Martín Menem en Fénix

El presidente de la Cámara de Diputados sostiene que a La Rioja no le faltan recursos, sino funcionarios capaces de administrarlos. Pero el análisis de sus declaraciones muestra comparaciones parciales, acusaciones sin documentación, responsabilidades nacionales omitidas y pronósticos electorales presentados como certezas.

Cuando Martín Menem habla sobre La Rioja no lo hace desde una posición políticamente neutral, sino desde su agenda de neomenemismo en el territorio.  Es diputado nacional por la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación, la que actualmente preside, forma parte de una familia central en la historia política riojana. El hijo del exsenador Eduardo Menem y sobrino del expresidente Carlos Menem en 2023 fue candidato a gobernador de La Rioja por La Libertad Avanza y perdió con quien quien fuera reelecto con más del 50% de los votos. El segundo lugar fue para Felipe Álvarez, quien obtuvo un 31,89% y Martín Menem terminó tercero, con el 15,56%.

Su intención de gobernar esta provincia no es un misterio, y desde que Milei asumió la presidencia asegura que el “ciclo del quintelismo” está terminado y que La Libertad Avanza gobernará La Rioja en 2027. Desde esa agenda despliega un discurso centrado en las críticas económicas e institucionales que siempre redundan en que el actual Gobierno provincial debe ser reemplazado.

Por eso, sus afirmaciones deben ser sometidas a un estándar más alto que el de una consigna partidaria. No porque un opositor no pueda cuestionar al Gobierno, sino porque el presidente de la Cámara de Diputados posee responsabilidades institucionales y acceso a mecanismos formales para pedir informes, promover auditorías, reclamar partidas, presentar denuncias e impulsar soluciones legislativas.

Hace años que el patrón general del discurso de Menem consiste en sostener que La Rioja recibe recursos suficientes y que cualquier dificultad obedece exclusivamente a la mala administración provincial. Sin embargo, esto no está respaldado por los hechos. Por un lado la continuidad de la coparticipación automática no elimina la interrupción de otras transferencias, ni el reclamo judicial por el punto de compensación que hace casi 3 años le falta a la provincia, ni la paralización de obras, ni el retiro de programas nacionales y menos  el traslado de costos hacia la Provincia.

“A La Rioja le sobra plata” - Engañoso

Para respaldar esta afirmación, Menem compara los ingresos por coparticipación de dos períodos y sostiene que aumentaron nominalmente por encima de la inflación. El problema es que la coparticipación constituye solamente una parte de la relación financiera entre Nación y Provincia. El gobierno provincial ha denunciado que la Nación mantiene una deuda que asciende a 850 millones de dólares correspondiente a fondos extraordinarios que dejaron de enviarse desde la llegada del gobierno libertario en diciembre de 2023 . Otros reclamos elevan la cifra a más de 1.000 millones de dólares.

Este recorte provocó una caída de ingresos real cercana al 4% en los recursos totales y un desplome del 13% en la recaudación provincial, uno de los peores registros del país. Además, el ajuste nacional implicó la suspensión de partidas clave como $35.288 millones (aproximadamente 35 millones de dólares al tipo de cambio oficial) del Plan Nacional de Alfabetización y la eliminación del Fondo Compensador Salarial Docente por $8.929 millones (cerca de 9 millones de dólares) . A esto se suman recortes en obra pública vial por $1.921 millones (casi 2 millones de dólares) en la provincia, y la paralización de proyectos estratégicos como el Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya y la pavimentación de la Ruta Nacional 76.

En definitiva, Menem toma un ingreso particular y lo presenta como si representara la totalidad de las cuentas públicas, y nunca demuestra el supuesto excedente al que alude, cuál sería su monto, ni qué obligaciones podrían afrontarse con él. Su conclusión no surge de una ejecución integral de ingresos y gastos, sino de una fotografía parcial que distorsiona la realidad de un definanciamiento que afecta salud, educación e infraestructura en La Rioja.

