La llegada de Martha Pelloni a La Rioja entre el 17 y el 19 de junio trasciende el seguimiento de un caso particular. La referente histórica de los derechos de las infancias y coordinadora de la Red Infancia Robada desembarca en la provincia con una preocupación concreta, la de conocer la situación actual de una niña de la que tengo prohibido hablar para que Emilio Pagotto pudiera manejar la narrativa pública del caso. 

La visita ocurre en un contexto que excede ampliamente un expediente. Durante los últimos años, distintas organizaciones de derechos humanos, especialistas en niñez y colectivos que acompañan víctimas de violencia sexual han advertido sobre una práctica que genera profunda controversia, los traslados, revinculaciones o cambios de guarda de niñas y niños que denuncian abusos intrafamiliares antes de que se hayan agotado las principales medidas destinadas a esclarecer los hechos denunciados.

Pelloni no llega a La Rioja como una observadora neutral de conflictos familiares. Su trayectoria está ligada a algunas de las luchas más emblemáticas contra la impunidad en la Argentina. Desde el caso de María Soledad Morales hasta la creación de la Red Infancia Robada, su intervención pública ha estado asociada a situaciones donde niñas, niños y adolescentes denunciaron violencias frente a estructuras institucionales que no siempre lograron garantizar su protección.

Según informó públicamente la Red Infancia Robada, la religiosa solicitó reuniones con integrantes del Poder Judicial riojano y del Ministerio Público de la Defensa para interiorizarse sobre la situación actual de la niña y conocer qué medidas se están adoptando para garantizar sus derechos.

Una discusión que excede al caso

La preocupación que motiva la visita de Pelloni no se limita a una causa judicial determinada. En distintos puntos del país se han registrado más de 1200 casos que presentan las mismas controversias en torno a decisiones judiciales que dispusieron revinculaciones, cambios de residencia o convivencias con familiares cuestionados mientras aún existían denuncias de violencia sexual en investigación.

Especialistas en derechos de la niñez sostienen que estos procesos requieren una extrema cautela porque involucran derechos fundamentales como el derecho a ser oído, el interés superior del niño y el deber estatal de protección frente a toda forma de violencia.

Cuando una niña denuncia abusos sexuales dentro de su entorno familiar, la Justicia enfrenta uno de los desafíos más complejos de su actuación. Las decisiones adoptadas durante la investigación pueden tener consecuencias profundas y duraderas sobre su integridad física, emocional y psicológica.

Por ello, organismos nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de escuchar activamente a las infancias, evitar intervenciones que puedan generar nuevas formas de violencia institucional y extremar los recaudos para que las medidas judiciales no terminen afectando los mismos derechos que buscan proteger.

La advertencia sobre la violencia institucional

La experiencia acumulada en distintos casos de violencia sexual contra niñas y niños muestra que una de las principales preocupaciones de las organizaciones especializadas no es únicamente el resultado final de las investigaciones, sino también el recorrido que las víctimas deben atravesar durante el proceso. La separación de referentes afectivos, la interrupción de vínculos significativos, la falta de contacto con familiares protectores o las decisiones adoptadas sin considerar la voluntad expresada por niñas y niños forman parte de los debates que hoy atraviesan a los sistemas judiciales de todo el país.

En ese escenario, la presencia de Martha Pelloni adquiere una dimensión simbólica particular. Su visita no sólo busca conocer la situación actual de una niña. También vuelve a colocar en el centro una pregunta incómoda pero necesaria sobre cómo debe actuar el Estado cuando una infancia denuncia violencia y qué ocurre cuando las decisiones institucionales terminan siendo cuestionadas precisamente por quienes sostienen que deberían protegerla. La llegada de Pelloni a La Rioja reabre un debate que sigue pendiente en todo el país centrada en si los sistemas judiciales están logrando escuchar efectivamente a las niñas y niños o si, por el contrario, continúan reproduciendo prácticas que pueden profundizar su vulnerabilidad.

