, que repercuciones estos podrán tener a lo largo de su vida. Es un tipo de violencia que continúa aun cuando el agresor ya no está presente.
Por eso es tan grave cuando los medios de comunicación aseguran livianamente que estos hechos “no son delito”. Ese discurso no es neutral: es revictimizante, desinforma y agrava el trauma. Les dice a las víctimas que lo que vivieron no es importante, que su dolor es exagerado, que su integridad sexual no cuenta porque no encaja en la imaginación limitada de quienes tienen la potestad de impartir justicia. Minimizar públicamente estas violencias contribuye a su impunidad, desalienta denuncias, refuerza estereotipos machistas y, sobre todo, profundiza la herida.
Cuando un medio declara que filmar a una mujer en su dormitorio sin consentimiento “no es delito” perpetúa la misma estructura que habilitó históricamente la impunidad de la violencia sexual. Esa negación social es, en sí misma, una forma de violencia. Las víctimas no necesitan que las desmientan: necesitan que la sociedad entienda que su intimidad, su cuerpo y su dignidad valen, incluso cuando la agresión no deja marcas fisicas visibles. Y que toda vulneración sexual merece ser nombrada como lo que es: un acto que rompe vidas y que exige una respuesta penal clara, firme y sin ambigüedades.
También es profundamente dañino sugerir que ante estas agresiones la única vía posible es la civil, como si se tratara de simples conflictos privados o patrimoniales. Reducir la violencia sexual digital a un “daño indemnizable” niega por completo la naturaleza del hecho: no es un desacuerdo entre particulares, es una vulneración a bienes jurídicos protegidos por el derecho penal: la integridad sexual, la intimidad, la autodeterminación y la dignidad. Cuando se afirma que “no existe remedio penal”, se desinforma, se confunde a las víctimas y se refuerza la idea de que sus derechos no pueden ser defendidos por el Estado. Eso incrementa la sensación de desprotección, profundiza el trauma y empuja a muchas mujeres a desistir de denunciar, creyendo que la justicia nunca actuará. Esta narrativa no solo es falsa: es peligrosa, porque favorece la impunidad, desalienta la investigación, neutraliza la intervención estatal y transforma una violencia sexual en un mero trámite financiero. Suprimir la dimensión penal es otra forma de silenciar a las víctimas, de decirles que lo que les pasó no fue suficientemente grave para merecer una respuesta del sistema de justicia. Y eso, también, es violencia.