En el contexto de las recientes subas tarifarias y la crisis energética que afecta al país, es importante señalar la responsabilidad del gobierno nacional en la reducción de los subsidios al consumo eléctrico, medida que impacta directamente en las tarifas que pagan los usuarios. Sin embargo, diversas campañas de desinformación intentan desviar la atención de este problema estructural, responsabilizando a la distribuidora local de La Rioja por los aumentos, cuando en realidad la variación tarifaria responde a decisiones tomadas a nivel central.

A partir de febrero, el Gobierno de Javier Milei implementará un nuevo recorte en los subsidios, lo que resultará en aumentos en las tarifas de estos servicios. La quita de subsidios será del 65% en electricidad para los sectores de ingresos bajos, y del 50% para los sectores medios. Estas subas afectarán 9,5 millones de hogares verán incrementados sus costos de electricidad, con un golpe más fuerte para los 6,3 millones de usuarios de menores ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica. En el caso del gas, 5,3 millones de usuarios residenciales se verán impactados por el aumento. El nuevo aumento de febrero sera para los usuarios del Nivel 1 de altos ingresos, aumentará 2% y para os usuarios del Nivel 2 de ingresos bajos y del Nivel 3 de ingresos medios aumentará en promedio 12,3%.  La Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, anunció las subas continuarán a lo largo de 2025.

La reducción de subsidios forma parte del plan económico del gobierno nacional, que busca trasladar los costos de la energía directamente a los consumidores. En provincias como La Rioja, donde gran parte de la población depende de una tarifa congelada para acceder al servicio, estos aumentos pero la quita del subsidio impacta en el bolsillo de la mayoria de los usuarios. La narrativa que responsabiliza a la empresa distribuidora local ignora que los costos de generación y transporte de energía son definidos por el gobierno nacional y CAMMESA, lo que demuestra que la problemática tiene su origen en decisiones políticas y económicas centralizadas.

El Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el nuevo precio mayorista, actualizó los precios del transporte de la electricidad, y además, también autorizó un incremento en el Valor Agregado de Distribución (el tercer componente de la tarifa). Si bien Edelar no incrementara el valor agregado de distribución, y que en La Rioja rige un congelamiento de las tarifas subsidiadas por el gobierno provincial, el impacto del costo mayorista y de del transporte de la electricidad, afectaran el monto final de la factura. 

El recorte de subsidios y el incremento de tarifas han generado una crisis sin precedentes para los sectores más vulnerables de la población riojana. Familias de bajos ingresos, jubilados y trabajadores informales enfrentan dificultades crecientes para costear un servicio esencial como la electricidad, lo que profundiza la desigualdad y amenaza la calidad de vida de miles de personas.

La Argentina enfrenta la tarifa eléctrica más alta de los últimos 30 años, una consecuencia directa del desmantelamiento de las políticas de asistencia energética. Mientras que en años anteriores el Estado nacional intervenía para garantizar tarifas accesibles, hoy el esquema de desregulación y ajuste ha dejado a las usuarios en una situación crítica. Esto se suma a los problemas estructurales del servicio eléctrico, como la falta de inversión en infraestructura, lo que agrava la crisis de abastecimiento y deja a los usuarios expuestos a cortes de energía constantes.

El sistema eléctrico de la Argentina fue diseñado en la década de 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem, siguiendo los principios de privatización, desregulación de los servicios públicos y Reforma del Estado, que caracterizaron esa década. Los generadores de electricidad la venden en el mercado mayorista, operado por la empresa Cammesa, cuyo capital es un 80 % privado y 20 % del estado nacional. 

Un mes después de asumir la presidencia en 2015, Mauricio Macri transfirió acciones de Yacylec, la principal transportadora de energía a una empresa vinculada a su familia. En 2019, Macri, junto con el exministro de Energía Javier Iguacel, fue imputado penalmente por la venta a precios cuestionables de centrales eléctricas públicas durante su gobierno. Entre ellas, las usinas de Ensenada de Barragán y Brigadier López, valuadas en 305,9 y 207 millones de dólares respectivamente, fueron privatizadas por 229 y 155 millones de dólares, beneficiando a empresas vinculadas a la familia Macri y a Nicky Caputo, amigo íntimo del expresidente y financista de su campaña.