“A La Rioja no le faltan recursos, le faltan funcionarios honestos” - Acusación sin pruebas

Esta frase reemplaza el reclamo de recursos por una imputación moral. Menem habla de funcionarios que vivirían “como reyes”, sobreprecios, desvíos y corrupción, pero no se basa en sentencias, auditorías, expedientes o investigaciones que permitan generalizar esas acusaciones a toda la administración provincial. La existencia de irregularidades en cualquier gobierno deben investigarse y si Menem posee pruebas concretas, por el cargo que ocupa, tiene una responsabilidad institucional que lo obliga a denunciarlo por las vías pertinentes, no en medios o redes. Una sospecha no puede convertirse en una condena colectiva ni utilizarse para sostener que los recursos reclamados por la Provincia no deben llegar. Los fondos federales pertenecen a los riojanos, no a una administración de turno.

“El Gobierno provincial no quiere mostrar qué hace con la plata” - Engañoso

Menem fundamenta esta acusación en la supuesta negativa a entregarle una nómina de empleados públicos, una disputa por la integración del Tribunal de Cuentas y demoras en rendiciones de determinados programas. Por un lado no explica mediante qué expediente, organismo o vía formal se pide esta información. Si bien esto no exime al Gobierno Provincial de mejorar el acceso a la información, publicar ejecuciones actualizadas y fortalecer sus organismos de control, el planteo del presidente de la Cámara de Diputados presenta una doble vara cuando reclama explicaciones, documentación y datos a la Provincia mientras él mismo no ofrece cuando se trata de las decisiones del Gobierno nacional o de las contrataciones públicas que involucran a empresas de su familia y de su entorno comercial.

La transparencia tampoco puede funcionar en una sola dirección. La obligación de rendir cuentas alcanza a los tres poderes del Estado Nacional y a todos los organismos que administran fondos públicos. Es una contradicción considerar que La Rioja es poco transparente por lo que aduce, mientras oculta qué partidas dejó de transferir, qué convenios interrumpió, qué programas redujeron, qué pagos mantiene demorados y bajo qué criterios distribuye los recursos no automáticos.

“Es mentira que el 90% de los recursos se destine a salarios: no llega ni al 50%” - Engañoso

Menem no identifica el período, la fuente ni el universo utilizado para calcular su supuesto 50% que afirma. La ejecución provincial correspondiente al primer trimestre de 2026 consignó aproximadamente $193.571 millones de gasto en personal, frente a $377.275 millones de ingresos totales y $388.361 millones de gastos totales. Eso representa alrededor del 51,3% de los ingresos y del 49,8% de los gastos del sector público consolidado. En la Administración Central, el peso salarial ascendía aproximadamente al 53% de los ingresos y al 55,8% del gasto.

Por lo tanto, decir categóricamente que “no pasa ni del 50%” es incorrecto para varios de los universos posibles. Pero esto tampoco permite afirmar, sin explicaciones adicionales, que el 90% de todo el presupuesto provincial se destine a salarios. Ese porcentaje podría referirse a recursos automáticos de libre disponibilidad o a la caja mensual utilizada para pagar haberes, no al conjunto consolidado de ingresos. El chequeo responsable no consiste en reemplazar un porcentaje descontextualizado por otro. Consiste en exigir que ambos sean acompañados por fuente, período y metodología.

“Los Chachos fueron dinero falso, papel sin respaldo y una rebeldía contra Milei” - Engañoso

Los Chachos no fueron pesos argentinos ni moneda de curso legal nacional. Fueron títulos provinciales de circulación limitada, creados mediante una ley local y respaldados por el compromiso del Estado provincial de aceptarlos y rescatarlos conforme a las condiciones establecidas. Por lo tanto, describirlos simplemente como “dinero falso” es incorrecto. Puede discutirse su conveniencia, su aceptación comercial, sus efectos distributivos o si existían mejores alternativas. Pero no puede negarse su existencia jurídica ni equipararlos a billetes falsificados.

