Parir en la Argentina del ajuste

Durante más de dos décadas, la mortalidad materna e infantil en Argentina funcionó como un indicador claro de mejora social y sanitaria. Con avances desiguales pero sostenidos, las tasas descendieron acompañando la ampliación del acceso a la salud pública, la extensión de controles prenatales y el fortalecimiento de políticas de cuidado. Sin embargo, en 2024 esa tendencia se quebró. Por primera vez en más de veinte años, sin contar el impacto excepcional de la pandemia, aumentaron simultáneamente la mortalidad infantil y la mortalidad materna. El cambio encendió alertas sanitarias en todo el país y golpeó con mayor intensidad a las provincias más vulnerables. Entre ellas, La Rioja, que pasó a registrar la tercera tasa de mortalidad infantil más alta de Argentina.

Las cifras oficiales no dejan dudas. La mortalidad infantil nacional subió de 8,0 a 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024. El incremento, que puede parecer moderado en términos absolutos, representa una suba relativa superior al 6% y rompe una tendencia descendente sostenida durante décadas. En términos concretos, se traduce en más de 3.500 muertes de bebés menores de un año en un solo año. El dato resulta aún más significativo si se considera que se produjo en un contexto de fuerte caída de la natalidad, porque nacieron casi 48.000 bebés menos que el año anterior. Es decir, no se trata únicamente de un efecto estadístico por menor cantidad de nacimientos, sino de un deterioro real de las condiciones que inciden en la supervivencia infantil.

La mortalidad materna, por su parte, mostró un aumento aún más pronunciado. En 2023 se habían registrado 147 muertes de mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio; en 2024 la cifra ascendió a 183. La razón de mortalidad materna pasó de aproximadamente 3,2 a 4,4 por cada 10.000 nacidos vivos, lo que implica un incremento cercano al 37%. Se trata del valor más alto de la última década si se excluyen los años de pandemia. Cuando ambos indicadores aumentan en simultáneo, los especialistas en salud pública lo interpretan como una señal de deterioro estructural, son los primeros en reaccionar cuando empeoran las condiciones sociales, el acceso a la salud o la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

En ese contexto nacional, La Rioja aparece entre las jurisdicciones más afectadas. En 2024 la provincia registró una tasa de mortalidad infantil de 11,7 por cada 1.000 nacidos vivos, muy por encima del promedio nacional de 8,5. La diferencia es significativa e implica que la mortalidad infantil riojana se ubica cerca de un 38% por encima de la media del país. Solo Corrientes y Chaco presentan valores más altos. La brecha territorial es evidente y vuelve a poner en primer plano la desigualdad sanitaria entre regiones.

La Rioja ya partía de tasas superiores al promedio nacional. En 2022 la mortalidad infantil provincial rondaba los 10,7 por mil. El dato de 2024, 11,7, muestra un incremento cercano al 9% en dos años. Mientras el país registró una suba del 6,25% entre 2023 y 2024, la provincia experimentó un deterioro mayor y partiendo de una base más frágil. Durante los años previos, especialmente entre 2019 y 2023, la tendencia general acompañaba el descenso nacional, aunque sin lograr converger hacia los valores más bajos del país. El salto al podio negativo se produce recién en el último período, en coincidencia con el empeoramiento de los indicadores a nivel nacional.

Esto permite afirmar que el fenómeno no puede leerse únicamente como una falla provincial ni como un hecho aislado. La mortalidad materno-infantil es uno de los indicadores más sensibles al contexto socioeconómico. Aumenta cuando crece la pobreza, cuando se deteriora el acceso a controles de salud, cuando se debilitan las políticas de prevención o cuando el sistema sanitario se ve sobrecargado. También responde a factores estructurales como la calidad de la vivienda, la nutrición materna y el acceso al transporte para llegar a centros de atención. Cuando esas variables empeoran de manera simultánea, el impacto se refleja rápidamente en la salud de las mujeres embarazadas y de la primera infancia.

El deterioro socioeconómico registrado en el último año constituye uno de los factores centrales para comprender el cambio de tendencia. El aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria incide directamente en el peso al nacer, en la salud materna y en la capacidad de las familias para sostener controles médicos regulares. A esto se suma la caída de la natalidad, que modifica la estructura demográfica y puede amplificar las variaciones de la tasa cuando no disminuyen las muertes en la misma proporción. Sin embargo, el aumento de muertes absolutas confirma que no se trata solo de un efecto estadístico.