Investigaciones y organismos reguladores han criticado la falta de inversión y los fondos insuficientes en el sector eléctrico privatizado. Un informe de Federico Basualdo, exdirector del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), reveló que entre 2016 y 2019 las inversiones eléctricas disminuyeron respecto a 2015, pese a que las principales empresas aumentaron sus tarifas entre un 1600 % y un 2100 % en 2016. Estos hechos han generado cuestionamientos sobre la gestión energética y el impacto en los consumidores.

Ahora, el Gobierno de Milei desreguló el mercado eléctrico, la Secretaría de Energía habilitó a las empresas a celebrar libremente contratos de compra y venta de energía, y se analiza la posibilidad de importar energía de Chile, Uruguay, Bolivia o Brasil para evitar realizar cortes cuando no alcance la generación energetica para abastecer al país. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Camessa) advirtió que debido a la ola de calor se superen los récords de demanda de energía y potencia. 

El modelo energético actual busca beneficiar a grandes empresas privadas en detrimento de los consumidores. La liberalización del mercado eléctrico permite que los costos sean definidos sin una regulación efectiva, lo que genera aumentos desmedidos en las tarifas sin considerar la capacidad de pago de la población. Este esquema se traduce en un beneficio directo para los sectores que controlan la generación de energía, mientras que los usuarios finales deben afrontar los costos sin recibir mejoras en el servicio.

La falta de inversiones en el sistema eléctrico argentino es el resultado de décadas de desinversión de las empresas privadas que lucran con este servicio. Para resolver este problema, se necesitan inversiones significativas en infraestructura, una transición hacia energías renovables y una planificación energética a largo plazo que garantice la sostenibilidad del sistema. Mientras tanto, la importación de energía sigue siendo una solución temporal, pero costosa e insuficiente para cubrir las necesidades del país, y esto prentende hacerse a expensas de los consumidores cautivos. 

Un informe reciente de la Usina para el Desarrollo Energético Argentino (UDEA) y la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (ADEERA) muestra que los usuarios del AMBA, especialmente aquellos de menores ingresos, pagan tarifas significativamente menores en comparación con el interior del país. El impacto real sobre los ingresos de los hogares en provincias como La Rioja es significativamente mayor que en CABA debido a estos factores estructurales. 

En provincias como La Rioja, la distribución de energía es más costosa debido a factores como menores densidades poblacionales y mayores distancias de transporte de la electricidad. Por otro lado, La Rioja tiene un ingreso per capita de los más bajos del país que se ha visto especialmente afectado con la perdida del tercio de su coparticipación federal, lo que hace que el impacto del aumento tarifario sea más fuerte en términos de porcentaje del salario destinado a la electricidad.

Históricamente, los subsidios a la energía han beneficiado más a los usuarios del AMBA que a los del interior del país. Con la eliminación progresiva de los subsidios, las provincias que ya tenían tarifas más elevadas podrían enfrentar un impacto aún mayor. Ademas, en zonas de clima extremo como La Rioja, donde las temperaturas pueden ser muy altas en verano, el consumo de electricidad para refrigeración es elevado, lo que incrementa aún más el gasto en tarifas. 

A pesar de este contexto adverso, La Rioja continúa desarrollando su matriz energética sustentable. Desde su inauguración en octubre, el Complejo Solar de Nonogasta se ha consolidado como uno de los parques solares más grandes del país, abasteciendo de energía renovable a importantes industrias en Córdoba como Stellantis, Acerbrag y Bridgestone. Este Complejo, que involucró a más de 500 trabajadores de forma directa e indirecta, refleja el avance de las políticas provinciales para generar una matriz energética más limpia y contribuir a los compromisos internacionales en materia de cambio climático.