También es engañoso atribuir su creación exclusivamente a una supuesta rebeldía personal de Quintela cuando los títulos aparecieron después de la interrupción de transferencias, obras y programas nacionales. Fueron una respuesta extraordinaria a una restricción financiera; no el hecho que originó el conflicto.

“Nación está dispuesta a terminar el Gasoducto Productivo, pero la Provincia no quiere” - Acusación sin pruebas

El gasoducto no fue abandonado en sus primeras etapas por la Provincia. Se instalaron más de 300 kilómetros de cañería y la obra alcanzó un avance superior al 90%. La infraestructura principal está construida y restan instalaciones, habilitaciones y trabajos finales. La paralización ocurrió en el contexto de la interrupción nacional del financiamiento de la obra pública desde diciembre de 2023. Menem afirma que existe una voluntad nacional de completarlo, pero no exhibe una partida, un convenio, una adenda, un cronograma de desembolsos ni la respuesta formal mediante la cual La Rioja habría rechazado esa propuesta. 

“La obra pública era un mecanismo de corrupción y ahora debe hacerla el sector privado” - Engañoso

La existencia de hechos de corrupción en determinadas contrataciones no convierte automáticamente en corruptas a todas las rutas, escuelas, viviendas, redes de agua o gasoductos. El Estado podía auditar los contratos, revisar precios, denunciar irregularidades, sancionar responsables y continuar las obras correctamente ejecutadas. Presentar las únicas alternativas como “corrupción” o “paralización total” constituye una falsa disyuntiva.

La inversión privada puede resultar adecuada para proyectos capaces de generar tarifas, peajes o ingresos suficientes. Pero difícilmente financie por sí sola escuelas rurales, rutas con poco tránsito, redes de agua en pequeñas localidades o infraestructura sanitaria sin rentabilidad comercial. La discusión no debería ser obra pública sí u obra pública no, sino qué infraestructura necesita La Rioja, cómo se controla, quién la financia y qué obligaciones asumidas deben cumplirse.

“Quintela eligió financiar su campaña nacional en lugar de terminar el gasoducto” - Acusación sin pruebas

Menem no identifica una partida presupuestaria desviada, una auditoría, un expediente, una transferencia partidaria ni una denuncia judicial que demuestre que fondos destinados al gasoducto fueron utilizados para financiar la actividad política nacional del gobernador. La coincidencia temporal entre los viajes o aspiraciones políticas de Quintela y la paralización de la obra no demuestra una relación causal. La acusación exige documentación contable concreta.

“La Rioja rechaza inversiones por razones ideológicas” - Engañoso

Cuestionar un régimen nacional o discutir sus condiciones no equivale a rechazar toda inversión privada. Las provincias pueden definir incentivos, requisitos ambientales, participación de proveedores locales, condiciones laborales y mecanismos para que una parte de los beneficios permanezca en el territorio. Menem no identifica una política provincial que prohíba las inversiones en general. Convierte una diferencia sobre el modelo de desarrollo en la supuesta prueba de una provincia cerrada a los capitales.

“La Rioja genera inseguridad jurídica y por eso espanta las inversiones” - Acusación sin pruebas

La seguridad jurídica no significa ausencia de regulación estatal. Significa reglas legales, previsibles, procedimientos respetados, contratos cumplidos y decisiones susceptibles de revisión judicial. Menem no identifica qué empresa desistió de invertir, qué proyecto abandonó, qué ley provincial provocó esa decisión ni qué fallo judicial acreditó una vulneración sistemática de la propiedad. Sin esos elementos, la afirmación expresa una posición ideológica sobre el tamaño del Estado, no una relación causal comprobada entre una medida provincial y la pérdida de inversiones.

