Recientemente, se realizaron procedimientos en la capital riojana, con secuestro de dispositivos electrónicos y vinculación con una investigación iniciada por direcciones IP que operaban con MASI (material de abuso sexual infantil). El caso,  que ya posee 9 investigados en una causa federal que inició el año pasado, aparece dentro de un escenario global alarmante. En 2025, la CyberTipline del National Center for Missing & Exploited Children recibió 21,3 millones de reportes sobre explotación sexual infantil. Esos reportes incluyeron 61,8 millones de imágenes, videos y otros archivos vinculados a incidentes de explotación sexual infantil.

La problemática no solo crece en volumen: también cambia de forma. El NCMEC advirtió que en 2025 aumentaron los reportes por captación online, trata sexual infantil, sextorsión financiera, uso de inteligencia artificial generativa y grupos violentos que coordinan formas complejas de explotación.

Por eso, reducir estos hechos a “dos detenidos” impide ver el problema de fondo: el MASI funciona como un mercado criminal transnacional, de hecho el de mayor crecimiento en los últimos tiempos. Hay productores, distribuidores, intermediarios, plataformas, sistemas de pago y consumidores.

Sin demanda, no existiría un negocio tan rentable. Cada persona que busca, compra, descarga o comparte este material sostiene económicamente una cadena de violencia contra la infancia. Cada imagen o video registro de este material es una vulneración contra niñas, niños y adolescentes. Y cada descarga, compra, intercambio o visualización prolonga el daño.

Pero la responsabilidad no termina en los consumidores. Los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, asistir a las víctimas y desarticular las redes. En ese punto, Argentina tiene una deuda seria. El informe Out of the Shadows ubicó al país en el puesto 59 de 60 en capacidad de prevención y respuesta frente al abuso y la explotación sexual infantil. Fue el peor desempeño regional entre los países evaluados.

Ese índice no mide cuántos casos ocurren, sino qué tan preparado está un país para enfrentarlos: legislación, políticas públicas, presupuesto, estadísticas, justicia amigable para niñas y niños, asistencia a víctimas y capacidad de prevención. Según el reporte presentado por Red por la Infancia, Argentina necesita un plan nacional, mejores estadísticas y una respuesta integral que no dependa solo de la persecución penal cuando el daño ya ocurrió. 

También hay una responsabilidad central de las plataformas tecnológicas. La OCDE advirtió en 2025 que, aunque algunas empresas mejoraron sus reportes de transparencia sobre explotación sexual infantil, todavía existen grandes diferencias en definiciones, métricas, frecuencia de reportes y estándares de actuación. También señaló que muchos servicios usados intensivamente para facilitar estos delitos no son los más conocidos, lo que exige mayor escrutinio regulatorio.

El avance de la inteligencia artificial vuelve todavía más urgente esta discusión. Las herramientas generativas pueden crear, alterar o viralizar imágenes de abuso sexual infantil, dificultar la identificación de víctimas reales y multiplicar la circulación de contenido dañino. Frente a esa amenaza, no alcanza con reaccionar tarde, hacen falta políticas de prevención, cooperación internacional, tecnología de detección, obligaciones claras para plataformas y recursos estatales especializados.

La Rioja no está por fuera de este mapa. Lo que aparece en una causa federal local forma parte de una trama global que se alimenta de la demanda, de la impunidad y de la insuficiente capacidad estatal para anticiparse. Lo relevante entonces no son las dos personas detenidas, sino qué estamos haciendo como sociedad para que cada vez existan menos víctimas. Eso implica nombrar y contextualizar el delito, perseguir a quienes consumen y distribuyen, exigir responsabilidad a las plataformas y reclamar Estados capaces de proteger a las infancias antes de que el daño ocurra.

La dimensión del problema también puede medirse por lo que no vemos. La Fundación Red por la Infancia, dirigida por Paula Wachter, estima, a partir de las prevalencias internacionales utilizadas por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos especializados, que cerca de tres millones de niñas, niños y adolescentes en Argentina podrían estar atravesando o haber atravesado situaciones de abuso sexual durante su infancia. En una provincia como La Rioja, la extrapolación equivale a decenas de miles de niños y niñas. No se trata de denuncias registradas, sino de una estimación epidemiológica que busca dimensionar un fenómeno profundamente subregistrado. 

Las investigaciones judiciales deberían contemplar la posibilidad de existencia de este tipo de material cuando se denuncian presuntos abusos por la magnitud del problema. En La Rioja, el caso Chade dejó esa incógnita abierta para la sociedad. La Justicia acreditó abusos gravísimos y dictó una condena ejemplar de 35 años de prisión. Durante la investigación se secuestraron más de 1300 archivos de material de abuso sexual infantil, de los cuales casi 1000 eran registro de los hechos del caso denunciado. ¿Se investigó si había sido distribuido? ¿Se logró identificar a posibles consumidores? ¿Existían otros partícipes? ¿Se agotaron todas las líneas de investigación posibles?

Son preguntas relevantes porque la experiencia internacional demuestra que la producción y circulación de MASI suele responder a estructuras complejas y no únicamente a conductas individuales. Cuando esas preguntas quedan sin respuesta, también queda abierta la posibilidad de que existan responsabilidades que nunca llegaron a investigarse.

Del mismo modo, cuando determinados discursos públicos o intervenciones institucionales tienden sistemáticamente a desacreditar denuncias de abuso sexual en la infancia, atacar a quienes acompañan a las víctimas o minimizar la gravedad de estos delitos, la sociedad tiene derecho a preguntarse si esas prácticas están contribuyendo a generar condiciones de impunidad. Formular esa pregunta no implica reconocer que las representaciones sociales, las decisiones institucionales y las investigaciones judiciales forman parte de un mismo sistema de protección o de desprotección de las infancias.

Porque la verdadera pregunta no es solamente quién produjo un archivo o quién fue detenido. La pregunta es si el Estado está investigando toda la cadena criminal. Si está siguiendo el dinero. Si está identificando a los consumidores. Si está desarticulando las redes. Si está protegiendo a las víctimas antes de que aparezcan nuevas.

Mientras esas preguntas permanezcan abiertas, la sociedad tampoco puede dar por cerrado el problema. Una condena puede hacer justicia sobre un caso. Pero solo una investigación integral puede evitar que existan nuevas víctimas.