El Parque Eólico Arauco (PEA) también es un pilar clave en la generación de energía renovable en la provincia. Con una capacidad instalada de 217 megavatios (MW), el parque genera el 70% de la energía eléctrica consumida en La Rioja y el 100% de los hogares riojanos. Además, ha representado un ahorro significativo en importaciones de energía para el país, estimado en 500 millones de dólares en los últimos diez años. La inversión en energías renovables es una estrategia de desarrollo sostenible que permite reducir la huella de carbono y fortalecer la independencia energética de la provincia.

Pero a pesar del importante aporte de energia limpia de esta provincia al tendido electrico nacional, al congelar las tarifas desde la distribuidora local EDELAR, La Rioja ha tenido reclamos judiciales por esta decisión.  El gobierno nacional alega que La Rioja viola la Ley 24.065 de Energía Eléctrica, que establece un marco regulatorio federal, así como las resoluciones del CFEE, que coordinan las políticas tarifarias entre las provincias y la Nación. Según la Secretaría de Energía, las provincias que no ajustan sus tarifas según los criterios nacionales generan un desbalance en el sistema interconectado. Es por esto que el gobierno nacional reclama judicialmente a La Rioja el pago de una deuda por los subsidios no reconocidos, calculada en miles de millones de pesos, correspondientes al período en que la provincia mantuvo las tarifas congeladas sin compensar los costos reales de la energía. 

El Estado nacional presentó una demanda ante la Justicia Federal para obligar a La Rioja a ajustar las tarifas y pagar la deuda acumulada. El caso podría llegar a la Corte Suprema si se judicializa el conflicto competencial entre jurisdicciones. Hasta julio de 2024, el proceso está en etapa de mediación, aunque persiste la tensión política entre ambas administraciones.

La Rioja argumenta que, conforme a la Constitución Nacional, las provincias tienen facultades para regular servicios públicos locales, incluyendo la energía. Sostiene que el congelamiento fue una medida de "emergencia social" ante la crisis económica y los altos índices de pobreza en la provincia. Además, cuestiona la legitimidad de los aumentos tarifarios nacionales, señalando que no consideran las asimetrías regionales ni la capacidad de pago de los usuarios en provincias con menores recursos.

El gobierno de Quintela ha acusado al Estado nacional de transferir los costos de la falta de inversión en el sistema eléctrico a las provincias y los usuarios, en lugar de garantizar tarifas justas y accesibles. Mientras el litigio continúa, los usuarios de La Rioja mantienen tarifas congeladas, pero existe el riesgo de que, si la provincia pierde el caso, deba aplicar aumentos retroactivos, lo que generaría un fuerte impacto social.

El caso refleja la tensión histórica en Argentina entre las facultades de las provincias y la autoridad federal, especialmente en servicios públicos regulados a nivel nacional. El reclamo judicial de la Nación a La Rioja no es solo un conflicto legal, sino un síntoma de la crisis energética y fiscal argentina. Mientras el gobierno nacional busca imponer criterios de ajuste tarifario para reducir subsidios, las provincias resisten en defensa de su autonomía y la protección de sus habitantes. La resolución de este caso sentará un precedente clave para el futuro de las políticas energéticas y el federalismo en el país.

Frente a los aumentos tarifarios y la crisis de abastecimiento energético que se vive en todo el país, es fundamental esclarecer el rol del gobierno nacional en esta problemática. Las decisiones tomadas a nivel central, como la reducción de subsidios y el incremento en los costos mayoristas de la energía, afectan directamente a los consumidores finales. Sin embargo, algunas campañas buscan desviar la atención y responsabilizar a la distribuidora local, invisibilizando las verdaderas causas del problema.

Existen estrategias de desinformación que intentan instalar la idea de que el problema se origina en distribuidoras locales, cuando en realidad es consecuencia de decisiones nacionales que afectan a todo el país. La eliminación de subsidios, la desregulación del mercado y la falta de inversión en infraestructura son los verdaderos factores que han generado esta situación de emergencia energética.