“Las SAPEM son agujeros negros, empresas de familiares y herramientas de corrupción” - Acusación sin pruebas

Las sociedades con participación estatal deben publicar balances, someterse a auditorías, profesionalizar su administración y demostrar resultados. No corresponde defenderlas únicamente porque sean públicas. Menem no analiza una SAPEM en particular. No compara balances, patrimonio, empleo generado, servicios prestados, inversión o cumplimiento de objetivos. Condena un conjunto heterogéneo de empresas como si todas funcionaran de la misma manera. Sin ese análisis individual, “agujeros negros” funciona como consigna, no como auditoría.

“La Rioja expulsa a sus jóvenes porque depende del Estado” - Engañoso

La falta de oportunidades para la juventud es un problema real y La Rioja necesita ampliar su empleo privado. Pero la migración juvenil depende de múltiples factores: salarios, estudios universitarios, infraestructura, vivienda, conectividad, crédito, innovación, tamaño del mercado y situación macroeconómica nacional. Atribuirse exclusivamente al peso del Estado provincial transforma un fenómeno complejo en una relación causal única que Menem no demuestra.

“La Provincia demora deliberadamente programas nacionales para perjudicar a Milei” -  Acusación sin pruebas

Afirmar que un gobierno demora medicamentos, tratamientos o asistencia alimentaria para obtener una ventaja política implica atribuirle una conducta deliberada que afecta derechos esenciales. Menem no aporta expedientes, auditorías o informes técnicos que prueben esa intención. Incluso reconoce que existen demoras, diferencias administrativas y situaciones que deben revisarse programa por programa. Una demora puede tener responsabilidad provincial, nacional o compartida. Para establecerlo hay que examinar convenios, plazos, transferencias, rendiciones y observaciones concretas. La intención política no puede presumirse.

“La salud, la educación y la seguridad son responsabilidad exclusiva de las provincias” - Engañoso

Las provincias administran hospitales, escuelas y fuerzas de seguridad. Pero de ello no se desprende que Nación carezca de responsabilidades. Durante décadas existieron programas federales, transferencias, medicamentos, infraestructura, equipamiento y convenios nacionales. Cuando esos mecanismos se reducen o desaparecen, sus consecuencias no pueden atribuirse únicamente a la jurisdicción que presta el servicio. Distribuir competencias sin distribuir recursos no constituye federalismo, es trasladar obligaciones sin prever cómo se resolverán. 

“Las rutas nacionales están deterioradas, pero primero había que ordenar la economía” - Engañoso

Menem reconoce el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan La Rioja. El equilibrio fiscal puede ser una prioridad legítima, pero no reemplaza la obligación nacional de conservar infraestructura bajo su jurisdicción. 

“La Rioja mantiene un conflicto artificial con Nación por decisión de Quintela” - Acusación sin pruebas

Menem atribuye el conflicto a las motivaciones personales del gobernador. Pero las relaciones federales involucran a dos gobiernos y las diferencias existentes abarcan fondos, obras, programas, infraestructura y distribución de responsabilidades. Sin evidencia que demuestre que el reclamo fue inventado deliberadamente, definirlo como “artificial” constituye una valoración política. Reclamar recursos o cuestionar una decisión nacional no equivale necesariamente a rechazar el diálogo.

“El Gobierno de La Rioja miente sistemáticamente” - Acusación sin pruebas

Decir que alguien miente no significa solamente afirmar que se equivocó o que interpreta de otra manera una cifra. Implica sostener que conoce la verdad y decide ocultarla deliberadamente. Para probar una mentira sistemática, Menem debería identificar cada afirmación falsa, la documentación que la contradice y la evidencia de la intención de engañar. En cambio, utiliza la palabra “miente” para referirse indistintamente a recursos, salarios, programas, obras, inversiones, tierras y relaciones institucionales. Ninguna comunicación oficial debe considerarse infalible. Pero tampoco puede descartarse anticipadamente toda información provincial por la sola identidad política de quien la emite.