Cuando ni las advertencias de la Corte parecen suficientes

En marzo de 2025, el máximo tribunal del país dejó sin efecto una resolución del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja al considerar que había sido adoptada con un rigor formal incompatible con el adecuado servicio de justicia y sin ponderar debidamente los derechos involucrados y el interés superior de la niña. La Corte sostuvo además que las medidas cuestionadas podrían generar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Lo que vuelve especialmente relevante la llegada de Pelloni es que las preocupaciones expresadas por la Corte no aparecen aisladas. Diversos casos tramitados en La Rioja durante los últimos años exhiben una misma discusión de fondo, porque cuando niñas que denuncian violencia sexual intrafamiliar son apartadas de sus referentes protectores, trasladadas o sometidas a procesos de revinculación mientras persisten controversias sobre los hechos denunciados.

La pregunta es institucional. ¿Qué enseñanzas dejó el pronunciamiento de la Corte Suprema? ¿Qué cambios produjo dentro del sistema judicial riojano? ¿Qué mecanismos existen para garantizar que las advertencias formuladas por el máximo tribunal del país sean efectivamente incorporadas a las prácticas judiciales?

La batalla por el relato

La visita de Martha Pelloni también obliga a mirar una dimensión menos explorada de estos procesos sobre el papel que desempeñaron los medios de comunicación y los actores que lograron instalar públicamente una versión de los hechos mientras las niñas denunciantes y quienes las acompañaban eran judicialmente silenciadas.

Durante años, varias de las causas más controvertidas de violencia sexual intrafamiliar en La Rioja tuvieron un elemento en común. Mientras periodistas, familiares, organizaciones sociales e incluso personas que acompañaban a las víctimas enfrentaban restricciones judiciales, amenazas de acciones legales o medidas que limitaban su posibilidad de expresarse, las defensas de los denunciados mantuvieron una presencia permanente en medios de comunicación.

En este sentido, el rol del abogado Emilio Pagotto, quien intervino en diversos casos cuestionados y quien a través de entrevistas radiales, televisivas y publicaciones sostuvo reiteradamente que las denuncias respondían al delito de falsa denuncia, cuestionó la credibilidad de las madres denunciantes y desacreditó a profesionales, periodistas, activistas y organizaciones que acompañaban a las niñas. Su relato siempre fue que los acusados de abusar sexualmente de niñas son siempre hombres inocentes víctimas de madres despechadas y el feminismo, incluso en casos donde sus representados han recibido condena por este delito. 

El fenómeno no es menor. La violencia mediática contra niñas denunciantes de violencia sexual constituye una preocupación creciente para organismos nacionales e internacionales porque puede generar descrédito social, aislamiento, estigmatización y nuevas formas de revictimización.

Incluso la propia Defensoría del Público visitó La Rioja para advertir sobre el tratamiento comunicacional de casos que involucran infancias, recordando que los medios deben resguardar la identidad, la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando se encuentran atravesando procesos judiciales vinculados a violencias. Por lo que Emilio Pagotto además de continuar exponiendo a las niñas de los casos que intervino, atacó directamente a Miriam Lewin por ser sobreviviente del terrorismo de estado de la dictadura civico militar. 

La pregunta que sobrevuela hoy muchos de estos expedientes no es solamente qué decisiones adoptó la Justicia. También es quiénes tuvieron la posibilidad de construir sentido público sobre lo ocurrido y qué impacto tuvo esa construcción en la percepción social de quienes denuncian estas problemáticas y cómo se reproduce el ataque a la voz y credibilidad de las víctimas. 

La llegada de Martha Pelloni a La Rioja vuelve a poner esa discusión sobre la mesa. Porque cuando una niña denuncia violencia, la protección de sus derechos no depende únicamente de jueces y fiscales, también depende de la capacidad de la sociedad para escucharla sin convertirla en objeto de campañas de descrédito, sospecha o estigmatización.