Milei miente para encubrir la situación judicial de Espert 

El presidente Javier Milei volvió a utilizar su investidura para atacar al periodismo y desacreditar investigaciones judiciales en curso. Esta vez, lo hizo al afirmar públicamente que los periodistas “inventaron causas” contra el ex candidato a diputado de La Libertad Avanza, intentando instalar la idea de que Espert es un hombre inocente perseguido mediáticamente, cuando en realidad su causa judicial por lavado de dinero se complica tras la declaración de culpabilidad de su financista.

La narrativa del presidente omite elementos centrales de la causa desinformando para encubrir los delitos que se investigan. La situación judicial del dirigente dista mucho de estar cerrada. Aunque una de las derivaciones vinculadas al narcotráfico tuvo reencuadres procesales, continúan activas las investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Y lejos de haberse debilitado, algunos elementos del caso complican la situación de Espert. 

Fred  Machado se declaró culpable de lavado de activos en Estados Unidos para intentar reducir su situación penal vinculada al narcotráfico. Ese dato transforma en aún más sospechosas las transferencias que recibió Espert durante la campaña, evidencia que forma parte de las investigaciones en curso tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Por eso al afirmar que todo fue una “operación periodística”, el presidente engaña a la ciudadanía que representa, ya que la causa de Espert no se limita a publicaciones mediáticas, sino que siguen existiendo investigaciones judiciales abiertas, cooperación internacional, movimientos financieros bajo análisis y vínculos económicos que hoy aparecen más comprometidos que antes.

La gravedad institucional aparece cuando el Presidente de la Nación utiliza el peso simbólico del Estado para intentar invalidar públicamente causas judiciales en trámite y desacreditar a quienes investigan hechos de interés público para censurar la difusión de los avances de estas causas.

Milei no está actuando como abogado defensor, ni como analista técnico del expediente. Está operando políticamente sobre el sentido social de la causa desde su rol como presidente. Cuando el jefe de Estado afirma que una investigación fue “inventada” aún cuando sigue activa y con evidencia bajo análisis, el mensaje implícito es que cualquier denuncia contra dirigentes oficialistas debe interpretarse como persecución política, y ese mecanismo es extremadamente peligroso para una democracia.

Por un lado, erosiona la confianza pública en el periodismo de investigación. Si toda revelación incómoda es presentada automáticamente como una operación, entonces desaparece una de las herramientas fundamentales de control democrático sobre el poder.

Pero además, ejerce presión indirecta sobre el Poder Judicial. Aunque no exista una orden explícita, el respaldo presidencial a personas investigadas funciona como una señal política hacia fiscales, jueces y operadores judiciales.

Y sobre todo, lo que hace el presidente normaliza una lógica de encubrimiento político. En lugar de exigir transparencia absoluta sobre transferencias sospechosas, vínculos financieros o patrimonios bajo investigación, el discurso oficial desplaza el foco hacia una supuesta conspiración mediática. Así, el problema deja de ser el posible delito y pasa a ser quien lo investiga o lo publica.

La situación se vuelve todavía más delicada si se observa el contexto general del propio gobierno nacional. El presidente Javier Milei enfrenta denuncias y cuestionamientos vinculados al escándalo financiero de la cripto estafa $LIBRA, su hermana está vinculada a la investigación de coimas y sobreprecios en ANDIS, y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En ese escenario, las defensas automáticas desde la cúpula del poder político hacia dirigentes investigados no aparecen como hechos aislados, sino como parte de un patrón discursivo más amplio.

Ese patrón consiste en instalar que toda causa contra el oficialismo es falsa por definición.

La estrategia no es nueva. Se parece mucho a los modelos comunicacionales impulsados por figuras como Donald Trump o Jair Bolsonaro, donde cualquier investigación judicial contra aliados políticos es presentada automáticamente como “persecución” u “operación mediática”, incluso antes de discutir pruebas concretas.

El problema es que ese discurso termina deteriorando simultáneamente la credibilidad de la justicia, el periodismo, los organismos de control, y cualquier mecanismo institucional de rendición de cuentas. El resultado final es funcional a la impunidad.

Cuando desde el poder político se instala que todas las investigaciones son conspiraciones, ya no importa cuánta evidencia aparezca porque una parte de la sociedad será inducida a creer que todo es falso de antemano. Y cuando el Presidente de la Nación utiliza el aparato simbólico del Estado para proteger discursivamente a personas investigadas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito mientras desacredita periodistas e investigaciones judiciales, el problema deja de ser solamente penal. Pasa a ser un problema democrático e institucional.