“Fernando Rejal es un bruto, desconoce el tema de las tierras y utiliza argumentos falsos”

Los calificativos contra Rejal no demuestran que su interpretación jurídica sea falsa. Las discusiones sobre propiedad de la tierra, recursos naturales, operaciones inmobiliarias y soberanía territorial deben resolverse mediante escrituras, leyes, antecedentes registrales y decisiones judiciales. Que una operación se haya originado durante un gobierno peronista tampoco impide revisar posteriormente su legalidad, vigencia o consecuencias. El origen partidario de una decisión no resuelve el debate jurídico.

“El peronismo gobernó cuarenta años y es responsable de la decadencia de La Rioja”

Puede evaluarse críticamente cada gestión peronista y señalar errores, políticas fallidas o problemas estructurales no resueltos. Pero cuatro décadas de historia provincial no pueden explicarse mediante una sola variable. La evolución de La Rioja también estuvo condicionada por las crisis nacionales, la eliminación o modificación de regímenes de promoción, la coparticipación, las privatizaciones, la inversión federal, la disponibilidad de agua, los costos logísticos, la baja densidad poblacional y las decisiones de gobiernos nacionales de distintos signos, incluyendo los 10 años de su tío quien también fue gobernador de 1983 a 1989. Decir que una fuerza gobernó durante mucho tiempo es un dato. Concluir que esa continuidad explica por sí sola todos los problemas de la provincia es una interpretación política, no un hecho comprobado.

“El quintelismo está terminado y La Libertad Avanza gobernará La Rioja en 2027”

Es legítimo que Menem aspire a gobernar y que considere agotado al oficialismo provincial. Pero ninguna fuerza puede anunciar como un hecho el resultado de una elección futura. La continuidad o finalización de un ciclo no depende de la declaración de un dirigente, sino del voto. La afirmación revela el sentido electoral de toda la entrevista. Las críticas económicas, institucionales y morales terminan siendo utilizadas para construir la inevitabilidad de un cambio de gobierno que todavía debe ser decidido por la ciudadanía.

El relato que convierte un reclamo federal en una acusación moral

La tesis que recorre las declaraciones de Martín Menem puede resumirse en que La Rioja recibe suficiente dinero, si tiene dificultades, es porque lo administra mal, y, si reclama recursos, lo hace para ocultar corrupción o sostener un conflicto político. Menem no presenta una evaluación integral que permita afirmar que a la Provincia “le sobra plata”. Compara la coparticipación automática, pero omite otras transferencias y obligaciones abandonadas. Cuando se le exige explicar los números, desplaza la discusión hacia la supuesta falta de honestidad. Cuando habla de inversiones, no identifica proyectos concretos que se hayan retirado. Cuando acusa desvíos o demoras deliberadas, no presenta expedientes. Y cuando se refiere al futuro, convierte sus aspiraciones electorales en certezas.

Eso no significa que el Gobierno de Ricardo Quintela deba quedar exento de control. La Provincia tiene la obligación de publicar información presupuestaria comprensible y actualizada, transparentar balances de las SAPEM, facilitar el acceso a expedientes, responder pedidos de informes, auditar contrataciones y explicar cada decisión financiera.

Pero controlar al Gobierno Provincial no exige aceptar el relato del Gobierno Nacional. Y señalar las inconsistencias de Martín Menem no implica defender de manera automática toda política provincial. El chequeo exige aplicar el mismo criterio a ambos lados con datos, documentos, metodología y responsabilidades concretas. La discusión sobre los recursos de La Rioja no puede reducirse a si un gobernador administra bien o mal. Los fondos, las rutas, el gasoducto, los hospitales, las escuelas y los programas sociales no pertenecen a ningún gobernante, sino a los habitantes de la provincia. Por eso, es más fácil cuestionar al Gobierno riojano que explicar qué hizo como diputado elegido por La Rioja y como una de las máximas autoridades nacionales, para recuperar los recursos, concluir las obras y defender los intereses de la provincia que representa.