También influyen las dificultades en el acceso a controles prenatales y perinatales. Profesionales de la salud de distintas jurisdicciones advierten sobre un sistema cada vez más tensionado, con mayor demanda en hospitales públicos y mayores obstáculos para sostener el seguimiento de embarazos de riesgo. La fragmentación de programas sanitarios, las desigualdades entre provincias y la menor disponibilidad de recursos en los territorios más vulnerables profundizan estas dificultades. Las provincias con menor densidad de especialistas, mayor dispersión territorial y mayor dependencia del sector público como La Rioja son particularmente sensibles a cualquier deterioro del contexto nacional.

En este marco, un caso reciente ocurrido en La Rioja conmovió a la sociedad y volvió visible el costado más dramático de estos indicadores. La muerte del bebé Simón, tras un parto en el sistema público provincial, abrió una discusión profunda sobre las condiciones de atención obstétrica, la autonomía de las pacientes y la eventual existencia de prácticas institucionales que podrían derivar en desenlaces evitables. Según lo denunciado por la familia, el fallecimiento se habría producido luego de que se demorara la realización de una cesárea que, según diadnosticos médicos previos, se consideraba necesaria ante la imposibilidad de un parto vaginal seguro por falta de capacidad pelvica. La investigación judicial y sanitaria deberá establecer responsabilidades y determinar con precisión qué ocurrió. Pero más allá de sus conclusiones, el caso instaló una pregunta de rigor sobre la responsabilidad estatal en este tipo de casos.

El debate en el caso de Simón remite directamente a la violencia obstétrica, reconocida en la legislación argentina como una forma de violencia de género. La ley define esta modalidad como toda acción u omisión del personal de salud que implique trato deshumanizado, abuso de medicalización o negación de prácticas necesarias durante el embarazo, parto y puerperio. Cuando esas omisiones o decisiones tienen consecuencias graves como lesiones permanentes, muerte fetal o muerte materna, el análisis sanitario y jurídico se vuelve aún más complejo. No se puede reducir a la evaluación de una práctica médica puntual, sino de examinar el entorno institucional que la permite o la naturaliza.

La cesárea es una intervención esencial cuando existen riesgos para la vida o la salud de la madre o del bebé. El problema no radica en su realización, sino en su indicación adecuada y oportuna. Tanto la sobreutilización como la negativa injustificada pueden generar daños. Cuando una cesárea necesaria se retrasa o se evita pese a indicación clínica, el riesgo de mortalidad fetal, neonatal o materna aumenta significativamente. En sistemas sanitarios tensionados, donde la demanda supera la capacidad de respuesta y donde existen presiones institucionales por reducir intervenciones, ese equilibrio puede volverse más difícil de sostener.

La conmoción generada por el caso de Simón se produce, además, en un contexto donde preocupa el aumento de la violencia de género y la percepción de un abordaje estatal menos consistente. La violencia obstétrica forma parte de esa trama. No es un fenómeno aislado dentro de los hospitales, sino la expresión de relaciones de poder, desigualdades sociales y prácticas institucionales que atraviesan al sistema de salud. Cuando se debilitan las políticas de género o se relativiza su importancia, estas formas de violencia tienden a invisibilizarse. Las experiencias individuales se interpretan como complicaciones médicas inevitables o como hechos fortuitos, en lugar de analizarse como posibles vulneraciones de derechos.

Pensar el caso de Simón en este contexto permite comprender que las estadísticas no son abstractas. Cada punto que sube la tasa representa vidas concretas y revela tensiones reales dentro del sistema sanitario. Cuando el deterioro de los indicadores se combina con casos que generan conmoción pública, la señal es inequívoca. El sistema está bajo presión y requiere respuestas urgentes. Reducir la discusión a responsabilidades individuales o a disputas sobre responsabilidad partidaria desvirtuaria un problema estructural del cual el estado es responsable. Es el resultado de un entramado donde convergen desigualdad social, tensiones sanitarias, cambios en políticas públicas y fragilidades históricas de las provincias más postergadas.

La mortalidad materno-infantil es uno de los indicadores más sensibles de una sociedad. Cuando mejora, refleja avances en bienestar y acceso a derechos. Cuando empeora, revela que algo en la estructura social y sanitaria se está resquebrajando. En la Argentina actual, esa señal volvió a encenderse. Y en provincias como La Rioja, donde las condiciones son más frágiles, el impacto se vuelve más visible y más urgente.