La mentira que difunde el presidente de la cámara baja, Martin Menem no es un hecho menor: es un ataque a la transparencia democrática y un intento de manipular el descontento popular. Los usuarios descontentos, en vez de organizarse contra la política tarifaria del gobierno nacional, quedan atrapados en una disputa artificial entre "provincia vs. Nación", mientras el verdadero responsable —la gestión energética centralizada— evade su responsabilidad. Esto no solo daña a los ciudadanos de La Rioja, sino que sienta un peligroso precedente para el resto del país.

Desinformación intencional: Al señalar falsamente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como responsable de los aumentos tarifarios —cuando en realidad es el gobierno nacional el que exige a la provincia eliminar el congelamiento—, Menem busca desviar la responsabilidad política de su propio partido (la fuerza gobernante) hacia un opositor. Esto distorsiona el debate público y confunde a la ciudadanía.

La estrategia busca debilitar la imagen de Quintela (y por extensión, de la oposición) ante los usuarios descontentos, al presentarlo como "culpable" de una medida que, en realidad, el gobierno nacional está impulsando judicialmente. Es una forma de gaslighting político.

Los usuarios que rechazan los aumentos tarifarios pueden terminar culpando al gobierno provincial (por la desinformación), cuando en realidad es el gobierno nacional el que presiona para eliminar el congelamiento. Esto fragmenta la capacidad de movilización social contra la suba de tarifas, dividiendo a la ciudadanía entre "culpables" falsos y reales.

Estas acciones socavan la confianza de la ciudadnia en las instituciones, ya que hasta accediendo a la información real, el descubrir que se les mintió, se profundiza la falta de credibilidad en la clase política en general, tanto a nivel nacional como provincial. Esto agrava la crisis de representatividad y alimenta el discurso antipolítico.

El gobierno nacional, al judicializar el congelamiento tarifario de La Rioja, busca imponer una política energética centralizada. La falsa acusación de Menem refuerza esta lógica, sugiriendo que las provincias no tienen derecho a proteger a sus ciudadanos ante decisiones nacionales. Esto mina el principio federal consagrado en la Constitución. Si se naturaliza que el gobierno nacional traslade su responsabilidad tarifaria a las provincias —incluso mediante mentiras—, se sentaría un precedente para que otras provincias pierdan autonomía en la regulación de servicios esenciales.

Al mentir sobre el origen de los aumentos, se polariza el debate: los simpatizantes del gobierno nacional podrían creer la versión falsa, mientras los aliados de Quintela la rechazarán. Esto obstaculiza el diálogo y profundiza la fractura política. Martín Menem, como presidente de la Cámara Baja, tiene un rol institucional clave. Al usar su posición para difundir información falsa, politiza un órgano del Estado, deslegitimando su función neutral. 

Si no hay consecuencias para un funcionario de alto rango que miente de manera flagrante, se normaliza la desinformación como herramienta de gobierno, lo que erosiona la democracia. Si los usuarios, engañados por la narrativa falsa, dirigen su enojo contra el gobierno provincial (en lugar del nacional), podría generarse tensión social en La Rioja, incluso con protestas o conflictos innecesarios.

Este tipo de manipulación no es solo una mentira aislada: es un mecanismo para reconfigurar la percepción de la realidad en beneficio del poder. Al culpar a un opositor de una medida impopular que el propio oficialismo promueve, se busca eximir de responsabilidad al gobierno nacional ante el malestar social que generan sus desiciones politicas, desarticular la resistencia provincial a las políticas de ajuste y consolidar un relato donde el oficialismo aparece como "víctima" o "árbitro", ocultando su papel activo en la suba de tarifas.

Es esencial que la población tenga acceso a información veraz y objetiva sobre el impacto de estas políticas en la vida cotidiana. La crisis energética es un problema nacional que requiere soluciones estructurales y un debate transparente sobre la distribución de subsidios y el acceso equitativo a la energía en todo el país.